Conflictos de interés, influencias y presiones: el turbio negocio del agua en Ñuble

“Jóvenes, me llaman los proveedores que nos organicemos, que también yo tengo vehículo y nos enfilemos todos, todos en cuanto estemos listos, salgamos desde todos lados y llegamos a la plaza de Chillán con nuestros camiones y camionetas a pararnos, con todos los equipos de la gente que no está trabajando”.

“Están buscando otras empresas que se hagan cargo y se los ofrecieron a los proveedores, los proveedores no quieren hacerlo, porque tienen miedo (sobre) quién les va a pagar”.

Ese es sólo un extracto de los audios de WhatsApp -a los que tuvo acceso exclusivo BioBioChile- enviados por una supervisora de Aguas de Chile SpA, empresa vinculada a Germán Faúndez, quien tuvo el control del lucrativo -y muchas veces turbio- negocio del transporte del líquido en la región de Ñuble por casi una década.

Si en 2010 el Estado de Chile desembolsó en materia de distribución de agua potable para la zona sólo $72 millones, en 2018 esa cifra se empinó por sobre los $4.581 millones. Es decir, casi un 6.300% más (6 mil trescientos por ciento).

Las altas cifras despertaron sospechas en la nueva administración de Ñuble, liderada por el intendente Martín Arrau, quien inició un proceso para transparentar el negocio. Sin embargo, el cambio no ha estado exento de polémicas. Presiones y conflictos de interés han adornado la nueva forma de distribuir agua en la zona.

Sequía, una oportunidad

En la región de Ñuble, habitantes de 21 comunas necesitan del servicio de distribución de agua potable. Ya sea por la escasez en los pozos o la falta de conexión al suministro y de infraestructura, miles de personas se encuentran en una situación crítica.

Precisamente, al tratarse de una emergencia, el Estado está facultado para contratar directamente -sin licitación- a empresas que puedan prestar el servicio de manera inmediata.

La urgencia sirvió como argumento por casi una década para que la entonces Intendencia del Bío Bío (antes de la escisión de Ñuble) contratara los servicios de Germán Faúndez, el denominado por Ciper como el Barón del Aljibe, quien de acuerdo a una investigación de ese medio posee numerosos contactos políticos, entre ellos el senador Alejandro Navarro (País Progresista) y el exdiputado Cristián Campos (PPD).

“Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloría para que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Bío Bío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez”, publicaba Ciper a mediados de 2017.

El mencionado medio también reveló que hasta esa fecha, el transportista concentraba el 25% del gasto fiscal a nivel nacional en materia de transportes. “De los $92 mil millones que el Estado ha invertido en los últimos siete años (2010-2017) para contratar camiones aljibe que suministren agua a 400 mil personas, $23 mil millones habían ido a dar a manos de Germán Faúndez”, consigna la investigación.

Aumento del ¿6.300%?

Durante todo el tiempo que se prolongó el monopolio del influyente transportista, el costo de la distribución de agua potable, el número de beneficiados y los días en los que repartió el líquido no hicieron más que aumentar, pese a que la lógica indica lo contrario: la demografía de asentamientos rurales no ha experimentado un crecimiento exponencial y las soluciones definitivas han aumentado.

Tal como se mencionó, en 2010 el Estado desembolsó poco más de $72 millones, mientras que en 2018 esa cifra llegó a los $4.581 millones. Es decir, aumentó en casi un 6.300% (seis mil trescientos por ciento).

Misma situación ocurre con el periodo de cobertura. En 2010 sólo se prestaba servicio 50 días al año, mientras que desde 2015 a la fecha se distribuye agua los 365 días.

En tanto, el gasto promedio anual por usuario… también fue al alza. En 2010 se pagaba $10.067 por persona, mientras que en 2018 la cifra subió a $202.127.

Los números pudieron haber seguido subiendo. Según la última propuesta de la empresa, a la que tuvo acceso BBCL, las cifras -para continuar en el negocio de los aljibes- superaban con creces lo ofrecido durante el último periodo.

Por ejemplo: en 2018 el Estado pagaba a Aguas de Chile SpA alrededor $11,5 por litro de agua distribuida y -de haber aceptado la propuesta de la firma para 2019- habría aumentado hasta los $19 por litro. Estos costos, además, estaban sujetos a la contratación de los servicios en la totalidad de las 21 comunas. En caso contrario, los valores podrían haber seguido aumentando.

Las altas cifras contrastan con lo que actualmente se desembolsa por este concepto: entre $8,3 y $11,5 por litro (con excepción a Quirihue, donde se paga hasta $13 por litro).

¿La razón del aumento?: “Algo no cuadra”

“Son cifras que nos pusieron en alerta”. Con esas palabras describe el intendente de Ñuble, Martín Arrau (UDI), el panorama que se encontró cuando llegó a instalar la nueva región.

En efecto, los números expuestos anteriormente llamaron la atención de la máxima autoridad de la zona, por lo que decidió comenzar un proceso de fiscalización, lo que finalmente terminó con el cese de contratos con Faúndez en diciembre de 2018.

“Hay algo que no estaba cuadrando en el sistema, empezamos a investigar y fuimos a fiscalizar. Estuvimos un par de meses en eso, puesto que se necesitaba mayor control, mayor fiscalización”, explica a BioBioChile.

“La verdad es que el petróleo no subió (considerablemente) y el agua cuesta lo mismo, son cifras que nos pusieron en alerta”, sostuvo, sin encontrar la razón de los aumentos registrados durante las administraciones anteriores.

Y añade: “Después del año 2015 se repartió agua los 365 días del año y aquí llueve en invierno, entonces es sumamente curioso que los pozos se sequen todos los días del año y que estemos repartiendo agua a esa cantidad de personas los 365 días”.

“Llama la atención que tengamos la emergencia desde el año 2009, (pero) no se puede cortar el suministro de agua potable a gente que lo necesita”, sentencia.

Es decir, a casi una década, la urgencia sigue vigente.

Conflicto de interés: gobernadora Becker y su sobrino proveedor

Para transparentar el negocio de los camiones aljibes, la administración comenzó un proceso de apertura a otras empresas. Actualmente, son 10 las firmas que prestan servicio. Muchas de ellas eran subcontratadas por Faúndez, quien -de acuerdo a cálculos de fuentes de BioBioChile- les pagaba poco más de $4 por litro, en comparación a los $11,5 totales que él recibía como pago.

Dicha transición, sin embargo, no ha estado exenta de complejidades, puesto que una de las empresas que repartió agua a comienzos de este año, Sotrafer SpA, es propiedad de Fernando Vallejos Guiñez, sobrino directo del administrador de la Municipalidad de Chillán. Este último es cónyuge de la gobernadora de Diguillín, Paola Becker.

El escándalo caló hondo en Ñuble, puesto que la jefa provincial estuvo en reuniones de definiciones, preparación y coordinación de este tema, donde el propio intendente solicitó expresamente a todos los gobernadores, sin excepción alguna, probidad y transparencia con el nuevo sistema.

Dicha situación cobra mayor importancia debido a los cambios introducidos por la nueva administración en la medición de los habitantes que deben recibir agua potable mediante camiones aljibes. Bajo el nuevo modelo, son los propios municipios los encargados de elaborar la nómina de los receptores y velar que ésta sea fidedigna.

Precisamente, una de las principales anomalías en el negocio de los aljibes guarda relación con que el número de casas beneficiadas no era preciso: habían firmas de beneficiados que se repetían en diferentes inmuebles, existían viviendas de veraneo que recibían el recurso destinado a la emergencia e incluso habían personas ya fallecidas que aparecían en las nóminas.

En caso de comprobarse alguna irregularidad en las listas, los municipios arriesgan ser investigados por Contraloría y terminar sancionados. De ahí que lo ocurrido con Fernando Vallejos Guiñez, el sobrino del administrador municipal de Chillán -de 23 años, sin actividad laboral previa registrada y quien declaró un capital de sólo $5 millones al momento de fundar su empresa- remeciera el proceso de transparencia recién impulsado por Arrau, puesto que en otras palabras, el trabajo de Vallejos debía ser fiscalizado por su propio tío.

Finalmente, el problema se zanjó el 8 de enero de 2019 con el término de los servicios de la empresa que comenzó sus labores sólo cinco días antes, es decir, el 3 de enero, mismo día en que el joven delegó -mediante escritura pública- todas las facultades de administración y representación de la sociedad Sotrafer SpA a Pedro Alfonso Vásquez Ortiz.

BioBioChile intentó obtener la versión de la gobernadora de Diguillín. Sin embargo, desde su equipo de prensa señalaron que evaluarían entregar una respuesta que no llegó.

Asimismo, indicaron que cuando se contrató a su sobrino, Becker se encontraba con días administrativos y que tras lo acontecido la propia jefa provincial emitió una declaración en sus redes sociales que compartimos a continuación:

Defensa de Sauerbaum

En medio de esta discusión, el diputado de la zona Frank Sauerbaum (RN), salió en defensa de la empresa del sobrino del administrador municipal de Chillán y de la gobernadora Becker.

El parlamentario dijo al diario La Discusión que “fue un proceso que no se hizo como correspondía”.

“No se aseguró la continuidad del servicio, y no se contrató a las empresas que habían participado en la consulta del Mercado Público. Se baja a una empresa cuyo dueño es un familiar lejano de la gobernadora de Diguillín, algo bastante rebuscado, y nadie dijo que se trataba de una persona que prestaba el servicio desde antes, que era subcontratado por la anterior empresa que tenía adjudicado el servicio”, añadió.

Asimismo, amenazó con que Renovación Nacional se podría retirar del comité político en Ñuble. “Son varias cosas las que han incidido en esta molestia de RN. Lo dijimos desde un primer momento, la diferencia de estilos son abismantes entre el intendente y RN, y efectivamente, lo del agua fue gravitante”, dijo Sauerbaum al medio local.

Lo anterior generó la reacción del senador de la zona, Felipe Harboe (PPD), quien sostiene que “lo que llama la atención es porqué un diputado aparece defendiendo la adjudicación de una empresa, eso es una cosa inédita en nuestra región y es bueno evitar que los parlamentarios, cualquiera sea el color político, participen de opiniones respecto de adjudicaciones de empresas”.

“Eso obviamente genera suspicacias”, sentencia.

La pregunta que entonces surge es ¿por qué la molestia del diputado? BioBioChile intentó tomar contacto con el parlamentario, sin resultados.

Lo que sí está claro es que las declaraciones de Sauberbaum causaron preocupación al interior del Gobierno. Incluso, hay quienes advirtieron -una vez iniciado el conflicto- que éste podía estallar en una crisis comunicacional para el Ejecutivo en la zona.

Consultado el intendente Arrau sobre si la gobernadora Becker debía renunciar por esta polémica, responde de manera clara: “Por supuesto que no”. “Ella está haciendo un estupendo trabajo, estamos los dos trabajando por el proyecto del presidente Piñera en Ñuble y yo creo que esto se subsanó y se evitó que posiblemente pasara algo”, resalta.

Presiones e investigación del SII

Pese a haber sido sacado de competencia, Germán Faúndez está lejos de salir de la atención pública. El martes 15 de enero Radio Bío Bío dio a conocer que el Ministerio Público confirmó que entre las investigaciones por delitos tributarios, actualmente en trámite en Concepción, está la que apunta al empresario del transporte.

Según la presentación de Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Faúndez incurrió a partir de 2012 en una serie de irregularidades, entre ellas la presentación de facturas falsas y declaraciones maliciosas, lo que le permitió una importante evasión de tributos, ocasionándole al Fisco pérdidas por 1.215 millones de pesos.

Asimismo, BioBioChile tuvo acceso a audios de una ejecutiva de la empresa de Faúndez, Aguas de Chile SpA, donde -tras perder el negocio- llamaba a los camioneros que antes prestaban el servicio a dicha firma a manifestarse. Y no sólo eso, puesto que también les aseguraba que la Intendencia no les pagaría lo prometido a quienes decidan trabajar de forma independiente con el Estado, fuera del alero del empresario. A continuación los extractos:

Audio 1

Jóvenes, me llaman los proveedores que nos organicemos, que también yo tengo vehículo y nos enfilemos todos, todos en cuanto estemos listos, salgamos desde todos lados y llegamos a la plaza de Chillán con nuestros camiones y camionetas a pararnos, con todos los equipos de la gente que no está trabajando.

Que nos den una explicación de porqué nosotros, ustedes como choferes y nosotros como dueños de camiones, cuál fue el error tan grave que cometió la empresa para que la hayan dejado fuera.

Ustedes solos no se atreven a participar, porque igual no es algo que ustedes puedan manejar, si no les van a pagar, los van a hundir, así que ustedes no se atreven, porque son empresarios chicos, a hacer frente solos en esta cosa. Y la empresa que les daba el trabajo ¿cuál fue el error que cometió esa empresa tan grave, para que ustedes todos hayan quedado fuera y traigan camiones que no han cumplido el servicio?

Audio 2

Además, eso que dice la Intendencia que les va a pagar al mes, eso es falso, eso lo esta haciendo el Patricio Moya (funcionario de la Intendencia) porque sabe que no, osea a él se le escapó el asunto de las manos, está desesperado para salvar su pellejo. Ofrece que les van a pagar al mes. No les van a pagar al mes.

Audio 3

Así que conténganse, esperen un poco todavía, negocien nada más, negocien, ganen tiempo mientras tanto, porque parece que el servicio está cayendo antes de lo que esperaba.

Pese al llamado a movilizarse, esa opción nunca llegó a concretarse. Ningún camión se paró en las cercanías de la plaza de Chillán, posiblemente porque varios de los subcontratados por Faúndez ahora prestan servicio directamente al Estado y perciben la totalidad del dinero.

“Fue un proceso que sabíamos que iba a ser complejo, claramente estamos hablando de una operación de decenas de camiones repartidos por rutas en toda la región, pero al día de hoy estamos con cobertura en las 21 comunas de Ñuble”, comenta Arrau.

Consultado respecto de si se está trabajando en soluciones definitivas, Arrau es enfático: “Este debería ser el año en Ñuble en que hacemos más arranques (conexiones a la matriz de cañería) de agua potable rural en la historia”.

En esa línea explica que “estamos invirtiendo fuertemente, creando equipos y ahí deberíamos concretar la medida de fondo, que la gente tenga agua en la llave como tenemos la inmensa mayoría de los chilenos”.

BioBioChile intentó contactarse con el empresario aludido, sin resultados.

Defensa

“Sé que es rejodido y que siempre toda la gente va a suponer que hay una cuestión trucha, pero no es así”. Así se refirió un alto funcionario del gobierno anterior en la zona al negocio de los aljibes.

En conversación con BioBioChile, la fuente -que pidió reserva de su identidad- defendió lo realizado por la exadministración y aseguró que el monopolio por casi una década se debió a que “los hechos con los que nos encontramos fue que por regla general nadie (más) hacía propuestas, salvo en una oportunidad, que llegó una empresa (Constructora Regional Chile, firma a la que se le entregó el reparto en Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa) que cobraba algunos pesos (…) más barato que lo que cobraba una de la empresas del señor Faúndez”.

En esa línea, sostuvo que “la única vez que tuvimos una propuesta distinta se la adjudicamos” y detalla que cuando se llegó al Gobierno, en marzo de 2014, habían dos opciones: prorrogar lo que había o intentar montar un sistema nuevo. Finalmente, como ya es evidente, se decidieron por la primera opción.

¿Por qué? “Básicamente porque demorábamos más de seis meses en pagar los servicios” y las firmas “no tenían capital para aguantar seis meses para dar el servicio (…) Hay que tener mucha plata para sustentar esta logística”, señala.

“Era un saco de plata (…) créeme que nos dolía la guata (entregar los recursos a una sola empresa), pero ¿cuál era la alternativa? (…) ¿Qué hace esa gente con sus baños? ¿Qué hace esa gente con sus comidas? ¿Con los riesgos de infecciones?”, asevera.

Consultado sobre si hubo voluntad de fiscalizar, señala con un rotundo sí y explica que desde el gobierno local del Bío Bío se crearon equipos y se enviaron a terreno para comprobar que estuviera todo en orden. Asimismo, afirma que le entregaron la responsabilidad a los municipios para que éstos diseñaran los recorridos, modificaran las rutas y se utilizaron técnicas de auditorías.

Por otra parte, negó que fueran presionados para asignar los contratos a la misma empresa y consultado respecto de que cómo se explica la aparición “de la noche a la mañana” de la diez nuevas empresas que prestan el servicio actualmente, responde: “No lo sé, lo desconozco”.