Un simple requerimiento de información por parte de BioBioChile se transformó en una batalla judicial que se ha extendido por más de un año, ante la sistemática negativa de la Fuerza Aérea a revelar la situación actual y costos asociados de la mantención del avión presidencial Boeing 737-500, usado por los mandatarios durante los últimos 20 años.

Una vez que está en el aire en Chile o en el mundo se le conoce como FC01, en referencia a Fuerza Aérea 01, es decir, que viaja el Jefe de Estado de la República de Chile.

Se trata del avión que compró el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en diciembre de 1997, para reemplazar los Boeing 707 que heredó Presidencia de la época de la dictadura, y que eran conocidos como “calambritos” por sus problemas al despegar y aterrizar.

El aparato costó 32,8 millones de dólares, dinero que provino en parte de los fondos mixtos de la Fuerza Aérea de Chile, unos 10,9 millones de dólares, mientras que el resto fue aportado por el Gobierno.

Precisamente estos costos, por debajo de los valores de mercado, fueron una de las razones del exmandatario junto a su ministro de Defensa de la época, Edmundo Pérez Yoma, para aprobar su compra. Sin embargo, la decisión levantó duras críticas debido a que la adquisición se realizó en medio de la denominada crisis asiática.

La criticada compra del Boeing 737-500

El Boeing 737-500 era prácticamente un “bus con alas”, debido a que no cumplía con los estándares para realizar viajes de largo alcance, principalmente en la zona Asia-Pacífico donde están los mayores intereses comerciales de Chile.

A esto se suma su capacidad para 35 pasajeros, muy por debajo de la necesaria para una delegación presidencial que incluye a las autoridades, sus asesores, personalidades que son invitadas, principalmente parlamentarios y empresarios, además de los periodistas que cubren las actividades de La Moneda.

Por lo anterior, debió ser acondicionado para incluirle una cabina presidencial, sala de reuniones, asientos de primera clase y turista.

Pero además, el Gobierno de la época pidió que le instalaran sistemas de combustibles y estanques auxiliares para aumentar su autonomía de vuelo de 5.500 kilómetros a 12.000 kilómetros, es decir, volar por unas 9 horas y de esta forma realizar viajes sin escalas a Europa o Asia.

Sin embargo, en 2001 las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos detectaron una grave falla en el “arreglo” que hicieron para aumentar su autonomía de vuelo y que podía eventualmente haber causado una explosión.

De esta forma, debieron desconectar sus tanques de combustible auxiliares volviendo a su capacidad de vuelo de no más allá de 5.500 kilómetros. Siete años después, en marzo de 2008, el Boeing 737-500 fue enviado a Norteamérica para reconectar sus tanques auxiliares, con lo cual logró una autonomía de 7,5 horas de vuelo.

Cambios que no alcanzan puesto que para volar a Sudáfrica, por ejemplo, debe aterrizar dos veces para reabastecerse de combustible. Le ocurrió a la presidenta Michelle Bachelet, que para llegar a ese país tuvo que aterrizar en Brasil y luego en la Isla Ascensión de Reino Unido que se enclava en el Atlántico Sur.

Boeing 737-500 presenta un largo historial de fallas

Toda esta inversión no ha dado los resultados esperados, con un largo historial de desperfectos que incluyen fallos en las turbinas, filtración de combustible, una trizadura en el vidrio de la cabina de los pilotos y el pinchazo de uno de sus neumáticos.

Entre los episodios más recordados está lo ocurrido en Honduras en agosto de 2017, cuando no pudo despegar del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa hacia Barbados por una falla en el motor de arranque, obligando a Bachelet a continuar su gira por Centroamérica en el G-IV de la FACh, avión que normalmente lo mueven cerca para continuar los viajes del jefe de Estado en caso que falle el 737-300.

Así también, en julio de 2015 el avión tuvo un contratiempo en una de las turbinas antes de una gira de Bachelet por la región de Magallanes. Al final debió viajar en el otro avión destinado a la Presidencia -un Boeing 767-300- rumbo a Punta Arenas, con casi una hora de retraso.

Ante los múltiples problemas, durante su primer periodo la presidenta Michelle Bachelet autorizó en 2008 la compra de un Boeing 767-300 por unos 45 millones de dólares, con capacidad para 285 pasajeros, es un aparato que es utilizado para viajes transcontinentales dada su autonomía de 14 horas de vuelo, y se le rotula internamente en la FACh como “avión multipropósito”.

No obstante, esta aeronave también ha presentado inconvenientes debiendo ser sometido a revisión en Estados Unidos, como ocurrió en 2014.

Entre sus episodios se cuentan desperfectos durante la carga de combustible y distintos problemas mecánicos.

El historial de fallas en los aviones para el traslado de los distintos mandatarios en los últimos años, sumó su último capítulo en julio de 2019 cuando el presidente Sebastián Piñera no logró viajar directamente desde Concepción a Rapa Nui, debiendo volver a Santiago y abordar otro aparato para viajar hasta la isla.

La FACh se niega a transparentar gastos

Ante los variados incidentes que se han registrado con los aviones presidenciales, en un ejercicio legítimo de transparencia, como BioBioChile intentamos conocer cuánto finalmente ha desembolsado el Estado en la mantención de estos aparatos.

De esta forma, el 14 de junio de 2018 recurrimos vía Transparencia a la Fuerza Aérea de Chile pidiendo información sobre la situación actual y los costos generales asociados a la mantención del Boeing 737-500.

Así, tras el periodo que establece la ley para entregar una respuesta, desde la institución armada respondieron el 13 de julio de 2018, negándose a entregar la información.

Entre sus argumentos señalaron que hacer públicos los datos afectaba “la seguridad nacional”, a la vez que el aparato no era de uso exclusivo de la Presidencia, con lo cual -a su juicio- es considerada una “maquinaria bélica”.

En ese sentido enfatizaron en que de acuerdo al Código de Justicia Militar “se entienden por documentos secretos, entre otros, aquellos cuyo contenido se relaciona con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, estableciendo que poseen tal carácter aquellos que se refieren a equipos y pertrechos militares o policiales”.

“Claramente el estado operativo de una aeronave institucional y sus costos de mantenimiento tienen directa relación con la capacidad bélica del país”, añaden.

CPLT y la Corte de Apelaciones ordenaron entregar la información

Ante la negativa, BioBioChile interpuso un amparo ante el Consejo Para la Transparencia (CPLT), instancia que en diciembre de 2018 decidió en forma unánime acogerlo, ordenándole a la FACh divulgar los costos de adquisición y mantención de los aviones destinados al traslado de la máxima magistratura del país.

“Divulgar información sobre las aeronaves consultadas, su valor, así como costos generales asociados a su mantención, supone un dato de interés público, que debe estar sometido al conocimiento de la ciudadanía, a fin de poder ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos del erario nacional, para el cumplimiento de funciones esenciales, de autoridades administrativas como militares en tiempo de paz, al enfrentar catástrofes y otros fenómenos similares…”, señaló el CPLT en su decisión.

Sin embargo, la FACh -en vez de entregar la información- interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Pero el tribunal de alzada, el 29 de abril de este año, rechazó los argumentos de la institución armada, considerando -entre otras cosas- que “la sola publicidad del estado de operatividad y del costo global de mantenimiento del avión Boeing 737-500 de ninguna manera puede afectar a la Seguridad o a la Defensa Nacional, ya que no se refiere a información técnica militar”.

“Es útil consignar que, por un lado, la aeronave en cuestión no puede ser estimada ‘pertrecho militar’ ya que según el Diccionario de la RAE, tienen ese carácter las municiones, armas y demás instrumentos, máquinas u otros, necesarios para el uso de los soldados, y como segunda acepción, son los instrumentos necesarios para cualquier operación militar, por lo que el caso de secreto se ha restringido en su aplicación a aquellos equipamientos y materiales que por sus especificaciones técnicas, si se divulgan, pueden afectar la seguridad nacional, lo que debe revisarse en cada caso concreto.”, indica el fallo de la Corte.

FACh recurrió a la Corte Suprema

Pese al revés judicial, finalmente el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), presentó un recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones que rechazaron el reclamo de ilegalidad.

Esto significa que el CDE, en representación de la FACh, ha solicitado a la Corte Suprema que revise la sentencia de la Corte de Apelaciones para que se declare reservada la información que el Consejo para la Transparencia le pidió que entregara a BioBioChile.

De esta forma, mientras se encuentre pendiente la decisión de la Corte Suprema, no podremos saber cuánto de nuestros impuestos han ido a parar al avión presidencial, en una “batalla” que ha cumplido más de un año ¿Cuánto más tendremos que seguir esperando? La Justicia tiene la palabra.