“¿Qué debemos esperar de estas decisiones? ¿Qué juezas y jueces deban solicitar aquiesciencia (permiso) del superior antes de resolver?”, dijo la Asociación de Magistrados tras acusar “afectación a la independencia judicial interna” por la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de dejar sin efecto la resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien la mañana de este miércoles decidió levantar la prisión preventiva a 13 imputados de la llamada “primera línea”, los cuales fueron detenidos a partir del 18 de octubre de 2019.

Urrutia basó su decisión en un posible peligro de contagio de coronavirus al interior de las cárceles, debido al hacinamiento que existe en ese tipo de recintos penales en Chile y a la fácil propagación que presenta el virus, ante lo contrario al aislamiento de personas.

Determinación del juez que también generó que la Corte de Apelaciones capitalina ordenara abrir un sumario administrativo y lo suspendiera de sus funciones, mientras dure el proceso.

Así se generó la pugna entre el juez Urrutia y el Tribunal de Alzada, que se sumó a que en la misma jornada la Corte de Apelaciones de Santiago decidió inhabilitar al juez Urrutia en el caso del mayor de Carabineros Humberto Tapia, quien fue formalizado por dos causas de Derechos Humanos (DDHH).

En esta otra situación, a Urrutia se le cuestionó por señalar que ese caso “resulta similar al de Matías Catrileo, asesinado por la espalda por Carabineros, evidenciando encubrimiento de la institución”, lo que daría a conocer un prejuicio.

Decisión de la Corte

En relación a la suspensión de funciones del magistrado por su decisión de dejar sin efecto la prisión preventiva para la “primera línea”, la resolución del Tribunal Superior detalló que “atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que éstos puedan generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualesquiera otras de idéntica naturaleza que se hubiere pronunciado por el juez Urrutia Laubreaux”.

Urrutia había beneficiado a los 13 imputados que fueron detenidos tras la apelación del Gobierno y la Fiscalía Centro Norte.

En primera instancia, el tribunal de garantía determinó firma bimensual para los 28 imputados detenidos en la intersección de Ramón Corvalán con Carabineros de Chile el pasado 3 de marzo.

Sin embargo, la apelación del Ejecutivo logró que fueran enviados de vuelta a prisión preventiva, lo que se mantendrá por ahora.

En total fueron 44 los formalizados que presuntamente integraban la “primera línea” de los cuáles 28 son mayores de edad y sólo 13 de estos últimos están con prisión preventiva, pues los otros 15 adultos están prófugos de la justicia.

Mientras, los menores de edad -16 en total- están bajo vigilancia del Sename, no recluidos en algún recinto.

Asociación respalda

Más allá de dejar sin efecto la decisión del juez Urrutia, lo que la Asociación de Magistrados califica como más grave es “la severa afectación a la independencia judicial interna. Incluso el recurso de queja, tantas veces objetado por este gremio precisamente por su incidencia en debilitar la independencia interna, exige que sea la parte agraviada quien lo interponga”.

En la misma declaración de los magistrados se agregó que “incluso, de operar las reglas del Código Orgánico de Tribunales, que permiten de oficio investigación disciplinaria, debe aplicarse un debido proceso antes de resolver y ello no puede concluir en anular una resolución, ni suspender al afectado en el ejercicio de sus funciones sin ser oído”.

Finalmente, los jueces señalan que “por último, y no menos importante, esta decisión ha preterido el fuero gremial que asiste al juez Urrutia, conforme lo señalado en el artículo 25 de la ley 19.296. Llamamos al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a anular de oficio la decisión adoptada, permitiendo que operen los canales legales de impugnación”.

A la Corte Interamericana de DDHH

Luego de conocerse la resolución del Tribunal de Alzada, el senador Alejandro Navarro salió en defensa del juez Urrutia, de quien aseguró que actuó ajustado a derecho.

“La Corte de Apelaciones lo que hace es ponerse en una condición de comisión especial y una comisión especial es inconstitucional (…) la Corte debe escuchar y no lo hizo”, explicó el parlamentario, a lo que agregó que el juez Urrutia ha cumplido fielmente el mandato que la ley le da.

Junto con ello, el senador Navarro aseguró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando que esa instancia deje sin efecto la suspensión de la que fue objeto el magistrado.

Historial de polémicas

En una nota de prensa que data de agosto de 2016, publicada en La Tercera, se apunta a Daniel Urrutia como el “niño terrible” del Poder Judicial.

“Urrutia ha batido un récord en materia disciplinaria, ya que en dos años acumula siete sumarios, tres de los cuales están paralizados por el Tribunal Constitucional (TC). A esto se suma que es investigado en una causa penal por la Fiscalía Sur, por supuesta prevaricación”, dice el texto de LT.

También se detalla que, por lo menos en ese periodo, Urrutia no tenía la simpatía de sus pares y tampoco de los funcionarios del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

A lo anterior, se describe una pugna con la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de 2015, quienes lo acusaron eventuales “malos tratos” a funcionarios del citado juzgado, lo que motivó una intervención de la Corte de Apelaciones en dicho tribunal.