Pasaron sólo algunos días para que el fiscal Emiliano Arias -nuevamente en funciones después de 9 meses de suspensión- se querellara contra quien lo denunció en abril de 2019: el fiscal adjunto Sergio Moya y el ex persecutor, Pablo Gómez, a quienes apunta por tres delitos. Violación de secreto, tráfico de influencias y obstrucción a la investigación.
En la acción judicial, el fiscal regional de O’Higgins cita una conversación de WhatsApp -irónicamente la misma vía que se usó como medio de prueba en su propia formalización-, que involucra incluso al jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott.
Según sostiene el documento, existen antecedentes que dan cuenta del conocimiento previo de Abbott de la denuncia de Moya contra Arias. Pero no sólo eso, sino que revela una posible coordinación para sacar de la órbita de la Fiscalía de O’Higgins ciertas causas, como la de abusos sexuales en la Iglesia Católica y la de corrupción de exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En ese contexto, este lunes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal y derivó los antecedentes al organismo persecutor, para que se realicen las diligencias pertinentes.
El abogado de Emiliano Arias, Marcos Contreras, sostuvo que la acción judicial es principalmente por el deber que tienen los fiscales de indagar acontecimientos presuntamente punibles. “En el transcurso de la investigación, tanto ante el Ministerio Público como ante la Corte Suprema, nos fuimos enterando de sucesos que podrían revestir el carácter de delito”, precisó.
Por su parte, el defensor del fiscal Moya, Marcelo Hadwa, en conversación con Radio Bío Bío, señaló que están estudiando la querella, pero que ya han encontrado supuestos vicios en la acción judicial, la que calificó como “delirante y bastante cuestionable”.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, sostuvo que todos los ciudadanos tienen el derecho legítimo a querellarse, pero reiteró su preocupación por lo que catalogó como una “guerrilla interna” en el Ministerio Público.
“Fiscales y autoridades del Ministerio Público querellándose unos contra otros no le hace ningún bien a la institución”, remarcó.
No obstante, no es la primera vez que Emiliano Arias se querella contra Sergio Moya, puesto que meses después que este último lo denunciara, inició acciones por injurias y calumnias.
Y si bien Arias logró zafar del proceso de remoción que inició Abbott ante la Corte Suprema, la causa penal en su contra sigue su camino. Actualmente, el fiscal regional de O’Higgins se encuentra formalizado por el persecutor titular de Magallanes, Eugenio Campos, por delitos informáticos y violación de secreto, en cuya causa presentó como evidencia registros de WhatsApp -facilitados por el propio Arias- donde conversa con su hermana y cuñado tras entregarle información de Fiscalía sobre un tercero vinculado en una causa con su sobrino.
Campos en la mira
En ese contexto es que la polémica suma otro capítulo. Dos funcionarias del Ministerio Público presentaron una querella contra Campos por el delito de apremios ilegítimos y abusos contra particulares.
En concreto, acusan que se les realizaron preguntas relacionadas a su vida íntima y se les mantuvo en interrogatorios por más de ocho horas, sin descansos, cuando Campos se encargaba de la diligencias investigativas contra Arias, el 3 de mayo de 2019, en dependencias de la Fiscalia Regional de O’Higgins.
Una de las afectadas detalló que el persecutor le consultó si es que el fiscal Arias habría sido el motivo por el término de una relación sentimental que ella sostuvo con un funcionario del Ministerio Público, algo que rechazó tajantemente.
Además, aseguró que el tipo de preguntas que le realizó Campos fueron efectuadas por su calidad de mujer y que, tras el interrogatorio -que según señala duró cerca de 8 horas- terminó llorando.
La acción, por añadidura, volvió a salpicar al fiscal nacional, Jorge Abbott. Las funcionarias acusaron que luego de presentar los antecedentes ante la máxima autoridad institucional, este les informó que “el consejo general del Ministerio Público decidió desestimar que se tratara de una denuncia respecto de hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir una investigación administrativa”.
Por ello aseguraron que se constituiría una falta penal por “omisión de denuncia”, que tendrá que ser revisada por el Tribunal de Garantía de Rancagua. Mientras tanto, la batalla interna sigue su curso.