El 12 de abril recién pasado, Alejandro Guillier repitió el ritual de cada semana: subió al tercer piso de la Cámara Alta y caminó a la oficina de la comisión de Minería y Energía, instancia en la que participa desde que ganó un escaño como senador por la región de Antofagasta. Una vez ahí, el candidato presidencial de los partidos oficialistas -excepto la DC- votó para elegir al nuevo timonel del grupo parlamentario y discutió junto a sus pares el proyecto de gobierno corporativo para la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Detalles de ésta y otras jornadas relatan los resúmenes de cada sesión que las distintas comisiones publican en los sitios web del Senado y la Cámara de Diputados. Se trata de un archivo gratuito, a libre disposición de los ciudadanos, que proporciona información como asistencia, invitados y proyectos debatidos en cada cita. Pese a tener este material a mano, entre marzo y junio de este año Guillier decidió pagar como asesoría externa cuatro minutas cuyo texto completo es copia de las síntesis elaboradas por los funcionarios de las comisiones. De esta manera, el Senado terminó pagando un trabajo cuya autoría original pertenece al propio Congreso.

Las asesorías a diputados y senadores son financiadas con asignaciones parlamentarias; es decir, con recursos públicos que la Ley de Presupuestos otorga a la Cámara y al Senado -adicionales a la dieta- para solventar los gastos en los que incurren los congresistas en el ejercicio de su labor. Por ello, se enmarcan en una normativa y están sujetos a rendición. Desde septiembre de 2015, los legisladores tienen la obligación de informar a sus respectivas cámaras mensualmente y a través de un formulario el detalle de las asesorías que requirieron, adjuntando una copia de cada trabajo escrito confeccionado por la persona natural o jurídica contratada. Estas exigencias fueron instauradas como un mecanismo de control del uso de las asignaciones, ya que de otra manera el Congreso no tendría cómo saber en qué se gastan.

Radio Bío Bío tuvo acceso a todos los formularios de asesoría externa presentados por el senador Guillier entre marzo de 2016 y junio de este año a la oficina de Finanzas del Senado y a la totalidad de las minutas e informes en ellos declarados. La mayor parte de esos trabajos fueron efectivamente elaborados por sus asesores, personas naturales que incluyeron análisis, gráficos y diagnósticos, entre otros, de materias legales. Pero hay cuatro informes elaborados por Beltrán Asociados Spa, la única persona jurídica que Guillier contrató para estos efectos, que son copia íntegra de los resúmenes que las comisiones publican en internet. Se trata de la totalidad de las asesorías escritas que el senador declaró como trabajos de Beltrán Asociados Spa (Revise acá los formularios de Beltrán).

Los informes de la sociedad, que pertenece al abogado Omar Beltrán Valle, llevan como título, en sus respectivas portadas, “Informe comisiones asesoría parlamentaria”, “Minuta trabajo comisiones asesoría parlamentaria”, “Minuta trabajo comisiones asesoría parlamentaria acumuladas a mayo 2017” y “Minuta trabajo comisiones asesoría parlamentaria acumuladas a junio 2017”.

Tras una detallada revisión, la unidad de investigación de Radio Bío Bío detectó que los documentos reproducen de manera literal -desde la primera hasta la última página- el contenido publicado en la web de las comisiones de Minería, Medio Ambiente y Educación, tanto de la Cámara como del Senado. Esto, pese a que la normativa fijada por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias -creado en 2010 con la finalidad de definir el contenido, uso y destino de estos fondos- precisa que la asignación asesorías externas tiene como objetivo “financiar la contratación de asesorías externas especializadas en las diversas áreas de la función parlamentaria”.

Radio Bío Bío reconstruyó parte de las minutas con la información del Congreso disponible en internet, constatando la copia incluso de los errores en la redacción de las comisiones (revisa acá las de marzo y abril). Por ejemplo, el documento de mayo registra en su página siete que “se recibió en auiencia [sic]”. En la página 21 de la minuta de junio, en tanto, ocurrió un error de copia similar: “acompañado de la directiva y los asesores de la Fedearación [sic]”. Parte de esta última, además, repite fragmentos del documento reportado en mayo. Los textos también fueron sometidos al análisis de especialistas que advirtieron presencia de plagio y la posibilidad de un eventual fraude.

Beltrán Asociados Spa, en todo caso, es una sociedad relativamente joven y al parecer con buena suerte. Tanto así que comenzó a prestar servicios al senador y actual candidato presidencial el 1 de marzo de 2016, apenas siete días después de haber iniciado actividades como empresa en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Desde ese entonces se ha adjudicado $1.111.111 mensuales -acumulando con ello casi $19 millones a julio de este año- pese a que su contrato precisa que “sus servicios no serán habituales, sino que tendrán por objeto responder, con carácter discontinuo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formule el senador” (revisa acá el contrato de Beltrán). Los formularios oficiales indican que desde marzo del año pasado hasta febrero de este año solo brindó al senador asesorías “presenciales” y telefónicas, siendo las cuatro minutas en cuestión el único cuerpo escrito informado. De hecho, el pago de marzo se justificó solo con uno de estos informes.

Omar Beltrán Valle, el abogado detrás de la sociedad, además de haberla constituido opera como su administrador y representante legal. Su historial profesional público registra más de una treintena de recursos interpuestos contra alzas de planes de isapres y varios juicios laborales.

Guillier no quiso responder personalmente las consultas de Radio Bío Bío sobre la cuestionada asesoría. Pero, de forma genérica, su gabinete envió un correo electrónico, visado por el senador, en el que se reconoce la existencia de las cuatro minutas de Beltrán.

“El senador Guillier está al tanto y satisfecho de la labor de su equipo legislativo, lo que incluye el aporte de esta asesoría”, dice la respuesta enviada por el gabinete del candidato presidencial (revisa acá la respuesta completa).

De acuerdo al gabinete de Guillier, la asesoría de Beltrán es de carácter “integral” y “las minutas entregadas por la Corporación a Radio Bío Bío responden únicamente a un documento de trabajo interno que consigna la labor de acopio de la información, sus cambios y avances de la discusión legislativa, en un sentido cronológico”. Agregaron que “de manera complementaria, Beltrán advierte de esos avances al equipo del senador por otros medios electrónicos y principalmente por teléfono, lo cual no se consigna, pues es de carácter de trabajo interno y reservado”. Esto quiere decir que no hay constancia ni registro de la totalidad de sus funciones.

Sin embargo, el concepto “reservado” no está en la normativa que regula el uso de las asignaciones. De hecho, la creación del formulario de reporte por parte de las autoridades legislativas buscó justamente evitar zonas grises, estipulando que éste debe contener “los datos necesarios que justifiquen con claridad la prestación de servicios”. Las normas generales de rendición de cuentas del Consejo también señalan que los gastos correspondientes a las asignaciones “deberán ser acreditados” y que en el caso de las asesorías externas, como la de Beltrán, el senador debe entregar como documentación de respaldo al Senado el contrato de prestación de servicios, el reporte en formulario y las correspondientes facturas o boletas de servicios, “con detalle de las asesorías prestadas”. Todo esto con el fin de lograr mayor transparencia y mejorar la fiscalización.

El vínculo entre la sociedad asesora y Harold Correa

Los límites entre Omar Beltrán y Beltrán Asociados Spa. son difusos. Ejemplo de ello es que en el contrato vigente con el Senado, comparten domicilio en calle El Sauce 1282, Huechuraba, inmueble de uso habitacional a nombre de su esposa, Yesika Velasquez. Sin embargo, las coordenadas dadas por el asesor de Guillier en la Notaría Francisco Javier Leiva remiten a José Miguel de la Barra 536, oficina 601, comuna de Santiago. Se trata de un departamento con uso habitacional ubicado en pleno barrio Bellas Artes, propiedad de Harold Correa Angulo y Alex Matute. Radio Bío Bío visitó el lugar preguntando por Beltrán o alguno de sus trabajadores, pero un funcionario del edificio aseguró que la oficina no cuenta con empleados -al menos no en el lugar- y que Beltrán concurre esporádicamente a retirar correspondencia.

Según consignó El Mercurio a comienzos de agosto, Correa -miembro de la generación juvenil del PPD conocida como G-90 y parte del círculo de confianza del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo- se unió al equipo de campaña de Guillier. Correa es socio de Harolds & Johns Business and Law, empresa vinculada al financiamiento político irregular en la precampaña presidencial de 2013, en el marco del caso SQM. Según un reportaje de Ciper, en su departamento de Bellas Artes también operó Comercial A y R, ligada a Cristian Riquelme, ex administrador de La Moneda.

En las rendiciones al Senado, Guillier informó haber recibido las asesorías presenciales en el estudio jurídico de Beltrán Asociados. Aunque de eso tampoco hay certeza. “Ese dato corresponde a una formalidad administrativa que establece lugares para dichas asesorías (las que no necesariamente son ahí) y en el período supuesto, corresponde al domicilio profesional de Beltrán. En cualquier caso, el trabajo cotidiano de Beltrán y el equipo legislativo del senador Guillier, ha sido principalmente en la sede del Congreso de Santiago”, aseguraron desde el gabinete del parlamentario.

Especialistas advierten posible plagio

Las minutas de Beltrán fueron sometidas por este medio al análisis de especialistas en propiedad intelectual, sin revelar la identidad del asesor ni del senador, con el fin de reducir el riesgo de sesgo político en la respuesta. Sí se explicitó que se trataba de una asesoría parlamentaria. Aunque solo dos abogados accedieron a exponer sus nombres en este artículo, todos concordaron en que el presentar como propio el trabajo de otro -exigiendo por ello además un estipendio- contraviene la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual que protege a los autores de una obra incluyendo “las compilaciones de datos o de otros materiales”. La norma sanciona a quien “falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto”.

A juicio de Santiago Ortúzar, presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi), este caso podría constituir plagio. “Las bases de datos y la recopilación de obras también tienen derechos, por el trabajo que hay detrás. En el trabajo puntual de recopilar o transcribir la información de las sesiones que realizan las comisiones del Parlamento, hay también derecho de autor. Es una obra protegida absolutamente (…) Se entiende por obra todo trabajo donde se requiere un trabajo intelectual creativo, lo que incluye tomar apuntes de una sesión y transcribirlos para hacer acta o resumen”, explica.

“Si la reproducción es textual, si no hay aporte, es plagio. Además, acá se da el absurdo de que el Congreso está pagando por material que proviene del mismo Congreso”, comenta otro abogado ligado a asesorías parlamentarias que optó por mantener su identidad bajo reserva. “Si un alumno mío hace eso, le pongo un 1. Copiar y pegar no tiene ningún valor agregado”, comenta Julio Pallavicini, académico de la Universidad de Chile.

Un cuarto experto consultado se detiene en la responsabilidad que le compete al parlamentario y al Congreso al haber autorizado el pago de minutas como las de Beltrán: “Si el informe está copiado textual de una comisión, el legislador que participa en ellas se debería dar cuenta. Debería ser capaz de discriminar por formato, por estilo, porque es información a la que cualquiera puede tener acceso”. Al respecto, un integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias aclara que “si entregó como producto una copia de las comisiones, la asesoría no cumple con el espíritu de la norma” y acota que el senador, al ser parte del Congreso, “no tendría por qué pagar por material que es de su propia institución”.

“En este caso se emitió un informe, cumpliendo con las formalidades pero no con el fondo de la norma. El Senado pagó por ello, pero nadie reparó en el contenido. El problema está en la intencionalidad y en la debilidad para ejecutar el pago. Quien paga, no mira. Simplemente recibe y visa (…) Claramente hay una distorsión a la naturaleza del sentido de las asesorías”, describe el consejero.

Desde el gabinete del senador rechazaron la posibilidad de plagio aseverando que el producto de Beltrán “no reúne ninguna característica de éste. No se arroga su creación, es de uso interno (no se viste de ropa ajena), ni oculta la autoría real. Por el contrario, es de la escencia [sic] de labor mantener la fidelidad de la información reconocidamente pública”.

El equipo de Guillier insistió en que las contrataciones responden a “asesorías integrales” y que todo pago asociado “es visado, auditado y realizado por la Corporación”. Pero los filtros existentes podrían ser insuficientes, ya que incluso el organismo el Comité de Auditoría -encargado de fiscalizar el uso de las asignaciones- ha sido objeto de críticas. La más reciente provino del Consejo de Asignaciones, que en julio de este año cuestionó que el informe de auditoría 2016 concluyera que los parlamentarios se ajustaron a las reglas, mientras de sus recomendaciones se desprendía que “han existido irregularidades e incumplimientos a la normativa”. Hace algunos meses el Comité renovó a sus integrantes y actualmente se encuentra examinando las asesorías parlamentarias.

Las investigaciones en curso

A este diagnóstico se podría sumar una falta adicional. “Además del plagio, que es propiedad intelectual, se vislumbra una especie de fraude que se debería investigar”, advierte otro profesional del área. Pallavicini comparte la opinión afirmando que los informes dan, “a lo menos, para investigar fraude al Fisco”. Justamente eso es lo que indaga el fiscal Carlos Gajardo en las asesorías que los diputados contrataron entre 2011 y 2016, revisión que hasta ahora no ha descartado extender al Senado. La búsqueda de Gajardo se enmarca en el artículo 239 del Código Penal sobre “el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado”. Fuentes ligadas a este proceso señalan que el persecutor ya habría detectado inconsistencias en algunos informes de los diputados.

La iniciativa de la fiscalía responde a los indicios de que la opacidad en el uso de estas asignaciones parece no ser algo puntual. Otro ejemplo de ello es el senador Pedro Araya, quien en marzo de este año declinó una solicitud de transparencia realizada por este medio para obtener copia de dos informes por los que pagó un total de $12 millones a Elvira Oyanguren, ex jefa de gabinete de Javiera Blanco en el ministerio de Justicia. El primero de ellos, “sobre situación de la R. de Antofagasta en seguridad ciudadana”, fue contratado por el parlamentario en noviembre de 2016, solo días después del cambio de gabinete que puso fin a la gestión de Blanco como titular de la cartera y a la de Oyanguren como su principal asesora.

El segundo documento, “propuesta de plan estratégico en seguridad ciudadana para la región de Antofagasta”, tuvo lugar en diciembre del mismo año. El senador Araya -quien además es pareja de la ex ministra Blanco- negó el acceso al material aduciendo que “la documentación requerida se refiere a antecedentes previos a la toma de una decisión” y comentó que autorizará su entrega “una vez terminado el estudio y adoptada la decisión al respecto”. El caso se encuentra en la comisión del Ética del Senado y hasta la fecha Radio Bío Bío no ha recibido antecedentes.

En el equipo de Guillier, en tanto, calificaron como “impertinente” cualquier duda de fraude en torno a Beltrán, justificando que “el servicio se presta de manera profesional, constante y útil, y es escencial [sic] para el trabajo legislativo, como le consta a la Corporación en su trabajo de auditoría”.

Asesorías verbales

El total de asesorías externas contratadas por Guillier entre marzo de 2016 y julio de este año le han costado a la Cámara Alta cerca de $47 millones ($46.693.391). Mensualmente, los senadores disponen de $3.239.525 para este ítem. En la nómina de labores para el senador financiadas por esta vía cuentan, además de Beltrán, Alejandra Pozo Cortez, Andrea Carrasco Pérez, Fernando Navarro Bustos y Natalia Alvina Díaz, quien a partir de julio de 2016 es parte de su personal de apoyo.

De todos ellos, y en el período analizado, Beltrán es el único que solo registró asesorías presenciales y telefónicas de “análisis jurídico” y “análisis de contingencia” -sin entregar al Senado otros informes o minutas- por un año. Según los formularios de Guillier, cada mes Beltrán realizó un promedio de tres a seis asesorías telefónicas y la misma cantidad de asesorías presenciales.

Al ser difícilmente comprobables, las asesorías verbales han sido foco de preocupación del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que hace un tiempo resolvió restringirlas: “La normativa de asignaciones parlamentarias no permite la realización de asesorías parlamentarias verbales, por cuanto toda asesoría debe encontrarse respaldada, sea a través de los informes que se encuentren asociados a las mismas, o bien mediante el respectivo reporte en formulario en el que se detalle las actividades de asesoría efectuadas por el asesor, todo lo cual dependerá de lo estipulado en el contrato de trabajo o prestación de servicios”.

Uno de los consejeros recuerda al respecto: “En su minuto nos dimos cuenta de que había muchas asesorías verbales que se firmaban y pagaban. Entonces se estableció que quedara un registro detallado de todos las asesorías por las cuales se paga a través de un formulario y que las asistencias a sesiones de los asesores fueran certificadas por los secretarios de las comisiones”. Sobre las personas jurídicas, agrega, “por su naturaleza, su trabajo debería estar en un informe escrito”.

Actualmente, el senador Guillier es parte de las comisiones de Minería, Revisora de Cuentas del Senado y Ética y Transparencia. Esta última es la “encargada de velar de oficio o a petición de un parlamentario por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública, y de conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria”. Por ello, esta misma instancia podría ser la que, eventualmente, revise la situación de Guillier y las minutas pagadas a Beltrán Asociados Spa.

Nota de la redacción: Las páginas 8 y 9 del informe de junio de Beltrán Asociados Spa, contienen frases que fueron destacadas por Radio Bío Bío en el proceso de revisión de los documentos. Los 4 informes fueron recibidos por este medio en formato papel. Posteriormente, se digitalizaron para acompañarlos en el presente reportaje.