El pasado 8 de octubre y a través de la resolución reservada 1.585 del Comando General de Personal, el Ejército resolvió cerrar “sin responsables” el sumario ordenado por la Contraloría, a raíz del desvío de recursos presupuestarios, que permitió pagar viáticos y sueldos por trabajos que no se realizaron y que podría alcanzar a más de 3 mil millones, de acuerdo a cifras del Ministerio Público.
La decisión de la entidad castrense, refiere al llamado Fondo de Ayuda Mutua (FAM), una suerte de sistema de solidaridad informal que funcionó desde principios de los sesenta principalmente los encuadrados en Coyhaique. En él, oficiales y suboficiales depositaban dinero mes a mes y cuando llegaba el retiro, obtenían una suma de dinero similar a un finiquito.
Sin embargo, fórmula creada colapsó en 2006, y -principalmente suboficiales- perdieron millonarios aportes. Para paliar las pérdidas de los uniformados, el entonces general Óscar Izurieta, resolvió devolver la plata a través de viáticos y contratos de trabajo, cuyas labores nunca se realizaron. Este hecho se mantuvo hasta 2016, bajo la administración del general Humberto Oviedo, donde se regularizó.
De acuerdo a la información obtenida por Radio Bío Bío, la indagatoria administrativa fue enviada por el Ejército al organismo fiscalizador para que realice la toma de razón, trámite que puede validar o revocar lo obrado.
Un alto funcionario de la entidad fiscalizadora indicó a este medio que existe una probabilidad importante de que el expediente generado por los militares sea devuelto y se ordene sancionar a los responsables, atendido que no se habrían cumplido los estándares administrativos.
Fuentes que conocieron de la indagatoria, explicaron que un aspecto llamativo de la investigación interna, es que en las conclusiones, las críticas fueron dirigidas al exjefe del Comando de Personal, Daniel Aberlt, quien precisamente fue quien a través de distintos oficios terminó con la práctica irregular. Sobre este aspecto, a través de una querella, este último acusó que el auditor general del Ejército lo presionó precisamente para salvar a Izurieta en la indagatoria castrense.
Error militar
La determinación del Ejército de cerrar el sumario sin responsables, se instala en medio de los dichos formulados la semana pasada por el comandante en jefe Ricardo Martínez Menanteau en la Escuela Militar, donde aseguró que uniformados de su institución, la Armada y la Fuerza Aérea, venden armas a narcotraficantes. El audio fue revelado por The Clinic.
El hecho provocó la inmediata reacción del ministro de Defensa Alberto Espina, quien ordenó la remisión de un informe para determinar cuál era el grado de conocimiento que tenía Martínez de la información. Más allá de la gravedad los dichos del alto oficial, este se mantuvo en su puesto.
La Ley de Bases de la Administración del Estado establece que cuando un funcionario público se entera de la comisión de un delito tiene 24 horas para denunciarlo. Ahora bien, fuentes militares aseguran que los dichos de Martínez apuntan a causas ya conocidas y tramitadas por la fiscalía con antelación y se trató de una advertencia a la tropa, más que una revelación.
Aspecto penal
Las conclusiones a las que arribó la Contraloría establecieron además que podrían existir hechos que revestirían caracteres de delito y envió los antecedentes a la Fiscalía Nacional. Después del análisis de los antecedentes, el caso quedó incoado en el perseguidor regional de Coyhaique, Carlos Palma.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en junio pasado una querella en contra de 26 uniformados en retiro por el delito de fraude el fisco, entra los que se cuentan tres exgenerales.
El caso patagónico
El fiscal Palma, en la causa que sustancia en la capital de la XI Región por el caso FAM, ha realizado una serie de diligencias. Entre ellas incautaciones en el edificio del Ejército en Santiago e interrogatorios al propio Martínez y a ex jefes institucionales como Juan Emilio Cheyre y Juan Miguel Fuente-Alba. Este último, además es investigado por la Fiscalía Centro Norte por el delito de blanqueo de capitales.
Cheyre, en tanto, fue condenado hace algunas semanas en calidad de encubridor, en el caso Caravana de la Muerte en el episodio La Serena.
El caso que sustancia el perseguidor Palma no ha estado exento de problemas para la institución, ya que dos generales presentaron una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía -y revelada por este medio- donde acusan que se les imputa una conducta criminal al aplicar los pagos del FAM, toda vez que fueron los jefes institucionales los que aprobaron la forma de pagar.
Aunque el caso está incoado en Coyhaique, en pocos días debiera analizarse en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, la contienda de competencia.
Varios de los imputados alegan que el principio de ejecución del delito se inició en Santiago, cuando Óscar Izurieta encontró la fórmula en 2006, usando bienes fiscales, para pagar a los militares que perdieron sus aportes en este sistema ilegal de repartición.
Si el juzgado santiaguino resuelve quedarse con la causa, los hechos debieran ser investigados por la Fiscalía Centro Norte. En la entidad indicaron que lo más probable es que a cargo quede la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong.
Sin embargo, si la fiscalía aysensina apela, será el tribunal de alza capilatino quien dará su opinión final.
Radio Bío Bío intentó obtener una versión del Ejército, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Nota de la Redacción
Esta mañana, el general Óscar Izurieta envió una carta a Radio Bío Bío, la que se reproduce íntegramente a continuación.
Carta Óscar Izurieta by Jorge Molina Sanhueza on Scribd