La querella por estafa que enloda el proyecto donde invierte Minería Activa

En 2012, Minería Activa compró 14 concesiones en Vallenar para desarrollar un nuevo proyecto minero: Minería Imán. Pagó por ellas a su antiguo dueño, Arnaldo Del Campo, unos US$ 13 millones. El problema es que esas pertenencias son parte de un conflicto legal entre Del Campo y su ex esposa. Ella lo acusa por estafa, ya que al momento de divorciarse, él y sus abogados la habrían engañado al subvalorar esos activos que luego vendieron en un negocio millonario. Aunque las pertenencias se vendieron y pasaron a manos de los mismos inversionistas que levantaron el polémico proyecto Dominga –entre ellos Bancard-, y éstos no tendrían responsabilidad en el supuesto ilícito, la querella ensucia el proceso de venta y el origen de un proyecto que hoy se encuentra en etapa temprana y que podría tener un inmenso potencial.

En junio de 2010, el ingeniero civil en minas Arnaldo Del Campo fue designado como nuevo director de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Lo nombraron desde el Ministerio de Hacienda, que por entonces encabezaba el ministro Felipe Larraín. Se convertía así en uno de los representantes del gobierno en la mesa directiva de la empresa pública, y allí estuvo hasta el 11 de marzo de 2014, el mismo día que el ex mandatario Sebastián Piñera entregó la banda presidencial a Michelle Bachelet. Un año después, su ex esposa lo demandó por una supuesta estafa. ¿Los bienes en conflicto? 14 concesiones mineras ubicadas en la Región de Atacama que eran de ambos cuando estaban casados y que él luego vendió a Minería Imán Spa, uno de los proyectos mineros donde invierten, entre otros, la familia del ex controlador de Penta, Carlos Alberto Délano; y el Grupo Bancard, el family office de la familia Piñera Morel.

Aunque en la querella que presentó en junio de 2015 la ex esposa de Del Campo, Gabriela Coopman, no se establece ninguna responsabilidad en el posible ilícito de los inversionistas que adquirieron las concesiones mineras, sí enlodan el proceso de venta y el origen de esos bienes. Esto, pues cuando la antigua pareja liquidó en 2009 los activos de su sociedad conyugal, esas y otras concesiones fueron valorizadas por Del Campo y sus abogados en apenas $100 millones, aunque después las venderían en unos US$13 millones, es decir, a un precio que superó en 62 veces y media el valor pactado.

Coopman alega que su ex marido la engañó, que sabía que esas concesiones valían mucho más y que las subvaloró para perjudicarla y cerrar un negocio que ya venía gestando hacía un tiempo. Lo acusa también de manejar el precio de esos activos mineros a su conveniencia. En su querella señala que incluso un par de años antes de liquidar su matrimonio, él ya había avaluado en otro documento esas mismas concesiones en más de $3.000 millones. Y agrega que tiempo después las aportó como capital en la creación de la sociedad Imán S.A., donde las valorizó en tan sólo un millón de pesos.

Es por ello que Arnaldo Del Campo será formalizado este martes 25 de abril al mediodía en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago (ver documento).

Las concesiones de la discordia

La pareja Del Campo-Coopman se casó en septiembre de 1974, cuando él tenía 25 años y ella 18, y establecieron como régimen la sociedad conyugal. Es por ello que, a pesar de que ella nunca trabajó y se dedicó exclusivamente al cuidado de sus tres hijos, era también dueña del millonario patrimonio que él forjó con sus negocios mineros. De ahí que cuando decidieron divorciarse tras una década separados, tuvieron que repartirse todo lo que tenían en conjunto, supuestamente en partes iguales.

El primer paso fue la separación de bienes y la liquidación de su sociedad conyugal, en febrero de 2009 (ver documento). Allí se detalló el inventario con todo el patrimonio de la pareja y se le asignó una tasación, que según la querella de Coopman, fue determinada unilateralmente por Del Campo. Ella acusa que nunca tuvo un abogado propio y operó siempre con los que trabajaban para su ex marido, dos abogados a quienes también denunció por prevaricación, ya que fueron ellos quienes redactaron el documento que luego ella firmó.

Entre los activos había unos diez bienes raíces que se avaluaron en $662 millones; bienes muebles tasados en $10 millones; unos $24 millones en dinero en efectivo y 48 concesiones mineras a las que se les asignó un valor de $100 millones. Entre esas últimas estaban las 14 que después darían origen al conflicto.

Si a todo eso se le restan los $124 millones en pasivos, el total a repartir entre los dos daba unos $796 millones. Una cifra para nada despreciable que después sería refrendada en el acuerdo de relaciones mutuas que firmaron en septiembre de 2010 -previó al fallo que les concedió el divorcio-, pero que según la mujer, se queda bastante corta respecto a su valor real.

“Arnaldo del Campo Arias sabía perfectamente el valor real de dichas concesiones mineras y me engañó, me hizo creer erradamente que el acuerdo (…) efectivamente propendía a establecer una situación igualitaria entre los cónyuges, sufriendo un perjuicio económico de a lo menos US$ 6,5 millones”, asegura la mujer en su querella.

Las 14 pertenencias mineras a las que se refiere Coopman están todas ubicadas en la comuna de Vallenar, en la III Región, en una zona conocida como la Franja Ferrífera de Chile. Según se establece en la querella y en las demandas que la mujer presentó en forma paralela en juzgados civiles (ver demanda en el 9° Juzgado Civil de Santiago), ya en 2007 Del Campo las había incluido en un contrato de opción de compra y las había valorizado en US$ 5 millones (unos $3.500 millones). Y sólo cuatro días después de haberse concretado su divorcio, el 12 de octubre de 2010, creó junto a dos socios -los abogados Christian Aste y Juan Cristóbal Jaramillo- la sociedad Imán S.A. su aporte al capital fueron las 14 concesiones, que esta vez fueron avaluadas en apenas $1 millón.

Por esos mismos días, se creaban en paralelo otras dos sociedades que a primera vista, nada tenían que ver entre sí. Por un lado, Aste y Jaramillo crearon Huentelauquén S.A., que un par de meses después se hizo del control total de Imán S.A. y sus activos, entre ellos, las 14 pertenencias en Vallenar. Por el otro, estaba un nuevo emprendimiento de la empresa Minería Activa, el vehículo creado por LarrainVial y el geólogo Iván Garrido para levantar capital chileno e invertir en proyectos mineros en etapa temprana: la Minera Cerro Imán, que poco después se pasaría a llamar Minería Imán SpA.

Esa última sociedad era una nueva aventura del mismo grupo de inversionistas que dieron origen a Minera Dominga, entre los cuales, según reveló una investigación de Radio Bío Bío, además de la familia Délano, estaban la familia del ex Presidente Piñera; el gerente general de su holding, Nicolás Noguera; y otros grandes empresarios (ver reportaje).

Nuevos dueños para Imán

A fines de 2010, la familia Piñera y su Fondo de Inversión Privado Mediterráneo se retiraban del proyecto Dominga, pero no del vehículo de inversiones que los llevó inicialmente ahí: Minería Activa Uno SpA. La misma empresa que a fines de enero de 2011 suscribió un primer contrato de opción de compra con Huentelauquén para quedarse con esas 14 pertenencias en el Cerro Imán. Minería Activa Uno, que estaba representada por Noguera, no iba sola. La acompañaba el FIP Rucapangui, de la familia Délano. Y allí establecieron que las concesiones valían unos US$ 19 millones, al tiempo que cancelaron un primer millón de dólares.

Antes de que acabara ese año el contrato se modificó: el comprador ya no eran Minería Activa Uno SpA con el FIP Rucapangui, sino Minería Imán SpA, controlada por ellos mismos. Y sólo unos meses después, en febrero de 2012, se concretó la venta, eso sí, no por el precio acordado en ese primer contrato, sino que por US$ 13 millones, que a esa fecha equivalía a más de $6.256 millones.

Ese es el pilar del proyecto Imán, que hoy poseen en partes iguales Minería Activa y la matriz de Minera Dominga, Andes Iron (ver sitio web de Andes Iron).

En los registros del Sernageomin, Minería Imán SpA registra sólo esas 14 concesiones de explotación, las que según el sitio web de Minería Activa, corresponden a un área de unas 22.000 hectáreas donde se encuentra alto tonelaje de hierro y escandio. Aún se encuentra en etapa de exploración, luego de que su intento por tramitar en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una autorización para invertir US$ 10 millones para realizar prospección fuera desestimada en noviembre de 2014 por no presentar antecedentes suficientes (ver detalle en el SEA). El proyecto forma parte de la cartera de inversiones mineras que, de acuerdo a una publicación de Pulso, Minería Activa congeló en 2016 para concentrar sus esfuerzos en otra de sus empresas: BioLantánidos, dedicada a la explotación de minerales raros, entre los que se cuentan el itrio, escandio, lantano, neodimio y otros.