La millonaria demanda de Corfo en contra de prestigiosa firma de inversiones

Hace unos ocho años Chile enfrentaba un complejo escenario en materia energética. La escasa competencia e innovación, entre otros factores, producían que el precio de generación de la energía fuera uno de los más elevados de la región. Si bien esto afectaba los bolsillos de los consumidores, pues encarecía las cuentas de luz, en la vereda opuesta propiciaba un escenario ideal para aquellos inversionistas que apostaban por fuentes tradicionales (hidroeléctricas y termoeléctricas, entre otras), ya que podían obtener un elevado margen de ganancias.

Por esa razón, en 2010, un fondo de inversión privado (FIP) de la administradora general de fondos Credicorp Capital (ex IM Trust) buscó financiamiento en la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). De este modo, el fondo representado legalmente por Credicorp Capital, una prestigiosa firma de inversiones enfocada en empresas y personas de alto patrimonio, con presencia en Chile, Perú y Colombia, contrató una línea de crédito con Corfo ligada a un programa que promovía el financiamiento del capital de riesgo. Los recursos los destinaría para financiar, en parte, su inversión en un proyecto hidroeléctrico de tamaño pequeño.

Pero en los años posteriores sucedió algo que rompió las relaciones y hoy tiene a ambas partes enfrentadas. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se implementaron diversas políticas que permitieron una mayor competencia en el mercado energético, lo que presionó a la baja el precio de la energía. Con este nuevo escenario, los aportantes del fondo concluyeron que ya no era rentable construir el proyecto, por lo que en enero de 2016 decidieron iniciar la liquidación del fondo.

A raíz de esta decisión se desató una situación irregular, según acusó Corfo en una demanda que presentó en el 5° Juzgado Civil de Santiago contra Credicorp Capital Asset Management y el FIP, a la cual tuvo acceso Radio Bío Bío (ver demanda de Corfo). El organismo estatal, representado por el abogado Víctor Campos Muñoz, relató en la acción legal que -entre 2012 y 2014- el fondo giró de la línea de crédito 166.720 unidades de fomento (UF), equivalentes a cerca de 4.495 millones de pesos. Considerando, de acuerdo a Corfo, que el contrato establecía que, si el fondo se liquidaba antes de la fecha de vencimiento fijada originalmente, esto es, el 31 de octubre de 2017, se veía inmediatamente obligado a prepagar la totalidad del préstamo.

Sin embargo, denunció la entidad estatal, a la fecha en que se ingresó la demanda, el 23 de marzo pasado, el fondo de inversión no había realizado abonos ni prepagos de lo adeudado. Por ello, exigió a las demandadas el pago de 187.809,94 UF, correspondientes a 5.064 millones de pesos, más los intereses, reajustes y las costas del proceso.

Corfo, no obstante, sufrió una primera y temprana derrota. Aunque no definitiva. El 12 de abril pasado el 5° Juzgado Civil de Santiago falló en su contra por no acreditar suficientemente el perjuicio y la representación de Credicorp sobre el fondo de inversión. El 18 de abril Corfo apeló a la decisión y este 3 de mayo el juzgado trasladó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago para que los analice y falle.

Consultados sobre el conflicto legal, tanto Corfo como Credicorp declinaron realizar comentarios.

La cláusula de la discordia

Al inicio de la presente década, los precios de la generación de energía superaban los 100 dólares por megawatts hora (MWh), llegando a su punto más alto en la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados (hogares y pymes) de 2013: 135,92 dólares por MWh. El mercado era dominado por tres grandes actores (Endesa (ahora ENEL), Colbún y AES Gener) y la matriz estaba compuesta, principalmente, por hidroeléctricas y termoeléctricas.

Este marco cambió drásticamente con las modificaciones que realizó el gobierno de Bachelet a las licitaciones eléctricas, donde las empresas se vieron obligadas a ofrecer precios cada vez más competitivos. Lo anterior quedó claramente reflejado en el último proceso, finalizado en octubre de 2017, cuando el precio promedio llegó a 32,5 dólares por MWh, siendo 76% más barato que el de 2013 y ubicándose como el más bajo desde que se iniciaron las subastas en 2006. Un anticipo de esto se había dado en la licitación de abril de 2016, cuando la tarifa promedio fue de 47,6 dólares por MWh. Junto con ello, irrumpieron con mayor fuerza los proyectos basados en energías renovables no convencionales, como la eólica y solar, lo que ayudó a diversificar la matriz energética.

Entre otros ámbitos, esta radical transformación del mercado conllevó que los márgenes de ganancias que obtenían los inversionistas del sector se redujeron considerablemente. Y, a su vez, este fue el principal factor que impulsó a los aportantes del IM Trust Energías Renovables Fondo de Inversión Privado a abortar el proyecto mini hidro que pretendían emplazar en la VIII Región del Bío Bío. Este fondo es representado legalmente por Credicorp Capital Asset Management, filial del holding del mismo nombre que a nivel local es presidido por Guillermo Tagle, expresidente de Icare y actual director de Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

Uno de los pasos cruciales que había dado el fondo de inversión para concretar su fallida iniciativa ocurrió el 2 de febrero de 2010. Ese día suscribió un contrato de apertura de una línea de crédito con Corfo, en el marco del denominado Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión de Capital de Riesgo-F. Tres. Este programa estaba enfocado en incentivar el desarrollo del capital de riesgo a través de FIPs que invirtieran en pequeñas o medianas empresas, en particular en aquellas que contaran con proyectos innovadores y con un alto potencial de crecimiento.

Tras ello, considerando el auspicioso panorama que vislumbraban en ese momento, los aportantes del fondo giraron dinero tres veces de la línea de crédito para invertir en dos empresas: entre 2012 y 2014 invirtieron 3.724 millones de pesos en Hidromistral SpA; y en 2013 destinaron 16,7 millones de pesos para Hidrocura SpA. Estas sociedades estaban relacionadas entre sí y a través de ellas se buscaba construir un proyecto mini hidro de una capacidad instalada en torno a 20 MW.

Ya en 2015 el escenario para los inversionistas del sector se había vuelto más complejo, lo que llevó a evaluar la continuidad de la iniciativa. De hecho, según fuentes que saben del tema, ese año los aportantes decidieron no continuar con el proyecto, pues ya no era rentable, por lo que comenzaron a ofrecerlo al mercado. Sin embargo, no encontraron a nadie interesado en comprarlo. Fue por ello que el 25 de enero de 2016 los aportantes realizaron una asamblea extraordinaria, en la que decidieron liquidar anticipadamente el fondo, pues su fecha original de vencimiento era el 31 de octubre de 2017.

A más de dos años de aquello Corfo acusó al fondo y a su representante legal, Credicorp Capital Asset Management, de haber incumplido una cláusula del contrato de apertura de la línea de crédito. “El fondo estará obligado a prepagar los préstamos otorgados con cargo a esta línea inmediatamente ocurridas cualquiera de las siguientes situaciones: …b) Si se procede a la liquidación del fondo antes de la fecha de vencimiento pactada para el préstamo otorgado por Corfo”, estipula la cláusula undécima letra c), según consigna la demanda que presentó el organismo estatal ante el 5° Juzgado Civil de Santiago.

Sin embargo, precisa el documento, “el Fondo de Inversión Privado IM Trust, hasta la fecha no ha efectuado abonos ni prepagos, con lo cual, las demandadas se encuentran en mora”. Es por esa razón que Corfo está exigiendo el pago de más de 5.000 millones de pesos. Para ejecutar el pago de este monto, el organismo estatal está exigiendo el embargo de los bienes muebles que se encuentran en el domicilio de las deudoras, además de la cuenta corriente del fondo.