La renuncia de ayer de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú por su nexo con el caso Odebretch, puso nuevamente en el debate público la arista chilena de uno de los mayores escándalos de corrupción que remece a Latinoamérica.
Se trata de una investigación desformalizada que lleva adelante la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong. La persecutora indaga si la constructora brasileña cometió actos de corrupción en nuestro país, proceso que desarrolla en el marco de un convenio de cooperación internacional que se estableció entre el Ministerio Público de Chile y su par brasileño.
En particular, Chong busca establecer si hubo pagos irregulares a políticos y funcionarios públicos para obtener beneficios, lo que se enmarca en la investigación que lleva a cabo por el financiamiento irregular de campañas políticas y otras indagatorias extranjeras contra Odebrecht.
En ese contexto, en marzo de 2017, tras una orden de la propia Chong, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas de la constructora brasileña en Chile, desde donde extrajo diversa documentación. De hecho, dicho registro se produjo tras el acuerdo de colaboración suscrito entre la fiscalía chilena y la brasileña.
Si bien la investigación se ha manejado de manera reservada, aún se encuentra abierta y, entre otras diligencias, se solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) analice los antecedentes contables y tributarios de las actividades comerciales que ha desarrollado la constructora en territorio chileno.
El brazo operativo de Kuczynski
El empresario chileno Gerardo Sepúlveda conoce a Kuczynski desde hace más de 25 años. Han creado empresas e invertido juntos en Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, México y Venezuela. Formaron fondos de inversión que captaron y gestionaron exitosamente capital proveniente de fortunas como las de George Soros, o las universidades de Harvard, Duke y Stanford, además del Banco Mundial. Sepúlveda ha estrechado tanto su relación empresarial con Kuczynski que es considerado su albacea.
El dato no es anecdótico, pues efectivamente Sepúlveda fue la persona en la que Kuczynski confió para que le manejara sus negocios cuando, entre febrero de 2004 y julio de 2006, fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Es más, fue el único chileno que tuvo un asiento reservado con su nombre en el exclusivo palco del Congreso que ocupó la familia de Kuczynski cuando asumió la Presidencia del Perú. Y aun así, cuando a fines de 2017 El Comercio lo entrevistó y le preguntó por su relación, Sepúlveda la definió sólo como una “basada en el respeto profesional”.
“Soy incapaz de describirla de otra manera. No somos amigos de fin de semana, no es padrino de mis hijos, no me saluda por mi cumpleaños”, agregó.
Sepúlveda, un empresario que en Chile mantiene un perfil más bien bajo, pasó de un minuto a otro a ser pieza clave en la trama que involucra a Kuczynski y los cuestionados pagos de Odebrecht a sus empresas. De hecho, su cercanía con el ahora exmandatario peruano y el manejo de sus negocios implicó que a comienzos de marzo fuera interrogado como testigo en la investigación que lleva en Perú el jefe del equipo especial anticorrupción del caso Lava Jato, Hamilton Castro.
Su declaración, que se llevó a cabo el 6 de marzo en dependencias de la Fiscalía Local de Las Condes y que también contó con la participación de fiscales chilenos, duró unas 13 horas y consistió en 100 preguntas respecto a la relación laboral y personal de ambos y los negocios de Odebrecht con las empresas de PPK, en las que él también participaba como socio y administrador.
Sepúlveda apareció como protagonista de este caso luego que la firma brasileña entregara documentación a las autoridades peruanas revelando pagos por más de 782 mil dólares a Westfield Capital, una empresa de Kuczynski cuando éste era miembro del gabinete de Toledo.
“Cuando estuve en el gobierno, Westfield Capital fue dirigida por el señor Gerardo Sepúlveda. Él firmó el contrato con Odebrecht en 2004”, dijo Kuczynski poco después, desviando la atención y responsabilidad hacia su exsocio chileno, quien empezó a ser visto como su operador con la constructora brasileña.
Pero el mismo Sepúlveda aparecía también vinculado de forma directa: los documentos dan cuenta de pagos por asesorías a First Capital, una empresa que él creó y controla, que entre 2005 y 2013 suman unos 4 millones de dólares.
En su declaración ante los fiscales, Sepúlveda habría descartado cualquier tipo de injerencia política por parte de Kuczynski en los contratos que firmó con Odebrecht y habría entregado documentos que respaldarían la existencia de los servicios facturados. Aun así, sus dichos tendrían discrepancias con lo que ya ha declarado Kuzcynski.
Un artículo del diario Gestión reveló que las declaraciones de ambos no coinciden respecto a los manejos de Westfield Capital. Según ese medio, Sepúlveda negó haber sido quien gestionaba, manejaba o administraba esa empresa. Ni siquiera reconoció que fueran socios y señaló que un porcentaje de los pagos de Odebrecht quedó en las arcas de Westfield Capital, lo que podría implicar que Kuczynski de todas formas obtuvo ganancias con esos negocios.
Más allá de estos vínculos, la constructora Odebrecht efectivamente tiene un pasado en suelo nacional.
Las operaciones que tuvo en Chile
Hasta el año pasado, al menos, Odebrecht mantenía una pequeña oficina en Chile solo con dos funcionarias. Se dedicaban a evaluar posibles proyectos, pese a que la empresa no desarrolla obras en el país desde hace 20 años. Pero antes, en las décadas del ochenta y noventa, la constructora brasileña estaba mucho más activa en Chile.
Precisamente, en 1980 trabajó en las obras del desvío del río Maule para la central hidroeléctrica Colbún Machicura. Ese mismo año, el dueño de la firma, Nolberto Odebrecht, pisó suelo chileno, operando a través de su propia empresa junto a la constructora Tecsa. De allí surge entonces Constructora Odebrecht Tecsa Limitada, la cual crea CM-Veinte, sociedad con la que se ejecutaron las obras en la VII región.
Posteriormente, Odebrecht realizó una alianza con el gigante brasileño CBPO. En 1988 abrieron una oficina en el país y participaron en las obras civiles de El Pehuenche, propiedad de Endesa (actualmente Enel Generación Chile).
La presencia de Odebrecht en Chile se amplió con nuevas relaciones. Una de ellas fue en 1986 con la constructora brasileña Tenenge. Tanto la primera como la segunda, más CPBO, participaron en otras obras importantes en el país, como el reacondicionamiento del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en 1992, tras una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.
En 1994, Odebrecht, junto a Tenenge, inscribieron una nueva firma: la constructora Harten. A través de esta última hicieron el montaje de la termoeléctrica Huasco, en la III región. Al año siguiente, de acuerdo a un reportaje de El Mercurio, la Constructora Odebrecht Limitada se convirtió en sociedad anónima cerrada y cambió de nombre a Cocsa. Esta última hizo trabajos para Celulosa Arauco y ENAP, realizando mantención de las refinerías de Punta Arenas.
Ya con nuevo nombre, Cocsa, empresas españolas y canadienses constituyeron una nueva sociedad: Constructora Gas del Biobío, con la cual participaron en la construcción del lado chileno del denominado “Proyecto Gasoducto del Pacífico”.
La constructora brasileña también realizó obras terrestres en 1998 en Punta Patache (Iquique) y para una central térmica de Collahuasi, los que habrían sido sus últimos trabajos en el país.
Los otros vínculos del escándalo de corrupción
De todos modos, Odebrecht no es la única empresa involucrada en el denominado caso Lava Jato que está bajo la lupa de la fiscal Chong. También está investigando los nexos de OAS, en particular con la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), en 2013, donde busca determinar presuntos delitos tributarios, fraude de subvenciones electorales e infracción a la Ley de Donaciones.
En ese escenario, a principios del año pasado Chong viajó a Brasil para interrogar al exejecutivo de OAS, Augusto Fonseca, en calidad de testigo. En su testimonio, Fonseca reconoció que le cedieron un avión privado a ME-O para su campaña.
ME-O, no obstante, no es el único personaje de la política nacional que está siendo investigado por sus nexos con OAS. Otro caso es el de Giorgio Martelli, el exrecaudador de la primera candidatura presidencial de Michelle Bachelet.
Martelli reconoció ante la fiscal Chong que tenía un vínculo comercial con OAS. En concreto, según publicó La Tercera, se constató que en la contabilidad de la empresa Martelli y Asociados Ltda. se registraron en 2014 -cuando Bachelet ya había sido electa Presidenta- dos facturas a la empresa por cerca de 60 millones de pesos. Supuestamente, estos pagos habrían sido realizados por trabajos ligados a la confección de un mapa, una guía de Chiloé y un estudio de valor de los terrenos para inversión que hizo para la firma brasileña en 2014. Como sea, su abogado, Cristián Arias, descartó que esto involucrara platas políticas.