Dos generales en retiro del Ejército presentaron una querella por el delito de fraude al fisco, en la que piden investigar a tres excomandantes en jefe, por autorizar -a forma de compensación- una práctica de pagos indebidos a una serie de uniformados que perdieron sus aportes en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema solidario informal que operaba solo en Coyhaique y que fue cerrado en 2006.

El libelo fue interpuesto por los generales (r) Rodrigo Díaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde solicitan que se interrogue a los exjefes institucionales, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, para que expliquen por qué existió una práctica de contratar a honorarios a personal en retiro que no trabajaba, como también otorgar comisiones de servicio irregulares, que hasta ahora supera los 180 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de la Contraloría.

La acción legal, que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, tiene un trasfondo. Sucede que Díaz y San Cristóbal están querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la capital de la XI Región -junto a otros 24 ex uniformados- como autores de fraude al fisco. Ello, porque en su calidad de jefes de la zona (entre 2014 y 2015, el primero, y 2016 a 2017, el segundo), giraron platas del presupuesto institucional, precisamente para resarcir a los afectados del FAM. Ello sin contar que tienen la calidad de imputados en la investigación que sustancia el Ministerio Público de esa ciudad.

Sin embargo, ambos exoficiales aseguran que solo cumplieron órdenes emanadas desde Santiago y que se está omitiendo “deliberadamente, perseguir e investigar y eventualmente sancionar a todos quienes desde hace al menos diez años, fueron los reales ideólogos, creadores e implementadores de esta verdadera política institucional”. De allí que la querella interpuesta por ambos en Santiago, no solo busque ampliar el grado de responsabilidad que tuvieron los excomandantes en jefe, sino que la investigación sea enviada a la Fiscalía Centro Norte.

Uno de los párrafos del libelo es elocuente: “(…) resulta obvio que los hechos criminales denunciados, fraude al fisco, se inician y comienzan a ejecutar cuando un Oficial del Ejército en Santiago, enteramente a sabiendas de que su decisión carece de todo fundamento legal y administrativo (…) ordena que determinadas personas sean contratadas para tareas y comisiones de servicio que no se ejecutarían, con el solo fin de otorgarles beneficios (…) con dineros fiscales de supuestas deudas que no son fiscales, en otras palabras, enriquecerlos injustificadamente con dinero fiscal”, se lee en la querella.

Y sigue: “Es absolutamente evidente que el Ejército de Chile (…) pretende limitar (…) todo el conjunto de este tipo de hechos (…) con la finalidad de que sean solo los oficiales que estuvimos el mando de la IV División, los que carguemos con las culpas de estas antiguas decisiones (…) que idearon y ejecutaron en el marco de un plan definido e implementado por (…) altos mandos en Santiago, como una política institucional”.

Lea la querella de los generales (r)

El FAM se creó en 1950, en Coyhaique, por iniciativa del cuadro permanente (sargentos, cabos y suboficiales) con el objeto de generar un sistema de ayuda solidaria, para quienes lo integraban.

La idea era que al momento del retiro o el traslado a otra región, los aportantes pudieran recuperar su dinero. Desde ese año hasta 1990 se dictaron una serie de normas para darle algún viso de formalidad, hasta que en 1991, el Ejército estableció el ingreso al FAM de manera obligatoria a todos los militares que llegaban a la IV División. Diez años más tarde, ello volvió a cambiar y solo fue de carácter voluntario.

Atendido que el fondo había entrado en crisis de pago, en 2006, el entonces comandante en jefe Óscar Izurieta resolvió cerrarlo y buscar alternativas para resarcir a los afectados.

Comisiones de servicio

Todo comenzó con una denuncia anónima que investigó la Contraloría General de la República (CGR) y que derivó en un informe final, revelado en marzo pasado por Radio Bío Bío.

En él se acreditó que en la IV División del Ejército se desembolsaron más de 122 millones de pesos para pagar viáticos a 90 funcionarios, que supuestamente iban a las ciudades de Chaitén, Santa Lucía, Cochrane, entre otras, por períodos que no superaban los 20 días, los que no pudieron se comprobados.

Una segunda fórmula que estableció la CGR, operó sobre la base de contratos a honorarios a militares en retiro que habían perdido plata cuando se cerró el FAM en 2006. A modo de ejemplo, la Tesorería del Ejército, giró casi 57 millones de pesos a 19 exuniformados.

Los generales Díaz y San Cristóbal, aseguran que el organismo fiscalizador, el Ejército y la querella del CDE, solo apuntan a los años en que ellos estuvieron a cargo de la zona aysenina, pero que los hechos se remontan a mucho antes, que se trata de un delito reiterado en el tiempo.

La querella ya fue admitida a tramitación en el tribunal santiaguino, pero como los hechos tienen cierta similitud con los indagados en Coyhaique, lo más probable es que se trabe una contienda de competencia.

Básicamente, lo que buscan los generales (r) es que el caso se quede en Santiago, ya que aseguran el llamado “principio de ejecución del delito,” se ubica en el edificio del Ejército.
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Este medio intentó obtener una versión institucional, pero se indicó que al tratarse de un tema que se desarrolla en sede judicial, no habría comentarios.

En tanto, el abogado Claudio Arellano, patrocinante de los exmilitares, se excusó de opinar sobre los hechos materia de la querella.