Miles de funcionarios públicos en la mira: los clientes del mayor fraude de licencias médicas en Chile

Miles de funcionarios públicos figuran en el listado de clientes de los médicos detrás del fraude de licencias más grande de Chile.

En la nómina se repite un grupo de 10 galenos colombianos perseguidos por vender licencias a quienes se lo requirieran sin ningún examen previo.

Dicha situación redundó en que instituciones sensibles para el Estado terminaran dándole descanso a funcionarios sin que se sepa si eran ideológicamente falsas o no. Aunque el alto volumen de licencias y el tipo de prescripciones levantan las sospechas por si solas. “Ninguno de estos médicos tiene la especialidad de psiquiatría. Y casi el 95% de sus licencias eran psiquiátricas”, apuntó Rodrigo Varela, abogado querellante en el caso.

El asunto golpea principalmente a entidades clave en el andamiaje del Ministerio de Educación, como Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y varios servicios de educación pública (SLEP). También figuran otras de vital importancia para el Ministerio de Salud, como la Subsecretaría de Salud Pública, servicios de salud y un sinnúmero de hospitales.

El listado de 945 páginas, al que accedió BBCL Investiga, es parte de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente y enumera más de 25 mil licencias otorgadas por los médicos indagados.

Con todo, la nómina también la engrosan decenas trabajadores de las municipalidades y sus respectivas corporaciones edilicias. Irónicamente, en menor medida, aparecen incluso funcionarios de Fonasa -organismo que paga las licencias- y Fiscalía, entidad que precisamente investiga este tipo de irregularidades.

Los médicos favoritos del sector público

La historia va así. Detrás de las licencias al sector público se esconde un puñado de médicos colombianos que arribaron a Chile para concretar un fraude que superó los $26 mil millones de pesos. Todo se enmarca en el entramado delictual que comenzó en 2020, cuando Samir Rivaldo Hernández y su pareja Yesica Donado Alvis —líderes de la organización, según la indagatoria— montaron un negocio de licencias ideológicamente falsas que se extendió por dos años.

La trama ilegal llegó a tanto que necesitaron contratar a otros médicos colombianos para que vendieran licencias a destajo. Al sector público y también al privado. El beneficio era redondo: todos se llevaban una comisión. A más días, más ganancia.

Pero la Fiscalía Metropolitana Oriente les siguió el paso. La acusación que armó el Ministerio Público contra cada involucrado hoy tiene a 12 profesionales condenados. Y aunque la mayoría de ellos cumplirá la pena en libertad vigilada, tres se tuvieron que ir del país: Kevin Pérez Cartagena, Harinsson González Murcia y Cristian Ledesma Vargas.

Precisamente el nombre de este último se repite entre los trabajadores del sector público que requirieron de sus servicios. Ledesma Vargas, médico de la Universidad Simón Bolívar desde 2016, emitió 2.115 licencias médicas en 12 meses, entre diciembre 2021 y fines de 2022. Su perjuicio al fisco superó los $840 millones.

Jeffry Donado Alvis, hermano de la líder del fraude, permaneció en el país sólo cinco días en abril de 2022, pero en un periodo de cinco meses emitió 7.287 licencias médicas, únicamente para usuarios de Fonasa, cuyos pagos causaron un perjuicio al Estado de $2.557 millones.

Rafael Camargo Crespo y Andrés Jiménez Bastidas son otros de los nombres recurrentes entre los servidores públicos, quienes emitieron documentos al alero de Servicios Médicos Dr. Mitite, una sociedad —de acuerdo a la investigación— ligada al líder de la banda, Samir Rivaldo Hernández. Yenifer Rubiano Santander operó del mismo modo, pero mediante el Centro Médico Madlife SpA. La investigación detectó también que recibió pagos por $12,8 millones desde la sociedad Alianza Med SpA, otra de las relacionadas al fraude de licencias. Todos eran “centros médicos” que nunca tuvieron sede física y sólo existían en el papel.

Sonia González Guzmán también formó parte del esquema ilegal junto a su marido, Cristián Cantillo Sarabia.

En tanto, María Laura Rosado, Edwin Calderon Alarcón, Emmanuel Guerra Castilla y Carlos Lora Buelvas fueron otros nombres recurrentes. La Fiscalía detectó movimientos ilícitos en el caso de ellos, aunque optó por dejarlos fuera y no perseverar.

Lujos, fuga y cárcel

De todas formas, lo anterior no evitó que fueran cercados por la indagatoria. El día anterior a ser detenidos por la PDI, Samir —el líder— y Carlos planearon un intento de fuga. De hecho, Lora Buelvas alcanzó a escapar de Chile con dirección a Colombia, pese a que ya se encontraba vigente la orden de captura en su contra.

Jaime Pinedo Otálvaro, también médico colombiano, hizo lo propio entre abril y noviembre 2022: emitió 3.567 licencias médicas, tanto a pacientes Fonasa como de isapres. De ellas, 2.095 generaron un perjuicio estatal de $1.143 millones, mientras otras 427 provocaron un daño de $227 millones a las aseguradores de salud privadas.

A él, junto a otros ocho miembros de la banda, se les acusó de tres delitos: la emisión de licencias médicas falsas, la obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y asociación ilícita. Para ellos, las sanciones máximas fueron de 3 años y un día de presidio hasta 688 días para otros condenados. Todas la cumplirán en libertad vigilada.

Otro de los castigos son multas de 100 y 50 UTM (6,5 millones y 3,2 millones). Y por último, la inhabilidad temporal para recetar licencias médicas mientras dure el tiempo de condena.

Para los cabecillas de la red, como Samir y Yesica, todavía no hay sentencia. Por la gravedad de los delitos no pudieron obtener penas sustitutivas. Por el contrario, se mantienen en prisión preventiva a la espera del juicio oral. Exigen por lo menos 28 años de cárcel para cada uno.

Adicionalmente, el Ministerio Público pide una multa de $5 mil millones de pesos para Samir y $3 mil millones para Yesica. Un castigo acorde a lo lucrativo que fue el negocio para ellos. La pareja adquirió grandes lujos con el dinero defraudado. Por ejemplo, acomodadas casas en Barranquilla, Colombia; ropa de marca, transacciones al extranjero y joyas de oro.

Las instituciones más golpeadas

Lujos y fugas aparte, el listado elaborado por Fiscalía —clave para la indagatoria y analizado por este medio— permite identificar cada uno de los documentos bajo la lupa. Incluso más allá de los apenas 29 compradores que persiguió el Ministerio Público, tras identificarlos como los que más licencias consiguieron con los médicos del megafraude.

Del mismo modo, la revisión realizada por BBCL Investiga revela los principales organismos públicos perjudicados por dichas licencias.

En primer lugar, entre las entidades vinculadas al Mineduc lideran Fundación Integra, con 298 licencias; Junji (248); y los SLEP (173). Respecto del Minsal, en tanto, asoman fundamentalmente los principales servicios de salud (119) del país y la Subsecretaría de Salud Pública (108).

Servicios públicos receptores en fraude de licencias

En el caso de la Junji, por ejemplo, uno de los casos más complejos es el de Katherine Vanessa Sajama Laura, educadora de párvulos de la región de Tarapacá. Pasó 65 días en reposo gracias a cuatro licencias de salud mental extendidas por Isabel Piérola Monterrey, especialista en medicina estética.

Al alero de Fundación Integra, en tanto, asoma el caso de Edith Noelia Sandoval Huerta, asistente de párvulos de la institución, que estuvo 52 días con cuatro licencias médicas extendidas por Cristian Vargas Ledesma, Andrés Jiménez Bastidas y Jeffry Donado Alvis.

En la Subsecretaría de Salud Pública destaca María José Henríquez Silva, funcionaria que mediante siete licencias sumó 105 días de descanso por orden de Pablo Gabriel Lorenzo, otro de los médicos bajo la lupa.

La punta del iceberg

Más allá de instituciones en particular, también saltan a la vista 1.246 licencias emitidas a trabajadores municipales (o de las respectivas corporaciones edilicias) en las diferentes comunas del país.

Algo similar ocurre con los hospitales, a cuyos funcionarios se les entregaron 384 documentos de parte de médicos investigados como parte del fraude de licencias. Entre los más relevantes asoman el Hospital de La Florida (35), Sótero del Río (34), San José (32), San Juan de Dios (23), Posta Central (22), Barros Luco (16), entre otros.

Con todo, el destino de las licencias otorgadas por los médicos colombianos bajo cuestionamiento coincide con la situación general a nivel país. Y parecer ser la punta del iceberg. De acuerdo con información obtenida por BBCL Investiga, Junji, Integra y los servicios de salud son precisamente las instituciones públicas que recibieron más licencias médicas en Chile durante 2023.

Para dimensionar el fenómeno, la Junji es la única (incluso considerando empleadores privados) que superó el umbral de las 100 mil licencias durante el año pasado (104.161), seguida de cerca por Fundación Integra (90.084) y en tercer lugar por el Servicio de Salud del Maule (21.881).

Eso sí, esta última entidad, si se suma a sus pares de las otras regiones podría incluso quedar en primer lugar con 112.157, considerando el Servicio de Salud O’Higgins (21.587), Servicio de Salud Concepción (20.912), Servicio de Salud Reloncaví (18.010), Servicio de Salud Araucanía Sur (15.746) y el Servicio de Salud Valdivia (14.021).

Principales receptores de licencias médicas en Chile 2023

Medidas incipientes

Dicho escenario ha encendido las alarmas al interior de instituciones públicas como Compin, Fonasa e incluso la Contraloría. De acuerdo a información obtenida por este medio, el ente contralor ya puso un ojo sobre la problemática, aunque no necesariamente a propósito del fraude de licencias de los médicos colombianos.

En particular, ya se encuentra indagando denuncias puntuales relacionadas a la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Energía, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Aunque en este último caso sí estaría en cierta medida relacionado al fraude de licencias. En el listado de Fiscalía, de hecho, aparecen 27 emitidas a trabajadores del IPS, principalmente por los médicos Jeffry Donado Alvis, Cristian Vargas Ledesma, Rafael Camargo Crespo y Andrés Jiménez Bastidas.

Consultado el Minsal por la situación de la Subsecretaría de Salud Pública, servicios de salud y hospitales, se limitó a responder a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Valeria Céspedes, directora nacional del organismo, admitió que la entidad “no ha recibido información respecto a las personas que han adquirido estas licencias médicas”, lo cual “responde a la necesidad de proteger el proceso investigativo en marcha”.

Sin embargo, remarcó que han denunciado a Fiscalía todos los hechos relacionados al mal uso de licencias médicas. Y “en cuanto a las funcionarias y funcionarios públicos que se compruebe que adquirieron licencias médicas fraudulentas, se les cursarán los sumarios administrativos correspondientes, además de enfrentar las consecuencias penales pertinentes”, advirtió.

Asimismo, detalló que la Compin “está implementando planes en colaboración con diversas instituciones públicas para fiscalizar el mal uso de las licencias médicas y realizar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. En el último año hemos presentado un total de 300 denuncias”.

Por su parte, Juan Fuentes, jefe de la División Jurídica del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), subrayó puntos similares. “Nos parece extremadamente grave que cualquier persona obtenga licencias médicas fraudulentas, en especial si se trata de funcionarios públicos”.

En específico, aludió también al hecho que tres funcionarios de la institución precisamente aparecen en el listado, con licencias provenientes de médicos parte de la investigación por el megafraude. “Si bien se trata de procedimientos que son reservados, en caso de que algún funcionario de nuestra institución fuese condenado por este tipo de delitos o existieren antecedentes suficientes se harán efectivas las responsabilidades que correspondan”.

Respecto a la situación de Junji e Integra, la Subsecretaría de Educación Parvularia subrayó en la necesidad de distinguir entre quienes usan correctamente las licencias y quienes hacen mal uso del sistema. “Tanto Junji como Fundación Integra se encuentran impulsando líneas de acción para gestionar y disminuir los niveles de ausentismo de trabajadoras y trabajadores”.

En ese sentido, remarcaron que ambas instituciones, ante la detección de una supuesta licencia fraudulenta, de inmediato ponen en alerta a las instituciones encargadas de su fiscalización.

Según explicaron, en el caso de Fundación Integra se han desarrollado gestiones administrativas que consideran medidas como el cese del pago de anticipo en casos de licencias médicas no regularizadas; notificación a trabajadoras y trabajadores de aplicación de descuentos en remuneraciones por deudas generadas por no reintegro de subsidios; descuento por concepto de licencias médicas rechazadas, reducidas o pendientes de pago.

En Junji, en tanto, se han desarrollado distintas acciones que, “en el marco del Plan de Fiscalización impulsado por la Subsecretaría de Salud Pública, SUSESO y COMPIN, permitieron en 2024 implementar una mesa de asesoría técnica relativa al uso de ciencia de datos que permite la detección temprana de profesionales de la salud que se constituyen en grandes emisores de licencias médicas para el servicio”.

Pese a la magnitud del fenómeno en estas dos últimas instituciones, particularmente la Junji con más de 100 mil licencias sólo en 2023, internamente aseguran que la situación no generaría problemas relevantes. Lo anterior, porque se trata de una institución con miles de trabajadores y el impacto sería menor dado que existen los reemplazos por licencia médica.