La ministra civil de la Corte Marcial, Rommy Rutherford, dictó hoy la primera condena en el llamado caso Milicogate, por el fraude en el Ejército que hasta ahora supera los 10 millones de dólares, de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
La magistrada sancionó al cabo Juan Carlos Cruz a una pena de 12 años como autor del delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado y al pago de una multa por una cifra superior a los 138 millones de pesos.
Seguidamente, Rutherford condenó también a la sargento Liliana Villagrán Vásquez, a la pena de 10 años y un día de presidio por el mismo ilícito y una suma similar a pagar a las arcas del Fisco.
De acuerdo a la sentencia a la que accedió Radio Bío Bío, Cruz y Villagran cometieron los delitos entre 2010 a 2013, cuando estaban encuadrados en el Comando de Apoyo de la Fuerza (CAF).
Según el dictamen, ambos habrían provocado un daño a la arcas fiscales por más de 2.700 millones de pesos.
Junto a la sanción penal, los ex militares quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Cuando se destapó el caso, Cruz Valverde saltó a la palestra, porque gastó más de 2.500 millones de pesos de fondos públicos en el casino Monticello.
La defraudación conocida como Milicogate comenzó en 2010 y se extendió hasta marzo de 2014, es decir, durante todo el periodo en el que el investigado general en retiro (r) Juan Miguel Fuente-Alba fue comandante en Jefe del Ejército.
Sin embargo, la primera versión apuntaba a que los ilícitos solo se habrían desarrollado durante los primeros tres meses de 2014. Dicha irregularidad consistía en compras falsas de repuestos para autos militares realizadas a través de la sociedad Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la rama castrense en el área de “material de guerra y repuestos”.
Frasim emitió 10 facturas por repuestos de autos militares que nunca fueron entregados a la institución. En ese contexto, el cabo Juan Carlos Cruz reconoció haber recibido 15 millones de pesos solo en dicha operación. A su vez, luego de que se descubriera esta maniobra, el coronel (r) Clovis Montero contactó a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera de forma urgente el último pago correspondiente a 53 millones de pesos. Huincahue accedió y le pasó a Montero un vale vista del banco Bci.
Después de eso se generó una explosión judicial que dio pie a diversas diligencias para llegar al fondo del asunto. Así se terminó descubriendo que se había defraudado al Fisco en más de 6.000 millones de pesos a través de la emisión de facturas por servicios no prestados donde participaron funcionarios del Ejército y empresas proveedoras de la entidad, utilizando recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.