En Wikipedia, la aerolínea Latin American Wings (LAW) aparece definida en pasado. Como algo que fue y ya no es. Y aunque oficialmente sigue existiendo, todo parece indicar que no será por mucho tiempo más.
Durante la mañana de este miércoles 16 de mayo, el gerente de operaciones de la empresa, Sirlor Schulz, envió un mensaje a un grupo de whatsapp donde participan pilotos y empleados que hoy se encuentran paralizados y a la espera de que se les paguen sus remuneraciones y cotizaciones. Dice el texto:
“Hola a todos,
Hoy no tengo buenas noticias que darles. En primer lugar, contarles que la DGAC el día de ayer revocó permanentemente nuestra AOC, lo que a su vez significó el no pago de nuestros sueldos, si bien es cierto que los dineros para LAW habían sido conseguidos por el señor Javalquinto. Por este motivo, don Bernardo Javalquinto y su equipo el día de ayer por la noche, en reunión de directorio, presentaron la renuncia a sus cargos. Lamento profundamente todo lo que ha pasado. Quedan obviamente libres de tomar las medidas que correspondan”.
Shulz se refería a la resolución que emitió la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) mediante la cual revoca de forma permanente la autorización a LAW para operar en Chile (AOC, por sus siglas en inglés). En marzo ya se la habían suspendido temporalmente, a la espera de una auditoría completa a la aerolínea. Pero ahora ya no hay vuelta atrás: esta última decisión se convierte en la lápida que faltaba para la cuestionada aerolínea que en apenas dos años experimentó un explosivo auge seguido de un violento desplome, debido un modelo cuyo pilar era explotar el “negocio étnico” (ver reportaje).
Si bien desde la compañía niegan que Javalquinto u otros ejecutivos hayan efectivamente renunciado, sí reconocen que se les notificó la revocación de su AOC, y que aún se está analizando el escenario y acciones a seguir. Entre los empleados ha empezado a correr el rumor de que pronto LAW se declarará en quiebra, pero es algo que también niegan por ahora desde la empresa.
La decisión de la DGAC, de acuerdo a un comunicado que publicó a través de su cuenta de Twitter, se tomó en consideración a que la auditoría integral realizada “arrojó numerosos incumplimientos a la normativa aeronáutica” y porque la empresa “ha dejado de cumplir con los requisitos exigidos por esta autoridad aeronáutica, afectando la seguridad de las operaciones aéreas”. Una fuente consultada por Radio Bío Bío asegura que tiene que ver con que LAW no ha podido comprobar ante la autoridad la trazabilidad de los repuestos usados en sus aviones, lo que correspondería a una grave violación de las normativas aéreas internacionales. “Sus aviones no están en condiciones aeronavegables”, asegura.
Así se corta de lleno la única opción que tenía LAW de volver a despegar. De hecho, una fuente que conoció por dentro la debacle señala que cuando Javalquinto reemplazó a mediados a abril a Andrés Dulcinelli como CEO de la línea aérea, su objetivo primario era recuperar la AOC. Para entonces, los cuatro aviones que operaban -que no son de la empresa, sino que arrendados- llevaban parados más de un mes. De acuerdo a sus registros de vuelo, uno de ellos incluso quedó varado en Lima, Perú.
Una vez recuperada la AOC, la intención de Javalquinto, quien es presentado en un artículo de Pulso como un execonomista del Banco Mundial que se dedica a asesorar a empresas en situación de crisis financiera, era precisamente buscar inversionistas extranjeros que ayudaran a levantar la compañía, que a esta altura se encuentra ahogada en deudas. Una exfuncionaria que ahora evalúa presentar una demanda laboral contra LAW, dice que todo tiene sentido: “La misión de Javalquinto era buscar una vía para salvar a la empresa, pero todo dependía de que se recuperara la AOC. Sin eso, no podía hacer nada. Si esa opción ya se extinguió, encuentro de toda lógica que él y su equipo renuncien”.
La deuda crece y crece
El informe comercial de LAW tiene 66 páginas, y de ellas, 62 corresponden a morosidades o cheques protestados por falta de fondos. La suma de esas 315 deudas se eleva por sobre los $1.255 millones. Entre los acreedores que ahí aparecen mencionados hay algunos que no han tomado aún acciones legales, como El Mercurio, al que la aerolínea le debe una factura por poco más de dos millones de pesos. Pero también figuran otros que sí llevaron su acreencia a la justicia. Si se suman los montos que los proveedores alegan en los tribunales civiles, la deuda de la compañía aumenta a casi el doble.
Entre junio de 2017 y mayo de este año, al menos 24 proveedores han demandado a LAW por no pago de facturas. Por servicios de aseo, de transporte y de provisión de alimentos, combustible, repuestos e insumos. También por servicios de publicidad: una radio, un diario y dos canales de televisión están en la lista de acreedores. La inmobiliaria dueña de su oficina ubicada en los pisos 11 y 12 del edificio la Torre de Apoquindo, en Las Condes, también la demandó por no pagar la renta. En total, la deuda judicializada se alza por sobre los $2.237 millones.
A eso se suman dos demandas colectivas presentadas por el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) en representación de clientes que quedaron varados y abandonados en diversos aeropuertos, o cuyos vuelos fueron reprogramados unilateralmente o suspendidos. Eso podría aumentar considerablemente la deuda, ya que la empresa arriesga que se le condene a pagar más de $11 millones por afectado, los que se cuentan por cientos.
Pero ese no es el único frente que tiene la empresa en el área judicial. También están los trabajadores que han demandado a la empresa por graves incumplimientos en los pagos de sus remuneraciones y cotizaciones.
En los últimos cuatro meses, LAW registra, al menos, 23 demandas diferentes en los dos juzgados laborales de Santiago. Allí hay pilotos, operadores, asistentes de cabina, y empleados de tierra que denuncian no sólo el no pago de lo que les corresponde por su trabajo, sino además un evidente deterioro en cuanto a sus condiciones de trabajo, precisamente debido al colapso de la aerolínea. Cada una de esas demandas, que en su mayoría agrupan a dos, tres o más trabajadores, exige a la empresa cancelarles sus salarios, sus imposiciones previsionales y de salud, además de indemnizaciones y costas de los procesos judiciales. Si se acoge lo que los exempleados y excolaboradores de la aerolínea demandan, el monto que deberá pagar es millonario.
LAW ya no vuela más: el castigo de la DGAC y las deudas que la ahogan
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