Acoso, abuso y violación: las casi 300 denuncias que existen en las FFAA y Carabineros

De Estados Unidos a Chile, pasando por Europa y Asia, sacerdotes, políticos, actores y directores de cine y televisión, entre otros, han sido derribados de sus posiciones de poder gracias a las víctimas de actos sexuales que se han atrevido a denunciarlos públicamente, como también ante la justicia. En Chile, los casos más emblemáticos han sido los que han remecido a la iglesia y productores de TV, entre otros. Las Fuerzas Armadas, como también las de Orden y Seguridad, no han estado exentas de este fenómeno.

Entre 2010 y junio de 2018, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y Carabineros han recibido 284 denuncias por acciones de índole sexual contra algunos de sus funcionarios. De ese total, 127 fueron por abuso sexual, 103 por acoso sexual, 38 por violaciones y 16 por otros actos indebidos. Así lo revelan las cifras a las cuales accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío a través de la Ley de Transparencia.

La institución más denunciada fue Carabineros, con 160 casos, seguida del Ejército, con 78. Le sigue la FACh, que durante ese período reportó 29 denuncias, y la Armada, con 17 (revisa acá el registro de las cuatro ramas).

La única entidad que no entregó la información solicitada fue la Policía de Investigaciones (PDI). Pese a que el pasado jueves 2 de agosto se le venció el plazo, hasta el cierre de este reportaje, es decir, más de dos semanas después, aún no daba respuesta a la petición. De este modo, la institución liderada por el director general, Héctor Espinosa, burló el mencionado cuerpo legal.

De las acusaciones registradas en el lapso de tiempo, 103 terminaron con sanciones, lo que equivale a un 36% del total. De ellas, 46 fueron por casos de abuso, 27 por acoso, 18 por violaciones y 12 por otras conductas de connotación sexual. Carabineros también encabezó este “ranking”, ya que aplicó medidas disciplinarias en 67 casos, secundada por la FACh y la Armada que registraron 13 cada una, mientras que el Ejército sancionó en 9 casos. Esta última rama castrense, sin embargo, reconoció que no tiene información de lo que ocurrió con el desarrollo de 56 denuncias.

Dentro de los castigos aplicados, el más frecuente fue la desvinculación -también conocido como baja, llamado a retiro o separación del servicio-, registrada en 48 oportunidades.

En este ámbito, Carabineros nuevamente superó al resto, ya que aplicó 32 de estas medidas. Otra acción disciplinaria bastante utilizada fue la imposición de días de “arresto militar” para algunos de los acusados, en 37 veces. El día de arresto, implica una anotación por escrito en la hoja de vida del funcionario e incide directamente en la calificación anual de desempeño. En otras palabras mientras mayor es el número -desde 1 hasta 20- aumenta la probabilidad de que abandone la institución. Al respecto, la policía uniformada, reportó 31.

Cabe acotar que si bien no se precisó cuántos casos fueron derivados al Ministerio Público, las entidades aseguraron que remitieron los antecedentes en todos los casos que podrían haber implicado algún delito.

Otro dato llamativo es el fuerte aumento que han experimentado las denuncias desde 2010 hasta ahora, dentro de las ramas que entregaron información. Mientras en 2010 se registraron ocho, al año siguiente subieron levemente a 10. El punto de inflexión lo marcó 2013. Ese año, 35 personas se atrevieron a denunciar. En los últimos años,en tanto,el nivel ha fluctuado sobre las 40 e incluso en 2017 el número llegó a 59, mientras que en lo que va de 2018 hay 40.

Para José Andrés Murillo, una de las víctimas del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima y que hoy lidera la Fundación para la Confianza, lo que ocurre en este tipo de entidades radica en el modelo de una cultura organizacional, donde la antigüedad constituye grado.

“Sabemos que este tipo de organizaciones son especialmente asimétricas, donde fácilmente el poder se transforma en un poder abusivo donde no hay una cultura de denuncia interna, donde las personas tienen que probablemente sufrir o vivir situaciones de abuso de manera silenciosa y solitaria. Porque, además, durante mucho tiempo (…) pareciera que predominan culturas donde está más prohibido hablar del abuso que abusar, está más prohibido hablar del abuso que ser víctima de abuso”, afirmó.

Y añadió: “Por lo tanto, que comiencen a haber estas denuncias, más que una mala noticia, me parece una buena (…) porque sabemos que son contextos propicios para el abuso sexual y/o el abuso de poder con connotación sexual. Y el hecho de que la gente esté comenzando a denunciar es una manera también de limpiar o de sanear los mecanismos y las dinámicas de poder”.

Razones institucionales

Uno de los factores que explica la diferencia en la cantidad de denuncias recibidas por cada institución es el tamaño de ellas. Mientras que en Carabineros y el Ejército, que fueron las que encabezaron los registros, su dotación de personal supera las 50.000 personas, la Armada está compuesta por 25.000 efectivos y la FACh con 12.000 efectivos.

Más allá de este factor, las instituciones expusieron distintas miradas sobre el panorama que entregan las cifras a las que accedió este medio. En particular, si la cantidad de casos denunciados en cada entidad es considerado un nivel bajo, medio o alto.

Carabineros, que lideró tanto la cantidad de denuncias como las sanciones aplicadas, no respondió hasta el cierre de esta edición las preguntas formuladas por Radio Bío Bío.

En el Ejército, la jefa del área de Responsabilidad Social Institucional de la Dirección de Personal, teniente coronel Bárbara Ojeda, señaló que “consideramos que las 78 denuncias registradas, tomando en cuenta la cantidad de personal que tiene el Ejército, es un nivel bajo”.

“Es menos del 1%. No obstante ello, el Ejército está preocupado de hablar de estos temas, de visualizarlos, y además de abordarlos con protocolos claros para la acción de las denuncias, el acompañamiento de las víctimas y la educación de estos temas”, afirmó. Respecto a los 56 casos de los que carecen de información, Ojeda indicó que desde 2016 la rama castrense tiene una orden de comando que por primera vez tipifica el acoso laboral y el acoso sexual.

“Anterior a esa fecha, estas faltas existían como faltas administrativas, las que estaban contempladas dentro del reglamento de disciplina. Por ende, tampoco hay un catastro completo respecto a estas denuncias porque eran faltas administrativas”, explicó.

Desde la Armada, en tanto, enviaron una respuesta institucional, aunque no se refirieron directamente a lo consultado.

“La Armada de Chile ha establecido como política la tolerancia cero para casos de connotación sexual o de otra naturaleza, que afecte las relaciones de cualquier tipo entre servidores navales. Por lo tanto, se trabaja de manera permanente para que en lo posible no existan casos de acoso o abuso sexual”, señalaron (ver respuesta completa).

Desde la rama liderada por el almirante Julio Leiva, añadieron que “cualquier denuncia es relevante para la institución y se adoptan de inmediato todas las medidas posibles para apoyar a la víctima, sancionar al responsable y extraer experiencias para evitar la repetición de nuevos casos similares”.

La FACh, escuetamente, argumentó que ante cualquier denuncia proceden bajo la normativa vigente (ver respuesta completa).

¿Es suficiente con los protocolos?

En el caso del Ejército, en 2016 se creó el primer protocolo para combatir estos temas. “La orden de comando estableció la definición de las conductas, cuáles eran las primeras acciones de mando de quienes estaban en conocimiento de estas denuncias, y cuál era el sentido que tenía la institución de resguardar la integridad de las víctimas y el debido proceso”, relató la teniente coronel Ojeda.

Añadió que se elaboró una cartilla que ha servido para ir cambiando la cultura interna. Dicho mecanismo, por ejemplo, explica a quién se le presenta la denuncia, la canalización de ella, el acompañamiento a la víctima, dónde se interviene en prevención y educación, entre otros aspectos.

En la Marina, en tanto, argumentaron que siempre han existido los canales formales para denunciar. Reconocieron, de todas formas, que desde junio de 2017 se creó “una directiva especial que dicta normas y establece procedimientos a los mandos y servidores navales sobre prevención, protección y control de situaciones que puedan constituir conductas indeseadas relacionadas con violencia”.

La orden mencionada incluye también fórmulas para dar garantías a las víctimas. Entre ellas destacan la inmunidad frente a posibles represalias para evitar la victimización secundaria, como también la reserva de los antecedentes con miras a proteger la privacidad de los o las afectadas.

La FACh, comandada por el general del Aire, Jorge Robles, indicó que la entidad “siempre ha investigado cada una de las denuncias que ha recibido”. Al respecto, remarcaron que a partir de la promulgación de la ley que tipificó y estableció sanciones para el acoso sexual, elaboraron un protocolo para abordar este tipo de materias.

Sumado a los reglamentos internos de cada institución, en mayo de este año el Ministerio de Defensa suscribió un acuerdo de cooperación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que busca promover y velar por el pleno respeto de los derechos. En concreto, su objetivo es implementar las medidas necesarias para combatir y prevenir el acoso y la discriminación arbitraria en las instituciones de la Defensa Nacional.

Además de avanzar en esta área, José Andrés Murillo plantea que es importante para el país tener claridad en cuáles son las situaciones que se tipifican como delitos y cuáles no. “Hay situaciones de acoso sexual e incluso de abuso sexual que no son consideradas un ilícito en Chile”, indicó. Y añadió: “Eso se da en los casos donde no hay uso de la fuerza o intimidación para un toqueteo o un manoseo en la calle, lo que no se considera delito, cosa que me parece errado”.

A su juicio, el aspecto legal debe ir mejorando, porque no sólo es un problema que aqueja a las FFAA y las de Orden y Seguridad, “sino que como país debemos mejorar nuestra cultura y nuestra legislación”. Concluyó que “éticamente, hemos dado cuenta del daño que esto provoca; el daño reputacional, institucional, de clima y que en una cultura donde se respeta a las personas, claramente todo funcionará mejor”.

La respuesta fuera de plazo de la PDI

Después de la publicación de este reportaje, desde la Policía de Investigaciones enviaron la información solicitada a través de Transparencia. Sin embargo, según los plazos establecidos por la Ley, ésta debió haber sido entregada a más tardar el pasado jueves 2 de agosto.

En esta institución, entre 2010 y los primeros seis meses del presente año, se reportaron 37 denuncias por conductas de connotación sexual contra funcionarios, de las cuales 19 fueron por acoso, 13 por abuso y 5 por violación. De todos los casos, 19 terminaron con sanciones: desde amonestaciones hasta desvinculaciones.

Revise acá el listado completo de las denuncias registradas en la PDI.