Tanto la Asociación de Magistrados como el Colegio de Abogados de Magallanes, cuestionaron el traslado de un juez sancionado por acoso sexual hacia una funcionaria, a Porvenir. La Corte Suprema sostuvo que fue una “medida de protección” para la afectada.

Fue en abril de 2019 cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó una investigación administrativa en contra del juez del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Pablo Aceituno, por una denuncia que daba cuenta de conductas que constituían acoso sexual y laboral hacia una funcionaria del tribunal.

En junio, se formularon cargos en contra del denunciado y el tribunal de alzada le impuso al juez una suspensión de funciones por cuatro meses con goce de medio sueldo.

La sanción fue ratificada por la Corte Suprema. Pero además, luego de haber cumplido su castigo, el máximo tribunal ordenó su traslado al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, según confirmó la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

“La Corte de Apelaciones de Rancagua, en el sumario administrativo iniciado para investigar actos constitutivos de acoso sexual cometidos en el Primer Juzgado mencionado, le impuso al magistrado Aceituno la medida disciplinaria de suspensión por cuatro meses, esto es la de más alta intensidad que consulta el Código Orgánico de Tribunales, sanción que se encuentra cumplida”, detalló.

En ese sentido, Chevesich enfatizó que en su momento no hubo quórum para abrir un cuaderno de remoción contra el magistrado, y que incluso, hubo ministros a favor de absolverlo.

“No se obtuvo el quórum necesario para abrir un cuaderno que estudiara la posible remoción del funcionario. De 18 ministros, solo 5 estuvieron por aquello”, indicó.

Poder Judicial
Poder Judicial

“La decisión que impone la resolución a que he hecho referencia no fue unánime, pues de 18 ministros, tres estuvieron por rebajar la medida disciplinaria a dos meses de suspensión; uno en orden a no imponer la medida de protección, y dos estuvieron por revocar y absolver al juez investigado de los cargos formulados en su contra”, reveló.

Pero además, afirmó que el traslado del juez Pablo Aceituno era una medida de protección para la víctima.

“La Corte decretó como medida de reparación de la ofendida que el Poder Judicial financiara un tratamiento sicológico para recuperar la integridad de ésta. Y, además, solicitó esta Corte una medida destinada a dar protección a la ofendida, pidiendo que se arbitrara lo necesario para que tanto ella como el denunciado no trabajaran en la misma unidad judicial”, explicó.

“Es importante tener presente que es primera vez que esta Corte Suprema adopta una medida de protección como la antes señalada”, concluyó.

Colegio de Abogados critican traslado

A través de un comunicado, los miembros del Colegio de Abogados de Magallanes señalaron que cualquier comunidad, independiente de la región, merece ser juzgada por hombres y mujeres probas, moralmente intachables.

Asimismo, manifestaron su preocupación en torno a las circunstancias que rodean el nombramiento, no solo por los hechos que se le imputan, sino porque también ya se tramitaba un concurso público que contaba con 11 postulantes para dicho cargo y aún así el máximo tribunal decidió designarlo en conocimiento de sus antecedentes.

“Nos parece grave que frente a hechos comprobados de acoso sexual por parte de un juez de la República a una funcionaria, la última determinación de la Corte Suprema sea recurrir al “traslado” del mismo a nuestra jurisdicción, hecho que nos resulta inaceptable”, señalaron.

Juez Pablo Aceituno | Archivo | Poder Judicial
Juez Pablo Aceituno | Archivo | Poder Judicial

Es más, desde el gremio cuestionaron su llegada, calificándolo como un “premio”, dado que en el extremo sur del país percibirá una remuneración todavía mayor a la que ya recibía como juez en San Fernando, debido a la asignación por zona.

“Se procede, una vez más, a utilizar el mecanismo del “traslado” a funcionarios del Poder Judicial sancionados disciplinariamente, enviando el velado mensaje a nuestra comunidad que nuestro territorio constituye una jurisdicción de castigo”, cuestionaron.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, sostuvo que están tomando medidas para erradicar estas prácticas al interior del Poder Judicial.

Al interior del Poder Judicial hay una Secretaría Técnica de Género, además de campañas contra el acoso sexual. Según un estudio realizado por ellos en 2017, uno de cada 10 funcionarios admitió ser testigo o sufrir estas prácticas.

Aceituno y su polémica con el Movilh

No es la primera vez que el juez Pablo Aceituno enfrenta una polémica pública. Ya en 2013 fue duramente cuestionado por dictar sólo arresto domiciliario para uno de los agresores de Wladimir Sepúlveda, joven que perdió la vida tras sufrir un ataque homofóbico.

En la oportunidad, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, no sólo criticó la decisión del magistrado, sino que también repudió sus argumentos.

“Las normas de la lógica e, incluso, las normas de la experiencia personal (indican) que cuando existen riñas entre personas de diversas edades, generalmente, sino más bien en la totalidad de las veces, se producen ofensas relacionadas con la madre del interviniente y la condición sexual de las personas que se ven involucradas en el hecho”, justificó Aceituno.

En conversación con Radio Bío Bío, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, fustigó estos argumentos asegurando que “es lamentable que el juez de garantía no haya entendido el peso que tuvo la homofobia”.

“Cuando hay 4 personas pateándole la cabeza, hay un odio irracional que sólo lo explica la homofobia”, concluyó Jiménez.