Al principio, la reunión no tenía nada que ver con contratos irregulares ni “funcionarios fantasma”. El objetivo original era establecer directrices y “coordinar el tema de comunicaciones y relaciones públicas” del municipio. Así lo planteó el mismo alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), al comenzar la cita en su oficina ese martes 7 de abril de 2015. Pero a esa altura era inevitable que el tema apareciera sobre la mesa. Mal que mal, tenía al frente suyo a los trabajadores que hacía sólo un par de semanas habían recibido una orden directa para mentirle a un fiscalizador de la Contraloría.

Días antes, el 23 de marzo de 2015, un auditor de Contraloría llegó hasta las oficinas de la Radio Municipal de Colina 107.9 FM para preguntar por Alexis Flores. Pero Isabel Valenzuela, entonces jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), se le adelantó y, a sólo minutos de que ingresara, se acercó a dos de los trabajadores de la radio, Luis Felipe Rauco y Rodrigo Videla. Les preguntó primero cuánto tiempo llevaban trabajando allí. Después les dijo que si les llegaban a preguntar por Flores, ellos debían decir que sí lo conocían, que era un periodista que había trabajado en la radio con ellos como editor y productor de los noticiarios.

Llegó entonces el fiscalizador donde Rauco y Videla. Les preguntó por Alexis Flores, quien figuró en los registros municipales con un contrato a honorarios entre agosto de 2012 y marzo de 2013. Había llegado como beneficiario del programa comunal de empleo poco antes de iniciar la campaña que lo convirtió en concejal por la UDI para La Cisterna, y al mismo tiempo que tenía un contrato vigente como jefe de gabinete del entonces director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, donde llegó a ganar casi $2,4 millones al mes. Pero lo que tenía en Colina era un “contrato fantasma”: aunque se le pagaron casi de $14,5 millones durante los ocho meses que se mantuvo allí, no hay registro de que efectivamente haya efectuado los trabajos. Ante la pregunta del fiscalizador, los funcionarios de la radio optaron por decir la verdad: que a Flores no lo conocían y que “no se ha desempeñado en la radioemisora, ni ha participado en sus contenidos” (ver dictamen de la Contraloría).

Pasaron los días y Rauco y Videla estaban ahora reunidos en la oficina del alcalde Olavarría. También estaban Isabel Valenzuela, otra periodista de la radio y la recién asumida jefa de comunicaciones del municipio, Solange Medina. Todo estaba tan fresco. Era el momento de pedir explicaciones. Y todo quedó grabado en un audio al que tuvo acceso Radio Bío Bío.

Después de unos 46 minutos conversando sobre los contenidos que ofrecía la radio y temas logísticos de su funcionamiento, y de referirse al caso de un tal “Rolo” que fue despedido y que habría tenido a familiares contratados en el municipio –según da a entender el mismo Olavarría, de forma irregular–, llegaron al tema de Flores. Entonces Videla fue directo al grano:

-¿Qué hago si llegan de Contraloría a preguntarme quién es Alexis Flores, si yo no lo conocía? Fue algo chocante para nosotros.

OLAVARRÍA: ¿Y qué les dijiste?

VIDELA: Que no lo conocía…

VALENZUELA: Dos minutos antes yo había hablado con Felipe Rauco y le dije que si preguntan por Alexis Flores, fue productor y estuvo aquí un tiempo, pero no dices nada más. Fue la única información y Felipe no la entregó…

RAUCO: No fue así. Me preguntaste desde qué momento yo trabajaba en la radio.

VALENZUELA: Fue por un tema de coordinación…

RAUCO: Bueno, llegó el caballero de Contraloría y me mostró un cuaderno. Nos mostró nuestros contratos (…), nos metió a la oficina y nos preguntó por eso…

VIDELA: Es como dice Felipe. Si somos un departamento de Comunicaciones, hablemos las cosas con el respeto que nos tenemos. Somos profesionales y gente grande.

OLAVARRÍA: Me parece. Es un tema puntual que hasta un concejal me preguntó el otro día. A veces en las municipalidades se contrata gente –no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que pasa a nivel político–, y a veces hay prácticas que se hacían, que eran usuales, y que no corresponden. Pero de que se hacían, se hacían. Y en esta municipalidad soy súper exigente en eso. Hay muy muy poca, casi nada de gente, lo mismo en la corporación. Hay otras corporaciones que están llenas de amigos y familiares que sólo van a dejar la boleta. Aquí no se van a encontrar con nadie que sea así. En este caso, el tipo vino un par de veces. ¿Cuánto tiempo estuvo acá este perico?

VALENZUELA: Desde agosto a marzo.

OLAVARRÍA: Y les voy a decir más: yo no sabía. Yo debería estar más enojado, pero hay que apechugar nomás. (…) Somos harto quemados, porque en nuestras municipalidades está lleno de estos pericos. Porque son frescos y hacen estas cosas y pagan favores, y yo soy lo menos de eso. Pero a veces me ha tocado, porque el concejal tanto llega y me dice que tiene un pariente, y bueno, si trabaja, bien. Y aquí, para que sepan ustedes, hay como dos o tres: el señor (Gonzalo) Torres y el señor (Pablo) Atenas, cuando ponen la cara bonita y los votos, no es por cero.

Revise el audio:

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Quizás sin quererlo, el alcalde Olavarría reconocía haber cerrado contratos irregulares bajo presión de concejales de Colina, a cambio de favores y votos en el concejo. Pagados, por supuesto, con fondos municipales. Pero también omitía información: había muchos más casos.

El sumario que realizó la Contraloría a partir del vínculo con Flores –que aún es concejal en La Cisterna–, dio con otros tres contratos por servicios que no se habrían realizado con funcionarios activos de Cerro Navia y San Ramón (ver sumario). Ahí se develaba la ruta que vincula a la administración de Olavarría con el Caso Basura, una causa que además de licitaciones arregladas y el supuesto pago de coimas, involucra a más de una veintena de personas con contratos cruzados en al menos seis municipios diferentes. Después vendrían otras auditorías y nuevos contratos cuestionados. Entre ellos, el de Alejandro Urra, un abogado que boleteó a SQM por servicios no prestados y que se convirtió en el nexo entre el entorno del alcalde Olavarría y la investigación judicial por financiamiento ilegal de campañas políticas.

Además, sólo un mes antes de aquella reunión en la alcaldía, la secretaria de Planificación del municipio, Jessica Severino, fue desvinculada porque, entre otras cosas, –según declaró después a la fiscalía– el alcalde le exigía visar el pago de otras tres boletas por trabajos de los cuales no había constancia de haber sido realizados. Algo irregular, pero una práctica común y extendida, y no solamente en Colina.

La multiplicación de los contratos

Los municipios se han convertido en un terreno fértil para contrataciones irregulares. En algunos casos, se han configurado extensas redes entrelazadas por contactos políticos, familiares o simple clientelismo que cruzan diversas administraciones comunales. Los mismos nombres van pasando de una municipalidad a otra mediante contratos con pagos millonarios por trabajos de cuya realización no queda ningún registro. Incluso, como pasó en San Ramón, han servido para que personas vinculadas al narcotráfico reciban pagos con platas públicas por no hacer nada (ver reportaje de Informe Especial). En parte se debe a la enorme cantidad de personal que manejan, pero sobre todo, por los escasos niveles de control.

Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en 2016, y sólo considerando el área de gestión municipal de las 52 comunas de la Región Metropolitana, había más de 37.000 funcionarios municipales, incluyendo el personal de planta, a contrata y a honorarios. Estos últimos constituían el 56,6% del total y en algunos municipios, como Puente Alto y Maipú, superaban las 2.000 o incluso las 3.000 personas. Y cada vez son más. Entre 2012 y 2016, en varias comunas la dotación a honorarios creció de forma explosiva e inorgánica, duplicándose o incluso triplicándose, como en Lo Prado y Padre Hurtado. Aunque la gran mayoría de esos empleados cumple con sus labores según lo estipulan sus contratos, es entremedio de toda esa gente que se cuelan diversas irregularidades.

“Cuando estás contratado a honorarios, la fiscalización queda sujeta a la buena fe de lo que te entreguen en los informes. Piensa que en Dideco puedes tener a más de 1.000 personas; lo mismo pasa en otras unidades. Si eres muy acucioso, quizás puedas revisar unos 500, pero difícilmente todos al detalle de cada cosa que hicieron. Desde esa perspectiva, puede pasar que haya personas que no estaban asistiendo o que no prestaban el servicio”, señala el abogado Carlos Fairlie, jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Maipú.

A partir de documentos de la investigación de la fiscalía por el Caso Basura a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, dimos inicio a un trabajo que cruzó esos datos con informes de la Contraloría e información publicada en los sitios de Transparencia Activa de distintas municipalidades. Fue así que dimos con trabajos que no calzan con la labor contratada, o que simplemente, no se realizaron, pero que sí se pagaron. Personas que figuran meses o incluso años emitiendo boletas a un municipio donde casi nadie ha oído su nombre y menos los han visto. Sin emitir informes ni dejar registro alguno de las supuestas prestaciones. Y son una práctica extendida en gran parte del sistema de municipios y con actores de todo el espectro político.

Sentado en la oficina que ocupa desde diciembre de 2016, cuando asumió como nuevo alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (IC) cuenta que en junio de 2010, en medio de su segundo período como concejal de esa comuna, lo despidieron del Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde se desempeñaba como kinesiólogo desde hacía tres años. Dice que fue porque presentó unas denuncias en la Contraloría contra autoridades del municipio. Y fue en ese momento que su antecesor en la alcaldía, Luis Plaza (RN), el mismo que lo había despedido, se le acercó y le dijo que no se preocupara, que ya le tenía listo un puesto en un consultorio de otra comuna. Tamayo lo rechazó.

También cuenta que a los días de haber asumido su nuevo cargo, una mujer se le acercó para pedirle que no despida a su hija, contratada por la administración anterior para cuidar una plaza, pero que en realidad no era su hija quien hacía el trabajo, sino que lo hacía ella, a pesar de que el municipio ya pagaba a una empresa externa para hacerse cargo de esa labor. Todo eso, a pesar de que su contrato decía que el trabajo sería para realizar un “estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”. Nada decía sobre cuidar un área verde. Y le pagaban $170 mil mensuales por eso. El caso fue denunciado a la justicia (ver querella).

“Así lo hacía Plaza, para que le debieran favores, como los padrinos de la mafia. De esa forma, te endeudaba con él (…) Y cuesta pillar esos casos porque nadie te lo viene a confesar. Pero cada persona contratada a honorarios tenía un jefe que certificaba la realización de esos trabajos. A varias de esas personas las tenemos querelladas. Pero no me interesa que se vayan presos, sino que a esto se le ponga un freno. ¿Cuántos alcaldes están hoy en lo mismo? Hay que dar el mensaje de que esto no les saldrá gratis y que las municipalidades no son cajas pagadoras de favores políticos”, dice Tamayo.

Patrones que se repiten

Ya en mayo de 2010, la Contraloría daba cuenta de ilegalidades en esa área. Un duro informe sobre una auditoría que realizó en la Municipalidad de Lo Espejo respecto a contrataciones realizadas entre 2008 y 2009, constataba el pago de más de $37,6 millones a trabajadores a honorarios que habían plagiado los informes que entregaban para justificar sus pagos. Entre ellos, uno hecho por el mismo administrador municipal David Godoy –mano derecha del entonces alcalde Carlos Inostroza (DC)–, quien además de su rol de planta tenía un contrato a honorarios en paralelo. Además, la auditoría detectó que el 15% de los contratos revisados correspondía a prestaciones sin ningún respaldo de haberse realizado.

Godoy argumentó a la Contraloría que parte de esos contratos eran usados como “una forma de compensar diferencias de grado” o, en otras palabras, contratos simulados para mejorar el sueldo de funcionarios de planta y a contrata. Y aunque el alcalde respondió que contaban con la información para respaldar gran parte de los trabajos cuestionados, reconoció que en al menos siete casos no había ninguna prueba de que efectivamente se hubieran realizado, por lo que ordenó un sumario.

Uno de esos casos era el del publicista Marco Antonio Calderón. Como Lo Espejo no tiene información publicada respecto a contratos previos a 2016, no está claro cuándo comenzó ese vínculo, cuál fue la labor contratada ni hasta cuándo se mantuvo vigente. Pero al mismo tiempo era concejal en Quilicura por el PRO. Justo un día después de haber dejado el cargo en el concejo en diciembre de 2012, tras no lograr la reelección, el municipio lo contrató a honorarios. Después sería incorporado al personal a contrata y en momentos tuvo dos tipos de contratos distintos de forma simultánea. Su vínculo contractual con Quilicura sigue vigente.

Desde entonces, han surgido diversos casos en que se repiten las infracciones en diferentes municipalidades del país. Un documento elaborado por la Contraloría identificó los patrones más comunes: contratos que no especifican las labores a realizar y los dejan como una expresión genérica; otros que se extienden por años y para ejecutar tareas propias de otros funcionarios del municipio; horarios que se contraponen con la naturaleza de los trabajos contratados; jornadas laborales definidas sin establecer mecanismos de control para verificar su cumplimiento; contratos con familiares; y la inexistencia de antecedentes que permitan acreditar la realización de los trabajos. Y en muchos casos, contratos incompatibles de forma simultánea.

“¿Cuál es el ente fiscalizador de la gestión municipal? Los concejales, pero ellos también están involucrados en estas irregularidades. ¿Te das cuenta? Quienes están para fiscalizar también están emitiendo boletas, pero a la municipalidad cruzada”, dice Víctor Hugo Alvarado, dueño y representante del estudio jurídico Law & Consulting, que patrocina a un grupo de comerciantes maipucinos querellantes en el Caso Basura.

Un reportaje publicado en The Clinic en octubre de 2016, da cuenta de lo anterior. Según ese artículo, el 60% de los concejales activos entre 2012 y 2016 en la Región Metropolitana registraba contratos en otros municipios durante los últimos 10 años, en labores que van desde auxiliar de aseo hasta administrador municipal, la mayoría con jornadas laborales completas. Había algunos que incluso eran concejales en comunas de regiones y que al mismo tiempo tenían contratos en municipalidades del Gran Santiago.

Parte de esos vínculos se entrelazan en el Caso Basura, donde los contratos irregulares se han convertido en puentes que interconectan a diferentes municipios, algo así como un circuito en que una veintena de funcionarios y concejales se han ido moviendo sucesivamente entre, a lo menos, seis municipalidades distintas: Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Maipú, La Cisterna y Quilicura. En ese contexto, la teoría del Ministerio Público ha sido que parte de las posibles coimas para beneficiar a empresas en millonarias licitaciones, se han pagado mediante dineros municipales que se justifican a través de contratos a honorarios. En su acusación final, la fiscalía recogió a lo menos cuatro contratos de ese tipo. Pero es cosa de escarbar un poco para darse cuenta de que hay muchos más.

Honorarios que se ocultan bajo la basura

De los cuatro alcaldes acusados por delitos en el Caso Basura, Mario Olavarría es el único que sigue en ejercicio y, por lo mismo, el que más tiene que perder. La fiscalía lo acusa por fraude reiterado al Fisco, no por las distintas licitaciones y tratos directos que KDM se adjudicó entre 2014 y 2015 en su comuna por más de $14.000 millones y que le permiten controlar por completo la ruta de la basura en Colina, sino por dos contratos muy similares al de Alexis Flores y que funcionaban de forma simultánea: el de Marcela Morales y el de César Vidal, dos funcionarios de Cerro Navia que figuraban con contratos a honorarios en Colina por trabajos que nunca se habrían realizado (ver artículo en T13.cl). Su supuesta labor: “Apoyo profesional en la Secretaría de Planificación (Secplan)”. Entre los dos suman más de $83 millones en remuneraciones recibidas de forma ilegal.

Hoy la fiscalía pide para Olavarría 12 años de prisión y ya se encuentra suspendido a la espera de lo que suceda en el juicio oral, cuya etapa de preparación y validación de pruebas comenzó el pasado lunes 11 de diciembre. De ser condenado, podría llegar a perder la posición que ostenta desde 2000 y quedar inhabilitado de por vida para postular a cualquier otro cargo público.

Pero esos dos contratos son sólo la punta de la hebra, tras la cual hay una madeja mucho más extensa y enredada.

Como administradora municipal de Cerro Navia, Morales tenía el impedimento legal de tener cualquier otro trabajo, pero aun así estuvo contratada a honorarios en Colina entre octubre de 2010 y junio de 2014. Labores que ni la Contraloría ni el Ministerio Público han podido acreditar. Ella también enfrenta cargos por esos contratos. A pesar de ello, Radio Bío Bío descubrió que su nombre aparece nuevamente en una planilla de trabajadores a honorarios en septiembre de 2014, sólo tres meses después de su salida de Colina, pero esta vez en Quilicura.

No es el único nombre que se cruza entre esas dos comunas. También tenía un contrato desde 2013 en Quilicura el administrador público Edmundo Salazar, quien de forma paralela era empleado a honorarios en Colina y a contrata en el Servicio de Salud Metropolitano Central. Es decir, tenía tres trabajos en simultáneo. En ese último lugar habría trabajado junto a Gonzalo Torres (RN), concejal de Colina, hermano del principal inculpado en las irregularidades del Caso Basura, y jefe de gabinete del ahora ex alcalde Luis Plaza en Cerro Navia. Torres también registró entre 2012 y 2013 contratos simultáneos, aunque no en municipios, sino que en dos servicios de salud distintos.

Al irse Morales de Colina, no dejó la vacante: el mismo día firmó por el mismo cargo y el mismo sueldo Mauricio Llancamán, quien desde 2001 es funcionario de planta en la Municipalidad de Maipú, donde todavía ejerce como jefe de la Dirección de Tránsito. También registró un vínculo a honorarios en Colina el ex concejal de Maipú, Carlos Richter (RN), acusado de cohecho y fraude al fisco (ver artículo en T13.cl). Pero no fue ese contrato irregular el que lo llevó a tribunales, sino otro que firmó en Cerro Navia, al igual que el ex concejal y ex alcalde de Maipú, Christian Vittori (ex DC).

En esa última comuna también se concentra gran parte de los contratos cuestionados que figuran en querellas asociadas al Caso Basura.

Cuando la PDI le preguntó a Luis Molina (PPD), concejal de Cerro Navia durante el período 2012-2016 y asesor del senador Guido Girardi por esos mismos años, por los trabajos que realizó en Maipú y por los que le pagaban cerca de un millón de pesos mensuales, dijo que ahí ejecutaba “labores de coordinación para la realización de eventos, en conjunto con las direcciones del municipio” (ver informe policial). Que eran trabajos esporádicos que se hacían en centros de vecinos, clubes deportivos y otros, donde “yo colocaba mis equipos de audio para la realización de estos eventos. No recuerdo uno en particular, ya que no conozco muy bien la comuna de Maipú”.

Pero nada de eso cuadra con las funciones establecidas en el contrato que él mismo firmó: “Reclutar solicitudes, recibir e informar asuntos que tengan relación con DECEP-OMIL y hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos”.

Entre las personas que han figurado vinculadas a Maipú mediante contratos por supuestos honorarios falsos están la hermana de Marcela Morales, Bárbara Morales; la esposa de Carlos Richter, Marcela Valdés; el ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, y, entre otros, dos concejales de Cerrillos que, según Víctor Hugo Alvarado, del estudio jurídico Law & Consulting, hicieron una especie de trueque: al mismo tiempo que Felipe Martínez, concejal comunista por Cerrillos, tenía un contrato a honorarios en Maipú, su compañero en el PC, Ariel Ramos, miembro del concejo municipal de Maipú, tenía un vínculo contractual con Cerrillos. Lo mismo pasó con los democratacristianos Cecilia Foncea y Abraham Donoso, concejales de Cerrillos y Maipú respectivamente, y con contratos a honorarios cruzados.

Donoso también fue cuestionado, junto a otros funcionarios de Maipú, por distintos contratos sin respaldo en la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (ver reportaje de CIPER). Una causa que además de fraude y contratos simulados, apuntaba al posible desvío de platas desde la fundación hacia campañas políticas, en una trama que involucraba al actual ministro de Obras Públicas y ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), y a varias personas de su círculo cercano. El proceso terminó en septiembre de este año en medio de una serie de acuerdos reparatorios que, en el caso de Donoso, le significó devolver $1,5 millones.

A todos ellos se suman familiares y cercanos que han sido contratados y varios funcionarios que aparecen mencionados en diversas auditorías de la Contraloría. Varios ya enfrentan acusaciones ante la justicia por posible fraude al fisco. En algunos casos, sus defensas han podido corroborar la existencia de los trabajos y en otros, como el de Marcela Valdés, la misma fiscalía ha desistido de perseguirlos penalmente. Pero mucho siguen abiertos, y lo que les pueda pasar en caso de comprobarse las irregularidades, dependerá de lo que indague la fiscalía y determinen los tribunales, aunque lo que sucedió el pasado jueves 6 de diciembre permite hacerse una idea.

Ese día, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó al ahora ex concejal de Providencia, Rodrigo García Márquez, y a su esposa María Esther Díaz, por haber obtenido entre 2006 y 2013 unos $42 millones de forma fraudulenta. ¿Cómo? Gestionaban la contratación de familiares y cercanos en el municipio, quienes luego cobraban y transferían el dinero a Díaz (ver comunicado del Ministerio Público). Algo muy parecido a lo que algunos querellantes acusan que pasó en Maipú durante la gestión del ex alcalde Vittori. Y según una acusación que hace sólo un mes ingresó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago, a pesar haber cambiado la administración, es algo que podría seguir ocurriendo lo mismo en esa misma comuna.

Las acusaciones vuelven a Maipú

Cathy Barriga (UDI) asumió a fines de 2016 la alcaldía de Maipú, y en menos de un mes ya tenía sus primeros enemigos: la dotación de funcionarios a honorarios.

La comuna que lidera es un de las más grandes y complejas de la Región Metropolitana. De acuerdo a la caracterización de la Subdere, es la única que supera los 3.000 funcionarios a honorarios en su planilla de empleados. Y lo primero que ella y su equipo identificaron fue una sobredotación en diferentes áreas.

“La alcaldesa solicitó que se hiciera el levantamiento de todas las personas que estaban trabajando y en muchos de esos casos pudimos darnos cuenta de que, como eran contratos a honorarios, los informes no se condecían con la labor que prestaban o simplemente no había ningún tipo de informe. Eso nos dejaba en cierto grado de sospecha de que esas personas no trabajaban, no cumplían la función o derechamente nunca vinieron al municipio”, explica Carlos Fairlie, jefe jurídico de la municipalidad.

Tras esa revisión, la administración de Barriga decidió no renovar el contrato a unas 456 personas (ver nómina). La mayoría contratados bajo la dependencia de la Dideco, pero había también gente que dependía de las áreas de administración municipal, de seguridad, de salud y medioambiente e incluso de la alcaldía. Pero fueron más allá: abrieron sumarios que aún están en curso y denunciaron ante la fiscalía a 37 personas sobre las cuales no había información respecto a su destinación y función específica o “cuyas funciones no resultan conocidas para el personal y dirección en donde estaban asignados”. También incluyeron a funcionarios que habrían registrado y cobrado horas extra por sobre el máximo permitido e incluso a uno que lo hacía mientras estaba en el extranjero.

Por todo lo anterior, llama la atención que el pasado 8 de noviembre, a pocos días de la primera vuelta presidencial, el presidente del Partido Progresista (PRO) y candidato a diputado por el distrito 8, Camilo Lagos, presentara una querella contra Barriga y su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, por supuestas contrataciones irregulares bajo su administración (ver querella). Los acusaban de haber llevado al municipio a cuatro personas que durante los últimos años han trabajado como personal de apoyo o asesores parlamentarios de Lavín en el Congreso y firmar contratos paralelos “con el único objeto de sustraer caudales públicos, sin realizarse las contraprestaciones correspondientes”. A ellos también los acusaban de malversación y fraude al Fisco. Su querella fue admitida.

“Hemos visto, y lo estamos documentando, (a ciertos funcionarios) haciendo una activa campaña política por el diputado Joaquín Lavín, incluso en horario laboral. Por lo tanto, hemos entregado estos antecedentes a la justicia para que investigue este posible delito y la posibilidad de que surjan otros nuevos antecedentes”, declaró Lagos en un comunicado publicado en el sitio web del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami.

En respuesta, dos de los funcionarios aludidos, Romina Castillo y Gastón Bustamante, se querellaron de vuelta contra Lagos por injurias y calumnias, argumentando que no existían tales contratos paralelos, ya que ambos habrían puesto fin a sus trabajos en la Cámara de Diputados previo a la firma de sus nuevos convenios en Maipú. También señalan que las labores en la municipalidad sí se habrían realizado, aunque en el documento no se refieren a su supuesta participación en actividades de campaña durante su horario de trabajo.

Inicialmente, el tribunal no admitió a trámite esta última querella, pues la otra aún se encuentra abierta, “no habiéndose en consecuencia, establecido fehacientemente la falsedad de las imputaciones formuladas por los querellados”. Pero Castillo y Bustamante apelaron y la Corte de Apelaciones les dio la razón. Ahora, ambas causas corren de forma paralela y se encuentran abiertas, a la espera de confirmase si son o no parte de la extensa red de falsos honorarios.