El 10 de febrero de 2013, el entonces comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, se trasladó en un avión institucional desde Santiago hacia La Serena. Lo acompañaron su esposa Ana María Pinochet, su hijo Fernando, quien tenía el grado de coronel, y la pareja de éste, Tania Alfaro. Pese a la inusual compañía, el Ejército registró este viaje como una visita para inspeccionar las unidades de la II División Motorizada que había en esa ciudad. Y aunque puede resultar extraño que los familiares acompañen al número uno del Ejército en un viaje realizado en una aeronave institucional para actividades supuestamente oficiales, aquella ocasión no fue la única.

El 4 de abril de 2012, el 9 de octubre de 2013 y el 20 de diciembre de ese mismo año, Ana María Pinochet también viajó junto a Fuente-Alba en esas condiciones. En los tres traslados, al igual que en el de febrero de 2013, el destino fue el mismo: La Serena, la ciudad chilena que más visitó el ex uniformado mientras se desempeñó como comandante en Jefe del Ejército, entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2014.

De los 206 traslados que realizó en aeronaves institucionales dentro de Chile, 30 de ellos los hizo desde y hacia la capital de la Región de Coquimbo, lo que equivale a 14,6% del total. Estos últimos implicaron un costo de 33.670 dólares, unos 20,6 millones de pesos de acuerdo al tipo de cambio al cierre de 2014.

De esos 30 viajes, 14 los realizó en el avión Cessna, modelo C-680 Sovereign, que el Ejército adquirió en 2012, luego de que el general en retiro solicitara renovar la aeronave del Alto Mando tras sufrir un accidente a fines de 2011, en una máquina antigua y deteriorada. De hecho, tres de los cuatro traslados que hizo junto a sus familiares fueron a bordo de la aeronave en cuestión. Esta compra, que involucró 9,3 millones de dólares, actualmente está siendo investigada por el fiscal de Santiago Centro, José Morales, por las diversas irregularidades que se han revelado en torno a ella, donde busca establecer un eventual fraude al Fisco.

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A ello se sumó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el pasado 21 de diciembre, presentó una querella contra Fuente-Alba y todos aquellos que resulten responsables por el delito de fraude al Fisco en relación a esa operación. Entre otros argumentos, el CDE acusa que ésta conllevó una pérdida patrimonial para el Estado de, al menos, un millón de dólares.

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Los antecedentes sobre los traslados del excomandante en Jefe a La Serena forman parte del informe de la investigación especial que realizó la Contraloría General de la República sobre el uso de aeronaves y vehículos fiscales por parte de Fuente-Alba. Esta auditoría se implementó a partir de un oficio emitido por el diputado Jaime Pilowsky (DC), exmiembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, quien denunció que podrían existir irregularidades en estos viajes.

En el documento, desconocido hasta ahora y al cual tuvo acceso Radio Bío Bío, el ente contralor plasmó diversos cuestionamientos y observaciones (revisa el informe de Contraloría).

“El Ejército de Chile carece de la documentación que permita confirmar que los viajes revelados a la ciudad de La Serena y a otras localidades cercanas, a través de transporte aéreo institucional y vehículos fiscales, hubieren sido efectuados en cumplimiento de los deberes propios del cargo de comandante en Jefe”, dice el informe firmado por el contralor, Jorge Bermúdez.

La Contraloría también cuestionó la inexistencia de “antecedentes que acrediten la condición excepcional y fines protocolares que sustenten la participación de familiares y civiles en los traslados examinados”. De hecho, a raíz de esta situación determinó que “la rama deberá abstenerse de trasladar en sus aviones institucionales a personal ajeno a la entidad, salvo en casos excepcionales”.

Para el diputado Jaime Pilowsky los hallazgos del organismo fiscalizador son contundentes. “A mi juicio, resulta incomprensible que todos estos traslados del general (r) Fuente-Alba, en algunos incluyendo a familiares, carezcan de la documentación que acredite que se efectuaron para fines relacionados con el cargo”, dice el parlamentario DC. “Por ello surgen dudas razonables sobre el adecuado y correcto uso de los aviones del Ejército durante el período del excomandante en Jefe”.

Consultados sobre el tema, desde el Ejército señalaron que “tal como se informó a la Contraloría General de la República, que de acuerdo a la responsabilidad permanente al servicio de la función militar que recae a esta autoridad y en el cumplimiento de las misiones de seguridad y defensa que le competen, todos los desplazamientos, independiente de sus motivos y fines, se enmarcan siempre en el contexto de una actividad de naturaleza institucional y del servicio”.

La defensa de Fuente-Alba, en tanto, fue consultada sobre estos viajes y el uso particular de los vehículos fiscales. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, y con varios días de plazo, no hubo respuesta.

Conexión Puerto Velero

En los 30 traslados que realizó Fuente-Alba en aviones institucionales a La Serena, dispuso como complemento el uso de vehículos fiscales. En este ámbito el ente contralor también detectó ciertas situaciones irregulares. “Se observó que algunas de las bitácoras de vehículos fiscales que se utilizaron en el marco de los 30 viajes examinados, carecían de información relativa al uso, horarios de llegada y salida de los mismos”, remarcó en el documento.

Sin embargo, a través de otros registros de uso de los vehículos en cuestión logró acreditar que estos se utilizaron para desarrollar traslados entre La Serena, Coquimbo, Tongoy y el balneario de Puerto Velero, entre otros lugares. Al respecto, el organismo advirtió que “atendida la falta de fundamentación de la documentación de respaldo tenida a la vista, así como la ausencia de actos administrativos, no existe fundamento alguno que explique y justifique los motivos por los cuales el excomandante en Jefe efectuó los citados viajes”.

Así ocurrió, por ejemplo, el 19 de diciembre de 2013, un día antes de que Fuente-Alba viajara en el avión Cesnna C-680 junto a su esposa hacia La Serena. En esa fecha, un vehículo del Ejército de marca Toyota Sequoia realizó un recorrido entre Lo Curro (Santiago), donde se ubicaba la casa fiscal que ocupaba Fuente-Alba en ese tiempo, hacia Puerto Velero, trasladando personal que la Contraloría no pudo determinar en su investigación por falta de documentación.

Ese mismo día también se utilizó un automóvil Volkswagen Touareg que trasladó personal no identificado desde Lo Curro hasta Puerto Velero. Al día siguiente, movilizó a personas sin determinar entre dicho balneario, La Serena y luego de regreso a Puerto Velero. el chofer que conducía dicho vehículo retornó a Lo Curro, en Santiago, el 23 de diciembre. Durante esa jornada también volvieron de su viaje Fuente-Alba y su esposa.

En ese contexto, el ente contralor precisó que, según la declaración de patrimonio presentada por Fuente-Alba, desde el año 2002 que es dueño de un inmueble ubicado en Puerto Velero. Es decir, el mismo balneario al que se dirigieron varios vehículos fiscales en gran parte de los traslados que desarrolló el general en retiro hacia La Serena y sus alrededores.

“Los registros contenidos en las bitácoras y la falta de documentación que acredite los motivos y personal trasladado, así como la ausencia de actos administrativos y otros registros al respecto, no permiten acreditar que el uso efectivo corresponda a tareas relacionadas con el cumplimiento diario y regular desarrollo de sus funciones, o que estos correspondan a procedimientos de seguridad y protección de la referida autoridad”, concluyó la Contraloría. Esto, añadió, sobre todo, “si incluyeron desplazamientos a una localidad de otra región, eminentemente recreacional, y que no constituye el domicilio de la entonces autoridad”.

Otros cuestionamientos

La auditoría de la Contraloría también arrojó otras observaciones sobre el tema. Una de ellas es que verificó que los 30 viajes analizados no fueron autorizados ni fundamentados a través del respectivo acto administrativo u otro documento que respaldara su realización, además de la finalidad y los medios que se asignaron para ellos.

Pese a este cuestionamiento, desde el Ejército defendieron la situación. “Para autorizar los desplazamientos del excomandante en Jefe, cabe señalar que por la naturaleza del cargo y la materialización dentro del territorio nacional, no requieren de una autorización de otra autoridad”, dijeron a Radio Bío Bío.

Una respuesta similar entregaron en su momento a la Contraloría, pero el organismo refutó sus argumentos. El ente contralor consignó en su informe que la Ley 19.880, que regula los actos de los órganos de la Administración del Estado, “no contempla excepciones como las que indica la mencionada rama, motivo por el que, aun cuando sea la máxima autoridad del servicio quien participe de un viaje, corresponde que este sea formalizado por medio del respectivo acto administrativo”.

Otro hecho irregular corresponde a las inconsistencias detectadas en las bitácoras que acreditan el número de pasajeros en los vuelos desarrollados con las aeronaves del Ejército. Entre otros antecedentes, el organismo fiscalizador dio cuenta que tres documentos revisados carecían de toda la información exigida, lo que evidenció “discrecionalidad y falta de rigurosidad” en ese proceso.

A ello se añade que dos de los 30 traslados no contaban con la firma del piloto responsable de dicho procedimiento.

“Resulta preocupante la falta de controles que existía en esa fecha respecto del uso de estos bienes. Cuatro de las seis observaciones que se realizaron en el informe fueron calificadas por la Contraloría como ‘altamente complejas’, lo que implica la gravedad y relevancia de aquellas”, remarcó el diputado Pilowsky.