Tras las disyuntivas que planteó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santa María, respecto del financiamiento y fiscalización de la campaña para el Plebiscito Constitucional del 26 de abril próximo, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS) en la Cámara Baja, Manuel Monsalve, pedirá al Gobierno aclarar esta materia y, si es necesaria, que se presente una ley corta ante el Congreso.
“El Gobierno debe garantizar, por todos los medios que tiene a su mano y por iniciativa legal, que en los medios de comunicación haya igualdad de ambas opciones. Lo segundo, que requiere regulación, es la participación de los privados. En el Plebiscito no hay un sujeto a quien identificar para poder financiar, a diferencia de las elecciones a alcaldes, concejales o diputados en que si existe, por lo que se sabe cuánto y a quién se financia”, dijo Monsalve.
Agregó que “a lo menos debería operar lo que hay para la elección parlamentaria, que es impedir que el proceso sea capturado por el aporte de privados (…) tomé contacto con la Secretaría Ministerial de la Presidencia para consultar cómo se iba a financiar el proceso y para garantizar igualdad”.
El parlamentario de oposición expresó que hay un vacío, porque hoy está prohibido el aporte de privados y de empresas a las campañas políticas. “Por tanto hay una interpretación que tenemos que aclarar con el Ejecutivo, porque si es que no estuviera claro va a ser indispensable que el Gobierno lo haga a través de una ley corta. No puede ocurrir que volvamos al aporte de empresas, para financiar campañas y proteger sus propios intereses y si se requiere ley, habrá que pedirle al Gobierno que envié un proyecto de ley corta”, expresó.
Monsalve tiene proyectado solicitar para este jueves una reunión con el ministro de Secretaría General de Gobierno, Felipe Ward. “Si hay un vacío legal, le voy a pedir a las otras bancadas que le solicitemos al Gobierno cerrar ese vacío”, finalizó el diputado socialista.
Desde el Servel
En tanto, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, detalló los alcances de la actual normativa vigente en la materia.
“Para el plebiscito del 26 de abril próximo el legislador no hizo aplicable la Ley 19.884 que establece las facultades del Servicio Electoral para fiscalizar, controlar el gasto y aplicar sanciones”, subrayó.
En ese contexto, indicó que “solamente hizo aplicable la ley de partidos políticos. De tal manera que estamos facultados para controlar los gastos en los que puedan incurrir los partidos políticos en la elaboración de videos y otro tipo de información gráfica y en la promoción (que circule en Internet), en el contrato que puedan hacer respecto de las redes sociales y eso sin duda lo vamos a hacer”.
Respecto a cómo se procedió en la última campaña electoral, Santamaría indicó que las ideas difundidas a través de redes sociales se consideraron como parte de la libertad de expresión.
“Para las elecciones de 2017, como Consejo Directivo del Servicio Electoral establecimos que todo el debate político, difusión de ideas que se diera a través de redes sociales formaba parte de la libertad de expresión que tienen los ciudadanos y ciudadanas”, apuntó.
No obstante lo anterior, la propaganda pagada o publicidad electoral en redes sociales durante la pasada elección, sí fue fiscalizada por el organismo, pero como ahora para el Plebiscito no hay candidaturas eso no se podrá realizar.
También se suman a la solicitud
El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, también cuestionó el vacío de la ley respecto del financiamiento y fiscalización de recursos de la campaña electoral para el proceso constituyente.
El senador de la región del Bío Bío indicó que “el acuerdo político llamado por la Paz y la Nueva Constitución tiene falencias y vacíos innegables. Se ha acordado realizar el Plebiscito, pero no tiene financiamiento. Vamos a exigir al Gobierno que entregue el financiamiento en enero de 2020, de tal manera de garantizar que este plebiscito por la Nueva Constitución se realice en las mismas condiciones que una elección normal, es decir con financiamiento del Estado”.
El ex militante socialista añadió que “la gente va a participar, va a tomar una opción por el Sí o el No y lo que debe hacer el Estado es financiar totalmente ese proceso, como lo hace en cualquier elección. Si no lo hace, el Gobierno tiene un doble discurso”.
Por su parte el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, que integra la Comisión de Constitución de la Cámara, dijo que se debe regular y enfatizó que el financiamiento debe ser público y paritario.
“Tiene que ser a través de financiamiento público (…) tiene que contemplar tanto a los partidos políticos, como a los independientes, a los pueblos originarios, a las mujeres”, explicó el congresista.
En la otra vereda, el diputado UDI, Jorge Alessandri, también miembro de la Comisión de Constitución, comentó que cree que las reglas de financiamiento deben ser igual a las que rigen actualmente a los parlamentarios.
“El tema financiamiento debiera ser con las mismas reglas del juego que los diputado (…) Esas reglas del juego dicen que las empresas no pueden donar, que sólo pueden donar las personas naturales vía Servel”, indicó el parlamentario.
De acuerdo a la programación del proceso constituyente, el próximo 27 de febrero se publicarán los padrones electorales definitivos y el 27 de marzo se iniciarán las campañas publicitarias en la televisión.
