La trama Ajraz II: las pruebas que lo llevaron a prisión y el peso de la droga fantasma

Cada cierto tiempo se destapan historias de policías corruptos. En 2009, se supo de algunos cabarets en Valparaíso regentados por un tal Charly, donde se explotaba sexualmente a menores de edad y un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) eran clientes asiduos. También le prestaban protección. Seis detectives y un subcomisario fueron formalizados por distintos grados de participación en el delito de facilitar la prostitución infantil.

Varios más han caído desde entonces. En 2015, una decena de policías de San Antonio fue dada de baja por diversos delitos: obstrucción a la justicia, cohecho agravado y hurto, entre otros. Al año siguiente, otros tres fueron detenidos y acusados por robo, narcotráfico, asociación ilícita y violación de secreto. Entre 2010 y 2017, al menos tres más fueron despedidos de la institución por consumo de drogas y relacionarse con traficantes. Y esos casos son sólo una breve muestra: el conteo sigue y sigue.

Pero lo que pasó en 2011 en la Brigada contra el Crimen Organizado, la BRICO, el cuerpo de élite de la PDI, fue particularmente grave. Allí se suponía que estaban los mejores, pero lo que en cambio había, en palabras del actual fiscal jefe de Puente Alto, Héctor Barros, era “un gran foco de corrupción”.

Por un lado estaba el grupo encabezado por el subcomisario Giovanni Sepúlveda, sobrino de un importante narcotraficante internacional, y secundado por el inspector Jorge Haeger. Su carrera policial se fue por el caño cuando incautaron dinero en una diligencia y lo cambiaron por billetes falsos, aunque también estaban metidos en otras cosas.

Por el otro lado, estaba Cristian Ajraz, el agente encubierto que solía trabajar solo con sus informantes. Era uno de los más efectivos de la PDI. Muchos recuerdan el caso de Los Rodríguez, el brazo operativo de una organización narco que operaba en Puente Alto y que traía droga desde el norte a través de barcos pesqueros. Por más de dos años la policía no los había podido atrapar, pero Ajraz, en apenas una semanas y con la ayuda de su informante Jorge Cepeda, logró detectar el tráfico y desde entonces el proceso se fue por un tubo. Pero luego él también cayó. Lo acusaron de ser parte de una red que traficaba cocaína desde Perú a la zona central y lo condenaron a 20 años por tráfico y asociación ilícita (ver La trama Ajraz I: auge, caída y redención de un agente encubierto de la PDI).

Desde la cárcel alega total inocencia y acusa un montaje coordinado por Cepeda, los fiscales que lo investigaban y los policías que protegían a sus colegas. Dice que le plantaron pruebas en su casa, que le robaron documentos que después aparecieron en el tribunal y jura que él nunca traficó ni un gramo de droga. Pero los fiscales cuentan otra cosa: que está todo probado y que Ajraz estaba involucrado de principio a fin en las operaciones que le acusan. Pero el tráfico que le imputaron es uno que habría ocurrido en noviembre de 2010, y que en los registros oficiales aparece como una cosa muy distinta: una entrega controlada de droga.

Transa a los pies de Condorito

Noviembre de 2010. Ana María Bravo coordina por teléfono la entrega de 10 kilos de cocaína que lleva en una mochila. Al otro lado de la línea, un hombre le dice que un muchacho la espera comiendo un completo en el lugar convenido: la estatua de Condorito en el sector El Llano, en San Miguel. Cristian Ajraz, el agente encubierto de la PDI a cargo de la operación, sigue cada paso desde un vehículo estacionado a unos metros, al igual que otros policías que esperan que se concrete la transacción para dejarse caer.

Estaba todo coordinado para anular a una banda que se organizaba para traer grandes cantidades de droga al país, y ésta era la primera operación, la que abriría la ruta. Esa era la información que los policías y el Ministerio Público manejaban, según lo que a Ajraz le habían dicho sus informantes. El muchacho recibió el paquete de manos de la anciana y todo se desenlazó. Los policías se abalanzaron y el joven cayó detenido. Su nombre era Marcos Valdivia, pero no era un capo ni nada, sino sólo un chiquillo adicto a la pasta base que otros miembros de la banda habían reclutado como señuelo a cambio de $200 mil. Ningún pez gordo caería en esa oportunidad. Todo el aparataje desplegado no había servido de nada.

El fracaso era importante. Se habían invertido tiempo y recursos. Todo había comenzado unos días antes cuando Ajraz le dijo al fiscal Miguel Palacios, de la Fiscalía Metropolitana Sur, que su fuente Ana María Bravo conocía los planes que tenía un peruano al que le decían “El Indio” para ingresar droga al país. El fiscal le dio a él la calidad de agente encubierto para esa investigación y a ella la de informante. Sus teléfonos estaban pinchados y toda la coordinación estaba siendo monitoreada.

Había que ir a Arica a recibir la droga. Fueron Ajraz y Bravo, junto a dos policías más, en un auto Renault Scenic. Allá se coordinaron con la PDI local, que les prestaría apoyo. Todo allá se dio según lo planeado: la entrega se hizo afuera del casino de esa ciudad y cuando la informante y el policía ya tenían la droga en sus manos, la llevaron a la unidad policial, donde se pesó y se guardó. Había 10 kilos. Pero antes de volver a Santiago, los mandaron a revisar el auto en un scanner especial que tenían en la aduana para revisar vehículos. Querían ver si había otra droga además de la que habían dejado en la brigada.

Hay contradicciones respecto a lo que sucedió allí. Ajraz dice que era algo de rutina, parte del protocolo. Bravo relata que no tenía idea por qué lo mandaron a revisar, que nunca les había ocurrido y que el agente encubierto estaba muy nervioso. Los policías que participaron y acompañaron toda la operación declararían que si se revisó, fue porque desconfiaban, porque ya sospechaban que había algo extraño en todo eso. La cosa es que el vehículo se escaneó y no se detectó nada raro. Eso sí, como el scanner estaba hecho para camiones y no había una plataforma para elevar el auto, toda la parte inferior quedó sin revisar.

Eso último sería clave. Los Renault Scenic vienen con compartimentos de fábrica bajo los pies del conductor y el acompañante. Si hubiesen querido meter droga, ese era el lugar indicado para esconderla. Pero como nada se detectó, Ajraz y Bravo se subieron al auto y emprendieron la vuelta rumbo a Santiago. Los siguió de cerca durante todo el trayecto un vehículo policial donde otros efectivos llevaban la droga incautada. En el cruce a La Calera se detuvieron y Bravo se bajó para irse a su casa en Quilpué.

Días después, en Santiago, se coordinó la entrega junto a la estatua de Condorito. Y todo eso al final sólo sirvió para atrapar a un chico que por unos billetes aceptó recibir la droga. Para el Ministerio Público quedaba como una operación fallida. La investigación quedaba en nada, pero tiempo después tomaría otro sentido.

Cepeda lo cuenta todo

Cuando en 2011, la Operación Escalera Real, que investigaba la internación al país y traslado de 70 kilos de cocaína, llegó a Jorge Cepeda, él se vio atrapado. Ahora dice que fue porque los fiscales lo presionaron, que lo amenazaron con involucrar a su esposa y que no le quedó otra salida. Como sea, para acogerse a los beneficios de la cooperación eficaz contemplada en la Ley de Drogas, se puso a hablar y relató:

1) Los 70 kilos de droga que habían incautaron en Calama, los habría financiado y coordinado el tío de Giovanni Sepúlveda, conocido como “La Guatona”, e iban a guardarse en una casa en Maitencillo de la familia de Cristian Ajraz. Y no sólo eso, sino que el policía habría sido junto a él parte de una organización dedicada al tráfico de drogas desde hacía mucho tiempo, encabezada por un peruano identificado como Luis Elías. Lo que ganaban, dijo Cepeda a los fiscales, se lo repartían a medias.

2) Ya en 2008 habrían viajado a Arica y traído 20 kilos de cocaína, supuestamente todo disfrazado bajo una falsa misión encubierta gestionada por Ajraz y aprovechando un viaje que hizo para hacer unas charlas sobre su rol como infiltrado en bandas criminales. La mitad habría quedado en la unidad policial y el resto se repartió para la entrega controlada. Todo se habría organizado para que entre idas y vueltas, al menos 7,5 kilos quedaran disponibles para el tráfico, sin que la policía se diera cuenta. De esa operación, Cepeda obtuvo como forma de pago un Audi A4 de 2006.

3) Pararon por un tiempo, mientras a Ajraz le hacían un sumario que terminó sin sanciones por supuestamente haberle prestado servicios en San Antonio a un empresario hindú involucrado en contrabando. Cuando zafó de esa investigación, volvieron a su relación de agente-informante, y según Cepeda, transportaron 70 kilos de droga a la capital, aunque esa vez sólo habrían ganado por transporte.

4) Y vino entonces lo de noviembre de 2010, que según Cepeda era otra operación similar, la última que habrían realizado juntos. Dijo que el peruano conocido como “El Indio”, no existía y en realidad era él coordinando todo con Bravo por teléfono. También dijo que no eran 10 sino 20 kilos los que habían en la mochila que recibieron el policía y la anciana en Arica, que los 10 kilos que llevaron a la brigada eran en realidad tres que habían “pateado” (mezclado con otras sustancias para aumentar su peso) y que los 17 restantes los habían escondido en los compartimentos del Renault Scenic que, de hecho, estaba inscrito a nombre de un amigo suyo y miembro de la red.

5) Que Bravo bajó la droga en el cruce a La Calera y que otros la pasaron a buscar para luego repartirla. Que a él y Ajraz les tocó una porción de 5,5 kilos, que habrían vendido a unos 40 mil dólares.

6) Agregó que sin no los detectaron en el scanner, fue porque Ajraz lo llamó para que coordinara con su contacto en la aduana: Alfonso Labarca, un agente que en otras ocasiones lo había ayudado a sacar autos robados del país. Le pagó tres millones de pesos para que acomodara todo con tal de pasar inadvertidos.

Los fiscales Héctor Barros y Álex Cortez siguieron cada pista. Consiguieron las interceptaciones telefónicas y ratificaron que no había tal Indio, sino que era Cepeda hablando como peruano con Ana María Bravo. En una de esas conversaciones se escucha incluso cómo deja de lado el acento extranjero y vuelve a hablar como chileno, muerto de la risa. También ubicaron el Renault Scenic, que a esa altura era propiedad de un evangélico que nada tenía que ver con el tráfico y verificaron la existencia de las caletas.

Obtuvieron otra escucha telefónica, esta vez entre Ajraz y Cepeda, cuando este último ya estaba preso. Fue justo después de que a Bravo le cayera encima la policía y le consultaran por esa vieja operación encubierta de noviembre de 2010. Ella llamó a Ajraz y la manifestó su preocupación. Mal que mal, y aunque Ajraz todavía diga lo contrario, ella niega haber sido la que aportó el dato inicial. Dice que la metieron en esto sin saber nada. Por eso cree que todo fue una trampa y se mostraba asustada. Había leído las cartas del tarot y veía “mucha maldad y envidia”. Quería que el policía la calmara y le asegurara que todo había sido legal. Él eso hizo: se mostró calmado y seguro de que no había nada extraño, que todo estaba en regla, aunque lo cierto era que recién se estaba enterando de que sus colegas en la PDI y el Ministerio Público investigaban sus pasos.

Cuando cortaron, Ajraz llamó de inmediato a Cepeda. “A la carta”, se dijeron al saludarse. El informante no dijo nada respecto a su confesión, pero sabía bien que los fiscales rastreaban cada uno de los detalles que había declarado. Hablaron sobre el supuesto “Indio”, del auto rojo y del chico que recibió la droga en San Miguel. El policía sonaba tajante, quizás demasiado para alguien que asegura no haber estado involucrado en nada: decía que el vehículo debía desaparecer y el muchacho, al que se refirió como “fumón culiao”, tenía que quedarse callado.

¿Existe la droga que nadie vio?

El abogado Eduardo Gre conoce muy bien el caso de Ajraz. Desde que llegó en 2016 a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a cumplir condena por abuso de menores, lo ha ayudado a revisar su sentencia, a entender qué falló en su defensa y a identificar si queda alguna manera de revertir su situación. Y a su juicio, la hay: todo está claro en los artículos 41 y 43 de la Ley de Drogas.

“La clave es el objeto material, que aquí no se cumple –explica Gre–. Lo de noviembre de 2010 fue una entrega controlada ordenada por un fiscal, pero a Cristian lo condenaron por eso y por los supuestos 17 kilos que según Jorge Cepeda, trajo aparte. Pero esa droga, ¿dónde está? ¿Eran realmente 17 kilos? ¿Cuál era su nivel de pureza? ¿Era cocaína u otra cosa? Nunca lo sabremos porque esa droga o no existió o jamás apareció. Sólo la conocemos por lo que dijo Cepeda. Pero la ley señala que todo eso debe estar establecido y demostrado por el Instituto de Salud Pública para que se configure el delito de tráfico. ¿Cómo saber con certeza si se trataba de una sustancia prohibida si no se analizó?”.

El mismo argumento sostuvo la defensa de Ajraz en 2014 durante el juicio que llevó a cabo el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, y es lo mismo que señala su actual abogado, David Delgado. Incluso los fiscales Barros y Cortez lo reconocieron en conversación con Radio Bío Bío, aunque a su juicio –que fue lo que el tribunal acogió– aquí el delito se configura por haber montado una investigación encubierta falsa para encubrir una operación de narcotráfico. Pero en rigor, esa última parte no está del todo acreditada. Y hacia allá apunta la nueva estrategia judicial del ex PDI.

Con las cartas en las que Cepeda reconoce que mintió y cedió a presiones, Ajraz y su familia esperan lograr que el informante sea investigado, formalizado y condenado por entregar información falsa al tribunal. Si eso ocurre, podrían tener antecedentes concretos para pedir la revisión de su sentencia o incluso su nulidad. Pero también está la posibilidad de que sea otra mentira.

Mientras la fiscalía investiga lo de esas cartas, en la Cárcel de Los Andes, Cepeda dice que espera poder ayudar a su amigo para liberarlo y así, de cierta forma, sacarse la culpa. Dice que los dos están mal condenados y que si bien cometió delitos, es inocente de los que en esta sentencia lo llevaron a la cárcel. O que al menos no se los pudieron probar bien. Pero también dice otra cosa: “No hay que ser ingenuos. Con Cristian Ajraz sí traficamos juntos”.