Fue entre el 2017 y 2019, cuando el juez del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Pablo Aceituno, acosó sexualmente a una funcionaria de ese tribunal.

Según consta en la investigación liderada por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancangua, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, el magistrado hacía requerimientos de caracter sexual no consentidos, y generaba una relación abusiva en su condición de superior jerárquico.

En particular, entre los hechos probados se encuentran piropos lascivos y denigrantes, tocación del pelo, cuello e incluso los senos de la víctima. A ello se suma que posteriormente se jactó de los episodios diciendo que si el alguna vez era acusado, diría que la víctima lo provocó.

Además se añade un factor polémico: tiene cercanía con los exministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, destituidos de su cargo en octubre de 2019 tras destaparse episodios de corrupción en la Corte de Rancagua.

El juez fue suspendido por cuatro meses y con medio goce de sueldo: una sanción que es la más alta en el Código Orgánico de Tribunales y que fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, hubo dos ministros del máximo tribunal, Ricardo Blanco y Carlos Künsemüller, que se inclinaron por absolver al acusado.

Y no solo eso. La Corte Suprema sostuvo que la Corporación Administrativa del Poder Judicial debía financiar el tratamiento de la afectada, pero la entidad sólo tiene psicólogo y no psiquiatra, una situación perjudicial para el estado de la víctima, que tuvo enfrentó un intento de suicidio, indicio evidente de que debía recibir una terapia integral.

El máximo tribunal, que no otorgó el quórum para abrir un cuaderno de remoción, decidió adoptar una medida de protección a la víctima: el traslado del magistrado al Juzgado de Letras de Porvenir.

No obstante, el presidente subrogante del Colegio de Abogados de Magallanes, Mauricio Sandoval, fue tajante y sostuvo el máximo tribunal debió haberlo expulsado. “No se sienta una reparación ni aún simbólica. La Corte Suprema debió haber estado dispuesta a aplicar una sanción proporcional”, remarcó.

Desde la Asociación Nacional de Magistrados también apuntaron contra esa determinación. La presidenta de la entidad, Soledad Piñeiro, afirmó que es cuestionable y que además no soluciona el problema porque expone a otras potenciales víctimas a conductas similares. “Es una medida que impide el ejercicio del derecho de terceros a optar a un cargo vacante”, aseguró.

Psicoeducación inexistente

Tema que también respaldó la Directora de Genero, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes, Sintia Orellana. La abogada sostuvo que el traslado del magistrado implica que tendrá acceso a relacionarse con otras mujeres, “las cuales podrían ser potenciales víctimas de violencia de género, puesto que también podrían llegar a ser acosadas, tanto las funcionarias como las usuarias del tribunal”, manifestó.

Sumado a ello, la directora de Litigación Estratégica de la Asociación de Abogadas Feministas, Elizabeth Muñoz, enfatizó que en las medidas de reparación de las víctimas se debe incluir algo que garantice la no repetición, como “la psicoeducación de este juez. Necesitamos verdaderamente que las personas no vuelvan a cometer estos actos y las trabajadoras que van a ser víctimas, parte de estos procesos, confíen en este proceso y confíen en que nunca más se van a volver a repetir en la medida que el Poder Judicial ponga todo lo necesario para que ello no vuelva a ocurrir”.

En suma, desde la Asociación de Magistradas de Chile señalaron a La Radio que los casos de acoso sexual sometidos a disciplina en el Poder Judicial tienen varios problemas que ellas hicieron ver desde el principio.

“El más serio es, desde luego, la erosionada legitimidad que tiene el régimen disciplinario, tema muy antiguo en el debate tanto académico como gremial y que, por muchos esfuerzos que se han hecho por la Corte Suprema para mejorarlo no será visto como un buen sistema mientras no haya separación de funciones jurisdiccionales de las de gobierno”, explicó Francisca Zapata, presidenta de la asociación.

Añade que “sobre los casos de acoso sexual derechamente, la pregunta es si es aceptable que la función de juez sea ejercida por una persona que ha cometido actos de acoso sexual. Entonces, la pregunta tiene que ver con nuestro nivel de tolerancia hacia estas conductas y, cómo estas ponen en jaque la confianza pública en la judicatura”.