Subcontralora Dorothy Pérez desafía a Bermúdez a sacarla de su oficina con orden judicial

El lunes 20 de agosto -a las 16.30- el Contralor General la República, Jorge Bermúdez, vio cómo su segunda de a bordo, la subcontralora Dorothy Pérez, cruzó el dintel de la puerta. El ambiente era tenso, nada cabía entre las cuatro paredes que alojan la caja fuerte que guardan celosamente las Leyes Secretas de la dictadura militar, pues Bermúdez tenía una decisión tomada: Pérez debía renunciar.

La razón era simple: el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el caso pacogate, había resuelto citarla en calidad de testigo, porque mientras ocurría el robo de fondos fiscales -que supera los 27 mil millones pesos- era la jefa de la unidad que fiscalizaba a Carabineros. De hecho le hizo entrega personalmente de la convocatoria judicial que recibió reservadamente del Ministerio Público.

A esa hora, la determinación no era conocida oficialmente, pero los rumores al interior del organismo fiscalizador saltaban de piso en piso, en un edificio donde los muros escuchan, porque el hecho era -al menos- fuera de lo común.

Bermúdez, conocido por su carácter gélido cuando se trata de tomar decisiones difíciles, soltó la oración, quizás sin prever que un problema mayor, que involucra al Ejecutivo y al Poder Judicial, le caería encima. Acaso, el más complejo desde que inició su gestión en diciembre de 2015.

Dorothy Pérez se retiró de la oficina y tomó cartas en el asunto. Sabía de sobra que su cargo de subcontralora, más allá que su nombramiento lo hubiera decidido el propio Bermúdez, era inamovible, salvo que el Pleno de la Corte Suprema resolviera lo contrario y Presidente Sebastián Piñera, confirmara el criterio.

Pasaron exactamente 6 horas y doce minutos del lunes 20 de agosto, cuando el e-mail Bermúdez recibió un mensaje. Vibró, sonó o apareció una “notificación emergente”, el hecho es que en la bandeja de entrada estaba la respuesta de Dorothy Pérez. ¿Se la esperaba? En la Contraloría dicen que no, que fue una sorpresa. Una afrenta al poder de Bermúdez, pero basada en lo que dice la ley. La profesional había resuelto no dejar su cargo. El vocativo fue lo primero que leyó el contralor.

“Señor
Contralor General de la República
Jorge Bermúdez Soto
Presente”. Estas diez palabras, dan inicio a los descargos formales presentados por Dorothy Pérez, que publica en exclusiva e íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Lea íntegramente la carta enviada por Dorothy Pérez

En la misiva, Pérez le recuerda la existencia de un sumario interno en su contra que sustancia Loreto Valenzuela, una abogada del gabinete de Bermúdez. El hecho, en el órgano de control, no es fuera de lo común. Cada situación que puede revestir características de anomalía administrativa o incluso un delito, debe ser investigado. Pero según Dorothy Pérez, la abogada Valenzuela se había saltado la formalidad y hecho comentarios sin que la indagatoria se encontrara terminada, los que derivaron en la pérdida de confianza.

“Junto con saludarle, me dirijo a Ud. para dar respuesta formal a la solicitud que me efectuó hoy, en reunión sostenida a las 16.30 horas, requiriéndome que presente mi renuncia al cargo de Subcontralora (…) fundado en que he sido citada en calidad de TESTIGO por la fiscalía (…) en base a las informaciones previas que la fiscal (…) de un sumario interno (señora Loreto Valenzuela), le habría efectuado acerca de mi eventual responsabilidad en dicho proceso, cuya etapa indagatoria ni siquiera ha finalizado”, se lee en la misiva.

“Usted me ha indicado que ello le habría originado a Ud. una pérdida de confianza en mi persona y que por dicha razón me remueve el cargo, pese que en mi presencia ha reconocido expresamente que Ud sabe que no tengo participación en dichas irregularidades”, sigue el documento.

De esta manera, Pérez le recordó al Contralor que en la Comisión de la Cámara de Diputados sobre el pacogate -del 15 de mayo de 2017- la había exculpado de cualquier responsabilidad en el hecho. Es más, Bermúdez sostuvo en la oportunidad que el esposo de Pérez es un general de Carabineros, pero encuadrado en la sección aeropolicial y no en Intendencia o Finanzas, donde ocurrió el millonario robo a las arcas fiscales. Y a continuación, la subcontralora pasó a la carga.

“Mujer chilena, madre y funcionaria trabajadora”

Legalmente, tanto el Contralor, como él o la subcontralora, gozan de inamovilidad en sus cargos, tal como establece la Ley Orgánica de la entidad de control en su artículo cuarto.

“Respetuosamente le informo (…) que la remoción del Contralor y del Subcontralor corresponde al Presidente de la República PREVIA resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los ministros de los tribunales superiores de justicia y por las CAUSALES señaladas para los ministros de la Corte Suprema”, sigue la respuesta. En otras palabras un juicio que lleva cabo el máximo tribunal del país, en donde se busca comprobar “mal comportamiento” o un “notable abandono de deberes”

Pérez insistió en que no ha sido sancionada ni imputada administrativa ni menos penalmente, por lo que no corresponde la petición de renuncia, como tampoco que deje el cargo sin un debido proceso.

“(…) en base a los principios y garantías constitucionales y considerando especialmente que no existe sentencia alguna que haya dispuesto mi remoción (…) jamás he incurrido ni se me ha imputado ninguna irregularidad que amerite que Ud. me aplique sin forma de juicio y ajeno a todo procedimiento legalmente tramitado, una sanción como la remoción de mi cargo que he servido fiel y lealmente como funcionaria pública (…) por cerca de 15 años, siempre con excelentes calificaciones (…) y siempre destacada por las jefaturas, insistió Pérez.

Y agregó: “(…) siempre (he colaborado) en todo lo que UD. me requiriera y cuidando su prestigio, su imagen y su cargo. Lamento informarle que no resulta legalmente procedente su requerimiento -ni en la forma ni en el fondo- y que no presentaré mi renuncia a los cargos de Subcontralora General y Juez de Cuentas y que seguiré ejerciendo el cargo en forma legal, continua, leal y respetuosamente como lo he hecho siempre, salvo que se expida una sentencia a firme de los tribunales de justicia que disponga otra cosa”.

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A continuación, Dorothy Pérez presentó su afrenta y aseguró seguirá ejerciéndolo en su oficina, “utilizando los medios y servicios físicos y tecnológicos institucionales y expidiendo las resoluciones judiciales (…) resolviendo en los casos en que legalmente me corresponda”.

A renglón seguido, insistió: “(…) por cierto, con pleno respeto a su jerarquía y a su investidura, pero asimismo con pleno respeto a la legalidad (…) y en defensa de mi honra como mujer chilena, madre y funcionaria trabajadora”.

Por último, le indicó al Contralor Jorge Bermúdez que en su computadora hay datos institucionales, pero también clínicos de carácter personal, “por lo que le solicito no intervenir en dichos medios sino con autorización judicial previa o, en caso de hacerlo, tomando (…) los resguardos para no eliminar ni intervenir información (…) privada de la infrascrita, en conformidad a la ley de protección de datos personales”.

Pérez concluyó, cerrando su respuesta, apelando a la religión, esperando que Bermúdez reflexione.

“Lamentando profundamente el error en que su alta investidura está incurriendo y rogando para que Dios lo lleve a recapacitar y le permita analizar en derecho y en justicia esta situación, le saluda atentamente”, apuntó.

Aquí la carta completa de la subcontralora

https://www.scribd.com/document/386781814/Dorothy-Carta