Los desconocidos intereses de la familia Piñera en Minera Dominga

Cuando el entonces presidente Sebastián Piñera negoció en agosto de 2010 la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones, su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector: Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Esta es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron al proyecto Dominga cuando recién se empezaba a gestar en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de 6.765 millones de pesos.

Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Aunque sólo dos días antes la Corema de Coquimbo había aprobado el millonario proyecto energético que la empresa franco-belga Suez Energy (actualmente Engie) pretendía construir y operar en la costa de la IV Región, él, con sólo una llamada telefónica desde La Moneda, pactó con los representantes de la firma su retirada y la búsqueda de una nueva locación para reinstalarse.

Con eso Piñera pasó por alto toda la institucionalidad medioambiental vigente del país. Fue criticado, pero la jugada resultó como la planeó: eliminó de raíz una fuerte amenaza para los habitantes de la comuna de La Higuera y los ecosistemas de dos zonas bajo protección ecológica, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

“Hemos enfrentado el tema de la central con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro estado de derecho (…) Puedo decir a todos los amantes de la naturaleza que, como Presidente, me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, dijo ese día el entonces Mandatario.

Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Cuando el Presidente bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga.

Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses (descarga aquí su declaración de patrimonio en PDF).

Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave: no sólo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.

La participación de los Piñera Morel era indirecta en una estructura de propiedad en forma de cascada. El vehículo que utilizaron fue el mismo que usaban en esos años para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), un fondo de inversión privado gestionado por Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del Grupo Bancard, el family office del expresidente.

Fue a través de ese FIP que, al menos desde abril de 2009, tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad.

Desde Administradora Bancorp señalaron a Radio Bío Bío que dicho negocio se realizó como parte “de sus inversiones en capital de riesgo” y estuvo “orientado a promover la inversión y desarrollar una industria relevante para nuestro país”. Además, aseguraron que “Sebastián Piñera Echenique no participa ni ha participado nunca en la administración de Administradora Bancorp S.A. y, por tanto, no participó en la decisión de inversión en Minería Activo Uno SpA”.

De acuerdo a registros que revisó este medio, aunque no estaba en la administración, Sebastián Piñera sí participaba en la propiedad del FIP y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea (bajar a recuadro 1). Y si bien no tenía poderes de gestión sobre Administradora Bancorp, éstos seguían en su núcleo íntimo: su hermana María Teresa y su hijo Juan Sebastián, su amigo y socio José Cox y cuatro de sus ejecutivos más cercanos, Ana María Délano, Nicolás Noguera, Santiago Valdés y José Ignacio Bravo.

Como gerente general de Bancard y hombre fuerte en los negocios del entonces Presidente, Nicolás Noguera era quien representaba al FIP en sus inversiones. Y él también invertía por su cuenta en Minería Activa Uno SpA. Lo hacía a través de Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera, más conocida como Átomo Ltda., una sociedad que compartía en partes iguales con Juan de Dios Larraín, hijo del senador y ex presidente de la UDI, Hernán Larraín.

Otro ejecutivo cercano a Piñera que invertía por cuenta propia en Minería Activa Uno SpA y tenía poderes de administración sobre el FIP, fue su exadministrador electoral y exgerente de administración de Bancard, Santiago Valdés. El participaba con su sociedad Inversiones Calatrava. Hoy Valdés está formalizado en el Caso SQM por haber emitido 16 facturas de Bancorp a la minera no metálica controlada por Julio Ponce, por asesorías sin respaldo que suman un total de $340 millones.

Aunque inicialmente había más de 30 socios tras Dominga, siempre se presentó como la incursión minera de Carlos Alberto Délano, controlador del Grupo Penta, amigo cercano y socio histórico de Piñera y parte de su grupo informal de asesores cuando era Presidente, el llamado “tercer piso” (bajar a recuadro 2). Por esto cuando se detectaron pagos irregulares del holding que Délano controlaba junto a Carlos Eugenio Lavín por $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público los interpretó como un soborno para eventualmente favorecer la tramitación de Minera Dominga. Los tres serán reformalizados el próximo 1 de marzo por el posible cohecho y por una serie de delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

Los documentos que recopiló Radio Bío Bío revelan que al principio la participación de Délano en el proyecto Dominga era menor que la de la familia Piñera, y que entre ambos concentraban cerca del 55% de las acciones de Minería Activa Uno SpA. También dan cuenta del millonario negocio que había detrás.

La que sigue es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron con su FIP al proyecto Dominga cuando ya había anunciado su candidatura en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de $6.765 millones.

La semilla de Dominga

Las primeras huellas que unen a Piñera con Dominga aparecen en abril de 2009. Por entonces, el empresario dejaba parte de sus negocios en manos de cuatro administradoras de fondos que los gestionarían discrecionalmente, con la única condición de no informarle nada al respecto. Eran sus denominados fideicomisos ciegos. Todas las inversiones en el Mercado de Valores nacional que tenía a través de Inversiones Santa Cecilia S.A. y Bancard Inversiones Ltda. quedaban sujetas a ese régimen. No así sus otros negocios, entre los que estaba el FIP Mediterráneo.

Las cuatro firmas seleccionadas por Piñera para gestionar sus fideicomisos fueron Moneda, Celfin (hoy BTG Pactual), BICE y LarrainVial. Al menos tres han estado fuertemente ligadas con él y sus negocios.

Moneda, por ejemplo, cuenta entre sus principales socios a Juan Luis Rivera, ex hombre fuerte de Piñera y antecesor de Noguera en la gerencia general de Bancard. Bajo su administración, la cartera de inversiones del family office del exmandatario se quintuplicó, pasando de US$ 250 millones a unos US$ 1.300 millones. Celfin era la empresa que fundó y por entonces controlaba Jorge Errázuriz, un viejo amigo de Piñera y hermano de uno de sus abogados. LarrainVial en tanto, ha sido uno de los operadores históricos de Bancard en la Bolsa. De hecho, dos de sus principales ejecutivos defendieron a Piñera en el proceso que derivó en una multa en su contra por no abstenerse en 2006 de comprar acciones de LAN cuando era director de esa compañía y tenía acceso a información que no estaba abierta al mercado.

LarrainVial fue también la firma que puso la primera piedra de lo que después sería el proyecto Dominga.

Sólo unos meses antes de firmar los fideicomisos, en enero de 2009, LarrainVial creó junto a una sociedad del geólogo Iván Garrido, el ingeniero en minas Félix Susaeta y la familia Laso Bambach, un private equity llamado Minería Activa S.A., con un capital de $60 millones.

Su objetivo: administrar recursos de terceros para invertir en el sector minero. En marzo, la sociedad creó una filial: Minería Activa Uno SpA. Fue ahí que, seis días después de firmar los fideicomisos, el FIP de la familia Piñera y sus colaboradores se embarcaron en el proyecto.

De eso da cuenta el primer pacto de accionistas de la sociedad (ver documento en PDF), donde figuran 31 socios distintos. Con el 33,4% de las acciones, el FIP Mediterráneo -representado por Nicolás Noguera- quedaba al tope de la lista de mayores accionistas, seguido por Inmobiliaria Duero Ltda., de Carlos Alberto Délano y su familia, con el 22,8% de los títulos.

Pasó un año. Piñera ganó las elecciones presidenciales de 2009 y el 11 de marzo de 2010 asumió el cargo. Cuatro días después, Minería Activa S.A. (0,0001%) y Minería Activa Uno SpA (99,9%) crearon la Minera Andes Iron Ltda., con un capital inicial de $576 millones compuesto es su mayor parte por concesiones mineras. Empezaba a tomar forma Minera Dominga y lo que más adelante se convertiría en una nueva amenaza ecológica para los santuarios naturales y los ecosistemas marinos y terrestres de La Higuera.

Salvo los montos involucrados, poco había cambiado a junio de ese año (ver documento en PDF). La estructura de propiedad de Minería Activa Uno SpA, y por ende, de Minera Andes Iron, seguía Igual: los Piñera Morel a la cabeza, seguidos por Délano y éste por la familia Larraín Cruzat (uno de los dueños de LarrainVial).

Allí estaba el 70% de un capital que ya se alzaba por sobre los $8.786 millones. Poco después empezarían a preparar el terreno para desarrollar el proyecto, aunque todos esos movimientos pasarían desapercibidos: por esos días toda la atención estaba puesta sobre la Central Termoeléctrica Barrancones.

Barrancones, la amenaza

Felipe Camiroaga aún estaba vivo y conducía el matinal de TVN. Era el 25 de agosto de 2010, un día después de que Suez Energy obtuviera la autorización para construir en La Higuera su proyecto energético alimentado por carbón. En una entrevista en vivo con Rodrigo Hinzpeter, por entonces ministro del Interior, le dijo: “Quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor el Presidente, el gobierno y su equipo se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial”.

Camiroaga se refería a Barrancones.

El proyecto había desencadenado una fuerte oposición ciudadana en todo el país por el impacto ambiental que tendría sobre la zona costera de Punta de Choros y sus islas colindantes (Choros, Damas y Chañaral), todos parte de uno de los 36 sitios de prioridad internacional para la conservación de la biodiversidad biológica.

Allí, a sólo 25 kilómetros de donde se instalaría la termoeléctrica, están la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zonas protegidas donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt en un ecosistema que comparte con colonias de delfines, lobos marinos y chungungos, además de distintas especies de plantas, peces, aves y mamíferos marinos.

Mientras eso sucedía, las gestiones para darle forma a Minera Dominga prosperaban. A comienzos de ese mes, Minería Activa Uno SpA -aún con el FIP de la familia Piñera como socio mayoritario- adquirió siete concesiones mineras en la comuna de La Higuera por US$ 300.000. Tres semanas después, al día siguiente del llamado de Camiroaga, todas esas concesiones fueron vendidas a Minera Andes Iron en $104 millones. Fue esa misma jornada que el Presidente comunicó que Barrancones no iba más.

Es difícil determinar si la paralización de Barrancones terminó allanando el terreno para el proyecto minero y portuario de Andes Iron. Consultado por Radio Bío Bío, el exseremi de Medioambiente de Coquimbo durante el gobierno de Piñera, Cristian Felmer, señaló que se trataba de proyectos de distinta naturaleza, que se tramitaron bajo leyes distintas y que si bien tendrían efectos sobre la misma zona geográfica, no eran necesariamente excluyentes.

“Para ver si el impacto sumado de ambos proyectos sobrepasaba la norma, habría que medirlo en forma sinérgica. Y eso es especular. Sería irresponsable afirmarlo o descartarlo. Lo real es que cuando ingresó Dominga al SEA, Barrancones ya no existía hacía tiempo”, señaló Felmer.

No está claro si la decisión de Piñera de parar Barrancones benefició a Dominga. Pero sí llama la atención que el ex Mandatario nunca haya transparentado que al tomar la decisión, su familia tenía profundos intereses comerciales en la misma zona donde se instalaría la termoeléctrica, en un proyecto que ya estaba casi listo para ingresar al SEA y que también tendría un alto impacto ambiental en los ecosistemas protegidos cercanos a Punta de Choros. El mismo que sólo unos meses después dejarían en medio de una multimillonaria transacción.

Una salida millonaria

El 12 de agosto de 2010, sólo días antes de que Barrancones desapareciera del mapa, aterrizó en Chile una sociedad de la familia Délano constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Andes Iron Ltd. Su llegada cambió el mapa de propiedad de Dominga. Con un aporte de $5.500 millones, esa sociedad se hizo del control de Minera Andes Iron, adjudicándose el 90,5% de la propiedad. El 9,5% restante seguía en manos de Minería Activa Uno SpA, donde el FIP de los Piñera Morel mantenía su posición dominante.

El proyecto Dominga todavía estaba en su etapa inicial. En el futuro, sus gestores pretendían instalar y explotar en la comuna de La Higuera dos minas de hierro a rajo abierto que además produjeran cobre como subproducto, con sus respectivas plantas de procesos y depósitos de lastre y relaves. A eso sumarían ductos que irían desde la faena hasta la costa para transportar agua y mineral en ambas direcciones y un gran puerto ubicado en el pequeño pueblo de Totoralillo Norte, apenas un kilómetro y medio de donde se iba a instalar la termoeléctrica.

Allí calarían las naves en las que se embarcarían las cerca de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre que produciría anualmente la mina. Todo eso implicaría una inversión por unos US$2.500 millones por un período de, a lo menos, 22 años.

Para concretar esos planes aún faltaba un paso previo: la exploración y prospección en las cerca de 60 concesiones mineras que ya a fines de 2010 poseía Minera Andes Iron. La idea era que cuando se diera el vamos a esa etapa, Minera Activa Uno SpA ya no estuviera vinculada al proyecto.

En su junta de accionistas del 1 de diciembre de 2010 (ver documento en PDF), Minería Activa Uno SpA ya daba cuenta de que la venta de su participación en la matriz de Minera Dominga era inminente. Fue ahí que se determinó que el 9,46% de los ingresos provenientes de esa operación se repartirían entre los titulares de las acciones serie C. Un tercio de esa clase de títulos estaba en manos del FIP Mediterráneo, es decir, de la familia Piñera Morel.

Sólo unos días después se concretó la venta (ver escritura en PDF). El comprador: el FIP Rucapangui, un fondo de inversión creado sólo un mes antes y controlado por la familia Délano Méndez. Pagó más de $6.675 millones por el 9,5% de la propiedad de Minera Andes Iron.

Como el FIP Mediterráneo poseía un tercio de las acciones de Minería Activa Uno Spa, su parte luego de esa operación debió haber sido millonaria. Sólo sus más de 996 millones de acciones de clase C le daban derecho a unos $213 millones. Radio Bío Bío consultó a Administradora Bancorp S.A. por los ingresos que obtuvo en esa oportunidad el FIP de la familia Piñera Morel, sin embargo no obtuvimos respuesta.

Tampoco quiso dar respuestas el expresidente Piñera, quien declinó dar una entrevista por este tema a través de su encargada de prensa.

Quedaron sólo dos socios a cargo de Dominga, ambos vinculados a la familia de Carlos Alberto Délano: Andes Iron Ltd., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y el FIP Rucapangui. Fueron ellos quienes ingresaron en febrero de 2011 al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto de exploración y prospección, que en sólo cinco meses fue aprobado (ver registro en el SEA). Serían 300 sondajes en tres años, a un costo de US$ 30 millones. Dominga ya entraba en tierra derecha.

Cuestionada travesía por el SEA

No todos los colaboradores de Piñera se bajaron del proyecto con la millonaria venta al FIP Rucapangui. A fines de 2011, la matriz del proyecto se transformó en una sociedad por acciones dominada por los Délano Méndez (84,8%), pero donde también eran socios la familia del empresario y director de Consorcio y Embotelladora Andina, José Antonio Garcés Silva (15%), y Átomo Ltda., la sociedad del gerente general de Bancard, Nicolás Noguera (0,2%).

Aunque la inversión de este último era minoritaria, equivalía a unos $31,3 millones, monto que iría aumentando con el tiempo.

La etapa de exploración y prospección se desarrolló sin problemas bajo el gobierno de Sebastián Piñera, al tiempo que Andes Iron SpA -nombre que adoptó la matriz de Dominga tras su última transformación- abultaba su capital. Para septiembre de 2013, cuando ingresaron al SEA su proyecto minero y portuario, el monto ya se alzaba por sobre los $63.803 millones. Sin aumentar el porcentaje de su participación, lo invertido por Noguera se había cuadruplicado.

Fue recién entonces que Dominga se convirtió en una amenaza real y las localidades de La Higuera y organizaciones ambientalistas encendieron sus alarmas, y con razón. En su estudio de impacto ambiental, Andes Iron omitió información clave para medir el real impacto en la zona, sobre todo respecto a los efectos que tendría el tráfico marítimo y la actividad portuaria en los ecosistemas protegidos.

Tampoco presentó planes claros de mitigación ni consideró cómo su impacto se sumaba al de otro megaproyecto minero y portuario que se tramitaba en el sector -y que ya fue aprobado-: Puerto Cruz Grande, a cargo de la Compañía Minera del Pacífico (CAP). De eso dan cuentan los duros informes que emitieron Conaf, el Servicio Nacional de Pesca y la seremi de Medioambiente de Coquimbo.

“Los proyectos deben tener una línea base, que es la información que se levanta para conocer el impacto que tendrán sobre una determinada zona y poder mitigar, compensar y reparar. Pero Dominga no tiene línea base: luego de más de tres años de tramitación, aún no se sabe el real impacto que va a tener esta minera sobre el medioambiente, y eso es lo que tiene que buscar el SEA hoy en día”, acusa la directora ejecutiva de la ONG Oceana Chile, Liesbeth Van der Meer, en conversación con Radio Bío Bío.

Dominga sigue en tramitación. Ya tres veces el SEA ha solicitado que Andes Iron aclare las dudas respecto a su real impacto y en las tres oportunidades la respuesta ha sido insatisfactoria. De hecho, recién en la tercera Adenda, entregada en octubre de 2016, los gestores del proyecto reconocieron que su impacto sobre las zonas marinas será mayor al presupuestado y se abrió una etapa de participación ciudadana que acabó en enero de este año, con una cuarta solicitud de información, el ICSARA Nº 4. La respuesta llegó el pasado 10 de febrero.

Desde la ONG Oceana Chile denuncian supuestas ilegalidades por parte del SEA en el proceso: haber extendido la tramitación más de lo que permitiría el reglamento, eliminar en el último ICSARA las observaciones de Conaf por considerar que no tiene atribuciones -algo que desde la misma institución reclamaron formalmente (ver documento en PDF)- y haber solicitado una nueva línea base a Andes Iron. Es por ello que solicitaron al SEA de Coquimbo invalidar esa cuarta oportunidad para que Andes Iron aclare las dudas que aún persisten (ver solicitud en PDF).

Aunque después de que estallara el Caso Penta la familia Délano Méndez anunció que intentaría vender su participación en Dominga, el proyecto sigue bajo su control. Ya no a través del FIP Rucapangui, que se disolvió en marzo de 2014, sino a través de dos sociedades de inversiones que poseen el 75% de sus acciones. Según el sitio web de Andes Iron, sigue con ellos la familia Garcés Silva (14%) y algunos ejecutivos de la firma (11%). Nicolás Noguera se mantuvo en el negocio al menos hasta fines de 2014. Su inversión en la sociedad superaba los $177 millones.

El FIP de Piñera y sus cuatro hijos

Como vehículos para invertir, los fondos de inversión privados (FIP) otorgaban hasta hace poco garantías y beneficios que las sociedades no podían ofrecer: exención del impuesto de primera categoría mientras las utilidades no fueran retiradas y completo anonimato de quienes ponían los dineros. El de la familia Piñera Morel se llamaba FIP Mediterráneo y era administrado por una sociedad de su enmarañado grupo de empresas: Administradora Bancorp S.A.

Por esa vía fue que invirtieron en 2010 en la pesquera peruana Exalmar y otras empresas en diferentes países de la región.

Una fuente del Grupo Bancard señaló a Radio Bío Bío que el 99,9% de las cuotas de ese FIP venían de una misma fuente: la sociedad Inversiones Odisea Ltda., una empresa que se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares sobre los que se sostiene gran parte de la fortuna de Sebastián Piñera y su familia, avaluada según Forbes en unos US$ 2.700 millones (ver reportaje).

La sociedad nació en 2006, producto de la transformación de una colectiva civil llamada Piñera y Asociados, donde participaban el ex Presidente y sus cuatro hijos –Sebastián, Magdalena, Cristóbal y Cecilia– con un capital de $33.808 millones. Aunque apenas tenían entre 21 y 31 años y algunos ni siquiera habían terminado sus estudios, según la escritura cada uno de los hijos puso unos $8.447 millones. El padre de familia sólo puso unos $18 millones, un 0,05% del fondo social, pero aun así él quedó a cargo de su administración.

Un día antes de entrar como Presidente a La Moneda, Piñera dejó Inversiones Odisea, donde siguieron invirtiendo sus hijos cada uno con un 25% de la propiedad. Es por eso que en Administradora Bancorp señalan que él está desligado desde entonces del FIP Mediterráneo y que nunca participó en la toma de decisiones de su sociedad administradora. Por tanto, no tendría injerencia en las inversiones en Minera Dominga.

Pero cuando esas inversiones partieron en 2009, sus intereses eran directos: él todavía era parte de Odisea y tenía el mandato de administrarla. Y antes de salir, participó en la designación del directorio que seguiría esa labor. Además, tras su salida, quienes quedaron a cargo fueron sus hijos -incluyendo a Magdalena, que incluso formó parte del segundo piso de Palacio-, por lo que los intereses de su familia directa en el proyecto que hoy es acusado de amenazar los ecosistemas del sector Punta de Choros siguieron intactos.

Tras la salida de Dominga a fines de 2010, el FIP familiar siguió participando en Minería Activa Uno SpA hasta 2014, cuando la Reforma Tributaria eliminó parte de sus beneficios. Pero no se retiraron: siguieron como socios del private equity a través de Inversiones Odisea. Allí estaban cuando los accionistas acordaron en mayo de 2016 que la vigencia de la sociedad sería hasta 2023. Es por esa vía que también han tenido intereses en otros proyectos del rubro, como Minera Indiana y Minera Imán, ambos actualmente paralizados.

La vieja dupla Délano-Piñera

Antes de esta investigación de Radio Bío Bío, el único nexo directo de Sebastián Piñera con Minera Dominga parecía ser su vieja amistad con el actual controlador del proyecto, Carlos Alberto Délano. Una fuerte relación que mezcla también política y negocios. De hecho, cuando en marzo de 2015 este último fue formalizado por soborno y delitos tributarios en el Caso Penta y quedó en prisión preventiva, el expresidente aseguró: “Él es y va a seguir siendo mi amigo. Nos conocimos hace más de 40 años en la universidad, nuestras mujeres son amigas, nuestros hijos son amigos, nuestros nietos son amigos y eso no va a cambiar”.

Piñera llama a Délano como sus más cercanos lo hicieron desde que era un niño: “Choclo”. Délano a Piñera le dice “Chatito”. Ambos estudiaron juntos ingeniería comercial en la Universidad Católica y fueron parte de un reducido grupo de jóvenes que a fines de los 70 fue reclutado y formado por el grupo económico de Manuel Cruzat, donde además figuraban Juan Bilbao, Carlos Eugenio Lavín y Alfredo Moreno. Tras esa etapa, emprendieron caminos distintos para hacer fortuna, aunque volverían a juntarse en algunos emprendimientos.

Eran los 80. Délano y Lavín se asociaron y crearon Penta, que se benefició con las privatizaciones de la dictadura y con el tiempo se convertiría en un imperio empresarial condenado a desmoronarse. Llegarían a tener un banco, una AFP, una isapre, algunas clínicas, una aseguradora, una universidad y una inmobiliaria, entre otras. Piñera por su parte creó Bancard, la plataforma que usaría para convertirse más adelante en uno de los hombres más ricos de Chile y del mundo, también con inversiones diversificadas. En 1988, los amigos Piñera y Délano se juntaron de nuevo, esta vez en un negocio inmobiliario: construir el Edificio Las Américas, en el centro de Santiago.

En otras instancias estuvieron en veredas opuestas. Una fue el fútbol: mientras Piñera invertía en Blanco y Negro (Colo Colo), Délano era accionista de Azul Azul (Universidad de Chile). En política y sin ser militante, Délano siempre ha estado ligado a la UDI y fue por años -hasta que en 2014 se supo lo de las platas por fuera de la ley- uno de sus principales financistas. Piñera en cambio estaba en RN y, en varias oportunidades, en competencia directa. Un artículo de The Clinic relata que en 2005, cuando ‘Chatito’ se proclamó como candidato presidencial de su partido, el ‘Choclo’, en ese momento al lado de Joaquín Lavín -su socio en la Universidad del Desarrollo y por entonces único candidato de la Alianza- lo vio como una traición que generó un quiebre importante en su relación, aunque sólo fue algo temporal.

En adelante, Délano volvió a ser un estrecho colaborador de Piñera en su carrera política y un articulador en varios episodios con la UDI. Como presidente, Sebastián Piñera tuvo a su cargo varias autoridades encargadas de supervisar y fiscalizar los negocios de su amigo, como los superintendentes de bancos, de salud y de valores.

En cuanto a negocios conjuntos entre ambos, poco se ha sabido en los últimos años. Lo último que los había vinculado en esa área tiene que ver con el cuestionado forward (contrato de venta futura) que firmaron en 2009 el FIP Mediterráneo y la empresa CB Capitales, de Manuel Cruzat, por unos $50 millones, dinero que provino de otro forward entre CB e Inversiones Penta III, una de las sociedades que utilizaban Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín para controlar un holding que fue catalogado por la fiscalía como una “máquina para defraudar al Estado”.

A pesar de los vínculos históricos, hasta ahora el nombre de Sebastián Piñera nunca apareció vinculado a Minera Dominga. No estuvo sobre la mesa cuando en el marco del Caso Penta se supo de los pagos irregulares a su subsecretario de Minería, Pablo Wagner, ni cuando las organizaciones ambientalistas denunciaron irregularidades en el proceso.

Los nuevos antecedentes hoy le abren a Piñera nuevo flanco que se suma a la investigación judicial por sus inversiones en una pesquera peruana mientras el país estaba el litigio en La Haya, justo en los días clave para definir su eventual candidatura presidencial por Chile Vamos.