Corría la primera mitad de 2016 cuando Natalie Méndez Sánchez fue a una sucursal de Banco Santander, ubicada en pleno centro de Santiago, a retirar dinero. La elevada suma que solicitó, cerca de 30 millones de pesos, llamó la atención de la tesorera del recinto, sobre todo porque el día anterior la joven veinteañera había girado en el mismo lugar 19 millones de pesos.

Luego de revisar la transacción a través de un mecanismo de control, la tesorera de la sucursal se percató que en la cuenta corriente de Méndez existían ocho transferencias por cinco millones de pesos de la empresa Dulce Sabor. A su vez, descubrió que estos fondos provenían de un crédito por más de 41 millones de pesos que el Santander le había entregado a la empresa poco tiempo antes. En vista de la extraña situación, le informó lo sucedido al coordinador de sucursales, quien posteriormente detectó que existían varias cuentas que operaban con un determinado sistema de transferencias entre sí después del otorgamiento de préstamos, y donde los socios de las empresas involucradas eran los mismos.

Por ello, la institución de capitales españoles inició una investigación interna que identificó un patrón de comportamiento. Al menos 33 empresas que estaban relacionadas entre sí mediante socios, avales y apoderados, y de las cuales 29 eran clientes del banco, aparentemente habían presentado documentación adulterada o antecedentes falsos para obtener millonarios créditos, arrojó el análisis. A ello se sumaba otro ingrediente: los eventuales falsificadores de datos no habían pagado ni siquiera una cuota de la deuda que mantenían con la entidad financiera, por lo que el fraude les habría dejado un perjuicio cercano a los 1.430 millones de pesos.

La única razón por la que la entidad no atajó a tiempo este problema fue que los estafadores contaron con ayuda de trabajadores al interior del banco, concluyó la investigación interna. Esto, pues gran parte de la información falsa entregada por los estafadores se pudo haber detectado con simples controles de rutina que en este caso no se realizaron o se omitieron sus resultados. De todos modos, aún no se ha logrado determinar quién o quiénes pudieron haber colaborado en el fraude.

Todos estos antecedentes están consignados en una querella que presentó el Santander ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 24 de abril. La acción legal, a la que accedió Radio Bío Bío, apunta contra quienes resulten responsables de haber obtenido créditos suministrando datos faltos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución. Dicho delito está contemplado en la Ley General de Bancos.

La anterior no es la única acción legal que ha emprendido el banco por el mismo tipo de estafa durante 2018. Revisando el archivo web del Poder Judicial constatamos que existen otras dos querellas similares, las que en conjunto acusan un perjuicio en torno a los 822 millones de pesos. Es decir, las tres acciones legales hablan de un daño económico de 2.253 millones de pesos.

Una de ellas revela que cinco personas informaron trabajar en la División Andina de Codelco y obtuvieron créditos por un total de 300 millones de pesos, tras haber entregado datos falsos a la entidad financiera. Entre ellos, la información contenida en sus liquidaciones de sueldo. Al igual que en el otro caso, tampoco han pagado la deuda adquirida, al menos hasta la fecha en que se presentó la respectiva querella.

Consultados al respecto, desde Santander prefirieron no referirse al tema.

En tanto, desde Codelco confirmaron que efectivamente las cinco personas acusadas de fraude en una de las querellas trabajan en la División Andina, aunque aclararon que la compañía no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. “Nuestra empresa entregó una información específica -dentro del marco legal- solicitada por el banco en su momento y está disponible para entregar los documentos e información oficial que requieran los tribunales de justicia y el Ministerio Público. En todo caso, de corroborarse que las liquidaciones de sueldo de nuestra empresa presentadas no son fidedignas, sino adulteradas, la compañía estudiará la posibilidad de iniciar las acciones judiciales y administrativas pertinentes”, afirmaron desde la mayor empresa estatal de Chile (ver respuesta completa de Codelco).

La información fraudulenta

Natalie Méndez inició su relación comercial con el Banco Santander el viernes 9 de octubre de 2015. Lo anterior, luego que los datos personales, profesionales y patrimoniales que entregó fueran aprobados, tal como ocurre regularmente con todos los clientes de cualquier entidad crediticia.

Sin embargo, unos meses después los millonarios giros que realizó en la sucursal de Huérfanos 676, en Santiago Centro, terminaron develando que era protagonista de un fraude que había impactado en más de 1.400 millones al banco.

Una vez que se descubrió la estafa, en la entidad revisaron las carpetas crediticias de los clientes involucrados, entre ellas, la de Méndez. Y descubrieron varias irregularidades que levantaron las sospechas de cómo y por qué se le habían entregado productos bancarios.

Una consistió en que no existía ningún tipo de documentación que acreditara sus ingresos, pese a que había ingresado datos sobre declaración anual de impuestos para el cálculo de renta como independiente. Supuestamente prestaba “servicios personales de publicidad”. A ello se suma otra anomalía: en tan solo tres meses modificó sus datos entre una solicitud de crédito abandonada y una que fue aprobada, donde cambió su nivel de estudios, el porcentaje de propiedad que tenía en algunas sociedades y su dirección particular y laboral.

Era evidente que algún funcionario de la entidad financiera la había ayudado a conseguir la aprobación, ya sea omitiendo los mecanismos de control o adulterando los resultados de ellos. Hubiese sido tan fácil como haber revisado su información comercial para descubrir que no calificaba, ya que en su Dicom aparece que tiene 13 documentos impagos por 5,18 millones de pesos.

Al igual que ella, otras siete personas hicieron lo mismo. A su vez, este grupo se encontraba vinculado entre sí a través de 29 empresas que eran clientes del banco, por medio de las cuales también habían contraído millonarios préstamos. La fórmula utilizada nuevamente fue la entrega de datos falsos o adulterados. Y apenas les otorgaban los créditos iban transfiriéndose dinero entre ellos a sus respectivas cuentas corrientes. Así lo consigna la querella a la que accedió Radio Bío Bío.

En el caso de las compañías implicadas en el delito, hay antecedentes que dejan aún más en evidencia que el grupo contó con la ayuda de gente al interior del Santander.

Uno de ellos es que se registraron evaluaciones de clientes nuevos sin carpeta tributaria, pese a que ella era obligatoria desde marzo de 2015. A ello se añade que se constataron modificaciones recientes de las mallas societarias, donde salieron aquellos socios que tenían mal comportamiento crediticio, ya que no calificarían como clientes del banco. Y en su lugar ingresaron socios que sí lo harían. Otro antecedente consiste en que las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de impuestos anuales fueron presentadas fuera de plazo y sin pago.

Los cinco de Codelco

En noviembre del año pasado, llegó una información que levantó las alarmas en el Departamento de Fraude de Crédito de Banco Santander. El dato consistía en que al parecer se habían abierto de forma irregular algunas cuentas corrientes ligadas al otorgamiento de créditos en la sucursal ubicada en Huérfanos 770, Santiago Centro.

De esa forma se dio inicio a una revisión de los documentos considerados para otorgar los productos a las cinco personas que estaban involucradas en la situación. El resultado confirmó las sospechas iniciales: Luis Castro Tapia, Elías Figueroa Romero, Luis Muñoz Villarroel y Glinnis Aburto Mansilla habían presentado información falsa y/o adulterada para obtener préstamos y otros productos. En total, gracias a este mecanismo fraudulento, pudieron acceder a cerca de 300 millones de pesos.

Todos ellos informaron ser trabajadores de la División Andina de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, el cual terminó siendo uno de los pocos datos fidedignos que aportaron.

Por el contrario, parte de la información falsa que entregaron al banco fue que las liquidaciones de sueldo de todos ellos contaban con haberes no imponibles superiores al 40%. Esta brecha positiva fue generada por elevados montos de colación y movilización que ascendían a 450 mil pesos, más una asignación de zona por otros 950 mil pesos.

“Se hace presente que se validaron las liquidaciones de sueldo con el empleador Codelco-Andina por vía telefónica y mediante correo electrónico con el sr. Leonel Fuentes, director de Administración de Personal de la división, quien confirmó que, si bien las personas son empleados de la empresa, la documentación fue adulterada ya que los montos por colación y movilización y asignación por zona no corresponden a la estructura de ingresos de la empresa”, cita la querella presentada por el Santander.

De acuerdo al documento, Fuentes además les dijo que “dichos empleados no están sujetos a pago de colación y movilización, dado que cuentan con transporte a faena y casino en el lugar de trabajo”.

Consultados sobre el tema, desde Codelco señalaron que “atendido que el banco ya inició formalmente esta querella criminal contra estas personas, Codelco Andina adoptará a la brevedad las medidas legales y normativas que correspondan”.

En tanto, la otra querella acusa que 28 personas presentaron información falsa o adulterada para obtener créditos y otros productos. El monto involucrado en dicho caso asciende a 522 millones de pesos.