El pasado 16 de enero el fiscal nacional destituyó de su cargo al exdirector de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, Luis Torres. Esto luego que se acreditara en un sumario interno que cometió acoso sexual en contra de dos alumnas en práctica y al menos una funcionaria.
El sancionado, argumentando inocencia, presentó el mismo día una querella en contra del titular del Ministerio Público, Jorge Abbott, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por encubrimiento de los delitos de falsificación de instrumento público, perjurio y violación de secreto.
Pues bien, estos últimos ilícitos también los imputó, en calidad de autores, a los funcionarios que realizaron la indagatoria interna. Se trata de Mauricio Fernández, actual jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECO), quien actuó como fiscal administrativo. Le sigue Gisela Schoenmaker, abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica y que fungió como ministro de fe en la indagatoria administrativa. Luis Torres también incluyó a su exsubordinada Catalina Duque, quien recibió el relato de boca de una de las víctimas -cuya identidad este medio se reserva- y realizó la denuncia a la superioridad del Ministerio Público.
Desde entonces hasta ahora, los querellados iniciaron contactos con abogados para que los patrocinen en la investigación, que deberá llevar adelante el fiscal regional que sea elegido por concurso para ello, ya que es primera vez que un tribunal de garantía acoge un libelo en contra de la primera autoridad del organismo perseguidor.
Fernández, por ejemplo, será representado por el abogado Ciro Colombara, el mismo que defendió a la subcontralora Dorothy Pérez y logró que la Corte Suprema la repusiera en su puesto.
Schoenmaker, por su parte, contrató los servicios de Pamela Cisternas, actual subgerente legal de Fiscalía Privada, profesora de derecho procesal, exfuncionaria del Ministerio Público y con experiencia en tramitación de sumarios administrativos.
Catalina Duque, en tanto, refirió poder a la abogada Macarena Car. La profesional, exfiscal de delitos sexuales en la zona sur, que luego fungió como especialista del ramo en la Fiscalía Nacional, llegó a ser el punto focal del FBI en Chile para investigaciones de pedofilia con ramificaciones internacionales.
Fuentes que conocen del caso, indicaron que Abbott, evalúa ser representado por la Defensoría Penal Pública, hecho inédito hasta ahora, aunque no está resuelto del todo.
Macarena Car, declinó referirse a los hechos materia de la investigación penal. En tanto Colombara, al cierre de esta edición, envió su opinión como defensor de Fernández: “La querella carece totalmente de fundamentos. O los hechos en que se basa son falsos o el análisis jurídico es erróneo. La verdad es que a propósito de una investigación administrativa puntual por acoso sexual a una alumna en práctica, fueron apareciendo antecedentes serios y creíbles de más víctimas. Y se decidió como sanción su destitución”.
A su juicio, “esta querella pretende dos cosas: amedrentar a las víctimas que ya han aparecido y evitar que más víctimas se atrevan a denunciar, porque sus casos serán hechos públicos por Torres. No es primera vez que un acusado utiliza esta estrategia. En cuanto a la querella, instaremos por una investigación profunda y por el sobreseimiento definitivo, para ejercer después acciones judiciales contra Torres por esta acusación falsa”.
La abogada Cisternas fue la única que accedió a conversar con Radio Bío Bío sobre los alcances y destino del libelo ingresado por Torres.
En esta entrevista, la profesional asegura que la acción penal no tiene destino, toda vez que Torres solo intenta desviar la atención de su responsabilidad en el acoso sexual, ya que los delitos que imputa no tienen -a su juicio- asidero en la realidad.
Humo
¿A su clienta le sorprendió la querella que le interpusieron por perjurio, falsificación de documento público y violación de secreto?
La verdad es que sí, porque los delitos no tienen ningún fundamento jurídico.
¿A qué atribuye usted entonces la presentación de este libelo?
Es una estrategia para deslindar su responsabilidad en un sumario administrativo, donde fue sancionado con la remoción, que es la sanción más alta en el Ministerio Público, por lo que debo entender que los hechos denunciados eran de tal gravedad, que se aplicó la remoción.
¿Cuál es el rol que le toca cumplir a su clienta en este sumario?
Ella es la ministra de fe que llevó adelante el abogado Mauricio Fernández y además, excepcionalmente toma la declaración de una de las primeras víctimas.
¿Ella tenía experiencia en llevar sumarios o era la primera vez?
La tiene porque es abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica hace muchos años y antes fue fiscal del Ministerio Público.
¿En ningún caso le cupo inhabilidad? Se lo pregunto porque el querellante asegura ella conoció los hechos antes de iniciar el sumario?
El reglamento establece las inhabilidades y a mi clienta no le afectaba ninguna de ellas.
Usted asegura no conocer aún el sumario por el que se destituye a Torres, pero ¿qué le parece la sanción aplicada?
Me parece de la más alta gravedad, por eso debo entender, sin conocer el sumario, que los antecedentes que existen en esa carpeta, deben ser de tal magnitud y contundencia que la única posibilidad que existía era sancionarlo con la medida más alta que es la remoción.
¿Por qué su clienta la autorizó a hablar?
Ella está absolutamente afectada, porque ella es una funcionaria de carrera del Ministerio Público desde hace muchos años. Y que esta situación ocurra, es absolutamente excepcional, porque estamos en presencia de un querellante que se desempeñaba, nada menos, como director de la Unidad de Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Género. Entonces, hablamos de una persona que debía tener especial cuidado. Y es más, usar denuncias y reclamos reiterados durante la tramitación del sumario, es una forma de instrumentalizar el sistema y desviar la atención de lo que realmente es importante. De hecho él, habiendo ocupado ese cargo, acompañó la denuncia en la querella sin proteger la identidad de la víctima.
Sin abogado
¿Le ve algún destino a la querella?
Absolutamente ninguno, porque solo es una forma de instrumentalizar la querella para desviar la atención. Lo que vamos a lograr es el sobreseimiento definitivo por todos los delitos que le imputa a mi clienta y ocurrirá lo mismo con los otros funcionarios del Ministerio Público, incluyendo al Fiscal Nacional.
¿Cómo se enfrenta una causa de este tipo, cuando una persona, como es el caso de Luis Torres, sancionado con la destitución por acoso sexual y consumo excesivo de alcohol en una fiesta institucional, que asegura ser inocente, denuncia anomalías en la investigación administrativa?
La verdad es que es una defensa es bastante fácil, porque los delitos que imputa no tienen sustento. Aquí la única salida posible es el sobreseimiento de mi clienta y el resto de los querellados.
En este caso el Fiscal Nacional es imputado ¿quién del Ministerio Público debería llevar una investigación de este tipo?
El procedimiento que se debiera aplicar, es que el fiscal fiscal regional más antiguo en ejercicio convoca al consejo de fiscales. Posteriormente se realiza un sorteo. Allí se elige a un regional. Es decir le puede tocar a cualquiera de los que encuentren en ejercicio.
¿Le ha tocado defender una causa parecida?
De esta naturaleza, donde un funcionario del Ministerio Público ha sido objeto de un sumario y que presente querella y reiterados reclamos para desviar la atención, la verdad es que no. Esto es inédito, además la defensa del querellante es bastante extraña. Entiendo además que él es su propio abogado. Y por los hechos relatados en la querella, debe ser difícil encontrar un colega que quiera representarlo.
¿Si la causa es sobreseída, qué podría hacer su clienta?
Los delitos que él imputa no corresponden y van derecho al sobreseimiento. Por lo tanto presentar una querella por hechos falsos, podría implicar una querella por delitos calumniosos de vuelta.
¿Y usted está dispuesta a evaluar esa acción legal?
Por supuesto que lo evaluamos, porque el daño a la imagen, el daño sicológico que genera estar a este nivel de estrés, no es un tema que sea gratuito.
¿Luis Torres, entonces, está mintiendo en su querella?
Los hechos que él describe son falaces, porque mi clienta efectivamente no es responsable. Y en la investigación vamos a presentar las pruebas de ello.
¿No existe posibilidad, de que algunos testimonios no fueran veraces en el sumario?
Sin conocer el sumario, creo que los testimonios son veraces, porque en la Fiscalía Nacional se tomó una decisión tan grave, que los testimonios son creíbles. Sobre todo, en contra alguien que ocupaba el cargo más importante dentro de la Fiscalía Nacional. Y más estando a cargo de una unidad tan sensible, como es la encargada de delitos sexuales y derechos humanos.
En la fiscalía para muchas personas fue una sorpresa la denuncia por acoso sexual en contra de Luis Torres, atendido el cargo que ostentaba. ¿Parece una entelequia?
La verdad es que para cualquier persona de este país tiene que ser sorpresivo que a una persona que se encuentre designada en tal cargo sea denunciado por un tipo de acoso. Esto es como decir que dejaron al gato cuidando a la carnicería. En otras palabras, tenemos a una persona que se va a hacer cargo de un tema que está tan en boga últimamente como es el género, la protección de las mujeres, delitos sexuales, que claramente es llamativo.
¿Para usted la figura más aplicable al caso donde Luis Torres es sancionado es “dejar al gato cuidando la carnicería”?
Sí. Efectivamente esa es la figura.
