En diciembre de 2021 el abogado Fernando Cortés ingresó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla para solicitar millonarias indemnizaciones para dos familias que se habían enterado de una inquietante situación: cuerpos de sus familiares habrían sido exhumados y reducidos sin su autorización.

Una investigación interna concluyó que por errores administrativos las osamentas de ambos fallecidos habían sido intercambiadas. Sin embargo, un peritaje genético posterior, demostró que, aunque una de las bolsas que contenía los restos había sido depositada en la de la otra familia demandante, la segunda bolsa correspondía a un tercer fallecido.

Estos casos se suman a otras cinco exhumaciones irregulares que habrían sido registradas por funcionarios de la Corporación entre 2017 y 2021, con denuncias sobre el preocupante estado administrativo del cementerio que se mantendría hasta hoy, con falta de recursos, personal y permisos.

A pesar de los problemas económicos, varios miembros de una de las familias demandantes fueron indemnizados tras llegar a un acuerdo con la Corporación, acto firmado ante notario y acompañado de cláusulas de reserva de información, según fue confirmado por la Corporación, la defensa de las familias y otras fuentes cercanas.

Sin embargo, la situación no concluyó ahí. La llegada del defensor al edificio blanco y rojo ubicado en Ánima de Diego 550 donde se encuentra la Corporación fue el primer dominó que culminó con la ruidosa salida de la procuradora Pamela Castillo López –encargada de los procesos administrativos de sumarios internos–, quien no solo desenterró la investigación fiscal que dormía hace alrededor de un año, sino que también acusó intentos para modificar los resultados de esta, los cuales responsabilizaban al Director del Departamento de Administración, Pablo Salazar Domínguez, por los problemas en el cementerio.

Es así como, a través de una demanda por despido injustificado, Castillo relató haber sido presionada por sus superiores para eliminar los elementos de la investigación que cuestionaban la gestión de Salazar, para solo dejar como responsables de las irregularidades a los operadores del cementerio. Mecanismo que, de acuerdo a fuentes internas de la Corporación, sería “pan de cada día”.

Consultados por Radio Bío Bío, desde la Corporación Gabriel González Videla negaron que se hayan realizado exhumaciones irregulares y que se le haya ordenado a Castillo eliminar antecedentes de la investigación, además de informar que sobre uno de los casos de exhumación existe una cláusula de confidencialidad que les impide dar detalles.

Exhumaciones irregulares e investigación interna

A raíz de denuncias de dos grupos familiares sobre exhumaciones y reducciones de cuerpos que se habrían hecho sin su autorización, el 17 de febrero de 2020 se inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades sobre funcionarios del Cementerio Municipal de Las Compañías, ubicado en Avenida La Paz, La Serena. La gestión de este depende de la Corporación Gabriel Gonzalez Videla, dirigida hoy por Jorge Díaz Torrejón, y específicamente, del Departamento de Administración de esta, cuya cabeza en la época y hasta hoy es Pablo Salazar.

Tras interrogar al mismo Salazar, operadores del cementerio, funcionarios del Departamento de Administración y revisar documentos, la fiscal Jenny Concha Casanova finalizó la etapa indagatoria, informando de conclusiones que daban cuenta de múltiples irregularidades y proponiendo instruir sumarios administrativos para cinco funcionarios, incluyendo al director del Departamento.

Dentro de las conclusiones comunicadas en la Vista Fiscal se encontró: que los restos exhumados y reducidos de las dos familias denunciantes se encontraban intercambiados, que las bolsas de reducción de restos que se entregaban a las familias de forma personal no estaban rotuladas, que el cementerio no tenía autorización sanitaria del Servicio de Salud de Coquimbo para su funcionamiento, que procedimientos operativos habituales no se encontraban actualizados ni escritos, que se carecía de supervisión operativa competente, que no se analizaba previo el impacto de contratación de personal sin experiencia, que el acceso es libre y sin barreras ni guardias de seguridad en puerta principal, entre otras 11 observaciones más.

A raíz del análisis, la fiscal resolvió instruir un sumario administrativo por la “gravedad de los hechos investigados y sus posibles consecuencias” para determinar posible responsabilidad al director del Departamento de Administración y Cementerios, al coordinador del mismo departamento, a la administradora del cementerio y a dos operadores.

Además solicitó pruebas de ADN a ambos restos encontrados, los cuales, de acuerdo a un intercambio de correos internos de directivos de la Corporación, arrojó que el peritaje concluyó incompatibilidad para una de las muestras con sus hijos. Es decir, aunque los restos de una de las familias sí se encontraban en el lugar de la otra, estos no estaban intercambiados, sino que había un tercer fallecido desconocido involucrado.

“Don Patricio”, escribió Salazar a Patricio Bacho Chávez –Secretario General de la Corporación de la época–, el 24 de noviembre de 2021, tras haberse empezado a mover nuevamente la investigación por el levantamiento por parte de la procuradora Castillo. “Junto con saludar, envío a ud. los resultados de los peritajes de ADN realizados (…). Estos dan muestra de una incompatibilidad de las muestras (…). Por lo anterior informo formalmente por esta vía a su persona, a la directora del Departamento Jurídico (Carol Álvarez Ordenes) y al director de Control Interno (Augusto Prado Sánchez), para que en conjunto y en breve plazo adoptemos las medidas que sean pertinentes y se dé aviso a las familias”, se lee.

Esa misma mañana, la directora del Departamento Jurídico, Carol Álvarez, reenvió la información a una abogada externa, solicitándole asesorar respecto al caso, “sobretodo es importante la forma en cómo se le comunicará a los familiares los resultados y que ello no implique un elemento para ellos ante una eventual demanda”, especificó.

Posteriormente, y según indicaron a Radio Bío Bío desde la Corporación Gabriel González Videla, se llegó a acuerdo con una de las dos familias denunciantes, las cuales recibieron una indemnización, y en cuyo caso se firmó una cláusula de confidencialidad por ambas partes que les impide referirse públicamente a los hechos.

De acuerdo a fuentes internas de la institución, este tipo de acuerdos no son raros en la Corporación, mediante los cuales se buscaría evitar demandas y difusión a medios de comunicación a través de pagos con platas públicas.

Desde la Corporación aseguraron que los pagos realizados, que fueron revisados por abogados de la familia y firmados ante notario, “fueron con objeto de indemnizar los daños que pudiera provocar esta situación a los herederos, por lo que negamos tajantemente que obedezca a un intento de silenciar a las familias. Empatizando con el sentir de los familiares de los difuntos y, en virtud de eso, hemos indemnizado y entregado otra sepultura, en los casos que corresponda”, quienes también afirmaron que con el acuerdo se buscaba evitar una judicialización del tema para no provocar “un mayor perjuicio a los familiares en un juicio largo y doloroso”.

Por el momento, la segunda familia que denunció los hechos no ha llegado a acuerdo con la Municipalidad.

Respecto a las observaciones de la fiscal, desde la Corporación indicaron que la regularización de los permisos sanitarios para el Cementerio de Las Compañías, se encuentran en curso.

También afirmaron haberse tomado una serie de medidas para mejorar la operatividad y administración de este, como la implementación de bolsas de exhumación donde se identifica al fallecido con su nombre, la elaboración de un nuevo Reglamento Interno de Cementerios, capacitaciones periódicas, un plan de acción de ordenamiento administrativo, etc.

Una solicitud “falta de ética e ilegal”

Pero con la indemnización a la familia y con ello evitar que el tema se judicialice, no se logró terminar con la trama interna del cementerio. El 24 de febrero de 2022 llegó una carta de denuncia ante el escritorio del recién asumido Secretario General de la Corporación, Ernesto Velasco, en la cual se relataba un intento de ocultación de información respecto a la investigación interna relacionada al caso del cementerio.

En esta, Pamela Castillo relata que tras entregar la propuesta de Resolución del caso, en que se recomendaba instruir los sumarios administrativos, se le habría pedido eliminar del documento de la Vista Fiscal redactado por la fiscal Concha “todos los hallazgos que comprometieran la responsabilidad del Director de Administración” y que “solo se mantuviera lo relativo al mal manejo de los operadores del cementerio, y no llevara a cabo ningún sumario administrativo propuesto”. La situación también fue confirmada por otra fuente interna de la Corporación que indicó que no era poco usual la modificación de información de investigaciones internas.

Según lo relatado por Castillo, la orden habría llegado desde la jefatura del Departamento Jurídico, y al negarse, la insistencia habría seguido por WhatsApp, hecho que habría quedado registrado entre los intercambios de mensajes entre Castillo y Zalma Rivera, coordinadora del departamento que subrogaba a Álvarez por licencia médica.

En los chats se lee que Pamela inicia la conversación comentando: “No te he mandado el documento porque estuve pensando y no me siento bien con eso, podrías relevarme de esta solicitud porfa? Disculpa las molestias. Espero lo puedas entender, no es nada personal”.

Minutos después llega la contestación: “Pamelita, sorry… lo necesito. Si quieres mándalo por acá o a mi correo personal para no involucrarte. Pero no puedo relevarte de esto”.

Pamela luego accede, pero media hora después cambia de idea: “Lo siento, pero estimo que no corresponde la modificación de un documento que ya conocí su contenido y es un documento con apreciaciones personales de la fiscal, es ella la indicada para modificarlo. Creo tener el derecho a no acceder a algo estimo no procede”.

Ante ese mensaje, la otra funcionaria asiente y le comenta que tendrá que hablarlo con Carol Álvarez, indicándose en la denuncia que esta habría conocido la situación. Consultada por Radio Bío Bío, Álvarez negó tajantemente que se haya dado esta instrucción y que se haya solicitado modificar ilícitamente información de esta o de cualquier investigación interna.

Indicó que, a diferencia de lo denunciado, lo único que se solicitó corregir en la ocasión fueron temas de forma, y no de fondo, al no poder abrirle a Salazar un sumario administrativo por estar trabajando bajo Código del Trabajo.

En testimonios presentados durante la demanda laboral, Rivera indicó que se le habría solicitado modificar la investigación porque la fiscal se había extendido más allá de lo encargado a investigar, por lo que se debía acotar al punto específico de las dos exhumaciones.

Consultados por Radio Bío Bío, tanto Rivera como Salazar negaron dar declaraciones.

De acuerdo a la denuncia de Castillo, ella indica haberse negado a la petición que se le pedía por no querer “transar sus principios y valores al solicitarle realizar un acto falto de ética e ilegal, incluso delictual (si se quisiera encuadrar en delito de falsificación de instrumento privado)”.

De tal manera, en la misma carta solicitó un cambio de sus funciones, fuera de la administración central, para alejarse del “ambiente laboral hostil”.

Consultados por Radio Bío Bío respecto a esta denuncia, desde la Corporación aseguraron que: “Es absolutamente falso lo expuesto, en orden a que se le pidiese a la señora Castillo eliminar información alguna de la investigación interna que involucró al Director del Departamento de Administración, don Pablo Salazar Domínguez u otro acto que adolezca de irregularidades, ni de ésta ni de ningún proceso disciplinario de los que tenía a cargo la ex funcionaria”.

En marzo de ese año se sobreseyó una investigación interna iniciada por la carta de denuncia de Castillo, concluyendo el informe final de la fiscal no existían pruebas para otorgar responsabilidad a Álvarez sobre las irregularidades denunciadas, sin existir ninguna acción punitiva por las acusaciones sobre exhumaciones irregulares y ocultamiento de información. Asimismo, se cerró la investigación que involucraba a Salazar.

En mayo, Castillo fue despedida por “razones de reestructuración de la Corporación derivada de la racionalización necesaria por la compleja situación financiera” de la entidad. Fue en esa causa en que denunció los hechos de exhumaciones irregulares y solicitud de eliminar información de la investigación, argumentando que habría sido despedida directamente por haber denunciado la situación al Secretario General.

La sentencia fue entregada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena el 22 de febrero de 2023, la cual le dio la razón respecto al despido injustificado por no acreditarse los fundamentos de las necesidades de la empresa, pero sin encontrar una correlación entre los hechos denunciados y el despido, razón por la que la Corporación hoy le debe alrededor de $17 millones, según lo resuelto por la corte.

Hasta el momento, no ha habido una denuncia formal al Ministerio Público, por lo que no se ha abierto ninguna investigación penal respecto a los hechos relatados.