El organismo, dependiente del Ministerio de Energía, abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades por la filtración de datos estratégicos de un contrato entre ENAP y Methanex que entregó vía Ley de Transparencia a Petromagallanes, firma neocelandesa que enfrenta una demanda arbitral interpuesta por ENAP. En este juicio, la estatal acusa incumplimientos en un contrato y exige una indemnización de US$ 60 millones. A esta polémica se suma que la información recibida por la empresa privada fue difundida por el senador Carlos Bianchi, quien, a su vez, denunció que ENAP le vende el gas más caro a los hogares que a Methanex.

El 25 de abril pasado, el senador independiente por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, denunció ante periodistas de la zona que ENAP le estaba cobrando cerca de US$ 5 más a los hogares magallánicos por el suministro de gas, respecto del precio que le aplica a la empresa Methanex. “Enap vende el gas a la población de Magallanes a US$8,04 por millón de BTU (unidad de energía británica) y a la Methanex a US$3,68 por millón de BTU”, acusó el parlamentario.

En su denuncia, sin embargo, Bianchi omitió la fuente que le entregó la información sobre el contrato que mantiene la estatal con Methanex. El dato es relevante, pues el precio de venta a privados de ENAP es información considerada estratégica y confidencial. Esa información comercial de la empresa estatal llegó a manos del senador gracias a Petromagallanes, un competidor privado que solicitó datos vía Ley de Transparencia a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En efecto, el 13 de abril pasado la CNE, organismo que depende del Ministerio de Energía, entregó a Petromagallanes una serie de documentos de ENAP. Entre ellos, uno que debía permanecer en reserva: el del precio al que ENAP le vende gas a Methanex. De este modo, por medio de un organismo público, Petromagallanes tuvo acceso a información estratégica de una empresa estatal, lo que, además, se da en medio de una disputa que mantienen ambas firmas. Lo anterior, pues ENAP presentó una demanda arbitral contra Petromagallanes, filial de Greymouth Petroleum, ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en la que acusa una serie de incumplimientos en un Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) que poseen en el pozo Caupolicán, ubicado en Magallanes. Por ello, la estatal está exigiendo una indemnización de US$ 60 millone.

¿Por qué ocurrió esta situación tan confusa? Andrés Romero, secretario Ejecutivo de la CNE, explica que en el proceso de responder a Petromagallanes su solicitud de Transparencia, “incurrimos en un error, toda vez que a uno de los 52 oficios que entregamos por Transparencia se acompañó información que iba en un anexo. Ese anexo era totalmente reservado y confidencial, porque informaba los precios que ENAP tiene con sus distintos clientes”. Todos estos antecedentes correspondían al mes de febrero de este año.

Esta trama, a su vez, generó repercusiones al interior de la CNE. “Dado que hubo un error en la comisión, esto dio inicio a un sumario administrativo el 27 de abril, el cual está en etapa de investigación. Y vamos a determinar las responsabilidades administrativas que correspondan respecto a los funcionarios que no cumplieron con el deber de cuidado que debe tener todo funcionario de la comisión, en relación al resguardo de toda información sensible que manejamos de las compañías”, dice Romero.

¿Cómo llegó la información que tenía Petromagallanes al senador Bianchi? Alberto Harambour, gerente general de la compañía en Chile, cuenta que “nosotros recibimos mucha información de parte de la CNE y otros organismos que hemos pedido a través de la Ley de Transparencia, para apoyar nuestra posición de que no debemos ser discriminados en cuanto al acceso al subsidio estatal que entrega el Estado para suministrar gas a la población de Magallanes y que actualmente sólo le llega a ENAP”.

El ejecutivo añade que “parte de esa información la hemos compartido con parlamentarios y organismos o miembros del consejo regional de Magallanes, todo en busca de apoyo para esta posición nuestra de que no debemos ser discriminados, sino que debemos ser tratados de forma igualitaria. El uso que cada uno de los actores le dio a esa información no es asunto nuestro”.

Por su parte, el senador Bianchi, tras las consultas de este medio, dijo que mantendrá en reserva el nombre de la fuente que le proporcionó los datos sobre el contrato reservado entre ENAP y Methanex. “Me voy a reservar el hecho de quién envió o no la información”, dice el parlamentario, tras ser consultado por este medio. “Esto está en mi correo institucional”, agrega.

Lo importante para Bianchi, según dice, es que una vez que recibió la información “la hemos analizado con mi equipo asesor y lo que hemos hecho para transparentar este asunto es pedirle al propio ministro de Energía, Andrés Rebolledo, que nos aclare si es verdadera o no”. Además, indica que le enviaron una copia a Contraloría para que tenga conocimiento sobre esta materia que, de llegar a comprobarse que es verdad, advierte, sería complejo y podría causar un perjuicio enorme para el Fisco.

Pero la respuesta que dio a Bianchi se contrapone a la versión que entregó a los medios de Magallanes, el 25 de abril pasado. “A través de la Ley de Transparencia me llega a mi correo, a los correos institucionales y personales, una información que es del todo relevante”, dijo en esa oportunidad.

Desde ENAP, en tanto, descartan la acusación del senador Bianchi y critican la situación que se generó con la filtración de información desde la CNE. “Nos parece que la filtración de este tipo de información, en las condiciones en que se produjo, causa un grave daño a la capacidad negociadora de ENAP con empresas con las que se relaciona, y se aprovecha de la entrega de información desde una repartición pública, lesionando legítimos derechos de terceros involucrados. Sería bueno conocer las verdaderas motivaciones que llevaron a difundir información sin reconocer que se trataba de una filtración”, señalaron desde la empresa.

Subsidio al gas

Este episodio no es el primero en el cual el senador Bianchi se ve ligado a Petromagallanes. Durante la discusión de la Ley de Presupuesto que se dio en el Congreso el último trimestre del año pasado, el parlamentario planteó una posición muy similar a la que desplegó la compañía petrolera.

El 5 de octubre de 2016, representantes de Petromagallanes acudieron ante la comisión mixta que estaba tramitando la Ley, instancia en la que presentaron su visión sobre el mercado del gas en el país. Si bien destacaron que la cuenca de Magallanes posee recursos de gas suficientes para abastecer el mercado en el futuro previsible, advirtieron que la exploración y explotación de gas natural en esa región dependen del acceso al subsidio estatal, pues el mercado no está dispuesto a pagar el costo real que esto implica.

“La actual Ley de Presupuestos, al igual que el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 recientemente presentado, regula el subsidio de manera discriminatoria, canalizándolo a través de ENAP y privando a los demás productores de acceso al mismo”, acusaron los representantes de Petromagallanes ante los parlamentarios (revise acá la presentación).

El aporte compensatorio que cuestionaron los ejecutivos se otorga para cubrir la diferencia entre el costo unitario de operación que la CNE determina para ENAP, que está fijado en US$ 8,18 por millón de BTU, y los US$ 2 por millón de BTU al que le entrega a Gasco Magallanes, empresa que distribuye el gas en esa zona. Esto se hace con el objetivo de evitar un alza en las tarifas al cliente final, medida que comenzó a aplicarse luego de las movilizaciones que hubo en esa región en 2011, a partir de un alza que pretendió realizar el gobierno de Sebastián Piñera.

Y en la propuesta del Presupuesto para este año el subsidio para Magallanes aumentó 3% en relación a 2016, superando por primera vez los US$ 100 millones. Todos esos recursos son canalizados a través de ENAP.

En ese contexto, los ejecutivos de Petromagallanes plantearon que “licitar el acceso al subsidio permitiría al Estado un ahorro substancial, que podría destinarse a incentivar la eficiencia energética o el desarrollo de formas alternativas de energía”.

En esa línea, propusieron revisar la estructura del aporte compensatorio en tres aspectos. Por un lado, que esté a disposición de todas las empresas petroleras que cuenten con producción de gas susceptible de ser utilizada para satisfacer la demanda de la región, y no solo a favor de ENAP. Además, agregaron, si las necesidades de la empresa distribuidora no pueden ser satisfechas con la producción del mejor precio ofrecido por un Contrato Especial de Operación Petrolera, la misma debería satisfacerse con la producción de otros CEOPs.

En el tercer punto, remarcaron que la producción de la compañía petrolera estatal debe participar en igualdad de condiciones respecto de los otros CEOPs.

A los días después de la presentación de Petromagallanes ante los parlamentarios, el senador Carlos Bianchi presentó una indicación a la glosa presupuestaria, la que iba en línea similar con lo planteado por la firma neocelandesa.

Uno de los puntos de la indicación proponía que “ENAP invitará trimestralmente a las empresas titulares de Yacimientos Comercialmente Explotables de gas natural en la Región (de Magallanes), a participar en un proceso de licitación para la compra de gas natural, las que deberán indicar precio, volumen y condiciones de entrega para los tres meses siguientes”.

Es decir, Bianchi sugería abrir el subsidio para los actores privados, entre los que se encuentran Petromagallanes, Methanex y Geopark (revise acá la indicación del senador Bianchi).

La propuesta añadía que “la licitación será adjudicada a uno o más licitantes que ofrezcan un precio menor que el precio unitario de producción de ENAP determinado por la Comisión Nacional de Energía, en un orden de procedencia de precios de menor a mayor”.

Consultado sobre esta situación, el senador Bianchi afirma que “efectivamente esa indicación existe. El subsidio de los US$ 100 millones está hecho para entregárselo directamente a ENAP. Lo que nosotros estamos diciendo es que si hay cualquier actor que pueda vender gas más barato y que eso sea de total beneficio para la población, que es lo que a mí me corresponde defender, que se haga una licitación. Esto, a su vez, es beneficioso para el erario nacional. Pero que quede claro que no estoy aquí para defender empresas”.

En tanto, desde ENAP destacan que el “aporte compensatorio tiene un objetivo que va más allá que mantener los precios vigentes, ya que busca también asegurar el suministro a largo plazo para la región. Ello sólo puede ser garantizado a través de campañas de exploración extensivas y sostenidas en el tiempo, las que en momentos de mayor necesidad, cuando el gas convencional se estaba acabando, sólo fueron asumidas por ENAP”.

Añaden que en la actualidad, cuando han tenido campañas de exploración exitosas, se despertó el interés de las empresas privadas de contar con este aporte. “Sin embargo, no podemos asegurar que estas compañías estén dispuestas a asumir los altos costos que tiene la producción en Magallanes para asegurar el abastecimiento de la región, incluso poniendo en riesgo su rentabilidad en épocas difíciles, como lo ha hecho ENAP”, enfatizan.

Batalla desatada

Toda esta polémica se da en el marco de un juicio en el que están enfrentadas ENAP y Petromagallanes. En efecto, el 30 de enero pasado, la estatal chilena presentó ante la Corte Internacional del Comercio, en París, y ante la Cámara de Comercio de Santiago, una demanda arbitral contra Petromagallanes y su matriz neozelandesa Greymouth Petroleum Holdings Limited.

En esta acción legal, a la que accedió Radio Bío Bío, ENAP acusa a las firmas de incumplimiento y negligencia grave en la ejecución del acuerdo de operación conjunta (JOA, por su sigla en inglés) suscrito para operativizar el Contrato Especial de Operación Petrolera del Bloque Caupolicán. Por esta razón, exige una indemnización de US$ 60 millones y que se les quite el contrato.

El inicio de la historia se remonta al 2007, año en el que Greymouth se adjudicó cuatro de los diez bloques que licitó el Ministerio de Minería en Magallanes. Entre ellos, estaba incluido el Bloque Caupolicán. El esquema consistía en que debía actuar como operador participando con 50% de los derechos de exploración y explotación, al tiempo que ENAP controlada el otro 50%. Además, la firma oceánica comprometió desembolsar el 64% del total de los costos e inversiones del consorcio durante la fase de exploración del CEOP, compuesta por tres períodos.

El primer período de exploración inició en marzo de 2009, con un plazo de tres años. En ese escenario, la estatal acusa que la relación entre ambas compañías fue compleja debido a que PetroMagallanes les negaba la entrega de información, forzaba la interpretación de disposiciones contractuales para su propio beneficio, ejecutaba actividades y operaciones petroleras sin someterlas a consulta, entre otras acciones.

En el segundo período de exploración, continúa el relato de ENAP en la demanda, persistieron los problemas en la ejecución de las actividades de operación petrolera del CEOP. Lo anterior, siempre por culpa de la operación deficiente que hacía Petromagallanes, por falta de información y porque la empresa seguía tomando decisiones sin consultar a ENAP, consigna el escrito.

Así, a mediados de 2015, pese a la negativa de ENAP, según reclama la estatal, Petromagallanes insistió en adjudicar y perforar un pozo profundo con un equipo de propiedad de Bonus Drilling, una empresa relacionada también filial de Greymouth.

Este trabajo no cumplió con los estándares que hay en la industria, lo que generó graves deficiencias y un sobrecosto en el presupuesto que ENAP no quiso asumir, considerando que le había advertido previamente sobre los riesgos que implicaría la perforación con ese equipo.

Posteriormente, a fines de 2015 concluyó el segundo período de exploración, tras lo cual ambas empresas debían comunicar al ministerio la decisión de pasar al tercer período de exploración o finalizar la fase de exploración. Mientras que ENAP aprobó esta decisión, Petromagallanes no respetó el procedimiento y notificó de forma independiente su intención de no avanzar al tercer período, lo que implica una infracción a lo establecido en el CEOP y, por ende, pone en riesgo su continuidad.

En vista de que Petromagallanes no mostró intención para subsanar los incumplimientos del CEOP, agrega ENAP, el Ministerio de Energía -como contraparte del CEOP- se vio obligado a iniciar el proceso para terminar el CEOP, lo que a juicio de la estatal es de absoluta responsabilidad de la firma neocelandesa.

De acuerdo a fuentes que saben del proceso, actualmente el Ministerio de Energía está preparando los antecedentes para entregárselos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de que este organismo presente una demanda civil para que el tribunal correspondiente de termino al mencionado CEOP. Se estima que el juicio civil duraría cerca de siete años, por lo que hay incertidumbre sobre si se podrá operar en el Bloque Caupolicán, lo que traería perjuicios para el Estado. En tanto, el juicio arbitral podría finalizar a mediados de 2018.

El gerente general de Petromagallanes, Alberto Harambour, cuenta que hace algunas semanas presentaron la contrademanda y que actualmente esperan obtener los consentimientos para hacer públicos esos documentos. “Sin embargo, descartamos totalmente las argumentaciones de ENAP y pensamos que ellos tienen obligaciones pendientes con nosotros”, dice Harambour.

También plantea que, según las últimas declaraciones del ministro, los incumplimientos consisten en que los miembros del consorcio no han podido ponerse de acuerdo en enviar las comunicaciones conjuntas que el ministerio requiere. “Nosotros pensamos que el ministerio debiera tomar conocimiento de los documentos entregados por ENAP y Petromagallanes en el juicio arbitral para iniciar cualquier acción. Pero no hemos sido notificados de ninguna acción iniciada por el Estado para terminar el contrato”, remarca el ejecutivo.

Tras ser consultados, desde ENAP comentan que los antecedentes ya están en manos del Ministerio de Energía, entidad que deberá resolver el futuro de la concesión y de las acciones que se emprenderán a futuro.