El Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde al proyecto de ley que busca aumentar el tiempo de permanencia para los jueces que integren las Cortes Marciales, denominada “Ley Rutherford” a propósito de la investigación que lleva a cabo la ministra en visita Romy Rutherford por fraude en el Ejército.
El Pleno del TC declaró conforme con la Constitución la modificación introducida al Código de Justicia Militar, por lo que la propuesta del Congreso dio un paso clave de cara a su promulgación, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, solicitara el respectivo control de constitucionalidad para la iniciativa aún en discusión.
“Puesto en conocimiento del Pleno el anotado proyecto de ley, se resolvió que la modificación introducida al Código de Justicia Militar abarca el ámbito de la ley orgánica constitucional y, luego, llamado el Tribunal a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la norma, ésta fue declarada conforme con la Constitución”, indica un comunicado emanado desde el TC.
“La sentencia será expedida en el transcurso de los próximos días”, añade el escrito.
En caso de ser promulgada, la ley permitiría extender la estadía de la jueza Romy Rutherford hasta por dos años más en el tribunal castrense, plazo que en los términos actuales vence en marzo, aún cuando quedan varias diligencias y pesquisas pendientes.
De todos modos, la extensión del plazo investigativo para los jueces de Apelaciones deberá ser visada por el Pleno de la Corte Suprema, instancia que, por tanto, tendrá la última palabra en el caso que indaga Rutherford.
Quién es Rutherford
Según explica la Revista Capital en un perfil dedicado a la ministra en visita, titulado “La jueza de hierro”, el nombre de Romy Rutherford se hizo conocido luego de que lograra procesar por lavado de dinero a un poderoso clan de narcotraficantes: los Mazza.
El caso se remonta a 2007, cuando cumplía funciones como jueza del Segundo Juzgado del Crimen y cuando nadie había logrado un procesamiento de este tipo en Chile, lo que terminó convirtiendo lo ocurrido en un caso de estudio en varias escuelas de derecho, consigna el citado artículo.
Pasaron varios años para que la meticulosa magistrada volviera a ocupar las portadas de medios nacionales. Esta vez se trataba del Milicogate, un multimillonario desfalco en el Ejército destapado en 2015. Rutherford puso en el banquillo de los acusados a varios altos mandos uniformados. Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba quizás los más importantes, ambos excomandantes en jefe.
El último de ellos tuvo duros rounds con la ministra, los que incluyeron la presentación de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del que luego desistió el exuniformado.
Pero esa no fue la única derrota de Fuente-Alba ante Rutherford, pues a inicios de 2019, la Corte Marcial decidió rechazar la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, la que previamente había sido descartada precisamente por la ministra en visita.
A ello se suma el rechazo de la Corte Marcial al recurso de amparo presentado por la defensa del exgeneral, con el que acusaron a la ministra Rutherford de haber impedido prestar la asesoría legal al exuniformado durante el proceso de declaración.
Las diligencias siguen
Pero la trama está lejos de acabar. Precisamente si se logra aprobar la “Ley Rutherford”, la magistrada seguirá a cargo de las pesquisas.
Según publicó La Tercera, la toma de testimonios ha continuado de manera paralela a la tramitación de la nueva legislación, y a fines de diciembre “se concretó la declaración del comandante de Personal, general Patricio Mericq Guilá, en calidad de inculpado”.
“El general, sin embargo, se negó a concurrir a declarar en el tribunal, por lo que la jueza debió ir a tomarle declaración a su casa, junto a los funcionarios judiciales”, consta en el escrito del medio nacional, donde también se detalla que “el alto oficial es indagado en la arista “empresas de turismo” por unas vacaciones en Panamá”.
Justamente Mericq aparece mencionado en un informe de Contraloría revelado por Radio Bío Bío en octubre de 2019, en el que se señala que se “estableció que el Ejército carece de documentación para justificar más de 2 millones 428 mil dólares que usaron 218 oficiales en el ítem de fletes y exceso de equipaje -aéreo o marítimo- para sus destinaciones en el extranjero, entre 2016 y 2018″.
“No existió documentación -ya sea boletas, voucher, facturas, comprobantes u otros- que respaldara la efectiva utilización de dicho beneficio (…) asimismo es dable señalar que, lo proporcionado por el Órgano Castrense, es la única información en cuanto a respaldos de que se trata”, indica el informe.
En el documento además del militar ya señalado aparecen otros nombres como Osvaldo Vallejos comandante de Bienestar; Carlos Castillo Villarroel, jefe de la Misión Militar de Chile en EE.UU; Jorge Morales, comandante en Jefe de la II División Motorizada; Carlos Ricotti, director de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto; Rodrigo Valdivia Concha, comandante en Jefe de la I División de Ejército; Luis Rojas Edwards, Director de Educación, Doctrina y Entrenamiento.
La investigación continuará, al parecer, en manos de la Jueza de Hierro.
