Una tarde de domingo de octubre de 2017, Myriam González y Felipe Zúñiga compartían junto a sus dos hijas pequeñas en el patio de su amplia casa, en el Condominio Verde de La Reina. De pronto su tranquilidad se vio interrumpida abruptamente por ruidos de máquinas que provenían del Club Ossandón, un recinto deportivo ubicado a solo metros de su hogar.

Habían llegado siete años antes a su vivienda y como nunca habían tenido este tipo de molestias, decidieron mirar por sobre la pandereta para saber qué ocurría. Entonces descubrieron que había un grupo de obreros realizando obras para ampliar el recinto, que cuenta con canchas de tenis y gimnasio, entre otras instalaciones. Como los ruidos continuaron sintiéndose durante las siguientes semanas, junto a un grupo de vecinos concurrieron a la municipalidad, encabezada por el arquitecto José Manuel Palacios (UDI), para reportar esta situación.

Tras supervisar la construcción, el 21 de noviembre de ese año el director de Obras de la municipalidad, Carlos Lineros, determinó que se estaba “construyendo disconforme a lo aprobado” en un permiso entregado tres años antes. Eso, sumado a los reclamos de los vecinos, llevaron a Lineros a ordenar “la paralización total de las obras” que impulsaba la sociedad propietaria: Inmobiliaria Club de Tenis Tobalaba S.A.

Uno de los principales accionistas de esta empresa es Alejandro Becerra Andrade, mientras que su hijo Kael Becerra Rojas actuó como representante legal hasta que asumió como subsecretario del Deporte del gobierno de Sebastián Piñera, el 11 de marzo pasado. Sumado a ello, desde 2013 el ex atleta y medallista mundial es dueño de la sociedad Biomachine, que ofrece servicios deportivos y opera dentro del recinto que está en el centro de la polémica.

Esta situación, a la larga, se convertiría en el inicio de un conflicto que arrastra consecuencias hasta la actualidad y que ha ido escalando progresivamente. Lo anterior, pues durante los meses siguientes, en múltiples oportunidades, los vecinos reclamaron que las obras y los ruidos molestos seguían pese a la prohibición que había establecido el municipio. Esto motivó a que la administración del alcalde Palacios multara en cinco ocasiones a la sociedad (ver historial de multas), llegando incluso a abrir una causa ante el Juzgado de Policía Local (ver causa).

Sin embargo, esta conducta firme cambió sorpresivamente cuando a fines de marzo de 2018 la institución le otorgó un permiso de modificación del proyecto al Club de Tenis Tobalaba, lo que le dio validez legal a la ampliación que venía desarrollando previamente por fuera de la ley (ver aprobación de modificación de proyecto). Y de paso benefició al subsecretario Becerra y a su familia, pues con las nuevas instalaciones podrán aumentar la oferta de actividades a sus socios y clientes.

Este vuelco dejó consternados a Felipe Zúniga y Myriam González, por lo que a principios de mayo presentaron un reclamo ante el municipio acusando que el permiso otorgado era ilegal. Argumentaron, entre otros aspectos, que el uso de suelo se encontraba congelado en esa zona (ver reclamo ante el municipio). Dos semanas después su petición fue rechazada (ver respuesta del municipio). Por ello, tomaron la decisión de radicalizar su postura a través de dos vías: a fines de mayo hicieron una denuncia en la Contraloría General de la República (CGR) y el 5 de junio interpusieron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago (ver reclamo ante la Corte de Apelaciones), que ya fue acogido a tramitación.

Un elemento que cubre de más suspicacias la historia es la cercana relación que existe entre el alcalde Palacios y el subsecretario Becerra, ambos pertenecientes a la coalición de gobierno Chile Vamos. Un ejemplo de ello es que el año pasado, tanto en agosto como en diciembre, el jefe comunal visitó de forma oficial el Club Ossandón para conocerlo y participar de sus actividades, donde el anfitrión de ambas jornadas fue justamente Becerra, en ese entonces representante legal de la sociedad propietaria.

De todos modos, esta no es la primera vez que el actual edil de La Reina se ve involucrado en un conflicto judicial relacionado a su cargo en el municipio y el ámbito de bienes raíces. En 2016, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Palacios por el delito de negociación incompatible, acusando que cuando era concejal en 2009 no se abstuvo de la votación para cambiar el plan regulador de la comuna, hecho que favoreció a su padre, pues era dueño de tres propiedades que incrementaron exponencialmente su valor con dicha modificación. Como sea, la acción legal llegó a su fin pronto, pues ese mismo año el tribunal dictó el sobreseimiento de Palacios ya que el eventual delito se encontraba prescrito.

Consultada por Radio Bío Bío sobre el tema, la vecina Myriam González sostuvo que “lo que nosotros buscamos es que los tribunales ordenen la demolición de la ampliación, pues se viene construyendo de forma ilegal y ha implicado una molestia constante a mi familia y a los vecinos del condominio”.

Este medio le pidió su versión de los hechos al subsecretario Becerra, pero la autoridad declinó dar declaraciones. También solicitamos una entrevista con el alcalde o, en su defecto, con el director de Obras, pero prefirieron entregar una declaración oficial.

“La Dirección de Obras de la Municipalidad de La Reina, dependiente de la Seremi de Vivienda, informa que el permiso otorgado se encuentra completamente en regla. No obstante lo anterior, comprendiendo que las obras que señalan los vecinos podrían significar una molestia, el municipio conversó con el club y éstos accedieron a revisar y resolver dicha situación, la que posteriormente deberá ser aprobada en proceso de recepción final de obras”, explicó el municipio de La Reina.

El permiso de la discordia

Cuando el año pasado la Inmobiliaria Club de Tenis Tobalaba comenzó las obras en su recinto deportivo, ubicado en Simón González 8515, contaba con un permiso otorgado por la Municipalidad de La Reina en noviembre de 2014 (ver permiso). En términos simples, éste la facultaba para realizar una ampliación de oficinas en un primer piso, lo que se considera como una obra menor. Pero no para la construcción que estaba realizando, ya que ésta conllevaba una dimensión mayor, como el emplazamiento de un muro de escalada.

Fue por esa razón que, tras los reclamos del matrimonio compuesto por Felipe Zúñiga y Myriam González, colindantes al recinto, la municipalidad liderada por José Manuel Palacios paralizó las obras en noviembre pasado y luego sancionó a la compañía controlada por el padre del subsecretario Kael Becerra en varias oportunidades. Sin embargo, en marzo pasado le entregaron una modificación del permiso anterior, que en la práctica implicó la validación de la construcción anteriormente cuestionada.

En vista de la invasión que esto podía generar para la privacidad de su familia, junto a otros motivos, Zúñiga y González presentaron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a principios de junio. A través de esta acción legal el matrimonio busca que el tribunal deje sin efecto el mencionado permiso de modificación de proyecto.

Entre los argumentos que expuso el abogado del matrimonio, Roberto García Olave, para comprobar la supuesta ilegalidad está el haber otorgado “un permiso de modificación de un proyecto que lejos de aprobar alteraciones al plan original, es realmente un proyecto total y completamente nuevo, desligado en su forma, fines y volúmenes a su supuesto antecesor”. Por esa razón, agregó, el proyecto tuvo que haberse tramitado y evaluado como uno nuevo y no como la modificación del que existía previamente. Como esto no se hizo, indicó, se vulneró un artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que regula este tema. “Así lo que realiza es aumentar el volumen de ocupación ilegalmente tal como demuestra el informe técnico acompañado a esta presentación”, acusó García.

“Es ilegal también al contravenir en los hechos la orden expresa del legislador, en lo relativo a que la zona se encuentra congelada según el Plan Regulador Vigente, y la resolución impugnada significa una habilitación futura de actividades diversas relacionadas a la intensificación del uso deportivo”, añadió el abogado. “Aumentar la oferta deportiva en contra de la ley, constituye una flagrante vulneración de las competencias de la Dirección de Obras Municipales, las que respecto de aprobar estos proyectos, también se congela con la declaración de zona congelada, y entenderlo de otra manera, no es sino una burda forma de burlar la ley”, remató.

Unos días antes de presentar esta acción legal en la Corte, el 24 de mayo, Zúñiga y González habían efectuado una denuncia ante la Contraloría para que investigue las eventuales irregularidades administrativas que puedan existir en el cuestionado permiso (ver denuncia).

También habían presentado un reclamo de ilegalidad en el municipio para que dejara sin efecto la modificación del proyecto. Pero el 23 de mayo el director jurídico de la institución, Ignacio Vio Barraza, rechazó dicha acción y desestimó las acusaciones. Entre otros elementos, Vio esgrimió que el permiso mantiene el uso de suelo primitivo del proyecto, correspondiente a equipamiento deportivo, por lo que respeta el congelamiento del uso establecido en el plan regulador.

Sobre el punto que cuestionaba que la ampliación correspondía a un proyecto nuevo y no a la modificación del existente, el director jurídico sostuvo que al no contar con recepción final el permiso entregado en 2014, el trámite correspondía a la modificación de proyecto y no a la presentación de uno nuevo, por lo que, a su juicio, la modificación del proyecto está acorde a la ley.

La cercanía de las autoridades

Un par de meses antes de que se iniciara ilegalmente la ampliación del Club Ossandón, el recinto recibió a una visita ilustre. El jueves 17 de agosto del año pasado, el alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios (UDI), fue junto a un grupo de empresarios para conocer en persona las instalaciones y actividades que ofrecía el club para la comuna.

El anfitrión del evento fue nada menos que el ex atleta Kael Becerra Rojas, en ese entonces representante legal de la sociedad controladora del club, hijo de uno de los dueños, y a la vez único socio de Biomachine, una firma que ofrece servicios deportivos dentro del recinto.

“En esta reunión fue importante conocer y tratar los problemas o situaciones que se pueden mejorar en torno a la cultura deportiva. La respuesta fue muy positiva, ya que se acordaron algunos puntos a realizar, entre ellos, eventos deportivos para la familia dentro del recinto y al aire libre con regalos y descuentos especiales para todos los asistentes de la comuna”, consigna el comunicado que aparece publicado en la página web del Club Ossandón.

Añade que “fundamentalmente, este encuentro significa reafirmar nuestros lazos con la Ilustre Municipalidad de La Reina para trabajar en torno a la comuna”.

Aquella no fue la única ocasión en que el edil visitó las dependencias del Club Ossandón. El 18 de diciembre pasado, cuando ya se había iniciado la polémica ampliación del recinto e incluso el municipio había cursado varias multas por ello, Palacios asistió a la jornada en que finalizaron los talleres deportivos del año y se inauguró la temporada de verano 2017-2018. Esa vez, nuevamente, el anfitrión fue Kael Becerra.

Estas visitas, realizadas antes y en medio del desarrollo del conflicto, han levantado suspicacias acerca de la cercanía que existe entre Palacios y Becerra y si ésta pudo haber incidido en la polémica aprobación. A ello se suma un intercambio de tuits entre ambos el 6 de abril pasado, a casi un mes de que Becerra asumiera como subsecretario y a solo una semana de que el municipio otorgara el permiso de modificación a la empresa que éste había representado y donde su padre sigue siendo uno de los principales accionistas (ver intercambio de tuits).

“El deporte es el complemento perfecto para una vida sana y una mejor calidad de vida. Al igual que Pauline Kantor (ministra del Deporte, desde el tenis), Kael Becerra (desde el atletismo), la Municipalidad de La Reina, el Gobierno de Chile y desde mi disciplina (el kick boxing), los invito a hacer todos los días, el #DíaDelDeporte. Todo #ChileSeMueve! (sic)”, publicó en su cuenta de Twitter el alcalde Palacios el sexto día de abril, a las 12:04 horas.

“Alcalde, ud como deportista y cinturón negro de kick boxing, nos debería invitar a entrenar. Que le parece??? (sic)”, le escribió Becerra en la red social, a las 22:06 horas ese mismo día.

La cercanía entre ambos está dada también por un factor que resulta obvio: el color político. Ambos pertenecen a la coalición de gobierno Chile Vamos, aunque mientras Palacios milita en la UDI, Becerra no está inscrito en ningún partido pero tiene afinidad con Evópoli.

Las causas de Palacios

Esta no es la primera vez que José Manuel Palacios se ve envuelto en un conflicto legal que involucra su cargo en la municipalidad, a un cercano y la materia de bienes raíces o propiedades. A fines de octubre de 2016, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Palacios acusándolo del delito de negociación incompatible (ver querella).

En concreto, el CDE cuestionó que el 2009, cuando Palacios era concejal de la comuna, votó a favor de un cambio en el plan regulador que favoreció directamente a su padre, Víctor Manuel Palacios. Esto, pues Palacios padre tenía tres propiedades, de las cuales dos las vendió en cerca de 1.000 millones de pesos a una inmobiliaria, siendo que antes de la modificación en conjunto no alcanzaban los 160 millones de pesos. En tanto, la tercera propiedad no fue incluida en esa venta.

En aquella ocasión, José Manuel Palacios dio una entrevista con El Dínamo en la cual rechazó las acusaciones en su contra. “No me preocupa de mayor manera, porque se ha dicho en todas partes que eso no procede y lo veo más como una estrategia política. Tendremos que tomar las medidas del caso porque no es posible que sigan perseverando con esto, en desmedro de la imagen mía”, afirmó (ver entrevista).

De todos modos, el 21 de noviembre de 2016 el Cuatro Juzgado de Garantía de Santiago, que vio el caso, dictó el sobreseimiento de la causa contra Palacios.