General acusa presiones del auditor del Ejército para salvar a excomandante en jefe de investigación

En medio de la crisis que enfrenta Ejército en la investigación por fraude al fisco en la compra de pasajes y viáticos y que tiene procesado al exjefe del Estado Mayor, el general John Griffiths, se abrió un nuevo flanco judicial ad portas de resolverse el alto mando institucional.

En esta oportunidad se trata del general en retiro Daniel Aberl, quien presentó una querella por fraude al fisco, en el marco de la indagatoria que lleva la Fiscalía de Coyhaique, por irregularidades en el llamado Fondo de Ayuda Mutua (FAM), luego que la Contraloría detectara pago de comisiones de servicio y contratos a honorarios falsos que superan los 180 millones de pesos.

El FAM, fue una suerte de financiera interna del Ejército solo para el personal encuadrado en Coyhaique, creada en 1950, donde mensualmente los funcionarios depositaban dinero. A principios de 1990 se hizo obligatorio el ingreso al sistema, y la idea es que al momento del retiro, se llevaran la plata ahorrada.

Sin embargo, en 2006 el sistema cayó en cesación de pago, momento en que Izurieta resolvió arreglarlo por la vía institucional, usando fondos del Ejército para ello, para paliar a quienes no pudieron cobrar.

Pues bien, en el libelo ingresado por Aberl ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago da cuenta de un episodio que causa preocupación institucional. Y es que Aberl revela que el actual Auditor General del Ejército, el general (J) Felipe Cunich Mas, lo presionó para que asumiera responsabilidad administrativa en el caso FAM, a cambio de ser recontratado, con miras a “salvar” a Izurieta.

En el documento al que accedió Radio Bío Bío, Aberl menciona que el 23 de marzo pasado recibió de parte de Cunich un whatsapp. El mensaje, señala el exuniformado, buscaba que se reunieran para conversar.

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“Hola Daniel (Aberl). Espero estés muy bien al igual que tu familia. Me interesa conversar personalmente contigo por un tema específico. Cuéntame de tu disponibilidad”, escribió Cunich.

Aberl, que hasta esa fecha desconocía que la Contraloría había cuestionado los pagos del FAM, respondió que fijaran un día, hora y lugar. El momento llegó el 2 de abril del año en curso, en las cercanías de la estación del metro Los Leones.

En la oportunidad, Cunich le reveló la existencia de la investigación administrativa que realizaba el Ejército por orden del organismo fiscalizador. Aberl, según la querella, quedó sorprendido. Y ello porque en su calidad de jefe del Comando de Personal del Ejército entre 2014 y 2016 aplicó la orden emanada de Izurieta con anterioridad a que asumiera el cargo, por lo que, aseguró, carecía de responsabilidad.

En ese contexto, Cunich le ofreció asumir “parte de la responsabilidad administrativa, lo que sería muy bien visto por la institución y recompensado con una futura contratación”.

“Para ello, el Auditor General del Ejército confeccionaría una pauta con los puntos a declarar para estos fines”, se lee en la querella. En otras palabras, la indagatoria ordenada por la entidad dirigida por Jorge Bermúdez, terminaría siendo un trámite, más que un trabajo destinado a profundizar en las verdaderas responsabilidades administrativas, incluso con miras a la devolución del dinero a las arcas del fisco, a través de un juicio de cuentas.

Fuentes cercanas al caso, comentaron que Aberl se indignó y rechazó de inmediato la proposición, “indicándole que no tenía por qué asumir responsabilidades ajenas, por hechos generados y dispuestos por mandos superiores”.

Según se sabe hasta ahora, la decisión de Aberl dejó en mal pie la investigación interna, porque si los testimonios de los uniformados apuntan a Izurieta, quien actúe como fiscal sumariante no tendría otra chance que sancionarlo, al menos por responsabilidad de mando, dejándolo al mismo tiempo expuesto a una formalización por parte del Ministerio Público.

La acción legal de Aberl, se suma a otra presentada en septiembre por otros dos exgenerales, Rodrigo Díaz y Fernando San Cristóbal, donde también acusan a Izurieta y al igual que Aberl, aseguran carecer de participación, ya que cumplieron las órdenes se impartían en la institución.

Los tres exuniformados están imputados en calidad de autores junto a otros 23 militares en retiro en una querella que presentó en junio pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la XI Región.

En tanto, tal como lo informó este medio, declaró en Santiago este miércoles en calidad de testigo, desde al menos las 15:00 horas, el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre con el fiscal Luis González.

La determinación fue adoptada por el jefe de este último, el perseguidor y jefe regional Carlos Palma, a petición del abogado querellante aysenino, Rodrigo Avilés.

Palma confirmó la información, e indicó lo que busca la diligencia es determinar el “el real alcance” y quiénes conocían cómo se solucionó los problemas del FAM al interior del Ejército.

De acuerdo a la información conocida por este medio, el fiscal interrogó este miércoles también a los generales Díaz y San Cristóbal.

Ex ministros de defensa desde 2006 hasta 2016, también deberían entregar su versión, entre ellos Andrés Allamand, Vivian Blanlot, entre otros.

Consultado el Ejército, indicó que el caso “es parte de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, radicado en la Fiscalía Regional de Aysén, por lo que al ser parte de un proceso, la Institución se encuentra impedida de comentar”.

Aquí la querella completa

Querella FAM by Jorge Molina Sanhueza on Scribd