Citan a declarar a exmilitares que participaron en la quema de microfilms de la dictadura

El 14 de noviembre de 1989, cerca de las 2 de la madrugada, la Escuela de Educación Física del Ejército, ubicada en Valenzuela Llanos 40, comuna de la Reina, sufrió un atentando incendiario. En esas dependencias estaban los archivos de la subsecretaría de Guerra que contenían los expedientes de los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973, una información clave en diversas causas de derechos humanos.

La investigación en la época, a cargo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), determinó que se trató del impacto de un cohete Low, lanzado desde unos 300 metros. Incluso se encontró un cartucho que habría tenido la sigla FMR, en alusión al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Un testigo, el sargento Jorge Améstica, hoy fallecido, aseguró que cuatro sujetos con pasamontañas salieron arrancando tras la detonación.

Pero casi 30 años después, el caso podría tener un vuelco. El ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, tras un primer informe de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos (BRIDEHU) de la PDI, al que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío Bío, citó a declarar 13 exuniformados que se encontraban de guardia el día del supuesto ataque con el cohete Low, para indagar qué pasó efectivamente la madrugada de ese 14 de noviembre de 1989.

Además, ordenó interrogatorios para Eduardo Quiroga Cortés, que estaba a cargo del resguardo de los documentos, y Bernardo Castro Rojas, oficial que ocupaba el cargo de director de la Escuela de Educación Física del Ejército. A estos exuniformados se suma la citación para Aida Segovia Crisóstomo, archivera (S) de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

En la investigación de Carroza aparece como querellante la fundación Londres 38 (revisa acá la querella). Su vocera, Gloria Elgueta, llamó a las actuales autoridades a que ejerzan su mando sobre el Ejército para que identifiquen responsabilidades.

“Las Fuerzas Armadas deben responder respecto de su responsabilidad y de la información que nosotros positivamente sabemos que ellos poseen y de los archivos que nos consta que aún mantienen, a pesar de los archivos y documentos que también sabemos que han destruido”, dijo Elgueta.

Los microfilms de la CNI

Este primer informe elaborado por la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI también aborda la quema de archivos en formato de microfilms de la CNI, en enero de 2000. Dicho acontecimiento también ha sido relatado por exmilitares en sus testimonios en el marco del llamado caso Frei, que investiga el ministro de la Corte Suprema, Alejandro Madrid.

En octubre de 2017, la periodista Pascale Bonnefoy escribió un artículo en The New York Times relatando cómo se realizó la quema de los microfilms. En dicho reportaje aparece una declaración ante el ministro Madrid de Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, exjefa de archivos en el Departamento II de contrainteligencia, dependiente de la Dine, y de otros exuniformados, en las que admiten la quema de antecedentes. Además, Rojas identificó al entonces director del organismo, el general Eduardo Jara Hallad, como el responsable de dar la orden para destruir el material, en el que, según las últimas investigaciones, se encontraban los seguimientos de la CNI al expresidente Eduardo Freí Montalva.

Jara también declaró ante Madrid. Pero negó haber dado la orden. En una segunda oportunidad, sin embargo, admitió los hechos. Se trató de un careo entre él y Rojas, registrado el 12 de junio de 2015 ante el ministro Madrid. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío da a conocer por primera vez el contenido íntegro de dicho careo, en el que se revela además que un oficial del Alto Mando del Ejército estaba al tanto de la situación. (revisa acá el documento con el careo completo).
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En el careo Rojas ratificó que fue Jara quien le dio la orden de revisar los archivos de la CNI que heredó la Dine, tras la desaparición del organismo de persecución política que había creado la dictadura. Y que tras la revisión, le informó verbalmente que ninguno de ellos contenía datos relativos a casos de derechos humanos. Luego de esa información, Jara le ordenó quemar los microfilms en un horno de la Escuela de Inteligencia Nacional, ubicada en Nos.

Rojas quemó los archivos en enero de 2000, junto a los suboficiales Osvaldo Ramírez Lazcano y Luís Zúñiga Celis. Lo hicieron en tres viajes y en ninguno se levantó acta. Según Rojas, la información correspondía a la CNI, por lo tanto, a su juicio, no tenía carácter de militar y podía ser incinerada sin levantar un acta.

“No levanté acta respectiva pues la documentación no correspondía a archivos de la Dine, sino que a rollos de microfilms de archivos de la CNI. No era materia inherente del Ejército, sino que era de la Central (CNI), que nunca perteneció al Ejército”, dijo Rojas en el careo.

El 10 de abril pasado, el ministro Mario Carroza citó a declarar por este caso a Rojas, Lazcano, Zuñiga y Jara, quien, dada su condición de general en retiro, puede fijar el lugar de su interrogatorio.

El Alto Mando sabía

En el careo entre Jara y Rojas surgió un antecedente desconocido hasta ahora y que puede complicar al Ejército. En su primera declaración, Jara no aportó antecedentes. Es más, negó gran parte de los hechos. Pero en el careo lo reconoció todo y además dijo recordar que informó de la quema de microfilms a un miembro del Alto Mando.

“Hago presente que aparte de estos hechos con la mayor Rojas (archivera) y que se encuentran aclarados, también recordé que esta incineración se la comuniqué verbalmente al jefe del Estado Mayor, general del Ejército, el general de División, Patricio Chacón Guerrero”, dijo Jara.

El antecedente pone de manifiesto que al menos un miembro del Alto Mando del Ejército en la época se encontraba al tanto de la destrucción de los archivos, en circunstancias que se desarrollaba la Mesa de Diálogo, una instancia que creó el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo del expresidente Eduardo Frei Montalva) con el propósito de avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura.

La abogada de la fundación Londres 38, quien elaboró la querella por encubrimiento de secuestros y homicidios calificados en este caso, Magdalena Garcés, anunció que pedirá formalmente al ministro Carroza que cite a declarar al general en retiro Patricio Chacón.