El Pleno de la Corte Suprema confirmó la prorrogación en dos años de la visita extraordinaria de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford.
Con ello, el Poder Judicial dio luz verde para que la jueza continúe investigando los casos de fraude al interior del Ejército por otro bienio.
Para el presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, es buena señal, aunque mencionó que cualquier ministro tiene las capacidades de liderar esta causa.
“Es una buena señal de la conformidad que existe con su trabajo, y también hay que tener en consideración que cualquier ministro está capacitado para conocer una causa como esa”, opinó.
Marcelo Castillo, quien es el abogado del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, que está procesado por la ministra, sostuvo en conversación exclusiva con Radio Bío Bío que no les sorprende la prorrogación.
“No nos causa sorpresa porque en realidad lo más sorpresivo de todo este caso es que se dicte una legislación ad hoc para que siga en el cargo, en vez de cambiar la justicia militar”, cuestionó.
“En realidad lo que importa acá, son las faltas de garantías ante la ley de derechos para el imputado en el actual sistema de justicia militar”, añadió el jurista.
Parlamentarios valoraron la noticia
Y al parecer la aprobación de la continuación de Rutherford en la investigación de la institución castrense también concita un apoyo unánime en el Congreso. Esto porque tanto parlamentarios de oposición, como del oficialismo, aplaudieron la noticia.
El diputado socialista, Leonardo Soto, quien es uno de los impulsores de la ley, mencionó que es una medida justa, ya que es una causa compleja.
“Me parece que es una medida muy justa porque la jueza Rutherford está llevando una investigación penal que es muy compleja, muy extensa”, estimó.
Asimismo, el congresista enfatizó que las penas deben ser severas para “recuperar a la Fuerza Armada”.
Por su parte, el diputado de la UDI, Álvaro Carter, quien es miembro de la Comisión de Defensa, sostuvo que es una muy buena señal porque mantiene una línea investigativa en el tiempo.
Es una muy buena señal, no se va a perder tiempo en que un nuevo ministro se entere de la causa, concluyó.
La magistrada ha sometido a proceso a dos ex comandantes en jefe de la institución castrense por los delitos de mala utilización de gastos reservados y malversación de caudales públicos.
En concreto, se trata de los generales (r) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, el primero por el posible desvío de $3.500 millones y el segundo por la eventual malversación de $4.500 millones.
Cabe destacar que la jueza fue confirmada en su puesto a pocos días de ser publicada en el Diario Oficial la “Ley Rutherford”.
En concreto, el cuerpo legal modifica el Código de Justicia Militar (CJM) a modo de posibilitar la extensión en el cargo de ministros de Cortes de Apelaciones que integren Cortes Marciales y que estén a cargo de causas “de alta complejidad, duración e impacto público”.
La medida lleva el apellido de la ministra en relación a su trabajo investigando los desfalcos del Ejército y atravesó una discusión de ocho meses en el Congreso, debiendo además sortear el Tribunal Constitucional.
Quién es Rutherford
Según explica la Revista Capital en un perfil dedicado a la ministra en visita, titulado “La jueza de hierro”, el nombre de Romy Rutherford se hizo conocido luego de que lograra procesar por lavado de dinero a un poderoso clan de narcotraficantes: los Mazza.
El caso se remonta a 2007, cuando cumplía funciones como jueza del Segundo Juzgado del Crimen y cuando nadie había logrado un procesamiento de este tipo en Chile, lo que terminó convirtiendo lo ocurrido en un caso de estudio en varias escuelas de derecho, consigna el citado artículo.
Pasaron varios años para que la meticulosa magistrada volviera a ocupar las portadas de medios nacionales. Esta vez se trataba del Milicogate, un multimillonario desfalco en el Ejército destapado en 2015. Rutherford puso en el banquillo de los acusados a varios altos mandos uniformados. Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba quizás los más importantes, ambos excomandantes en jefe.
El último de ellos tuvo duros rounds con la ministra, los que incluyeron la presentación de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del que luego desistió el exuniformado.
Pero esa no fue la única derrota de Fuente-Alba ante Rutherford, pues a inicios de 2019, la Corte Marcial decidió rechazar la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, la que previamente había sido descartada precisamente por la ministra en visita.
A ello se suma el rechazo de la Corte Marcial al recurso de amparo presentado por la defensa del exgeneral, con el que acusaron a la ministra Rutherford de haber impedido prestar la asesoría legal al exuniformado durante el proceso de declaración.
