Eran las tres de la tarde en punto cuando un mensaje de whatsapp entró al celular del síndico Herman Chadwick. Quien le escribía, según quedó registrado en su teléfono, era su tío Andrés Chadwick, ex ministro del Interior bajo la administración de Sebastián Piñera y por entonces, presidente de Avanza Chile, la fundación que el ex mandatario creó tras dejar La Moneda en marzo de 2014. En el mensaje, el tío le pedía a su sobrino que revisara un reportaje que ese mismo día viernes 6 de febrero de 2015 había publicado la revista Qué Pasa. Allí se hablaba de un polémico y millonario negocio inmobiliario que había realizado en Machalí la sociedad que tenía Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, con financiamiento del Banco de Chile. También se refería a las gestiones directas que realizó con el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, para obtener un crédito de $6.500 millones, y de la reunión en la que también participó su esposo Sebastián Dávalos. Era el destape de lo que pronto se conocería como el caso Caval.

-Hola. Disculpa la molestia. Quería pedirte que leyeras el Qué Pasa y si me puedes comentar algo. Saludos -le escribió su tío.

Una hora y 20 minutos tardó en responder el síndico: “Ah, qué sé yo. Será su amistad con Luksic”.

-¿Pero te parece raro el crédito?

-Qué quieres que te diga. Pero primero se los ofreció el (banco) Santander. En una operación así, este crédito se lo dan a una inmobiliaria grande. Si no, te piden de garantía hasta tu otra vida.

-Pero Caval no da la impresión de tener espaldas para un crédito de esta magnitud… aprobado en diciembre de 2013, un día después de la segunda vuelta y luego de ser rechazado…

-El crédito lo habían pedido varios meses antes. La propiedad se tasó y pasó por todos los comités; el banco no se saltó ningún paso ni formalidad. Estudiaron los títulos varios meses, operaron como cualquier operación crediticia.

-Consígueme el mismo crédito -fue la frase con la que el tío dio término a la conversación esa jornada.

El sobrino no respondió.

El desplome del síndico

Cuando se dio ese intercambio de mensajes, Herman Chadwick, con casi 47 años, era un exitoso síndico de quiebras. Había estado a cargo de grandes procesos de liquidación, como el de la fallida pesquera de capitales españoles Pesca Chile, la distribuidora Rabié, el Instituto Chileno Norteamericano y la Clínica Alemana de Puerto Varas, entre otros. Por esos días, tenía a su cargo la misión de administrar la liquidación y saldar las deudas de la sociedad Wiesner S.A., cuyos principales activos eran las tres parcelas en Machalí que vendió a Caval. Lo hacía en el marco de un convenio judicial preventivo con los dueños de Wiesner, que precisamente buscaba evitar su quiebra. De ahí el interés de su tío en conocer su opinión, porque él conocía el proceso desde adentro. Desde entonces, todo se le vino cuesta abajo.

Al poco tiempo de la publicación, el rol protagónico de Herman Chadwick en el negocio de Caval fue duramente cuestionado por la Superintendencia de Insolvencia, desde donde presentaron una denuncia en su contra por el presunto delito de concertación de ventajas indebidas, contemplado en la Ley de Quiebras. Se lo acusaba de irregularidades asociadas a su vínculo con Juan Díaz -quien actuó como gestor inmobiliario-, de percibir honorarios excesivos y de contrataciones no autorizadas. Fue ahí que el síndico se convirtió en uno de los objetivos centrales en la investigación del Ministerio Público.

Su computador y teléfono fueron incautados y periciados. De hecho, los mensajes con su tío figuran detallados en un informe pericial reservado que realizó el Departamento OS-9 de Carabineros en 2015 (ver informe), antes incluso de prestar declaración ante los fiscales a cargo de la indagatoria, situación que hasta ahora ya ha enfrentado en tres oportunidades.

La primera vez que estuvo frente al fiscal Luis Toledo, Chadwick optó por no decir nada. La segunda, en noviembre de 2015, sí habló y se refirió a su trayectoria, su relación con Juan Díaz, los negocios en que participaron juntos, las gestiones que se realizaron para el cambio de uso de suelos en Machalí, los pagos que obtuvo y emitió en función del cargo que asumió en la liquidación de Wiesner S.A. y, entre otras cosas, de cómo llegó a sus manos una factura de GES Consultores, la empresa de Isaac Givovich, yerno del ahora alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Después de eso, en enero de 2016, fue formalizado, quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por estafa y apropiación indebida.

La última vez que Chadwick declaró fue el 19 de julio pasado, y lo hizo ante el fiscal Sergio Moya, quien por esa fecha aún estaba a cargo de la investigación. Fue justo dos días antes de que el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazara una salida abreviada para él y separara su causa en una arista independiente (ver artículo). En esa ocasión ratificó gran parte de sus dichos anteriores y desechó cada una de las acusaciones de la fiscalía. Y aunque poco después fue sobreseído parcialmente del delito de ventajas indebidas, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esa medida a mediados de septiembre. Por eso será reformalizado esta mañana (viernes 6 de octubre de 2017) junto a Natalia Compagnon, su socio Mauricio Valero y, por primera vez en esta causa, el yerno de Lavín, Isaac Givovich.

Los últimos descargos de Chadwick

En esa tercera declaración, a cuya copia accedió Radio Bío Bío, el síndico se defendió estableciendo en 15 puntos los argumentos que, a su juicio, desestiman todas las acusaciones que la fiscalía presentó en su contra cuando lo formalizó un año y medio antes (ver declaración completa).

Chadwick dijo que el convenio original que acordó con Wiesner S.A. establecía que su misión era velar por la continuidad total o parcial del giro de la empresa, pero que cuando la junta de acreedores lo aprobó, eso no se votó. Por eso, aseguró, que en la práctica esa continuidad de giro sólo fue parcial y se refirió a la liquidación de ciertos bienes, que las actividades agrícolas de la firma se detuvieron y que prueba de ello fue que sus campos fueron arrendados a un tercero.

Sobre cómo llegó Juan Díaz a trabajar con él, repitió lo que ya había dicho: que llegó un día a mediados de 2012 a su oficina junto a la sobrina del dueño de Wiesner, la arquitecta Cynthia Ross, quien ya llevaba un tiempo asesorando a su tío para la modificación del uso de suelo de sus terrenos y que luego se convertiría en funcionaria a honorarios de la municipalidad de Machalí, encargada de agilizar los cambios en el plan regulador. Fue entonces que contrató a Díaz por 6.000 UF, precisamente para realizar las gestiones necesarias para que esos cambios se concretaran y permitieran un incremento en el valor de la tierra. Se le pagaría a todo evento, independiente del resultado.

Chadwick rechaza que la contratación de Díaz se haya hecho a espaldas de la familia Wiesner y la junta de acreedores, y señala que hay correos que darían cuenta de que estaban en conocimiento tanto de su contratación como de los avances en las gestiones para el cambio de uso de suelo. Es más, dice que respecto a la comisión que se pactó con Díaz por la venta de los terrenos, la negociación se hizo por instrucción de Alex Wiesner -uno de los socios de la empresa en liquidación- y que él mismo se habría reunido con Díaz para pactar el monto de esos honorarios. Y sobre que Díaz no tenía profesión, oficina, instalaciones ni trabajadores y que declaraba ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), dice que desconocía esa información y señaló: “Lo que sí me consta es que trajo un comprador con un crédito aprobado del Banco de Chile por el 100% del valor de los terrenos a un precio que no solamente permitía a los acreedores recuperar el 100% de sus créditos, sino que además le daba un vuelto a la familia Wiesner, venta que sí fue aprobada por la comisión de acreedores”.

Dice además que no sabía que la factura que Díaz presentó de GES Consultores para cobrar sus propios servicios correspondía a un documento de la empresa de Givovich, y que cuando se enteró pidió la anulación de esa factura y que Díaz le emitiera una boleta personal, cosa que ocurrió.

También se refirió a los contratos que firmó con Juan Díaz para justificar sus honorarios, documentos que se elaboraron dos años después de haberse pactado el trabajo y cuando ya se habían emitido varios pagos, y que le significaron la imputación de haber suscrito contratos de forma fraudulenta. Según él, se hicieron a requerimiento de la Superintendencia de Insolvencia, que mediante oficios le habría solicitado regularizar los egresos en la cuenta final. “Jamás hubo la intención de defraudar”, dice, y señala que la prueba está en que todos los giros se hicieron con cheques a cargo de la cuenta del convenio, cuyos respaldos estaban disponibles para todos los interesados.

Rechazó también su supuesta ventaja indebida al cobrar un supuesto honorario adicional de casi $96 millones a través de la sociedad Vicuña y Cía. Ltda., ya que él no tenía relación con esa firma, que él no lo cobró y por eso no corresponde que lo acusen de haber ocultado esos supuestos ingresos mediante una factura ideológicamente falsa. Sobre los delitos tributarios que se le imputan, dijo que en su rol no estaba considerada la administración contable ni la representación legal de la empresa, y que si se omitieron los pagos a Juan Díaz en las declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en los años tributarios 2013 y 2014, fue responsabilidad no suya, sino del contador de la familia Wiesner, a quien le habrían entregado toda la información para realizarlas.