Si el abogado Alfredo Ugarte dejó su estudio jurídico y asumió en marzo de 2013 como decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Andrés Bello (UNAB), fue porque le atraía lo que le ofrecían: encabezar un proyecto de desarrollo universitario con énfasis en la excelencia académica, donde lo central sería el fortalecimiento de las áreas de docencia, extensión e investigación. Sonaba muy bien y estaría en el cargo por al menos tres años. Pero pasaron dos y ya estaba afuera. Paros, tomas y críticas de su parte a cómo se estaban haciendo las cosas gatillaron su salida. En una denuncia laboral que puso contra la universidad en febrero de 2015, acusó que toda esa promesa de un proyecto nuevo no había sido más que “una ficción o una pantalla para el controlador”, el Grupo Laureate (ver denuncia).
Aunque ese proceso no llegó a nada porque el mismo Ugarte se desistió un par de meses después, cuando en mayo de 2017 lo llamaron desde la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Divesup) para que aportara su testimonio en una investigación abierta sobre las operaciones del grupo en Chile, acudió voluntariamente. Fue entonces que explicó cómo mientras fue decano no se hizo ninguna mejora real ni efectiva, sino que sólo medidas “parche”. También dio cuenta de que en su facultad se reinvertía apenas un cuarto de los millonarios ingresos que se generaban, que las decisiones de financiamiento la tomaban las autoridades universitarias en reuniones en Miami con representantes de la matriz del holding en el extranjero, y que el modelo que implementó Laureate desde que adquirió el control de la UNAB cambió el paradigma de formación académica de sus alumnos: “Lo económico pasa a ser más importante que lo académico. Al tratarse como un negocio, evidentemente afectó y ha afectado la calidad académica”, señaló.
El testimonio de Ugarte es sólo una de varias piezas que la Divesup tomó y juntó para elaborar tres duros y extensos informes sobre las operaciones de Laureate a través de cada una de las universidades que posee en el país: la Andrés Bello, la De las Américas (UDLA) y la de Viña del Mar (UVM). A todos esos documentos accedió de forma íntegra Radio Bío Bío.
DESCARGUE A CONTINUACIÓN LOS TRES INFORMES:
La investigación que tuvo el carácter de preliminar y que además de entrevistas contempló la revisión de documentos financieros y tributarios, auditorías externas e indagaciones y reportes de organismos reguladores tanto en Chile como en el extranjero, detectó en los tres casos graves incumplimientos de sus propios estatutos. Todos bajo un esquema común de contratos con empresas relacionadas para justificar millonarios traspasos hacia las sociedades matrices del grupo en Holanda y Estados Unidos. Allí se concluye que la actividad universitaria se instrumentalizó y que el objetivo propio de la universidad “se ve desnaturalizado y desplazado por el fin o ánimo de lucro, esto es, por el fin de obtener ganancias o beneficios pecuniarios en detrimento de los aspectos estrictamente académicos de la institución de educación superior”.
A fines de marzo, un reportaje de CIPER reveló que esos informes habían llegado dos meses antes al escritorio de la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y que a pesar de que los investigadores recomendaban formular cargos contra las tres universidades -lo que habría dado pie a una posible intervención o incluso decretar su cierre-, la decisión del antiguo gobierno fue mejor poner paños fríos. El costo de tomar medidas intrusivas en instituciones que suman cerca de 76.300 alumnos en todo el país -casi cinco veces más de los que llegó a tener la Universidad del Mar-, y justo sobre los últimos minutos de la administración de Michelle Bachelet, era demasiado alto. Por eso en vez de formular cargos, optaron por notificar a las universidades y exigir el fin de dos de los contratos de compra de servicios con empresas relacionadas del grupo.
Esa notificación se hizo recién el 3 de abril por vía telefónica, ya con las nuevas autoridades a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc) y cuando el plazo para hacerlo ya estaba por acabar (ver artículo). Ahora corren nuevos tiempos para que cada universidad presente sus descargos.
Más allá de la investigación y los procesos administrativos que derivan de ella, lo que demuestran los informes es un esquema que utilizó el Grupo Laureate para de forma sistemática beneficiar económicamente a su controlador en desmedro de los objetivos propios de las instituciones universitarias, además de prácticas dilatorias para no entregar información. Arriendos con sobreprecio a empresas relacionadas y millonarios pagos por servicios innecesarios con precios que no tienen comparación en el mercado.
Lo que sigue es el detalle de los mecanismos, montos y contratos involucrados tras las operaciones de lucro del poderoso grupo educacional. Pero también de sus redes y contactos que les han permitido navegar en medio de investigaciones judiciales, administrativas y tributarias y anotarse importantes triunfos. El último fue hace sólo un par de semanas, cuando mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) lograron derrumbar una pieza clave de la nueva ley que regula a las universidades y que afectaba directamente su modelo de negocios: la prohibición de ser controladas por personas jurídicas con fines de lucro.
Platas que vuelan hacia afuera
Si se suma la matrícula total de pregrado de las tres universidades del Grupo Laureate durante 2017, el resultado da unos 76.359 alumnos. Da lo mismo la carrera, su situación socioeconómica o en qué región, ciudad o sede estudiaban; cada uno implicaba un valor. Uno de los contratos que aparecen mencionados en los informes del Mineduc, establece que cada alumno matriculado se traduce en 250 dólares al año. No de ingresos, sino que de platas que salen. Es lo que deben pagar la UNAB, la UDLA y la UVM a Laureate Trademark BV, una empresa del holding radicada en Holanda, y con la que tienen contratos firmados por concepto de licencias para el uso de productos de la red educacional. Según ese cálculo, sólo el año pasado el monto por esos servicios superó los 19 millones de dólares.
No es el único convenio que establece una vía de salida para el dinero de las tres casas de estudio en Chile rumbo a esa empresa en Holanda. También le pagan por servicios de propiedad intelectual, para “poder utilizar las marcas del grupo y en general, el acceso a las buenas prácticas globales de Laureate”, señaló la abogada Joanna Heskia en un informe en derecho citado en uno de los reportes. Ahí la tarifa no se representa en pesos ni dólares, sino que corresponde al 2% de sus ingresos netos anuales.
A esos dos contratos se suman los que cada una de las universidades tiene con la firma Laureate Education, Inc., de Estados Unidos, por la compra de “servicios operacionales”. La idea de ese convenio es que las universidades chilenas adquirieran las mismas habilidades, técnicas y procedimientos de administración de Laureate y sus subsidiarias en el resto del mundo. Incluye también servicios de consultoría y asesoría provistos por las sociedades creadas bajo el alero de Laureate en el país. En los acuerdos se establece que las tarifas serán diferenciadas según servicio, y es ahí que nace el último de los contratos contemplados en los informes: los que tienen con la firma Servicios Andinos SpA.
Con esa última empresa las universidades han pactado un pago que sumado alcanza los 2.096 UF al mes por servicios de apoyo en la gestión financiera y contable. Calculado a los valores actuales de la unidad de fomento, ese pago equivale a casi 679 millones de pesos al año.
“Era impresentable que una universidad como UNAB, con más de 40 mil alumnos y cuatro mil profesores no contara de forma directa con asesores tributarios propios, un abogado penalista, tasadores o una oficina de comunicaciones estratégicas de exclusiva confianza de la universidad. (…) Advertí que los asesores contables, financieros, tasadores y tributarios eran pagados por UNAB, sin embargo, eran elegidos, designados y reportaban al controlador Laureate, siendo éste su verdadero cliente y destinatario de su lealtad”, señaló Ugarte en su demanda laboral.
Las relaciones a las que se refería el ex decano eran precisamente aquellas reguladas por esos contratos con empresas del Grupo Laureate. De ahí que la investigación del Mineduc no sólo considerara la naturaleza de esos vínculos, sino también la razonabilidad de sus precios.
Ese análisis forma parte de un estudio financiero contable encargado por la Divesup a los contadores Juan Ruz y Nelson Caro. Respecto a este tipo de convenios, el reporte dio cuenta que entre 2012 y 2016 constituyeron en promedio un 18% de los costos y gastos totales del período, mostrando un aumento acumulado de un 60%, equivalente a más de 140 mil millones de pesos. Se examinaron también a través de la normativa de precio de transferencia, según directrices de la OCDE.
Los profesionales determinaron que lo que aseguraban desde Laureate respecto a que sus negocios cruzados entre empresas del mismo conglomerado estaban regulados por precios de mercado, es cuestionable, pues no hay punto de comparación: las universidades no contratan ese tipo de servicios con otras empresas no relacionadas ni Laureate Trademark BV lo presta a otras entidades fuera de su red. Lo que sí pudieron inferir al comparar con otras casas de estudio, es que los precios pagados por asesorías académicas y transferencia técnica tuvieron un impacto negativo en la rentabilidad de estas universidades, y que además los servicios contratados “no sólo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de las corporaciones de derecho privado para incrementar el patrimonio de su controlador”.
En todo caso, la falta de antecedentes que justifiquen la compra de servicios a las empresas extranjeras ya había sido identificada en una auditoría de cumplimiento tributario que realizó la Consultora Aptitude en 2016, a petición de la UNAB. Allí se concluyó que los desembolsos destinados al pago de remesas se consideraban gastos rechazados, pues no había información suficiente para acreditar la prestación efectiva de los servicios ni los beneficios para la universidad. Eso, y que los pagos por concepto de arriendo de los inmuebles no eran acordes a los precios de mercado.
La vieja fórmula inmobiliaria
A la UNAB se le acababan a fines de 2017 sus cuatro años de acreditación y tenía que asegurarse otro período: como aún no está adscrita a la gratuidad, el Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo vital para ella y las otras dos universidades de la red. De hecho, con poco más de 10 mil beneficiarios, hasta 2017 esas casas de estudio concentraban el 15% de los alumnos con CAE y casi el 20% de los recursos comprometidos a nivel nacional. Por eso la UNAB presentó toda la documentación necesaria y el 29 de noviembre pasado la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) resolvió: otros cuatro años más de certificación de calidad (ver acta). Eso, en todo caso, no evitó que los comisionados detectaran debilidades en la institución. Algunas siguen sin solucionarse desde la evaluación anterior.
Ya en la última revisión, la CNA había estimado que la estructura de propiedad de los inmuebles de la universidad presentaba inconvenientes, básicamente porque su disponibilidad de uso y mantención podía verse condicionada por factores ajenos al mejor interés institucional. También señaló que el pago de arriendos afectaba negativamente el patrimonio de la UNAB, “que de por sí es bajo en términos relativos”. En ninguno de esos aspectos hubo cambios: los inmuebles siguen siendo de sociedades inmobiliarias relacionadas y el costo de alquilar la infraestructura aún puede exponer a la universidad a un “riesgo económico y financiero frente a contingencias y disputas propietarias y corporativas”.
Los estados financieros de 2016 –los últimos publicados– dan cuenta de que ese año, entre las tres universidades gastaron más de 71.556 millones de pesos en transacciones con empresas relacionadas. No sólo por los contratos ya mencionados, sino que también en pagos a otras sociedades y por otros motivos, como la cancelación de préstamos, dividendos e intereses, servicios educacionales y el intercambio de estudiantes. Todo se repartió entre diez entidades diferentes, aunque no de forma equitativa. Una sola se llevó la mitad del dinero. Su nombre: Inmobiliaria Educacional SpA, el principal brazo inmobiliario del grupo.
PRINCIPALES OPERACIONES CON RELACIONADAS 2016 (M$)
Entidad relacionada Tipo de relación UDLA UNAB UVM TOTAL Inmobiliaria Educacional SpA Coligada $ 9.019.485 $ 22.419.312 $ 3.527.901 $ 34.966.698 Inmob.e Inv. San Genaro Dos SpA Coligada $ 444.036 – – $ 444.036 Laureate Chile II SpA Miembro Activo $ 612.739 $ 1.069.620 $ 259.057 $ 1.941.416 Servicios Andinos SpA Control Común $ 436.870 $ 2.002.403 $ 321.680 $ 2.760.953 Fleet Street Investments SARL(*) Control Común $ 10.651.605 – – $ 10.651.605 Laureate TBV Control Común $ 3.893.571 $ 10.020.493 $ 1.785.675 $ 15.699.739 Laureate Education, Inc. Controlador final – $ 11.291 – $ 11.291 Instituto Profesional AIEP SpA Coligada – $ 1.548.508 $ 287.063 $ 1.835.571 Servicios Profesionales Andrés Bello SpA Filial – $ 1.894.085 – $ 1.894.085 Universidad Europea de Madrid Control Común – $ 1.351.429 – $ 1.351.429 TOTAL $ 25.058.306 $ 40.317.141 $ 6.181.376 $ 71.556.823 Fuente: Estados Financieros 2016 de la UNAB, la UDLA y la UVM
La empresa nació a fines de 2010 tras la división de Campvs Mater S.A., una de las sociedades que controlaban la UDLA y que desde 2000 pertenece en un 60% a Laureate. Entonces se convirtió en una pieza crucial para el proceso de reestructuración del grupo durante los años que siguieron: comenzaron a derivarle la propiedad de varios inmuebles y la hicieron crecer (ver reportaje en CIPER). Si al comienzo su capital inicial era de 581 millones de pesos, en los siguientes ocho años ese monto se multiplicó por más 300 veces, y hoy ya supera los 199.480 millones de pesos. Además, es dueña o gestiona al menos 67 de los inmuebles que arrienda la UNAB, 25 a la UDLA y tres a la UVM. Por eso en 2016, los balances contables muestran transferencias a sus arcas por más de 34 mil millones de pesos.
A diferencia de otras universidades donde las inmobiliarias son propiedad exclusiva de los controladores, en este caso la comparten con las propias corporaciones. Las acciones de la sociedad se reparten entre la UNAB (49%), la UDLA (20%) y Laureate Chile II SpA (14%), además de otras que poseen una participación menor. Eso sí, ninguna es una extraña: todas forman parte de la familia Laureate.
Ese es el modelo de negocios que durante los últimos años ha estado bajo la lupa del Mineduc, del Ministerio Público, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados. El mismo que se vio amenazado durante toda la tramitación de la nueva Ley de Educación Superior por las regulaciones propuestas para restringir el lucro. Un escenario complejo por el que Laureate ha tenido que transitar haciendo uso de poderosas redes que han operado de forma transversal para hacer control de daños y presionar en pos de sus intereses. Así es como han ido de apoco alivianando su carga.
El peso de los abogados expertos en “conflictos”
Sebastián Yanine, uno de los socios de Bofill y Escobar Abogados, aseguraba en 2013 a la revista Capital que a diferencia de la mayoría de los estudios jurídicos, “nosotros no estamos divididos en áreas de práctica, sino que tenemos una sola: la resolución de conflictos”.
Bajo esa premisa es que sus fundadores, Jorge Bofill y Ricardo Escobar, han asumido la defensa de varios de los involucrados en algunos de los “conflictos” de mayor connotación pública durante los últimos años. Han defendido a ejecutivos acusados por el millonario fraude en La Polar y por delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política en los casos Penta y SQM. Y desde junio de 2012, cuando el Ministerio Público abrió su investigación penal sobre el lucro en el sistema de educación superior, asumieron también la representación de Laureate y sus tres universidades.
Su relación es integral: no se restringió sólo a lo penal, sino que también ha incluido las aristas tributaria y administrativa.
Como ex director del SII durante el primer gobierno de Bachelet, Escobar habría tenido un rol importante en las gestiones que articuló Laureate para mantener a raya la investigación sobre su situación tributaria. Fuentes consultadas por Radio Bío Bío sostienen que fue él quien consiguió una interpretación favorable en el SII para que las transferencias a sociedades del grupo en el extranjero salieran haciendo uso de la exención de impuestos que gozan las universidades reconocidas por el Estado. De esa forma, los $35.795 millones que según los informes del Mineduc enviaron la UNAB y la UVM a Holanda entre 2013 y 2015 sin pagar impuestos, no sufrieron ninguna objeción.
En cuanto a la investigación del Mineduc, la representación de Laureate quedó en manos del también socio de Bofill y Escobar, Francisco Aninat. Los informes dan cuenta de cómo mediante una serie de recursos logró dilatar el proceso e impedir que se obligara al conglomerado la entrega de información contable solicitada por el Mineduc. Así logró evitar que las universidades facilitaran los balances de los años comerciales 2010 al 2015, los listados actualizados con los inmuebles que arriendan la UNAB y la UDLA y las modificaciones de las estructuras orgánicas de las tres instituciones.
Las gestiones de los abogados han resultado exitosas. Lo de la fiscalía, que estaba en manos del ex fiscal Carlos Gajardo, terminó en nada porque nunca estuvo tipificado el lucro como infracción penal y lo del SII tampoco derivó en ninguna querella por delito tributario. Al final, los únicos flancos que quedaron abiertos fueron la indagatoria del ministerio de Educación y la regulación a través de la Ley de Educación Superior.
El factor político y la cruzada contra el artículo 63
Algo recurrente durante la tramitación de la reforma educacional, fue la constante amenaza de parlamentarios de Chile Vamos de recurrir al Tribunal Constitucional. Siempre respaldados por las instituciones de educación superior que se oponían a los cambios y que hicieron un fuerte lobby para impedirlos. Entre ellos, el Grupo Laureate. Lo hicieron en 2015 cuando la gratuidad se materializó como una glosa en la Ley de Presupuestos, y consideraban que los requisitos para acceder a ella eran discriminatorios y arbitrarios. Esa vez ganaron los recurrentes y la glosa se tuvo que modificar. Dos años después, cuando el proyecto de Ley de Educación Superior estaba por salir del Congreso, la amenaza volvió a estar latente.
Para evitar un nuevo traspié, el gobierno de Bachelet pactó con la oposición un acuerdo para darle viabilidad a la iniciativa y evitar que el proyecto que consagra la gratuidad fuera desmembrado en el TC. Pero aun así, el proyecto llegó a esa instancia. No por algún parlamentario de derecha, sino que por gestiones de una militante PPD, ex vocera de gobierno durante el primer período de Bachelet y ex jefa de la Divesup bajo la administración de Ricardo Lagos: Pilar Armanet, hasta hace poco rectora de la UDLA.
Armanet llegó a la universidad de Laureate en 2010 como vicerrectora académica y cuatro años después asumió la rectoría. Desde esa posición se convirtió en una especie de cortafuegos durante un período en que casi todas las balas contra el lucro se dirigían directamente hacia las universidades del holding. Su última defensa de ese modelo fue precisamente el recurso que presentó a fines de enero ante el TC para echar abajo el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, aquel que prohibía a las personas jurídicas con fines de lucro ser parte de los controladores de una universidad. Argumentó que era discriminatorio y el tribunal lo acogió por seis votos contra cuatro (ver artículo).
Si bien muchos han salido a explicar que a pesar del fallo, el lucro en las universidades seguirá prohibido, lo cierto es que el impacto que tiene es bastante profundo. Por una parte, seguirá permitiendo que empresas sean dueñas de universidades y que realicen negocios con sus empresas relacionadas. Por la otra, que haya personas jurídicas a la cabeza de las universidades facilita que éstas puedan venderse, ya que no será necesario traspasar la propiedad de la universidad misma, sino que sólo la venta de acciones de las sociedades controladoras. En otras palabras, deja la puerta abierta para que se sigan poniendo en práctica los mecanismos que durante décadas se han usado para burlar la ley y lucrar con la educación superior.
Antes de que ese importante triunfo para Laureate se materializara a fines de marzo, Armanet dejó el cargo de rectora de la UDLA y en su reemplazo asumió otra ex autoridad del primer gobierno de Bachelet: Pilar Romaguera, quien fue por esos años subsecretaria de Educación.
Ahora, con una nueva administración y nuevas autoridades a cargo, no está muy claro qué ocurrirá con la investigación del Mineduc. En algunos sectores genera dudas el nexo que tuvo con la UNAB el actual subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Entre 2008 y 2010 ocupó dos cargos directivos: fue secretario académico y director de postgrados. Después siguió siendo académico en la Facultad de Derecho. Hoy, como en su calidad de jefe del servicio, tendrá que aplicar la sanción a los tres planteles de Laureate cuando termine la investigación, si corresponde. Hasta el momento ha descartado inhabilitarse en la causa y niega cualquier conflicto de interés. Su intención, hasta ahora, es seguir con la investigación: fue él quien notificó a Laureate de los informes luego de que la administración anterior declinara hacerlo.