Chile es el país con la tasa de homicidios más baja en América Latina. Sin embargo, nuestro país aparece en el tope de los países con más asesinatos al interior de las cárceles, de acuerdo al estudio mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) de 2019.

De acuerdo a los datos, hay un riesgo mayor a morir al interior de un penal que en la vía pública. Y es que entre 2010 y 2016, el promedio de homicidios por cada 100 mil reos en recintos penitenciarios chilenos bordeó los 90, pese a que la media nacional de homicidios es de 3.5, también por cada 100 mil personas.

De esta forma, Chile supera a países como El Salvador, Argentina, Colombia y Brasil, lo que llama profundamente la atención, dado que se trata de naciones donde son conocidos los problemas que arrastran en sus sistemas penitenciarios.

Aunque al parecer la realidad chilena no dista demasiado de nuestros vecinos, con niveles altos de hacinamiento, insalubridad debido a la falta de agua, riñas y homicidios, además de agresiones sexuales y físicas.

Hacinamiento y muerte en cárceles sudamericanas

A nivel sudamericano el tema carcelario es una deuda que los países aún no logran remediar, donde es frecuente conocer de riñas y motines que se saldan con varios muertos y heridos. Todo, derivado del hacinamiento en recintos donde incluso se registra hasta un 700% de sobrepoblación.

Por ejemplo, en mayo pasado, Ecuador debió declarar en emergencia su sistema penitenciario ante el hacinamiento y las riñas, movilizando las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a los distintos penales para detener los hechos de violencia, como lo sucedido en Latacunga, donde un reo fue ultimado por otros dos internos frente a los guardias penitenciarios. El hecho fue grabado con un teléfono celular desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel, donde está prohibido que tengan dispositivos móviles.

Pocos días después, una riña ocasionó la muerte de un preso y dejó herido a otro en una cárcel de la provincia de Azuay. La pelea también fue grabada con un celular y difundida en redes sociales y medios de comunicación.

El hacinamiento en las cárceles ecuatorianas se evidencia en que actualmente hay unas 41 mil personas recluidas en recintos que tienen una capacidad para 27 mil personas, según publicó Agence France-Presse.

En Brasil, otro de los países con graves problemas en su sistema penitenciario, el último hecho de violencia fue una masacre que terminó con 57 muertos en dos días.

De acuerdo a la información oficial entregada por la Secretaría de Seguridad Pública, 42 reos murieron en hechos ocurridos en cuatro cárceles del estado brasileño de Amazonas, un día después de que una pelea en uno de esos centros dejara otros 15 fallecidos, la mayoría con signos de asfixia.

Ya en 2017, una de estas cárceles, el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), fue escenario de una rebelión que se extendió por casi 20 horas y dejó 56 muertos, en una de las mayores masacres del sistema penitenciario de Brasil.

Según datos de World Prison Brief, entidad de estadísticas mundiales carcelarias dependientes del Institute for Criminal Policy Research de Londres, Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo con 716 mil presos, que generalmente viven en condiciones de hacinamiento y bajo el mando de facciones que se disputan el control del tráfico de drogas y se enfrentan en frecuentes y sangrientos ajustes de cuentas.

Incluso, esta violencia ha salpicado a otros países fronterizos, como Paraguay, donde se registró una matanza de 10 presos en junio pasado. La masacre fue atribuida a presidiarios brasileños alineados con la banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo.

A la hora del almuerzo, una treintena de criminales del PCC tomaron el presidio y asesinaron a reclusos paraguayos identificados como miembros del “Clan Rotela”, al que se atribuye el dominio del microtráfico de estupefacientes. Cinco de los fallecidos fueron literalmente decapitados con machetes y cuchillos, tres calcinados con colchones y otros dos fueron ultimados a golpes y con un arma blanca.

El extremismo criminal exhibido en la cárcel de San Pedro se registró en medio del hacinamiento que existe en los penales paraguayos, donde el 67% de la población penal, es decir, unas 11 mil personas, no tiene condena. Esto, sumado a una sobrepoblación del 700% según reconoció el ministro del Interior, Ernesto Villamayor.

Escenario de violencia que también comparte El Salvador, país que es considerado como uno de los países sin guerra más violentos del mundo con un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018, en su mayoría atribuidos a las pandillas.

En este caso, el Gobierno decidió trasladar a los pandilleros a prisiones de alta seguridad para aislarlos y evitar que den órdenes de delinquir a sus compañeros en libertad, usando ilegalmente teléfonos móviles para ordenar asesinatos y extorsiones.

No obstante, también dentro del caos reinante, una pequeña luz de esperanza se abrió ante la progresiva evangelización al interior de las cárceles, provocando cambios evidentes en el comportamiento de los reos, tal como lo destacó un reportaje del diario español El País.

La realidad chilena

Si bien Chile no registra episodios de ese nivel de violencia, nuestra historia está marcada por lo sucedido el 8 de diciembre de 2010, cuando 81 internos murieron en un incendio que afectó la cárcel de San Miguel, en la mayor tragedia carcelaria de nuestro país, que se originó por una riña en una de las torres.

El hecho puso en la palestra las precarias e inhumanas condiciones en que viven los presos, donde el principal problema es el hacinamiento y los niveles de violencia que tiene a los penales chilenos entre los más peligrosos de Sudamérica.

Lo anterior, según sendos estudios realizados por la Fiscalía Judicial y el Instituto de Derechos Humanos (INDH).

De acuerdo al primer organismo, las condiciones en las cuales miles de reos viven en 53 cárceles del país presentan serias precariedades, destacando las largas horas de encierro, pocas comidas y malas condiciones de higiene, entre otros aspectos.

Algunos reos pasan cerca de 15 horas en sus celdas, en establecimientos que en el 40% de los casos superan su capacidad máxima de personas, lo que conlleva pésimas condiciones de higiene.

Asimismo, muchos de los establecimientos no cuentan con un servicio higiénico efectivo, y la última comida del día que reciben los reclusos es a las 16:00 horas, para luego desayunar a las 08:00 horas, aproximadamente.

A esto se suma lo que sucede en los complejos penitenciarios de Valparaíso o Arica, donde los internos disponen del suministro de agua potable solo por algunas horas al día.

En tanto, sólo 2 de las 52 cárceles tienen agua caliente, exceptuando a Punta Peuco y Cochrane. Los penitenciarios femeninos, de ellos 3 tienen agua caliente parcialmente disponible; sobre todo en sectores de maternidad, donde las internas pueden estar con sus hijos hasta que cumplan los dos años, para luego quedar en manos de un tutor -generalmente algún familiar- o en una residencia del Sename.

Y si bien el hacinamiento en las cárceles chilenas se redujo al 37,5% de los establecimientos en 2017, siguen existiendo temas por resolver, según destacó el INDH.

En 2016, un 55% de los establecimientos penitenciarios del informe se encontraban por encima del nivel de capacidad; mientras que en el 2017 esta cifra también se redujo al 47,5%.

Asimismo, se comprobaron carencias “en algunos establecimientos, al advertir casos de personas que duermen en el baño o en el piso”. También “no siempre” se mantiene la separación entre imputados y condenados y los presos tienen un insuficiente acceso al agua y precariedad de servicios higiénicos.

Asimismo, el organismo señaló al acceso a las prestaciones de salud mental como uno de los aspectos más “invisibilizados y carentes” dentro del sistema, mientras que en 26 de los 40 establecimientos se encontró que los reclusos recibían algún nivel de maltrato como golpes y amenazas, que dejan al descubierto que existen “niveles de naturalización de acciones de violencia”.

La atención médica fue también objeto de cuestionamiento, ya que los funcionarios que prestan este tipo de atención, atienden -en promedio- a 49 reclusos. Sin embargo, en el caso del Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes, existía un funcionario para 187 personas.

“Encontramos el caso ocurrido en el recinto penitenciario Santiago 1, en enero del 2018. Tras la filtración de un video, se logra apreciar el momento y la forma en que un imputado es golpeado por gendarmes. Finalizada la golpiza, fueron los propios internos quienes tuvieron que llevar al herido al hospital de la cárcel.
Luego de dos horas, fue trasladado a la Posta Central y al día siguiente se informó de su fallecimiento producto de una muerte cerebral. En el mismo video se logra apreciar que el imputado fue entregado por gendarmes a funcionarios de ambulancia entre burlas, risas y comentarios del maltrato al imputado”.
INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2018

Las cifras

Ley de Ejecución Penal

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su abogada Marlenne Velásquez, apuntó a que si bien no es posible comparar la realidad de Chile con países vecinos, de igual forma hay temas pendientes.

“No es posible comparar a nuestro país con otros como Argentina, por ejemplo. Por un tema de población, cantidad de personas recluidas. Aunque ellos igual han avanzado en varios aspectos, por ejemplo en casi todas las cárceles cuentan con agua caliente, lo que aquí no sucede”, señaló.

Pero además, en otros países no siempre se manejan datos oficiales fidedignos, dado que son los propios internos quienes administran las cárceles, como en el caso de Brasil, donde hay penales autogestionados.

Sin embargo, entre los puntos que son necesarios modificar, está la necesidad de una Ley de Ejecución Penal, que actualmente no existe en nuestro país. Y es que actualmente sólo está el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que es de 1998, que está bajo supervisión exclusiva de Gendarmería.

De esta forma, según afirma la abogada Velásquez, sería posible fiscalizar lo que sucede al interior de las cárceles, y evitar vulneraciones a los derechos humanos por parte de la institución carcelaria.

“Entre las distintas propuestas que hemos hecho en nuestros informes, está la Ley de Ejecución Penal, porque actualmente solo hay un Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que es de 1998, y que no está acorde a los estándares internacionales respecto a los derechos humanos”, enfatiza Velásquez.

Si bien se deslizó la posibilidad que el tema esté en manos del Ministerio de Justicia, no logramos entrevistar al ministro Hernán Larraín para las consultas respectivas, pese a nuestra insistencia.

Gendarmería anuncia plan preventivo

En Gendarmería la visión es distinta. Junto con poner en duda las cifras del informe de la ONU, aseguran que se está trabajando en un plan para recudir la cantidad de homicidios al interior de las cárceles.

Según explicó a BioBioChile el director de la institución, Christian Alveal, los números de la ONUDD no coinciden con sus cifras, dado que el estudio no considera que en promedio anualmente ingresan unas 120 mil personas, lo que habría provocado un error estadístico.

A eso se sumaría la fuente de la información entregada en otros países, coincidiendo con lo que explicó la abogada del INDH, Marlenne Velásquez.

De todas maneras, el director Alveal asegura que hay una baja en los homicidios. “En 2016 hubo 52 muertes, en 2017 hubo 48, y en lo que va de este año van 16, que es menos de la mitad del año pasado”, valoró.

Sin embargo, reconoce que es un problema latente y que es “exportado” desde el exterior de los recintos penales. “Muchos de estos casos son por disputas territoriales de bandas que operan fuera de la cárcel y que llevan sus problemas a interior, hay una cultura desde el exterior que pretenden replicarla adentro”, explica.

“Por eso vamos a implementar junto al Ministerio de Justicia un plan para desintentivar esta conducta, el plan Tu Vida nos Importa. Actualmente un reo que se ve involucrado en un hecho, es separado de la población por 10 días, pero cumpliendo su castigo vuelve a la población penal de nuevo y no hay una mayor conciencia de lo que hicieron”, anuncia.

Dicho plan, está en vísperas de ser implementado una vez que esté la nueva reglamentación, que busca establecer un régimen interno diferenciado para el agresor y evitar la normalización de las conductas violentas.

No obstante, aún queda tarea por hacer. Porque tal como lo explica la abogada Velásquez, en la medida que las condiciones penitenciarias mejores, habrá una mayor probabilidad de reinserción de quienes cumplen sus penas tras las rejas.