Minera Dominga: El lobby, los vacíos ambientales y los nexos con Piñera sin investigar

Un intenso lobby desplegó Dominga en los últimos tres años. Pero una declaración de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, da cuenta de dos reuniones más que se hicieron en pleno gobierno de Piñera y mientras éste aún tenía intereses económicos en el proyecto. Correos de Iván Garrido y Nicolás Noguera también revelan que el precio de Dominga subió en $4.500 millones, mientras en paralelo se bajaba la central Barrancones. Ninguna de esas relaciones, de acuerdo al expediente del llamado caso Bancard, fueron indagadas a fondo por la fiscalía. La trenza política de la minera hoy se mezcla con la ambiental, luego que nueve de 14 servicios públicos convocados por el Comité de Ministros que dirimirá hoy el futuro del proyecto, pusieran el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad el real impacto de Dominga sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

Fue una movida casi de último minuto, porque hasta el miércoles pasado, lo de Minera Dominga ni siquiera estaba considerado para ser visto por el Comité de Ministros en su sesión de este lunes 21 de agosto. La cita fue programada a comienzos de mes, pero la tabla original contemplaba como tema único a tratar otra cosa que nada tenía que ver: la optimización del proyecto Cerro Casale, una faena en la Región de Atacama del gigante minero canadiense Barrick. Pero del polémico y millonario proyecto minero-portuario que la empresa Andes Iron aún pretende instalar en la comuna de La Higuera, al extremo norte de la IV Región, y que en marzo fue rechazado en una estrecha votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, la convocatoria no decía nada.

La omisión era extraña, pero al parecer premeditada. El plazo de 60 días hábiles para que los ministros resolvieran sobre la viabilidad de Dominga venció el 10 de agosto, por lo que la empresa ya estaba en condiciones de recurrir a los tribunales ambientales aduciendo silencio administrativo. Su presidente ejecutivo, el geólogo Iván Garrido, ya había anunciado en una entrevista que si el comité no revisaba el tema en agosto, seguiría esa vía. Fuentes que han conocido el proceso interno que lidera el ministro del Medioambiente, Marcelo Mena, señalaron a Radio Bío Bío que la omisión no fue casual y que como cualquier decisión que se tomara sobre la materia sería políticamente incómoda, la estrategia inicial del gobierno apuntaba a postergar lo más posible su revisión. Incluso aseguran que una opción real era dilatarla hasta que la resolución final pasara a ser responsabilidad de la siguiente administración.

Sin embargo, en los últimos días eso cambió y el pasado jueves 17, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a los seis ministros miembros del comité un nuevo oficio donde incorporaba a Dominga en el programa de su siguiente reunión. Allí tendrán que analizar los argumentos que les enviaron los 14 organismos públicos que participaron en la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de los cuales al menos nueve insisten en que debe ser rechazado (ver expediente).

La decisión que deberán tomar igual no será fácil y mucho menos inocua. Si el comité compuesto por los ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud decide mantener el rechazo a la calificación ambiental del proyecto, el gobierno tendrá que asumir el costo de paralizar una inversión estimada en US$ 2.500 millones y la promesa de casi 10.000 nuevos puestos de trabajo en una región donde, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se registra la cuarta mayor tasa de desocupación de Chile (7,7%).

En cambio, si lo revierte, daría luz verde a un proyecto ampliamente cuestionado por no aportar todos los antecedentes necesarios para medir correctamente su real nivel de impacto ambiental en una zona de alta sensibilidad ecológica, poniendo en riesgo, dicen los informes, los ecosistemas de dos importantes áreas bajo protección: la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Y lo haría apenas un par de semanas antes de oficiar como anfitrión del 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4, por sus siglas en inglés), un evento que se realizará precisamente en La Serena y Coquimbo entre el 4 y 8 de septiembre.

Pero hay también otros factores en juego que van más allá de lo ambiental, y entremezclan intereses políticos con posibles delitos que investiga la justicia.

Cuando en 2014 se supo de los pagos irregulares por parte del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público de inmediato lo interpretó como un posible soborno para favorecer a Dominga. De hecho, una de las primeras gestiones que hicieron ejecutivos del proyecto ante alguna autoridad, fue con Wagner a mediados de 2010. Como aún no existía la Ley de Lobby, no quedaron actas ni registros de ese primer encuentro –como sí pasó con otras 23 reuniones con distintas autoridades entre mayo de 2015 y junio de este año–, pero sí ocurrió. Fue él mismo quien lo reconoció escuetamente en un interrogatorio ante la Policía de Investigaciones (PDI), no en la indagatoria aún abierta en su contra por el supuesto cohecho, sino que en otra que la fiscalía abrió para perseguir una eventual negociación incompatible del ex Presidente Sebastián Piñera cuando ese mismo año mandó a bajar arbitrariamente y por fuera de toda formalidad la Central Termoeléctrica Barrancones, al tiempo que su familia era la mayor accionista de la sociedad matriz de Dominga. Una relación que para entonces y por los siguientes siete años, se mantuvo completamente oculta.

En esa última investigación, y a pesar de las escasas diligencias ordenadas, el fiscal Manuel Guerra obtuvo datos importantísimos que permiten dimensionar cuánto realmente ganó la familia Piñera Morel con la venta de su participación en Dominga. La mayor parte de esas acciones las poseían a través de Andes Iron Ltd., una empresa creada en un paraíso fiscal especialmente para llevar a cabo esa millonaria operación.

Los nuevos antecedentes no sólo elevan al menos 11 veces el tamaño del negocio que se jugaba por esos días, sino que además podrían dar cuenta de que la decisión de eliminar Barrancones pudo eventualmente haber incidido a favor del precio final de venta de Dominga. Aun así el fiscal optó por omitir esos y otros antecedentes clave, anunciar por la prensa al menos tres veces que no tenía nada que comprometiera penalmente a Piñera y dar por cerrado todo el proceso sin formalizaciones.

Las omisiones de Guerra

Pudo haber sido una casualidad, pero el momento en que se bajó Barrancones por gestiones directas desde La Moneda, no fue cualquiera en la historia de Minera Dominga. Justo por esos días, a fines de agosto de 2010, los gestores del proyecto minero-portuario estaban en plena negociación para vender el 100% de la propiedad a la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Miles de millones de pesos estaban puestos sobre la mesa. Y quienes más tenían por ganar con la oferta eran los miembros de la familia del entonces Presidente, Sebastián Piñera.

Todo aparece ampliamente detallado en una serie de correos electrónicos que figuran en la investigación judicial que llevó a cabo el fiscal Guerra sobre las inversiones del hoy candidato presidencial de Chile Vamos en la pesquera peruana Exalmar y el proyecto Dominga, y que fue sobreseída el pasado jueves 3 de agosto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Los mails no son de Piñera, de sus hijos ni de su esposa, porque ninguna de sus cuentas fue indagada: el fiscal consideró que “habría sido arbitrario” hacerlo, según dijo a La Tercera.

Los únicos mensajes que sí se incluyeron en la carpeta provienen de la cuenta institucional de Nicolás Noguera, gerente general del Grupo Bancard y representante de los intereses de los Piñera Morel en todas sus inversiones que no estaban sujetas a los fideicomisos ciegos, tanto en Chile como en el extranjero. Los entregó de forma voluntaria en abril pasado, casi cinco meses después de haberse abierto la investigación, en un disco duro que ese mismo mes analizó la Policía de Investigaciones (PDI). Allí aparecieron 1.158 archivos respecto a la compra de acciones en Exalmar y 625 sobre la participación del family office del ex mandatario en Dominga.

Es precisamente en esos últimos correos que aparecen datos clave para entender cómo se negoció y cuánto realmente ganó la familia Piñera al salirse del proyecto minero en diciembre de 2010. Las escrituras públicas que dieron cuenta de esa venta se referían a una transacción cercana a los $6.765 millones, una operación millonaria que se mantuvo oculta hasta que una investigación de Radio Bío Bío la reveló casi siete años después. Sin embargo, los mensajes de Noguera desnudan la real dimensión del negocio: las verdaderas cifras involucradas son al menos 11 veces más de lo que se sabía hasta ahora.

Pero hay otro dato que podría ser aún más importante, que se relaciona con los tiempos en que se dio la negociación, y que incluso podría poner en duda la aseveración que hizo el Grupo Bancard en un comunicado el 27 de febrero pasado, luego de que se hiciera pública su antigua inversión en Dominga: “El proyecto no tuvo relación alguna ni se vio afectado directamente por el proyecto de central termoeléctrica Barrancones. Es más, el hecho de que este proyecto no se llevase a cabo, de manera indirecta pudo haber perjudicado al proyecto Dominga, al privarlo de una fuente de energía cercana”.

Lo cierto es que la oferta inicial de la familia Délano para adquirir Dominga, con Barrancones aún en el horizonte y ad portas de ser aprobada por la institucionalidad de la época, era de US$ 130 millones. Pero una vez que el Presidente movió sus fichas para bajar la termoeléctrica, el precio que se negociaba no bajó, sino que al contrario, aumentó en otros US$ 20 millones. Y de todo ese dinero, a la familia Piñera le correspondía una tercera parte.

Los antecedentes, en todo caso, no fueron considerados por el Ministerio Público, que se negó a indagar y llevar a cabo más diligencias porque a juicio del fiscal Guerra “no se ve ninguna relación lógica entre Barrancones y Minera Dominga”. Pero son varios los hechos que entrelazan los intereses de ambos proyectos y que la fiscalía simplemente omitió en su investigación. Los nexos van mucho más allá de la mera coincidencia geográfica y del impacto ambiental sobre la misma área de preservación ecológica, en las inmediaciones de Punta de Choros. De hecho, otra investigación que publicó Radio Bío Bío el pasado 10 abril dio cuenta de que todos quienes participaron en la bajada de Barrancones tenían en ese momento negocios cruzados con Dominga. Y que el factor común en la mayoría de esos vínculos era precisamente el nombre de Sebastián Piñera.

Dicha investigación periodística da cuenta que el terreno donde se instalaría Dominga es en gran parte propiedad de una comunidad agrícola, denominada CALCH, donde forman parte un hermano de Piñera, un par de amigos, un socio y los dueños de una de las empresas que le manejaban sus fideicomisos ciegos. También que el empresario Juan Claro, el emisario que el mismo Presidente mandató personalmente para negociar informalmente la bajada de Barrancones, además de su amigo, es junto a su familia el principal poseedor de derechos en esa comunidad y, por lo tanto, el comunero más influyente. Y que ya en ese entonces tenían millonarios contratos firmados con Minera Andes Iron para preparar su instalación.

De todo eso no aparece ni una sola palabra entre las casi 6.000 páginas que componen la carpeta del fiscal.

Los correos de Noguera: “Para contar los billetitos…”

La cadena de correos electrónicos partió con un mensaje que escribió el geólogo y presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, el 11 de agosto de 2010. Era una convocatoria urgente a los directores de Minería Activa Uno SpA (MA1) para una sesión extraordinaria al día siguiente. Uno de los cuatro destinatarios era Nicolás Noguera, representante en el directorio de los principales accionistas de la sociedad, los Piñera Morel. Decía el asunto del correo: “Oferta Proyecto Santa Dominga”.

En el texto, Garrido se refería a la primera propuesta seria que hacía la familia de Carlos Alberto Délano (a través de Inmobiliaria Duero) para adquirir el 100% de Minera Andes Iron, la sociedad que el grupo de inversionistas reunidos en MA1 había creado unos meses antes para desarrollar el proyecto Dominga. Los Délano ofrecían US$ 130 millones, que por entonces equivalían a unos $66.747 millones, sujeto a un due dilligence de 90 días.

La propuesta era altamente conveniente: el capital que pusieron los 31 accionistas que dieron origen al proyecto se alzaba por esos días a poco más de $6.000 millones, y la oferta de los Délano equivalía a 11 veces esa cifra y más. Como los Piñera poseían un tercio del negocio a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), les correspondía la mayor parte de ese pozo. Pero la oferta sólo estaría vigente por tres semanas. De ahí la urgencia de la cita.

Sólo José Jiménez, gerente de Activa, la filial de LarrainVial que dio origen a todo el proyecto, no pudo ir a la reunión porque estaba fuera de Chile. Los otros directores de MA1, Aníbal Larraín, también vicepresidente de Watt’s, y el abogado Juan Paulo Bambach, confirmaron su asistencia. Noguera también lo hizo con un mensaje escueto y sarcástico frente a la oferta de los Délano: “Ok. Entre broma y broma…”, escribió.

Al día siguiente se reunieron y al mismo tiempo la estructura de propiedad de Minera Andes Iron se modificó: pasó a ser controlada por Andes Iron Ltd., una sociedad creada poco antes en las Islas Vírgenes Británicas especialmente para concretar una eventual venta. No se trataba de nuevos dueños, sino sólo de una movida, posiblemente tributaria, de los mismos actores. Todos los derechos sobre esa sociedad offshore estaban en manos de MA1, y ahí el accionista mayoritario seguía siendo el FIP del family office de los Piñera.

Una semana antes de que venciera el plazo puesto por los Délano, Barrancones fue aprobado y en sólo un par de días, desahuciado. Días después, Garrido volvió a escribir a los directores y les pidió prolongar la vigencia de la oferta una semana más. Aunque no está explícito, de los correos se desprende que a esa altura los compradores ya habían recibido una contraoferta que Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano, respondió positivamente en un correo que envió a los otros directores el 8 de septiembre de 2010. El monto sobre la mesa ya había aumentado a US$ 150 millones, es decir, más de $4.500 millones que cuando aún existía Barrancones. La respuesta de Noguera fue:

“Estimados,

NN”

En los días siguientes todo se fue afinando para un trato que se cerró los primeros días de octubre, y que a pesar de la venta total, permitía que algunos inversionistas pudieran seguir siendo parte del proyecto. Noguera sería uno de los que aprovechó esa opción, a través de su empresa personal Átomo Ltda. La fecha de la venta sería el 10 de diciembre de ese año, y de los US$ 150 millones el 93,3% se debería pagar al contado. Los US$ 10 millones restantes se pagarían a MA1 un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está “emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”. Como eso no ocurrió, el acuerdo se concretó en la fecha estipulada. La familia Piñera se retiró de Dominga y se adjudicó en esa operación más de $21.683 millones.

Ese día, Iván Garrido los invitó a todos a un almuerzo para festejar.

Nueve oficios para un rechazo

Aunque en lo formal poco y nada tuvo que ver en la decisión del Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo el negocio que hizo la familia Piñera con Dominga, Garrido ha asegurado que una vez que se supo de esas inversiones, el proceso se politizó y desde ahí poco importó el proceso de evaluación ambiental.

“El conflicto de interés está cuando él (Piñera) tenía algunos intereses económicos en el mismo territorio. Es evidente que hay un conflicto de interés, pero ¿de qué manera afecta eso al proyecto Dominga? Ahí hay una situación que desliga a Dominga, el problema es otro”, declaró en una entrevista a La Tercera.

Cuando en marzo se rechazó el proyecto, y aunque el SEA había recomendado aprobar y algunos servicios no manifestaban objeciones, la votación fue dividida: seis votos a favor, seis en contra. Quien dirimió fue el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez. “Aunque se manifiesta la voluntad, no necesariamente se advierte un desempeño responsable y equilibrado, justo y armónico y terminamos sufriendo las consecuencias que empañan el gran desafío de lograr un desarrollo sustentable”, dijo tras votar y firmar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa a Dominga.

Casi dos meses después, Andes Iron recurrió al Comité de Ministros argumentando que “ninguna de las causales de rechazo invocadas en la RCA guardan relación con el mérito del procedimiento de evaluación ambiental, siendo aquellas manifiestamente infundadas y arbitrarias”. El comité solicitó a los 14 servicios y organismos públicos que participaron en la evaluación un informe donde justifiquen su voto. Y a lo menos nueve vuelven a poner el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad su real impacto sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

El seremi de Energía, Marcelo Salazar, se había manifestado conforme en la previa a la votación, pero en último minuto votó en contra. Dijo que durante el proceso anterior siempre respondió desde una lógica sectorial, pero que recién al final, con el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en sus manos y las consideraciones de todos los demás organismos del Estado involucrados, se dio cuenta de que quedaban dudas respecto a los efectos que Dominga produciría en su área de influencia y cómo los mitigaría para cumplir la ley.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respondieron con algo muy específico y breve: que los titulares del proyecto no consideraron el impacto de las pantallas eólicas sobre las aves de la zona. En el Servicio Nacional de Pesca enumeraron varias inconsistencias: que los muestreos para determinar la línea base del medio marino eran insuficientes; que no permitían evaluar impactos sobre las aves, mamíferos y recursos bentónicos; que la evaluación sobre la descarga de la planta desalinizadora de agua al mar era deficiente; y que lo mismo pasaba con los efectos de la salmuera que se depositaría en la bahía de Totoralillo Norte. También dicen que el estudio no contiene antecedentes claros que permitan descartar o reconocer impactos sobre áreas productivas pesqueras. Para todas esa observaciones, el servicio había propuesto medidas compensatorias o de mitigación, pero el SEA simplemente las omitió y en el informe final no estaban incluidas. Por eso decidieron rechazar.

Los otros servicios que insistieron en las causales de rechazo fueron las subsecretarías de Evaluación Social, de Medio Ambiente, de Salud y de Agricultura, además de la Conaf y la Intendencia de Coquimbo. La mayoría apelaba a falta de información que permitiera y evaluar correctamente los efectos adversos del proyecto sobre el ambiente, su flora y fauna, la calidad de vida de las comunidades que habitan la zona y la salud de la población. Uno de los más duros fue Ibáñez, quien adjudicó esas fallas a “la cadena de errores que emanan de las etapas iniciales del proceso de evaluación, al estar mal determinada el área de influencia y la línea base” y a la “arbitrariedad de la empresa” al excluir totalmente a las zonas de conservación y protección ecológica de su área de influencia, siendo que hay informes que ratifican su impacto sobre esas áreas.

Los informes, en todo caso, no son vinculantes y los ministros pueden decidir algo distinto de quienes ya votaron. Pero otro factor que podría influir es el fuerte lobby que ha implementado la empresa a cargo de Dominga desde que el proyecto se puso en carpeta, y que sólo en los últimos dos años ya registra 23 reuniones con diferentes autoridades. Tras el rechazo sólo figuran en los registros públicos dos reuniones para hacer lobby: una con el senador Jorge Pizarro (DC) en abril, y otra en junio con el director regional del Sernageomin. Lo extraño es que para su última ofensiva, Andes Iron contrató los servicios de Azerta, de Cristina Bitar, una de las mayores y más importantes empresas de lobby y comunicación estratégica del país. Desde entonces que no aparecen en ningún registro público.

Las reuniones que no aparecen en el registro de lobby

“A mediados del año 2010, los ejecutivos de Minera Activa me solicitaron una reunión para hablar de los diferentes mercados de capitales mineros”, dijo Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería de Piñera, al fiscal Guerra. La reunión se concretó, pero Wagner omitió en su declaración que el FIP Mediterráneo, de la familia Piñera Morel, todavía tenía intereses con Minera Activa, los cuales recién desaparecerían en diciembre de ese año, cuando se produjo la venta a Délano. Guerra, en todo caso, tampoco le preguntó sobre la relación de Piñera con esa sociedad.

“Con posterioridad, durante ese mismo año, los accionistas de la familia Délano, en una reunión muy escueta ya que esta era más bien de corte protocolar, me hablaron del interés de éstos por comprar a Minera Activa una proyecto minero de hierro en la IV Región, desconociendo mayores detalles al respecto. Con el pasar del tiempo y con las noticias que salían a la luz pública, pude asociar la denominación ‘Dominga’ al proyecto que habían mencionado los accionistas de la familia Délano”, agregó Wagner.

La declaración de Wagner es clave para entender los intereses cruzados en este proyecto minero mientras el FIP Mediterráneo aún tenía un tercio de las acciones de Dominga y Piñera se desempeñaba como Presidente. Esas dos reuniones no están bajo ningún registro de lobby y sólo se conocen porque Wagner se vio obligado a revelaras ante la fiscalía.

A fines de 2014 fue cuando el lobby comenzó a ser medido a propósito de la entrada en vigencia de la ley que regula esa actividad. Y fue en mayo de 2015 cuando Dominga comenzó su despliegue de relaciones públicas ante el gobierno y otras autoridades, el cual recién se detuvo el mes pasado y totalizó 23 reuniones privadas.

Todas esas citas han sido encabezadas por Iván Garrido, el ideólogo de Dominga. Pero no ha ido sólo. Junto a él han participado asesores comunicacionales y legales, como Gabriel Witt, Mauricio Campusano, Javier Vergara, Marcela Alday, Alejandro Contreras, Fernando Valenzuela, Patricio Leyton, Marcelo Olivares y Francisco Villalón, el ex asesor del gobierno y militante de la Democracia Cristiana (DC).

Garrido fue recibido tres veces por dos ministros y otras 19 por subsecretarios y jefes de servicio. La mayor parte de esas reuniones fueron catalogadas como presentación del proyecto Dominga, aunque en otras se habló sobre la tramitación ambiental. En ninguna de esas reuniones aparecen funcionarios de Azerta, pese a ser una agencia de lobby contratada por Dominga. Acá puede descargar un consolidado con las reuniones de lobby de Dominga.