La expansión de la epidemia del ébola por África Occidental, entre 2014 y 2016, dejó un saldo de 10 mil muertos. Para prestar ayuda humanitaria a los países afectados, la Federación Internacional de la Cruz Roja distribuyó entre sus respectivas sociedades nacionales cerca de 100 millones de dólares provenientes de donaciones. Sin embargo, a fines del año pasado se detectó que, de ese total, más de 5 millones de dólares fueron robados y algunos de los responsables fueron los mismos trabajadores de las sociedades nacionales de la institución, la que reconoció los hechos públicamente (ver artículo de la BBC).

Lo anterior no es un caso aislado, pues una situación similar ocurrió en Haití, el país más pobre de todo el continente americano. Después del terremoto que destrozó a la nación centroamericana en 2010, la Cruz Roja logró recaudar 500 millones de dólares de donaciones para ayudar a la reconstrucción, tras realizar una mediática campaña. Luego de investigar si la institución humanitaria efectivamente había destinado los recursos para fines benéficos, en 2015 los medios de comunicación estadounidenses Propublica y NPR revelaron diversas irregularidades. Entre ellas, que de las 130.000 viviendas permanentes que había prometido construir, a esa fecha, la Cruz Roja solo había levantado seis. Pese a todos los antecedentes expuestos, la institución descartó las acusaciones, aunque nunca transparentó cómo efectivamente gastó el dinero en Haití (ver reportaje).

Chile no estaría exento de este historial de irregularidades que arrastra la Cruz Roja a nivel internacional. Radio Bío Bío accedió a un informe preliminar de una auditoría externa elaborada por KPMG que detectó anomalías en el manejo de dineros de la Cruz Roja Chilena, una institución de ayuda humanitaria de carácter autónomo (ver informe de KPMG). Entre ellas, que de los cerca de 420 millones de pesos recaudados a través de donaciones para desarrollar tres campañas solidarias, la entidad desvió unos 370 millones de pesos para otros fines: el pago de sueldos a sus empleados, bencina, el pago de impuestos e incluso le entregó un préstamo al director ejecutivo de la institución, Roberto Yáñez.

Este proceso de revisión fue solicitado por los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a raíz de algunas denuncias que circulaban en torno a la organización local.

“Consideramos que existen elementos objetivos que permiten establecer un mecanismo irregular de los fondos recaudados en las cuentas bancarias, a través de la emisión de cheques (salida) y el posterior movimiento entre las distintas cuentas bancarias de la Cruz Roja Chilena. Lo anterior provoca confusión y limita un adecuado control de los dineros recaudados siendo utilizados para otros objetos distintos a su naturaleza”, se estableció en el documento emitido en diciembre pasado por KPMG, el cual está firmado por la socia advisory-forensic, Tamara Agnic, quien también fue superintendenta de Pensiones entre agosto de 2014 y enero de 2016.

“Cuando una institución de ayuda humanitaria pide donaciones para apoyar alguna emergencia, pero luego destina los recursos para otros objetivos distintos, podría constituir un fraude y apropiación indebida. Es una defraudación porque hay un engaño respecto al uso que se le da al dinero recaudado”, explica el abogado experto en donaciones, Roberto Peralta, socio del estudio jurídico Peralta, Gutiérrez & Asociados.

El informe preliminar de KPGM, además, arrojó que la Cruz Roja Chilena constituyó sociedades con fines de lucro, donde incluso participaron como socios en la propiedad algunos miembros de la institución, como es el caso de Patricio Acosta, su actual presidente.

Estos antecedentes se suman a un informe previo elaborado por otra empresa de auditoría externa, Deloitte, publicado en mayo de 2016. En ese documento se determinaron varias falencias, entre ellas, que no existía un control formal de los ingresos económicos que recibe por concepto de donaciones, además de que no había un control centralizado de todas las cuentas corrientes a nombre de la organización (ver informe de Deloitte).

Consultado sobre el tema, Patricio Acosta, quien preside la institución desde 2015, asegura que el 30 de enero pasado entregó nuevas respuestas a KPMG subsanando parte de los cuestionamientos. “Nosotros tenemos la certeza de que en los antecedentes detectados no hay delito, por lo que estamos muy tranquilos con eso”, dice Acosta, quien lleva más de 20 años como voluntario. “Aclaramos el tema de los supuestos desvíos de fondos, pues a KPMG le faltaban antecedentes. Y ese monto grande del que se habla en el borrador baja considerablemente”, agrega.

Pese a rechazar que existan desvíos de dineros en lo recaudado por las donaciones, Acosta no quiso mostrar las respuestas entregadas a la auditora, ni tampoco entregar más detalles, pues argumentó que eran de carácter confidencial.

Incendios y terremotos

Durante la tarde del sábado 12 de abril de 2014 se desató uno de los incendios más devastadores que ha sufrido Valparaíso desde que se tiene registro. De hecho, es considerado el mayor siniestro urbano en la historia de Chile. Las llamas se iniciaron, paradójicamente, en el sector de La Pólvora y se extendieron por días, alcanzando a varios cerros de la ciudad puerto. El resultado fue desolador: 2.900 viviendas destruidas, 12.500 personas damnificadas, 15 muertos y más de 500 heridos.

La catástrofe generó que varios presidentes de la región enviaran sus saludos de apoyo y solidaridad al pueblo chileno. Junto con ello, se hicieron presentes diversas organizaciones sin fines de lucro para contribuir con la reconstrucción y los afectados. Una de ellas fue la Cruz Roja Chilena, que lanzó la campaña “Todos con Valparaíso y su gente”, gracias a la que logró recaudar cerca de 220 millones de pesos a través de donaciones.

Pero lo que parecía ser una noble labor humanitaria terminó desvirtuándose. De acuerdo al informe preliminar elaborado por KPMG, durante la campaña de apoyo a Valparaíso la Cruz Roja Chilena gastó 66,6 millones de pesos, los cuales provenían de cuentas bancarias diferentes a la cuenta receptora de las platas para dicha colecta. En paralelo, la institución de ayuda humanitaria desvió 214 millones de pesos del total recaudado para utilizarlos en fines distintos a la ayuda a la ciudad puerto: se cubrieron gastos de otros siniestros, pagaron el sueldo a los empleados, entregaron un préstamo a Roberto Yáñez, director ejecutivo de la Cruz Roja Chilena, y se pagaron impuestos, entre otros conceptos.

Aquella no fue la única ocasión en que la entidad desvió fondos de las donaciones hacia otros fines.

Minutos antes de las nueve de la noche del martes 1 de abril de 2014, un terremoto grado 8,2 en la escala de Richter remeció a Iquique y sus alrededores. Murieron siete personas y 200 resultaron heridas, mientras que más de 9.500 viviendas presentaron daños, entre las que cerca de mil tuvieron daños irreparables.

Como era de esperar, la Cruz Roja Chilena, al igual que otras ONGs, emprendió una campaña para reunir fondos con el fin de ayudar a los afectados y a la reconstrucción. Entre todas las donaciones que recibió logró recaudar un poco más de 168 millones de pesos. Pero tal como ocurrió con la misión de apoyo tras el incendio de Valparaíso, los gastos que realizó (83 millones de pesos) fueron proveídos a través de cuentas bancarias diferentes a la cuenta recaudadora de esta campaña.

En tanto, del total recaudado, KPMG evidenció que 140 millones de pesos fueron desviados a otras cuentas bancarias para luego ser utilizados en conceptos distintos a la campaña de ayuda a Iquique. Así, la Cruz Roja Chilena destinó estos recursos para pagar anticipos de sueldos, finiquitos, nómina de empleados y bencina, entre otros conceptos.

La empresa de auditoría externa también detectó una tercera situación de uso indebidos de donaciones. Luego del terremoto que afectó a Coquimbo en 2015, la institución reunió 30 millones de pesos por concepto de donaciones locales, de los cuales 15 millones de pesos fueron destinados a fines no relacionados a la misión de ayuda.

Consultado por las implicancias que podría traer que una organización de ayuda humanitaria desvíe los fondos de campañas para otros objetivos, el abogado Roberto Peralta sostiene que “este tipo de fraudes es más bien de tipo civil, es difícil que llegue a ser un fraude criminal. Si una entidad pide plata diciendo que es para contribuir a la reconstrucción por determinada emergencia, pero luego destina parte de esa plata para prestarle dinero a su director ejecutivo, por ejemplo, ahí estamos frente a un engaño, que es lo que podría constituir el fraude”.

Este escenario deja expuesta a la Cruz Roja Chilena a eventuales demandas en su contra. “Podrían presentar alguna acción legal todos aquellos que hayan donado y se sientan engañados por el uso final que le dieron a esos recursos, independiente del monto. Incluso, si una persona donó un peso y ese peso lo usaron mal, tiene derecho a presentar una demanda”, argumenta Peralta.

En este escenario, Patricio Acosta afirma que “todas las instituciones de beneficencia destinamos un porcentaje de las donaciones para ayuda en gastos de administración de la respectiva emergencia. Hay servicios y personas a las que hay pagarles. Sabemos que hay cosas que corregir, de hecho, para eso son estos informes. Sí cometemos errores, eso lo reconozco, pero no te podría decir que en base a un borrador si algo estuvo mal o no porque debemos esperar el informe final”.

Trama de sociedades

El uso inapropiado de donaciones no fue la única irregularidad que arrojó la auditoría de KPMG. También encontró la constitución por parte de la Cruz Roja Chilena de sociedades con fines de lucro, en las que incluso han participado algunos voluntarios, que ocupan altos cargos, como socios en la propiedad.

Una de ellas corresponde a la Sociedad Cruz Roja Capacitación Limitada, constituida en junio de 2006 por la Cruz Roja, que aportó 22,2 millones de pesos (99% del total), y Patricio Acosta, con 222 mil pesos (1%), la que tenía como fin lucrar. En aquel entonces, Acosta era un voluntario encargado del área de marketing de la sede central de la entidad.

Posteriormente, en septiembre de 2012, la Cruz Roja Chilena cedió derechos equivalentes a 29% de la propiedad, unos 6,4 millones de pesos, a Patricio Acosta. De este modo, el primer socio quedó con un 70% de participación y el segundo, con el 30% restante. En ese tiempo Acosta había ascendido al cargo de segundo vicepresidente. Al año siguiente, en agosto, cuando Acosta ya era vicepresidente de la junta de gobierno de la institución humanitaria, cedió todos los derechos que tenía a Máximo Bravo, quien se desempeñaba como presidente de la filial de Independencia. Como sea, la sociedad cerró sus operaciones en marzo de 2015.

Otra sociedad que llamó la atención de KPMG fue Edificio Doña Joaquina Limitada. Esta fue constituida en septiembre de 1993 por la Cruz Roja Chilena, aportando 50 millones de pesos en propiedades (un 45,19% de la propiedad), y Mario Porzio, quien contribuyó con 70 millones de pesos (un 54,81%). El objetivo de su creación era desarrollar un proyecto inmobiliario en el centro de Valparaíso, por lo que una vez logrado esto la sociedad se liquidó en enero de 1998. El proyecto consistió en un edificio de cuatro pisos, donde se emplazaron 10 estacionamientos, un local comercial y 24 oficinas, de las cuales 11 fueron adjudicadas a la Cruz Roja Chilena tras la disolución de la sociedad.

“Actualmente el Comité Regional de Valparaíso está en incumplimiento del objeto principal de la Cruz Roja Chilena, debido a que efectúa actividades económicas (lucrativas) a través de las oficinas adquiridas y que son administradas por el corredor de propiedades, Edargo González, de Propiedades Riffo”, determinó KPMG en su informe preliminar. Añadió que “el arriendo de estas oficinas lo realizaría el Comité Regional de Valparaíso según evidenciamos en los balances informados a la Sede Central”.

A todo ello se suman dos sociedades constituidas por la institución en conjunto con el presidente de la filial de Independencia y la presidenta de la filial de Valparaíso, respectivamente.

Respecto a la primera, el 26 de agosto de 2016, la Cruz Roja Chilena junto a Máximo Bravo, presidente de la filial Independencia, constituyeron la sociedad Escuela de Oficio y Capacitación Laboral, con una participación de 70% y 30%, respectivamente. Su objeto social consiste en realizar cursos de capacitación. De acuerdo al balance del año 2017, reporta una utilidad de 737 mil pesos.

“Legalmente una institución humanitaria puede realizar actividades económicas. Pero desde el ámbito de la prudencia, uno le pediría al directorio de una fundación que si tiene activos que producen renta que no le involucre un esfuerzo de gestión. Sería preferible que sean acciones o bonos de la Bolsa, es decir, que un tercero los gestione, para tener liquidez para financiar las actividades benéficas. En cambio, con una sociedad inmobiliaria se requiere destinar tiempo y esfuerzo en paralelo a las labores propias de la institución”, explica el abogado Roberto Peralta.

Respecto a aquellas sociedades filiales de la Cruz Roja y en la que participan de la sociedad voluntarios con altos cargos dentro la entidad, Peralta sostiene que “ahí hay un conflicto de interés y también hay responsabilidad legal del directorio o junta de gobierno y de los que participan. No está prohibido por la ley expresamente, pero genera situaciones que si se investigan podrían conllevar irregularidades”.

Respecto a la sociedad en la que fue socio durante algunos años, Patricio Acosta aclara que “ahí no existió conflicto de interés, pues yo nunca he sido un funcionario remunerado. Yo solo soy voluntario. Hay gente que recibe remuneración y otros que somos voluntarios ad honorem. Además, yo nunca retiré utilidades y la Cruz Roja tampoco, pues éstas eran totalmente reinvertidas dentro de la misma organización”.

Acosta también precisa que los presidentes de las filiales tampoco son funcionarios remunerados, por lo que, a su juicio, tampoco podría generarse un conflicto de interés al ser socios de la Cruz Roja en algunas sociedades. Además, asevera que en las nuevas respuestas a KPMG entregaron todas las actas de la junta de gobierno y de comité central en las que se aprobaron las respectivas constituciones y modificaciones de sociedades. Pese a ello, no exhibió aquella documentación pues fundamentó que están bajo la reserva de confidencialidad.

Las advertencias de Deloitte

La revisión de KPMG a los dineros de la Cruz Roja Chilena no es la primera auditoría externa que se realiza a la organización. De hecho, este tipo de procesos se vienen desarrollando desde hace poco más de 10 años.

Una de las últimas auditorías que analizó a la institución fue una elaborada por Deloitte, cuyo informe final se emitió en mayo de 2016. En ese documento, que revisó la contabilidad de 2013 y 2014, la empresa reveló la existencia de diversos desórdenes financieros.

En particular, remarcó que no habían procesos de auditorías bianuales a las sedes centrales y regionales y que no existía un proceso centralizado de todas las cuentas corrientes bancarias a nombre de la Cruz Roja Chilena. También cuestionó la inexistencia de un control formal de los ingresos económicos por concepto de donaciones y puso énfasis en las irregularidades que detectó en los arriendos de oficinas y dependencias de la organización.

Es decir, la junta de gobierno de la institución humanitaria ya había sido advertida sobre los problemas que hay en la administración y manejo de los recursos.

Sobre este tema, Patricio Acosta señala que “Deloitte constató, entre otras cosas, que en muchas filiales y comités regionales se llevaba la contabilidad de forma muy artesanal, con papel y lápiz. A raíz de ese estudio, nosotros comenzamos a profesionalizar todos nuestros sistemas contables”. Agrega que “se les está exigiendo tanto a los comités regionales como a las filiales que contraten contadores profesionales, lo que implica un esfuerzo importante en término de recursos. Esto nos permitirá tener los balances y movimientos financieros de las 156 filiales que tenemos en el país”.