La Contraloría General de la República (CGR), en un oficio que emitió el viernes pasado, frenó parcialmente el proceso de creación de 101 notarías, archiveros judiciales y conservadores de bienes raíces, proceso que inició el Ministerio de Justicia el 1 de agosto de 2017 mediante el llamado decreto 1515.
En concreto, la CGR cuestionó la separación y fusión de notarías y conservadores, pues la Ley no le permite al Ministerio de Justicia hacerlo, sino a la Presidencia de la República, paralizando en los hechos el proceso de creación de unos 40 nuevos cargos.
“Considerando que el acto administrativo en comento contempla, en lo que interesa, fusiones y separaciones de cargos de notario y conservador, procede que esa cartera de Estado adopte medidas tendientes a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico”, dijo la Contraloría en un oficio de seis páginas (revisa acá el documento).
De acuerdo a la Asociación de Notarios, el oficio califica, en el punto de separación y fusión de nuevos cargos, como “ilegal” al decreto 1515 del Ministerio de Justicia.
“Para nosotros es una señal muy potente, pues objeta la legalidad del decreto 1515, en cuanto reprocha al Ministerio de Justicia el que haya procedido a la fusión y división del cargo de notarios y conservadores, en circunstancia que el decreto y la Ley no se lo permite”, dice el abogado del gremio, Juan Carlos Manríquez. “Eso significa, respecto de ese punto, que el decreto es ilegal”, agrega.
En Santiago, por ejemplo, los nuevos cargos que se paralizan tras el oficio de Contraloría son los de las notarías de La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, San José de Maipo, Pirque, Calera de Tango y El Monte. Lo mismo ocurre con los conservadores de Isla de Maipo y Padre Hurtado.
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Pero en el Ministerio de Justicia aseguran que el oficio de la Contraloría no cambia los planes del gobierno. Más bien, creen, es un espaldarazo al plan del ministro de Justicia, Jaime Campos, de crear más de 100 notarías en el país.
“El dictamen de la Contraloría General de la República es favorable en todos sus aspectos”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado que hizo llegar a Radio Bío Bío. “En cuanto a la única observación planteada por la Contraloría, que se refiere a las fusiones y separaciones de cargos de notarios y conservadores, no se objeta el acto en sí mismo, sino que se le pide al Ministerio ajustar el decreto, lo que se resuelve con un acto administrativo que está en trámite”.
En concreto, explica un abogado que conoce del tema, el problema podría resolverlo la Presidenta Michelle Bachelet mediante un decreto convalidatorio de carácter retroactivo.
“Ese sería un acto con bastante arrojo que, si no se medita y fundamenta suficientemente, como hasta ahora no se ha hecho, dejaría a la institución presidencial a contrapié”, dice Manríquez, respecto al envío por parte de Bachelet de un decreto convalidatorio.
Campos nombra a yerno de diputado como notario
Desde que asumió en su cargo, y de acuerdo a un análisis de diversas bases de datos públicas que realizó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el ministro Jaime Campos había nombrado, al menos, cinco notarios con importantes vínculos familiares con personas del Poder Judicial o el mundo político. A ellos debe sumarse ahora el nombre del abogado Charles de la Harpe Palma, yerno del diputado del PPD, Joaquín Tuma.
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De la Harpe fue nombrado por Campos el 19 de diciembre del año pasado en la segunda notaría de Angol en un proceso en el que la Contraloría demoró sólo diez días en la toma de razón (ver decreto y toma de razón). El 18 de enero pasado, De la Harpe juró como notario ante el Primer Juzgado de Letras de Angol y ese mismo día elevó una solicitud para ausentarse hasta el 9 de febrero. Ese mismo 18 de enero el mismo tribunal en el que juró como notario le permitió ausentarse hasta la fecha que solicitó.
Pero abogados expertos en derecho administrativo consultados por La Radio dicen que, de acuerdo a la Ley, De la Harpe debió solicitar dicho permiso a la Presidencia de la República y no a un tribunal. Además, plantean que habría jurado fuera de plazo, pues tenía hasta el 16 de enero para hacerlo, por lo que su cargo podría ser impugnado.
Como sea, su nombramiento no deja de ser polémico. De acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío en el Ejecutivo, el diputado Tuma habría contactado al ministro Campos para este nombramiento. Ayer, en tanto, este medio trató de corroborar con el diputado PPD si intervino a favor de su yerno, sin embargo, el parlamentario no contestó llamadas ni mensajes.
De la Harpe, en todo caso, tiene el mismo problema de origen que otros notarios que ha nombrado Campos: sus notas no fueron las mejores. En efecto, pues el yerno de Joaquín Tuma quedó séptimo entre los 73 postulantes a la segunda notaría de Angol y, pese a ello, la Corte de Apelaciones de Temuco le dio la mayoría de los votos para integrar la terna que se le presentó a Campos. En su evaluación curricular, De la Harpe quedó sexto, mientras que en la evaluación sociolaboral ocupó el lugar 23. Lo anterior implicó que de los tres postulantes sobre los cuales Campo tuvo que definir, De la Harpe tuvo las notas más bajas. Y aquello no fue impedimento para que fuera nombrado notario.
El polémico nombramiento de Charles de la Harpe, incluso, podría tener otras implicancias. La Corte de Apelaciones de Temuco levantó un sumario producto de un cambio de domicilio que se trató de realizar entre la primera y la segunda notarías de Angol. El notario suplente de la primera notaría de Angol, Carlos Fuentes, trató, infructuosamente, de cambiar el domicilio para quedar más cerca de la plaza de armas de la comuna. Pero dicho acto fue impugnado ante la corte por el propio De la Harpe y Álvaro Valdevenito, hijo de un exalcalde de la zona y otro postulante por la segunda notaría de Angol que quedó rezagado en la competencia. Dicho sumario aún se está realizando actualmente.
Pero De la Harpe no es el único que podría haberse visto beneficiado por sus contactos familiares y políticos. El actual jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Ignacio Castillo, está en las ternas para convertirse en abogado integrante 2018 de las cortes de apelaciones de Santiago o San Miguel, mientras que el exsocio de Campos en su denominada comunidad de techo en el estudio de abogados Zúñiga & Campos, Jean Pierre Matus, está en la terna para ser abogado integrante de la Corte Suprema.
De acuerdo a un artículo de El Mercurio Legal, Matus entró como socio al estudio de Campos en abril de 2016, fecha en la que el bufete cambió de nombre a Zúñiga, Matus & Campos. Pero desde 2017, tras la polémica que enfrentó Campos por su vínculo con dicho estudio, el cual representa a Morpho, la empresa francesa a cargo de la elaboración de los pasaportes y cédulas de identidad del Registro Civil, ya no figura entre los socios.
De todas formas, tanto el nombramiento de Matus como en el de Castillo, quien consultó directamente con Campos si podía presentarse, los hará Gabriel de la Fuente, el ministro secretario general de la Presidencia.
Así, la idea del gobierno es limitar el conflicto de interés en los nombramientos de Campos, aunque, de acuerdo a fuentes de La Radio, ambos nombres serán elegidos de todas formas hoy, la fecha límite que tiene el Ejecutivo para enviar los nombramientos de todos los abogados integrantes del país para la toma de razón de Contraloría.