Las excesivas e injustificadas horas extra que pagan los municipios

Marcelo Rojas es ingeniero civil y trabaja hace más de cinco años en la Municipalidad de Maipú. Por su labor como funcionario a contrata de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, con jornada completa, recibe un sueldo bruto mensual de unos $2 millones, aunque en abril pasado recibió cerca de un 80% más. Fueron casi $1,6 millones adicionales por las 222 horas extraordinarias que registró durante el mes anterior, de las cuales 139 fueron realizadas durante la noche, fines de semana o días festivos. Según su informe de asistencia de marzo, Rojas trabajó en promedio unas 15 horas diarias durante 29 días. Entraba casi siempre pasadas las 8:00 y salía alrededor de la medianoche. También sábados y domingos, aunque ahí su salida era después de las 21:00.

De acuerdo a los registros oficiales, no hay nada extraño ahí: todos los meses, Rojas registra horas extra. Y es por eso que hoy enfrenta un sumario administrativo y es objeto, junto a otros 70 funcionarios municipales, de una investigación que lleva la Fiscalía Local de Maipú por posible malversación de caudales públicos.

En junio de 2016, registró 130 horas extraordinarias. Al mes siguiente fueron 100. Según el portal de Transparencia del municipio, Rojas realizó 70 y 48 horas extra diurnas en esos meses, vulnerando así la ley que regula las remuneraciones del sector público, donde se establece un máximo de 40 horas extra diurnas al mes (ver ley). Aunque sí hay un método para extender ese límite sin romper la normativa: mediante un decreto alcaldicio que lo autorice, pero “sólo cuando se trate de trabajos de carácter imprevisto motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas”. Condición que no se cumplía a mediados del año pasado en Maipú. Y a esas se suman las nocturnas –que incluyen también fines de semana y festivos–, sobre las cuales no hay límite ni regulación. Pero lo más extraño es que Rojas estuvo esos dos meses fuera de Chile, no por trabajo, sino que por motivos personales. Y aun así tuvo durante ese período un registro ininterrumpido de asistencia en su jornada normal y un total de horas extra que le permitieron cobrar, además de su sueldo, cerca de $1,8 millones.

En todo caso, Rojas no es el único funcionario municipal que ha incurrido en irregularidades a través del cobro de horas extra ni Maipú la única municipalidad donde esto ha ocurrido. El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó en enero de este año un estudio aleatorio sobre la información relativa al personal de planta y a contrata publicada entre agosto y noviembre de 2016 por cuatro municipios distintos: Maipú, Viña del Mar, Quilicura y Las Condes. ¿El resultado? A lo menos una decena de funcionarios que sobrepasaron el límite legal de 40 horas extra diurnas y que, sumadas las horas nocturnas, llegaron a cobrar hasta 200 horas extra al mes, lo que se tradujo en importantes incrementos salariales.

“En el conjunto, aparece que las horas extra diurnas más las nocturnas son una cantidad bien extraordinaria y que es digno de revisión. Ya es problemático que las horas diurnas estén excedidas por sobre las 40 horas permitidas, pero sumado a las horas nocturnas, es muchísimo en varios casos, y eso requiere que la Contraloría, en sus facultades de control de la legalidad de los actos en la administración y en el uso de los recursos públicos, lo vea en particular”, advierte Marcelo Drago, presidente del CPLT.

Por eso fue que la entidad entregó los datos a la Contraloría mediante un oficio enviado el 24 de enero. La respuesta que recibieron fue que “los antecedentes aportados serán considerados en futuros procesos de fiscalización” (ver respuesta).

A partir de esos antecedentes, Radio Bío Bío inició una investigación que duró cerca de dos meses y que cruzó información pública de las 10 municipalidades más grandes de la Región Metropolitana, además de Providencia y las otras 15 capitales regionales del país. Se revisaron los datos publicados en los respectivos portales de Transparencia Activa sobre el personal municipal entre enero y septiembre de 2017. Ahí aparecieron más de 1.580 sueldos cancelados a empleados de planta y cerca de 450 para funcionarios a contrata que incluían horas extra diurnas por sobre el límite legal. Y al menos 227 trabajadores figuran en los registros infringiendo la norma de forma sistemática, mes a mes. Algunos han llegado incluso a cobrar hasta 506 horas por sobre su horario normal de trabajo, lo que equivaldría a 21 días seguidos con jornadas laborales 24/7.

Para saber si esos funcionarios estaban o no autorizados para exceder el límite legal, Radio Bío Bío solicitó también copia de los respectivos decretos alcaldicios. De la Región Metropolitana, sólo Ñuñoa, La Florida y Puente Alto adjuntaron los decretos a su respuesta, mientras que las únicas capitales regionales que lo hicieron fueron Concepción y Talca. Y aunque los municipios de Peñalolén, Santiago, Maipú y Arica sí respondieron, no adjuntaron ningún decreto y sólo se refirieron a los sistemas de control y fiscalización internos de su administración.

Todo lo anterior se ha traducido en aumentos significativos en las remuneraciones de los trabajadores, no siempre justificados. En algunos de los casos identificados por el CPLT, hay pagos por este ítem hasta un 50% por sobre su remuneración bruta. Según Drago, “son montos bastante altos. Y puede que haya casos en que se estén abultando las horas extra como una suerte de sobresueldo, aunque no nos consta que estos casos sean precisamente eso”.

Maipú al tope de la lista

De todos los municipios investigados, Maipú lidera la lista con mayor cantidad de infracciones a la normativa en cuanto al cobro de horas extraordinarias. Además de Marcelo Rojas, en esa municipalidad hay otros 14 funcionarios a contrata y 97 de planta que mes a mes abultan sus ingresos cobrando más horas extra de las que permite la ley. Es decir, casi la mitad de los casos detectados por Radio Bío Bío están en esa comuna.

Hace sólo un par de semanas, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta las oficinas de esa municipalidad, ingresaron y se llevaron los computadores de 14 de sus empleados. La orden la había dado poco antes el fiscal Tufit Bufadel, que desde octubre de 2016 tiene a su cargo una investigación judicial por la posible malversación de caudales públicos en ese municipio a través del cobro irregular de horas extra excesivas.

Los primeros antecedentes sobre posibles irregularidades llegaron en octubre de 2016 a la fiscalía, de mano de la ex funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) y habitante de Maipú, Sandra Sánchez, quién tras ver en 2015 un reportaje en televisión que revelaba irregularidades en el pago de horas extra en la Municipalidad de Quilicura, decidió revisar por su cuenta los datos de información pública de su municipio. “Pude observar a simple vista que había un exceso de horas extraordinarias canceladas a los funcionarios municipales, tanto de planta como de contrata”, declaró ante la PDI.

La Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) investigó a los 70 funcionarios con la mayor cantidad de horas extra trabajadas entre enero y agosto del 2016, con un promedio mensual de 180 horas extra, es decir, el doble de la jornada normal de trabajo. Los había repartidos por distintas reparticiones municipales. De acuerdo a un memorándum redactado a fines de agosto por María Isabel Palma, directora de Control de la municipalidad, en la Dirección de Tránsito se encontraron “19 anomalías de funcionarios que no dan cumplimiento al control de horario en los libros de asistencia”. Entre ellos estaba Marcelo Rojas.

Desde la municipalidad aseguran que la alcaldesa Cathy Barriga (UDI) ya ordenó disminuir las horas extra, ya que es imposible que haya cargos administrativos que trabajen todos los días hasta la medianoche o incluso hasta altas horas de la madrugada. “No te da la vida”, dice irónico el abogado Carlos Fairlie, director jurídico de Maipú.

Él también asegura que hay trabajadores que firman su salida a la una de la mañana, pero que nunca estuvieron en su lugar de trabajo; así como otros que llegan solamente a marcar la tarjeta. Fairlie explica que estas situaciones motivaron al municipio a reemplazar los libros de asistencia por un sistema de control biométrico, abrir sumarios internos, suspender a empleados de sus respectivas funciones e incluso presentar una nueva denuncia ante la fiscalía.

“Nos estamos centrando en la administración pasada de la Municipalidad de Maipú, pero si hubieran antecedentes de cualquier ilícito que se haya extendido en el tiempo, el Ministerio Público los va a investigar, independiente del período de funcionamiento municipal que hubiera ocurrido”, explica el fiscal Bufadel.

Entre las personas investigadas está también Giovana Nogales, encargada del Departamento de Personal desde octubre de 2013. Ella superó las 100 horas extra todos los meses, desde enero hasta septiembre de este año, llegando incluso a las 200 en enero con 70 horas diurnas y 130 nocturnas. Interrogada por la PDI, señaló que bajo la repartición que dirige es que se confeccionan los decretos de programación mensual que autorizan y justifican la extensión de las jornadas laborales y la cantidad de horas extraordinarias diurnas y nocturnas, con indicaciones del monto a cancelar. Respecto a los empleados que trabajan “semanas corridas, sin su descanso semanal”, Nogales aseguró que se debía a emergencias comunales, por ende excepcionales y esporádicas. “Es todo cuanto puedo señalar al respecto”, finalizó.

“Si bien la jornada laboral es demasiado prolongada, se encuentra respaldada en los registros de asistencia correspondiente al período investigado”, concluyeron los policías en el informe que incluye la declaración de Nogales. También dieron cuenta de un decreto alcaldicio firmado en 2009 por el entonces alcalde y actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien autorizó el aumento de horas extras diurnas con un tope de 70 horas al mes. Ese documento aún estaría vigente.

*El tamaño de los círculos representa el monto de dinero gastado

Los autorizados a cobrar más

Cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció el 16 de mayo de 2016 que se cuadruplicará a partir de enero de 2018 el aporte que el Estado debe hacer al Fondo Común Municipal (FCM), recibió un fuerte aplauso de los alcaldes presentes. Entre otras medidas, la ley de Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Personal Municipal busca aumentar el número de funcionarios, mejorar las remuneraciones, extender el máximo del gasto en personal y ampliar el desembolso para trabajadores de contrata. Cada uno de estos puntos fue escuchado atentamente por Germán Codina, alcalde de Puente Alto, quien estaba sentado en primera fila en aquella ceremonia.

Codina sabía que la disposición aprobada por Bachelet permitirá a su municipio sumar a 140 funcionarios de contrata durante el próximo año, integrándose a la dotación de 273 trabajadores que actualmente trabajan en un municipio que atiende a una población cercana a los 800.000 habitantes. Desde la municipalidad argumentan que la falta de personal justifica las extensas jornadas de trabajo, por lo que es necesario pagar horas extra a sus funcionarios. Según los registros que revisó Radio Bío Bío, al menos 43 funcionarios de planta superan mensualmente las 40 horas extra diurnas permitidas.

En marzo fueron más, unos 50. Entre ellos, el jefe del departamento de Permisos de Circulación, Pedro Saúd. Con un total de 258 horas extra, recibió ese mes más de $1,8 millones, doblando así su propio sueldo bruto. El resto de los meses registra más de 100 horas extraordinarias, recibiendo un promedio de $700.000 adicionales por trabajos complementarios.

También la jefa de Finanzas, Jeannette Moya, registró un alto número de horas extra durante marzo en Puente Alto: 250 horas por sobre su jornada normal, lo que se tradujo en más de $2,6 millones que se sumaron a sus remuneraciones. Ambos también aparecen cuestionados en un informe de Contraloría del 2013, donde se señala que el ex alcalde y actual senador Manuel José Ossandón, habría pagado sobresueldos a funcionarios de la municipalidad a través de contratos a honorarios, aun cuando la ley lo prohíbe ya que no es compatible con el sueldo que ya reciben como empleados públicos.

Para la Municipalidad de Puente Alto, todo está en regla. Aseguran que estos funcionarios se desempeñaron en tareas relacionadas a los permisos de circulación, por lo que las horas extras en este caso se pagaron “únicamente a los funcionarios que durante ese mes trabajaron en horarios extendidos, además de sábados y domingos”, advirtiendo que en los últimos días de marzo “se trabajó incluso hasta cerca de las 3 de la mañana, ya que en la comuna existe un parque automotor de aproximadamente 124.000 vehículos”.

Según el decreto alcaldicio que autoriza los trabajos extraordinarios en Puente Alto para este año, existe una serie de labores que deben ser ejecutadas a continuación de la jornada laboral, así como en fines de semana y festivos, entre las que se encuentran el corte de ramas de árboles, inspección en ferias libres y labores en terreno. A partir de esto, en la comuna hay 32 justificaciones “impostergables” que no identifican directamente a los empleados que cumplen las horas extra, sino que sólo establece las labores que pueden realizar.

El caso de Ñuñoa es totalmente distinto. En febrero, marzo y abril de este año, la comuna administrada por el alcalde Andrés Zarhi destinó más de $20 millones para el pago de horas extraordinarias. En este caso, el decreto alcaldicio sí identifica a los funcionarios beneficiados y las tareas realizadas. Eso ha dado pie para que aquí se concentren los funcionarios que cobran la mayor cantidad de horas extra.

En enero hubo al menos 20 funcionarios que registraron más de 200 horas extraordinarias. Uno de ellos, Miguel Ángel Nuñez, auxiliar a contrata de la Municipalidad de Ñuñoa, llegó a contar con 1.038 horas extra en un mes, algo completamente inverosímil: esa cifra equivaldría a 43 días seguidos y poco más de trabajo a tiempo completo, sin siquiera un minuto de descanso.

Le sigue la funcionaria administrativa María Inés Díaz, que alcanzó unas 761 horas extra, con lo que también superaría por una semana la cantidad de horas que tiene un mes.

Desde la municipalidad sostienen que todo esto tiene una explicación: que estos casos de enero corresponden a funcionarios que “se les debió pagar el encasillamiento desde un grado inferior a otro superior”, por lo que se tuvo que recalcular el pago entre enero y noviembre de 2016, de acuerdo a lo estipulado por un dictamen de la Contraloría, lo que incluiría la diferencia del total de horas extra de ese período.

Para fiscalizar estas situaciones, en Ñuñoa se confeccionó un “Reglamento de Trabajo Extraordinario” relativo al pago de horas extra. Ahí se señala que es obligación de los jefes de los departamentos velar por el correcto cumplimiento de los trabajos extraordinarios y no pagar las horas extraordinarias que no hayan sido previamente autorizadas. Afirman que las “tareas deben ser identificables con anterioridad y comprobables” mediante un sistema de registro biométrico de ingreso y salida.

El chofer, el alcalde y los días que no existen

Se podría decir que Álvaro Díaz ya es un personaje histórico en la Municipalidad de Talca. Lleva más de 35 años como chofer, por lo que le ha tocado transportar a varios alcaldes de la capital regional del Maule. Si los mayores beneficiados con pagos de horas extraordinarias son las figuras más cercanas a los ediles, Díaz es el ejemplo más claro: todos los meses registra más de 100 horas extras. Podría haber sido el único empleado de ese municipio que podría estar infringiendo la ley, sino fuera porque su jefe directo, el alcalde Juan Carlos Díaz, cometió la misma infracción.

Pese a que el 30 y 31 de febrero no existen, en 2016, cuando era administrador municipal y se preparaba para en los próximos meses competir por la alcaldía de Talca, Díaz incluyó esos días en su registro de asistencia y firmó su entrada y salida a las 8:00 y 21:30, respectivamente. Eso aparece en un informe de la Contraloría emitido el año pasado, donde se revelaron además otras irregularidades descubiertas previo a las elecciones municipales.

En las capitales regionales, al menos 19 trabajadores superan mensualmente las 40 horas extra diurnas sin autorización alcaldicia previa. En el norte resalta Arica, con seis trabajadores que infringen la normativa mes a mes, mientras que en el sur, Chillán sobresale con el mismo número de empleados públicos con un alto número de horas extraordinarias. Sin embargo, Punta Arenas es un caso especial.

La capital de la región austral tiene a varios funcionarios que sobresalen con altas horas extras, llegando incluso algunos a las 1.267 horas extraordinarias en enero. Aunque se puede inferir que en este municipio ocurre la misma situación que en Nuñoa, en los otros meses no es muy distinto. En julio, por ejemplo, Óscar Bahamonde Barría, técnico de la Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos, superó en más del triple lo permitido por la normativa vigente, alcanzando las 283 horas extra totales. En agosto, el funcionario a contrata del vertedero municipal, Víctor Rodríguez, registró 119 horas extra totales, ganando más de $419.000.

Prácticas habituales

En octubre del año pasado, cuando la municipalidad de Maipú aún estaba bajo la administración de Christian Vittori, la Contraloría advirtió que no era posible identificar las circunstancias por las que se requería extender la jornada laboral de algunos trabajadores, o derechamente horas extra que nunca fueron realizadas. Ya entonces el informe señalaba que ésta era una conducta reiterada por parte de la municipalidad. Y no es distinto en otros municipios.

Aunque los registros oficiales dan cuenta de que en Peñalolén todo este año ha funcionado según lo establece la normativa, en 2014 la Contraloría detectó irregularidades en el pago de horas extraordinarias a sus funcionarios. Esa investigación especial se abrió a partir de la denuncia de un empleado que acusaba un abuso de las horas extra nocturnas, además de la ausencia de un sistema de control de asistencia y permanencia que permitieran dar cuenta efectivamente de las horas trabajadas fuera del horario normal. A modo de ejemplo, el denunciante presentó en esa oportunidad cuatro ejemplos con altas horas extras nocturnas. Varios de ellos se siguen repitiendo en la actualidad.

Uno de ellos, Juan Carlos Riveros, supera casi todos los meses de 2017 las 115 horas extraordinarias. Si bien en ninguno superó las 40 horas extra diurnas permitidas, sí llegó a las 90 horas extra nocturnas en julio, agosto y septiembre. Patricio Carrasco Valle fue otro de los nombrados. Este contador presentó en abril pasado 96 horas extras nocturnas, alcanzando un total de 136 horas extra al mes.

Según el funcionario que llevó a Contraloría estas situaciones, la investigación de estos casos consistió en llamar telefónicamente y efectuar visitas diarias, tanto a las dependencias comunales como al estacionamiento vehicular para funcionarios. La conclusión del informe detectó decretos autorizados posteriormente a la ejecución de los trabajos complementarios y pago de horas extras a partir de un registro de asistencia que presentaba borrones, lo que para el ente fiscalizador le restaba confiabilidad. La mayoría de estas situaciones fueron después enmendadas por la Municipalidad de Peñalolén.

Desde el municipio señalan que han efectuado cambios a partir de las observaciones de Contraloría para “mejorar los servicios que se entregan a los vecinos de Peñalolén y transparentar el quehacer municipal”. Afirman que existe una reglamentación que regula la realización de trabajos extraordinarios después de la jornada ordinaria y en horario nocturno de lunes a viernes y en jornadas de sábados, domingos y festivos, pero que en todos los casos “los trabajos autorizados permiten la ejecución de actividades específicas que van en directo beneficio de la comunidad”. En el mes de noviembre, el municipio destinó un 4,45% del presupuesto para “gasto en personal” al pago de horas extraordinarias.

Otro informe de la Contraloría, esta vez sobre la Municipalidad de Quilicura, advirtió de varios patrones que se repiten (ver informe). Los principales resultados apuntaron a 42 funcionarios que “no registraban su ingreso, salida, o ambas instancias en el libro de asistencia”, constatando en una validación posterior que además de haberse anotado irregularmente las jornadas laborales, se les marcaban horas extra. En la actualidad, al menos ocho funcionarios del municipio dirigido por el alcalde Juan Carrasco registran más de 40 horas extras diurnas mes a mes, vulnerando la normativa.