Fotografía: ARCHIVO | Pedro Cerda | Agencia UNO
Por: Alberto González
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Pelo corto, peinados inmaculados, vestidos de traje oscuro, en uno de sus oídos mantienen un audífono con un cable que va a una radio, siempre atentos a los movimientos del Presidente de la República, parados en lugares considerados estratégicos, vigilantes a todo aquel que se acerca al jefe de Estado de turno. A ellos se les conoce como el Grupo Escolta Presidencial de Carabineros de Chile.
Son más de 422 los carabineros que están destinados a diario al resguardo del Presidente de la República, todos bajo la responsabilidad del jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, repartidos en tres grupos con tareas específicas.
El primero, denominado Grupo Escolta Presidencial, es integrado por entre 150 a 160 funcionarios que están encargados de resguardar día y noche al jefe de Estado de turno. Ellos se preocupan desde resguardar la casa del mandatario, asegurar las zonas que visita, custodiar su recorrido o desplazamiento, asistirlo en cosas cotidianas; en síntesis, están todo el tiempo cerca del gobernante.
Vestidos de traje, a ratos con tenidas formales o con “tenida” táctica, son pocos los que visten el traje institucional salvo cuando tienen que cortar el tránsito en calles aledañas a La Moneda. En uno de sus oídos mantienen un audífono con un cable que va a un radiotransmisor, siempre atentos a los movimientos del Presidente de la República o “Sierra Eco” (Su Excelencia).
Se paran en lugares considerados estratégicos, vigilantes a todo aquel que se acerca al jefe de Estado de turno, portan armas, tienen blindaje para proteger al Presidente, rara vez hablan, son afables en condiciones normales y si ven un peligro reducen de forma discreta la “amenaza”.
Incluso, tienen alimento para perros si es que la misión es sacar alguna mascota de escena. También saben saltar adentro de un auto cuando éstos ya están en movimiento y son buenos para “camuflarse” entre el público. De hecho, una de las pruebas a las que se someten, es precisamente subir corriendo dentro de un vehículo.
A ellos, que portan credenciales plásticas fáciles de reproducir, se les conoce como el Grupo Escolta Presidencial (GEP) de Carabineros de Chile.
Para llegar a ese “selecto grupo”, oficiales del citado departamento los escogen de entre quienes hayan terminado el curso de Protección de Personas Importantes de Carabineros, pasando por varios filtros.
Primero, su hoja de vida dentro de la institución no puede tener ninguna anotación u sanción dentro de su formación. Segundo, pasan por la entrevista personal con el oficial de selección. Y por último, deben arrojar una madurez emocional y profesional que normalmente es distinta a los estándares que tienen los carabineros de servicio que están en la calle.
Sin embargo, estos funcionarios durante la administración Bachelet estuvieron en el ojo del huracán por varios hechos que mancharon la reputación que traía el GEP, todo esto cuando estaban a cargo del coronel Claudio Bórquez.
Y es que bajo ese periodo hubo denuncias de violencia intrafamiliar, desconocidos robaron armas de fuego desde el interior de un auto de la escolta en un servicentro ubicado en la Ruta 5 Norte, chocaron autos en la zona de estacionamiento del Palacio Presidencial, y una veintena de estudiantes bajo un grito “1,2,3.. Talca” ingresaron a La Moneda para gritar consignas en contra de la reforma educacional.
El 2018, y mientras lideraba el GEP el coronel Alfredo Campos, la cápsula presidencial (como se le denomina a la caravana de vehículos donde se mueve el mandatario) sufrió una colisión durante un desplazamiento, debido a una frenada brusca que provocó que se impactara levemente el auto del presidente Piñera, por cierto, con él en su interior.
Pero quizá entre los incidentes más graves que han enfrentado en el último tiempo, está el ataque registrado en Iquique, donde un manifestante quebró con su puño el vidrio trasero del vehículo que trasladaba al mandatario.
Pero también, aún está fresco lo sucedido con el coronel Marcelo Lepín, quien fue removido como jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, luego que un dron operado por un venezolano con documentación peruana fuera descubierto sobrevolando el Patio de Los Naranjos de La Moneda.
El sujeto no fue detenido, no dio explicaciones de su actuar, no se revisó la tarjeta de memoria que portaba el dron para saber qué contenía y solo se le cursó un parte, quedando citado al Juzgado de Policía Local.
Pese a eso, la escolta presidencial en el último tiempo ha retornado a los estándares del pasado, dicen algunos, lo que se debería por la renovación de oficiales y carabineros en general.
El segundo grupo de carabineros destinados a la custodia del Ejecutivo, es la Guardia del Palacio. Se trata de funcionarios que visten de uniforme de gala, de primavera a verano chaqueta blanca y desde otoño hasta fines de invierno chaqueta verde oliva, tenida que se complementa con botas negras largas.
Ellos son distintos al GEP. Marchan por los patios, desfilan día por medio, deben conocer la cara de todos los ministros y subsecretarios para saludarlos. Son altos y delgados, un perfil esencial a la hora de escogerlos desde las respectivas escuelas.
El tercer grupo lo componen funcionarios con experiencia que forman parte de la Oficina de Seguridad de la Moneda. Ellos visten traje todo el tiempo, refuerzan los ingresos, revisan y entregan las credenciales de los funcionarios, en general, tienen trato directo dentro del Palacio de la Moneda con asesores, funcionarios de todo rango, periodistas, camarógrafos, etc.
Los encargados de la oficina de seguridad se conocen cada recoveco del Palacio y a ratos gozan de buena memoria al recordar de vista a una persona. Deberían, señala un exgeneral que estuvo a cargo del Departamento, tener criterio a la hora de -por ejemplo- dejar pasar a un funcionario que se le haya quedado la credencial en su puesto de trabajo.
Tres grupos que en conjunto suman más de 422 funcionarios que trabajan todos los días al resguardo del Presidente de la República. Número importante si consideramos que existen retenes en el país que pueden tener 5 o 6 carabineros.
Pero, además, estos funcionarios también tienen que realizar labores de resguardo de las casas de los expresidentes e integrar las escoltas de estos mismos. En la actualidad tanto Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Ricardo Lagos Escobar cuentan con protección permanente día y noche, pese a que no tienen perfiles de riesgo altos.
Asimismo, la expresidenta y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también es resguardada cada vez que ingresa a nuestro país.
En las últimas horas se ha conocido que el general Director, Mario Rozas, está revisando el rol de los carabineros que cumplen funciones de resguardo de autoridades. Es en ese sentido que resalta la labor de los 422 funcionarios destinados al Presidente de la República.
Para algunos que han trabajado en materia en áreas de seguridad personal, consideran que existe un derroche en horas hombre dentro de La Moneda. Básicamente describen que el trabajo de seguridad no se da en dirección a la prevención de hechos, sino de reacción de hechos.
Es decir, explicaron, poner funcionarios cada cierta cantidad de metros dentro de la sede del Poder Ejecutivo, no inhibe a la persona que quiera vulnerar el sistema. Críticas que tienen asidero ya que en otras casas presidenciales abundan las puertas magnéticas que se abren con tarjetas, salas de control de cámara con tecnologías que hacen más fácil y menos invasivo el trabajo de la seguridad.
Con la aparición de los ECO Terroristas, que han enviado regalos bombas a los presidentes de directorio de dos empresas públicas, la oficina de recepción de correspondencia ha debido redoblar la seguridad.
Funcionarios revisan minuciosamente los paquetes que llegan al Palacio Presidencial con máquinas específicas, todo tendiente a evitar el ingreso de una carta o regalo bomba, o con algún elemento peligroso como ántrax.
Pero por otro lado, las críticas también apuntan al rol que desempeña el Departamento de Protección de Personas Importantes (DPPI), cuya labor en términos simples es resguardar la seguridad de personajes públicos que corren algún riesgo, principalmente por haber sido amenazados.
Según explicó a BioBioChile el coronel Sergio Carrasco, jefe PPI Carabineros, los criterios que se utilizan para entregar esta protección tienen que ver con tres aspectos: autoridades extranjeras de visita en nuestro país, autoridades nacionales con una exposición pública y con un perfil de riesgo alto, y quienes estén bajo una medida de protección por parte del Ministerio Público.
De esta forma, tanto el Presidente de la República, como ministros de Estado, parlamentarios, alcaldes, y directores de empresas públicas, mantienen personal policial encargado de acompañarles en su rutina diaria, para evitar que sean víctimas de algún hecho de violencia.
De acuerdo a información obtenida vía Transparencia, hasta diciembre de 2018, 6 ministros, 5 senadores, 3 expresidentes, un diputado y un alcalde, están bajo el cuidado del Departamento de Protección de Personas Importantes (DPPI).
Según la misma fuente, el gasto desembolsado para la protección de autoridades durante 2018, ascendió a 54 millones de pesos ($54.493.998). Cifra mucho menor a 2017, cuando el presupuesto se elevó a 174 millones de pesos.
Respecto a las identidades de los políticos que cuentan con protección, obviamente por motivos de seguridad ninguna de las policías accedió a revelarnos quiénes eran.
No obstante, otro documento al que accedió BioBioChile revela que solo dos de los parlamentarios cuentan con esta medida de protección por una orden emanada por el Ministerio Público, debido a que recibieron amenazas concretas.
Se trata de los senadores Adriana Muñoz (PPD) y Manuel José Ossandón (RN). Este último, contactado por BBCL, confesó que “no es ninguna gracia que un policía te ande siguiendo para todos lados”, agregando que bajo ninguna circunstancia él lo ocupa para otras labores como por ejemplo conducir su vehículo en los continuos desplazamientos hacia el Congreso.
Pero también, hay parlamentarios que cuentan con protección por parte de la Policía de Investigaciones, por lo que en total 9 congresistas están bajo protección de las policías.
Entre el resto de los parlamentarios que aparecen se cuentan el senador Francisco Chahuán (RN), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), José Miguel Insulza (PS), Jaime Quintana (PPD), Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS) y Felipe Harboe (PPD).
En el caso de la Cámara de Diputados, se individualiza a la expresidenta de la instancia, Maya Fernández (PS), y el exUDI, Ignacio Urrutia, quien aseguró haber sido amenazado de muerte. Sin embargo, en el documento no se especifica la razón por la cual cuenta con protección. Es más, actualmente ya no mantiene personal del DPPI asignado.
Misma situación para varios de los parlamentarios que aparecen mencionados, como por ejemplo Chahuán. Consultado por BBCL, desde su equipo de asesores señalaron que el senador por Valparaíso había sido amenazado y que la medida fue dictada por Fiscalía, pese a que esto último tampoco consta en el documento.
Intentamos contactar al resto de los senadores, pero sólo la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, accedió a conversar señalando que en su caso se debía al perfil de riesgo que había elaborado Carabineros, debido -a su juicio- que “claramente no genero simpatías en algunas personas”.
En ese sentido, detalló que ha sido víctima de algunos incidentes como daños a su vehículo y funas.
El caso más llamativo, es el del senador socialista José Miguel Insulza, quien cuenta con escolta dada su condición de exsecretario general de la OEA, cargo que desempeñó entre 2005 y 2015. Pese a nuestra insistencia, se negó a responder si se justificaba tener un policía encargado de su seguridad.