Misión chilena en Haití I: Las sanciones e irregularidades que involucran a uniformados

La misión chilena en Haití termina este año, tras movilizar a más de 12 mil uniformados y desembolsar 170 millones de dólares en 13 años. Hasta ahora sólo se han conocido las luces de esa misión, pero Radio Bío Bío revisó múltiples antecedentes, que solicitó vía Transparencia, encontrando una serie de sanciones y desórdenes financieros de la delegación militar chilena en la isla. En el presente reportaje, de una serie de dos entregas, se detallan las sanciones e irregularidades que involucran a los uniformados y que fueron cursadas por Contraloría y las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, excluyendo al Ejército, institución que no quiso transparentar su paso por la isla. Mañana, en la segunda parte de esta historia, podrá revisar la labor que realizaron los civiles chilenos en Haití.

El 17 de junio de 2012, pasadas las 5 de la madrugada, un extraño hecho conmocionó la comuna de Petion-Ville, en Puerto Príncipe, Haití. Dos sujetos, ambos haitianos, descargaron sus armas contra el chileno Guillermo Arévalo Flores, sargento primero de la Armada, a la salida de la discoteca Barak. El militar chileno se desangró en la vía pública y, 45 minutos más tarde, murió en la Clínica Lambert Santé. Arévalo tenía 44 años de edad y sólo le faltaban dos meses para volver a Chile, tras dos misiones en la isla.

Su trágico final, sin embargo, pudo evitarse. Junto a él estaba Jorge Oyarzo Poffald, sargento primero de Carabineros, quien en vez de auxiliarlo, arrancó de la escena. Ambos, además, desatendieron las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al acudir a la discoteca Barak, uno de los sitios definidos como de alto riesgo por el organismo internacional. Oyarzo estaba en Haití como parte de la seguridad de la Embajada de Chile; y Arévalo, como asistente del Agregado de Defensa. Ninguno de los dos formaba parte de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), pero sí de la embajada chilena en ese país, misión diplomática que presta ayuda y se coordina con dicha misión.

La muerte de Arévalo y la huida de Oyarzo desataron un remezón en algunas instituciones chilenas, que a la fecha sólo cosechaban buenas noticias en el marco de su participación en la Minustah. El Estado Mayor Conjunto (EMCO) inició un sumario que determinó que Arévalo murió en “un acto de servicio”; el Ministerio de Relaciones Exteriores cursó un sumario que concluyó con una sanción económica contra el cónsul chileno, Diego Rivera; y Carabineros realizó un sumario que determinó dar de baja al sargento Oyarzo (revisa acá el sumario de Carabineros). En paralelo, el Ministerio Público del país centroamericano llevó el caso a los tribunales de justicia, donde se sentenció con cadena perpetua a los dos autores del homicidio. La motivación de los dos haitianos para matar a Arévalo, sin embargo, nunca se esclareció. Hoy, Elizabeth Vivanco, la esposa del militar chileno, es la única que sigue buscando esa verdad.

El confuso y trágico caso de Arévalo y Oyarzo está lejos de ser el único episodio complejo que vivió la delegación chilena. Radio Bío Bío indagó en una serie de antecedentes de la misión nacional en Haití, que comenzó en 2004 y finaliza justamente este año, tras la movilización de más de 12 mil militares chilenos a la isla, el desembolso de 170 millones de dólares en el periodo, y un despliegue de relaciones públicas que hasta ahora sólo mostraba luces de esa misión. Son 13 años que, hasta la fecha, no cuentan con una evaluación integral del Estado chileno, mientras, en paralelo, ya se piensa que participar en una nueva misión en Africa, específicamente, en República Centroafricana.

La investigación de La Radio da cuenta de varios hechos irregulares y situaciones cuestionables: murieron cuatro uniformados, entre ellos, Guillermo Arévalo; hubo 13 militares heridos; la Armada y la Fuerza Área (FACH) cursaron 38 sanciones; Carabineros hizo un sumario que terminó con la baja de un funcionario; y el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló tres investigaciones sumarias por temas administrativos y financieros en la embajada chilena. Contraloría, en tanto, llevó a cabo ocho auditorías y emitió tres dictámenes que arrojaron diversas observaciones de índole administrativa y financiera, ligadas a la misión. Seis auditorías y tres dictámenes están relacionados a las Fuerzas Armadas, mientras que dos auditorías son sobre la Agencia de Cooperación Internacional (AGDI) y un dictamen apunta a uno de los sumarios cursados en la Cancillería.

Pese a las insistencias por diversas vías, incluida la Ley de Transparencia, el Ejército de Chile fue la única entidad que se negó a transparentar su paso por Haití (revisa acá las razones que dio el Ejército para negarse a entregar la información).

Los sancionados

A las 00:30 horas del 17 de junio de 2012, Guillermo Arévalo Flores y Jorge Oyarzo Poffald salieron de la Embajada chilena en Haití para disfrutar de la bohemia de la zona. Se subieron a un Suzuki Jimny, vehículo fiscal que manejaba Arévalo, y se trasladaron hasta el local Jet Set, en la zona de Petion Ville, en Puerto Príncipe.

“Yo ya conocía el bar-restaurante Jet Set Club, lugar al que había concurrido cuatro veces antes”, declaró Oyarzo, en el marco del sumario que inició Carabineros, en septiembre de 2012, para esclarecer la participación de éste en los hechos que derivaron en la muerte de Arévalo, ocurrida más tarde esa misma noche.

En ese lugar, Arévalo se encontró con el cónsul chileno Diego Rivera, quien estaba acompañado del agente de seguridad de la empresa Digicel, Marcelo Atenas, un conocido mercenario chileno que participó en la segunda guerra de Irak. En paralelo, Oyarzo compartió un rato con una mujer haitiana que se topó en el local, a la cual conocía desde antes. Cerca de las 3 de la madrugada, Rivera y Atenas se retiraron del Jet Set, mientras que el sargento primero de la Armada y el sargento primero de Carabineros se mantuvieron hasta poco después de las 4 am.

El Jet Set forma parte de la lista de locales nocturnos que la ONU recomienda no ir a quienes participaban de la Minustah, por ser considerados peligrosos. Lo mismo ocurre con la discoteca Barak, a la que concurrieron Arévalo y Oyarzo tras dejar dicho local. Quizás, si hubiesen seguido la recomendación de la ONU Arévalo no habría sido asesinado a la salida del Barak. Y, de paso, Oyarzo habría evitado las duras consecuencias que debió asumir después de haber abandonado a su compañero esa fatídica madrugada.

“Sanciónase al sargento 1° Jorge Patricio Oyarzo Poffald (…) con la medida disciplinaria consistente en la ‘baja por conducta mala’ y ‘nota de conducta menos que regular’”, concluyó el sumario de Carabineros, en enero de 2015. Uno de los motivos de la sanción fue que Oyarzo abandonó sus funciones la noche en que salió de la Embajada con Arévalo, ya que no tenía la autorización del embajador Mauricio Leone. Otro factor que influyó en su baja fue que concurrió junto a su amigo a locales nocturnos no recomendados por la ONU (el Jet Set y el Barak) y que tras presenciar los disparos contra Arévalo huyó del lugar y una vez a salvo, no fue capaz de regresar para auxiliarlo, ni tampoco fue a informar de los hechos a la policía local.

El documento agrega que el exfuncionario “omitió dar las cuentas administrativas correspondientes de forma oportuna, las cuales en calidad de funcionario policial y testigo directo de los hechos, debió haber realizado”. A todo ello se suma que con el fin de no verse involucrado en algún proceso administrativo, “declaró hechos falsos, ocultando detalles intencionadamente para desorientar la realidad y eludir su participación en los mismos”. Oyarzo apeló al resultado del sumario, rechazando las acusaciones, sin embargo, sus argumentos fueron descartados y la institución concretó su baja a fines de 2015.

La medida aplicada contra Oyarzo fue una de las varias sanciones que recibieron algunos de los más de 12 mil uniformados que participaron de la misión chilena en Haití. Esta fue la única que se aplicó en Carabineros, mientras que en las Fuerzas Armadas, exceptuando al Ejército, las sanciones ascendieron a 38.

De leves a gravísimas

Dentro de las 31 sanciones cursadas en la Armada, 25 fueron amonestaciones “grado A”, por faltas leves; cuatro amonestaciones “grado B”, por faltas graves; y dos amonestaciones “grado C”, por faltas gravísimas (revisa acá todas las sanciones de la Armada).

Una de las faltas grave fue cometida por el funcionario Juan Carlos Erices Paz, la que le valió una amonestación “grado B”. La Armada cursó esta sanción luego que Erices solicitara su repatriación voluntaria desde Haití antes de finalizar el período que se le había destinado. Esta acción generó “graves consecuencias, desprestigiando a esa institución castrense ante las Naciones Unidas”, consigna un dictamen emitido por la Contraloría General de la República, en septiembre de 2015, en el cual se menciona dicho caso.

En tanto, un caso de falta gravísima lo cometió un funcionario -que la institución no identificó- que realizó “una conducta impropia por parte de un oficial de marina, lo que generó a solicitud del Deputy Force Commander (Comandante Adjunto de la Fuerza) de la Minustah para su repatriación inmediata, comprometiendo con ello el prestigio nacional e institucional”, constata el documento elaborado por la Armada.

En el caso de la Fuerza Aérea, si bien fue la rama de las Fuerzas Armadas que menos sanciones aplicó (siete), algunas de ellas fueron de alto calibre. En 2013, la FACH determinó el retiro temporal de uno de sus miembros -el que prefirió no identificar- “por afectar con su actuar la imagen de la institución representando a nuestro país ante la comunidad internacional”. Ese mismo año también determinó el arresto militar para dos funcionarios -que tampoco identificó-, pues ambos no cumplieron una orden del comandante del grupo de helicópteros en Haití, por lo que contravinieron el reglamento de disciplina que rige para las Fuerzas Armadas (revisa acá todas las sanciones aplicadas por la FACH).

La ofensiva de la Contraloría

Los fantasmas de Guillermo Arévalo Flores y de los otros tres uniformados que perdieron la vida prestando servicios en Haití no fueron los únicos que recorrieron la misión. También se hizo sentir el fantasma de la Contraloría General de la República. A través de diversas auditorías y dictámenes a organismos de las Fuerzas Armadas que participaron directa e indirectamente de la misión, el ente fiscalizador detectó algunas situaciones irregulares: principalmente, la existencia de falencias de registros y procedimientos contables-financieros y administrativos que podrían conllevar el riesgo de mal uso de los recursos públicos. Por ello, formuló observaciones para que se tomaran las medidas con el fin de subsanar estas fallas.

En total, fueron seis informes de auditorías y tres dictámenes los que emitió la Contraloría, incluyendo numerosas observaciones, en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en Haití.

Dentro de las auditorías, la que arrojó las situaciones más irregulares fue una que revisó las transferencias de fondos para misiones de paz realizadas en el Estado Mayor Conjunto (EMCO), organismo que coordina a las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El informe, publicado en julio de 2014, pero desconocido hasta hoy, se enfocó particularmente en los montos transferidos durante 2012: 19.831 millones de pesos, de los cuales 13.995 millones de pesos eran para el pago de sueldos y 5.836 millones de pesos para equipamiento y preparación, los cuales fueron destinados, principalmente, a la misión en Haití.

El ente fiscalizador identificó, entre otras situaciones, que las rendiciones de cuentas que avalaban las remesas de fondos otorgadas por el EMCO a las instituciones de las FF.AA. (que alcanzaban los $ 5.836 millones), fueron aceptadas y aprobadas “sin que se les exija a nivel de detalle la apertura de todos los gastos ejecutados”, consigna el documento de 45 páginas. A esto se suma que las rendiciones tampoco se desagregaban ni se informaban las partidas que las sustentaran, y carecían de la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta, de forma tal que se acreditaran todos los pagos realizados y el destino de los mismos.

Además, continúa el relato de la Contraloría, “se constató que no presentan ningún tipo de evidencia sobre las acciones de control que debe ejercer el organismo fiscalizado y que asegure la correcta ejecución presupuestaria del fondo para misiones de paz que administra”. Todas estas falencias implicaron faltas de las funciones del EMCO y vulneraciones e infracciones a reglamentos que rigen al organismo.

“Por tales motivos, y dadas las situaciones constatadas, esta Entidad de Control procederá a instruir el procedimiento disciplinario correspondiente, con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, derivadas de la falta de rigurosidad de los estamentos que intervinieron en la revisión, análisis y aprobación de los informes de rendición de cuentas del año 2012, de las instituciones de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad”, determinó el organismo.

Otra situación irregular se observó en la rendición de gastos que hizo el Ejército al EMCO, ya que no contó con la correspondiente documentación o acta de recepción que acreditara su ejecución, según constata el informe de Contraloría.

En específico, seis comprobantes contables de egresos, correspondientes a un total de 913 millones de pesos, y que respaldaban la rendición de cuentas de esa institución, no acreditaban “la realización de los servicios y/o la recepción conforme de los bienes adquiridos”. En vez de lo anterior, sólo se exhibían como antecedentes adjuntos la documentación de los actos administrativos que aprobaban la tramitación de esos desembolsos, tanto por concepto de fondos a rendir como por otorgamiento de anticipos.

Si bien el EMCO aportó documentos para aclarar las situaciones observadas, la Contraloría determinó que éstos no permitían clarificar la ejecución de los gastos y las rendiciones de los fondos otorgados por recibos a rendir cuenta, ni tampoco la realización de los servicios y/o la recepción conforme de los bienes adquiridos. Lo anterior, debido a que no se adjuntaron las facturas y otros documentos comerciales asociados, ni las actas aprobadas entre las partes por los avances y/o liquidaciones de los trabajos encomendados.

“A su vez, los casos expuestos denotan la falta de exigencias y la inexistencia de un control preventivo y oportuno por parte del organismo fiscalizado, de forma tal que asegure y valide los datos contenidos en los informes de rendición del Ejército de Chile, vulnerando lo establecido en los artículos 3°, 5° y 11° de la citada ley N° 18.575, en relación a los principios de eficiencia, eficacia y control que deben observar los órganos de la Administración del Estado”, constata el documento firmado por el entonces contralor, Ramiro Mendoza. En vista de todos antecedentes, la Contraloría decidió instruir otro procedimiento disciplinario, “con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, derivadas de la falta de rigurosidad de quienes intervinieron en dicha revisión”.

De las otras cinco auditorías que realizó la Contraloría, una era sobre el EMCO, otra sobre el Hospital Militar y las otras tres involucraban al Ejército: una a la filial Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), otra a Arcomet, subsidiaria de Famae, y otra enfocada en el Ejército mismo.

El dictamen final

El rigor de la Contraloría se hizo sentir, además, a través de tres dictámenes. Uno de ellos, emitido el 9 de febrero de este año, revisó un caso que involucraba a dos miembros del Ejército.

Carlos Moya Gaete y Freddy Ortiz Muga, miembros de la entidad castrense, fueron destinados a la misión en Haití, donde integraron el Batallón Chile XXIII, de donde debían regresar el 23 de noviembre de 2015. Sin embargo, a través de una revisión, en el Ejército detectaron que éstos regresaron el día 26 de ese mes y que siguieron recibiendo ingresos los días 24, 25 y 26, lo que no les correspondía.

Por ello, entre abril y mayo de 2016, les exigieron que devolvieran dichos emolumentos (cuyos montos no aparecen identificados). Moya y Ortiz no estuvieron de acuerdo con esta decisión, por lo que presentaron su caso ante la Contraloría con el objetivo de revertirla. Pero les fue mal. “Cabe concluir que tales requerimientos de reintegro de las cantidades correspondientes a emolumentos pagados en moneda nacional, entre los días 24 y 26 de noviembre de 2015, se ajustaría a derecho”, estableció el ente contralor en su dictamen.

Otro dictamen abordó la muerte del sargento primero de la Armada, Guillermo Arévalo Flores. En este documento, la Contraloría dio su visto bueno a la resolución 4094 emitida por la Armada en 2012, que determinó que el fallecimiento de Arévalo fue producto de un acto de servicio, por lo que correspondía que se les otorgaran los respectivos beneficios previsionales a sus asignatarios.

Pese a ello, llamó la atención en que al momento de ser asesinado, el exsargento “se encontraba de franco, fuera de su jornada laboral, de madrugada, y en un lugar en que no estaba realizando actividades a las que haya estado obligado en razón de su cargo”.

Una de las personas que recibió los beneficios previsionales de Arévalo fue su viuda, Elizabeth Vivanco, quien a casi cinco años de la muerte de su esposo confiesa que no ha podido superar el tema.

“La muerte de Guillermo en Haití nos dolió mucho a toda la familia y poco a poco hemos ido saliendo adelante. Sin embargo, yo aún no estoy tranquila porque siento que no se ha sabido todo sobre su muerte”, relata.

Vivanco añade que “si bien se condenó a los dos asesinos a cadena perpetua, nunca se supo el motivo por el cual mataron a mi esposo. Durante el juicio llevado a cabo en Haití no quisieron confesar cuál fue la verdadera razón que los llevó a quitarle la vida. Espero que algún día se sepa toda la verdad”.