Adopciones ilegales: el letargo de una mega-investigación en la que sólo trabajan 7 PDI

Apenas siete oficiales de la PDI están dedicados actualmente a investigar el tráfico de menores de edad, dados en adopción irregularmente entre 1950 y 1990 en Chile. Todo ello, pese a que se estima que más de 20 mil menores fueron sacados del país bajo esa modalidad durante la segunda mitad del siglo XX.

Según información obtenida por BBCL Investiga, se trata de detectives que tienen dedicación preferente —y no exclusiva— para trabajar en las causas que hoy lidera el nuevo ministro en visita Alejandro Aguilar Brevis. Un nombramiento que se dio luego de que, quien debía asumir, el ministro Guillermo de la Barra Dünner, declinara hacerse cargo.

—Hay un comisario y todos los demás eran recién egresados de la Escuela de la PDI (..) Eran unos niñitos que tenían menos de 25 años. Les hacíamos preguntas y se quedaban mirando entre ellos —cuestionan desde la ONG Nos Buscamos, entidad que ya ha logrado reunir a más de 500 familias de acuerdo a cifras internas.

En el Gobierno el tema preocupa. En junio recién pasado el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció un acuerdo de cooperación con Suecia para compartir información respecto de este tipo de casos.

—A nosotros nos gustaría, esta es una conversación que nosotros tenemos pendiente con la Policía de Investigaciones, volver a robustecer ese trabajo en Derechos Humanos. Precisamente por la importancia que tiene el conjunto de iniciativas que se están llevando a cabo —dice el secretario de Estado en entrevista con Bío Bío.

Cambios de ministro en visita

De acuerdo a registros oficiales del Poder Judicial, ante la justicia chilena se han abierto 1.187 causas, fruto de denuncias ingresadas en tribunales de todo el país. De ese total, 648 están en calidad de sobreseídas temporalmente a la espera de eventuales antecedentes concretos que justifiquen la reapertura del proceso investigativo. Dicho de otro modo, en la actualidad hay solamente 539 causas en tramitación. Todas ellas ahora pasaron a estar a cargo del juez Alejandro Aguilar Brevis.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago fue designado a comienzos de julio en visita extraordinaria para conocer las investigaciones en reemplazo de su par, Jaime Balmaceda Errázuriz. Este último estuvo a cargo de la materia durante los últimos cinco años, pero fue relevado en consideración a antecedentes remitidos por el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, quien funge como coordinador de las causas de Derechos Humanos. Todo ello “para reajustar cargas de trabajo”.

Y si bien en primera instancia se había designado como sucesor al juez de la Corte de Santiago Guillermo de la Barra Dünner, el Pleno de la Corte Suprema finalmente decidió nombrar al ministro Aguilar, a solicitud del propio de la Barra.

—El ministro Aguilar escuchó, no opinó. Nosotros teníamos varias preguntas para él, pero no nos respondió ninguna. Simplemente escuchó, se está poniendo al día —dice Constanza del Río, la directora y fundadora de Nos Buscamos.

El 15 de julio, Constanza fue citada por el magistrado en su despacho. Es que la idea del ministro, en estas primeras semanas, es entrevistarse con todos quienes conocen de la materia. Así al menos lo manifestó en la reunión con la ONG.

Según informó el Poder Judicial, a Aguilar sí se le autorizó la dedicación exclusiva, por lo que se le relevó de integrar Sala y Pleno en el tribunal de alzada capitalino. Esto, al menos por lo que resta de 2024. Lo anterior, explican desde el PJUD, “atendida la complejidad, extensión del asunto que motiva la solicitud y con la finalidad de propender a la mayor agilización en su tramitación”.

Constanza es crítica de la gestión del saliente ministro Balmaceda, a quien apunta por cerrar una serie de casos “sin siquiera tomar declaración a los denunciantes”.

—Ellos presentan la denuncia vía correo electrónico. Nunca les contestan nada y cuando lo hacen es para decirles que la causa se ha cerrado, sin siquiera haberlos llamado antes —señala.

Los 7 de la PDI

De acuerdo con información recopilada por BBCL Investiga, son apenas siete los detectives de la Policía de Investigaciones que trabajan en las 539 indagatorias aún abiertas ante la justicia.

“Actualmente existe una agrupación compuesta por siete oficiales, a cargo de un subprefecto, la cual presta colaboración en las investigaciones que substancia el ministro de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”, respondió la institución vía Transparencia, en base a información proporcionada por la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas (Jenadep).

Se trata, según detallaron desde la policía civil, de un grupo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu) compuesto por “inspectores y comisarios”, quienes “mantienen una designación preferente en las investigaciones y el diligenciamiento de las diferentes órdenes que emanan de la referida magistratura”. Es decir, no se dedican exclusivamente a estos casos.

“Efectúan coordinaciones con diferentes agrupaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales, además de cursar las denuncias de personas afectadas por los delitos de Adopciones Irregulares y Sustracción de Menores a nivel nacional y desde el extranjero”, remarcaron.

Sea como sea, distintos consultados coinciden en que a priori parece insuficiente la cantidad de policías destinados para estos fines. Constanza del Río, por ejemplo, cuenta que los conoció en una visita de la organización a la PDI.

—Hay un comisario y todos los demás eran recién egresados de la Escuela de la PDI. No tenían ninguna experiencia de investigación. O sea, ponen un equipo insuficiente con pocas personas y además, con poca experiencia. Eran unos niñitos que tenían menos de 25 años. Les hacíamos preguntas y se quedaban mirando entre ellos —cuestiona.

“Nuestras madres están falleciendo”

Una opinión similar tienen en la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS) que, tal como la ONG Nos Buscamos, se creó con el sólo propósito de reunir a padres y/o madres de Chile con hijos que les fueron arrebatados.

En conversación con este medio, la fundadora y vocera de la agrupación, Sol Rodríguez, cuenta que hace unos días atrás también tuvieron la oportunidad de reunirse con el nuevo ministro en visita a cargo de la investigación. “Se mostró muy abierto”, relata. Asimismo, valoran el cambio de investigador, considerando la opinión crítica que tenían hacia el trabajo desarrollado por el saliente Balmaceda.

Respecto a la dotación policial destinada a la mega-investigación, Rodríguez se mostró crítica recalcando que un grupo de sólo 7 detectives les parece “insuficiente”. Además, detalla que después del estallido social el grupo perdió la dedicación exclusiva que tenía.

—Necesitamos que vuelvan a tener dedicación exclusiva y con más contingente. También con más apoyo económico, porque ellos cuando viajan, por ejemplo en auto hacia el sur, están sólo unos días allá y se ven obligados a volver (a Santiago). Entonces no alcanzan a hacer todas las las investigaciones necesarias —cuenta.

Por último, la portavoz de HMS apunta a la necesidad de acelerar las investigaciones, pues varios progenitores han ido perdiendo la vida sin poder encontrar a sus hijos.

—Es importantísimo que esto se acelere dado que lamentablemente nuestras madres están falleciendo. Hoy (martes) justamente nos anuncian que un padre de hija falleció y para nosotros es muy doloroso no poder encontrar a sus hijos o a sus hijas —subraya.

Hijos robados

—No llores, tu hija servirá para la ciencia.

De acuerdo con antecedentes contenidos en el informe final de 2018, elaborado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se creó para abordar las adopciones irregulares en Chile, es un hecho que la desaparición de niños al momento de nacer fue “una práctica recurrente propia de todo el siglo XX”.

Las razones, de acuerdo a la instancia, son múltiples: las “carencias hospitalarias”, la falta de un registro de nacimientos óptimo y —peor aún— la “presencia de grupos que actuaron coordinadamente para arrebatar a menores, especialmente en el caso de mujeres vulnerables”.

Esto último no es casual. Según el documento, un factor común entre todos los casos era que las víctimas vivían en la pobreza o no tenían redes de apoyo. Un gran porcentaje de las madres, sostiene la investigación, eran “mujeres solas, a veces con muchos hijos y oriundas de sectores rurales”.

Sobre las fórmulas que se utilizaron para materializar la sustracción de los menores y el posterior envío con una nueva familia, la comisión parlamentaria llegó a la conclusión de que habían diversos métodos.

El más común y, por lo demás, el más cruel, era decirle a la mamá que el bebé había muerto. De esta forma, se evitaban “reclamos posteriores, pues la progenitora se convencía que era un hecho irreversible e incuestionable”.

En estos casos, a la mujer naturalmente no se le entregaba el cuerpo del menor ni tampoco el comprobante del parto, menos la inscripción de nacimiento o certificado de defunción.

¿Los responsables? Según se concluyó en la comisión, la mayoría eran empleados públicos. El ardid estaba compuesto por personal médico, paramédicos, funcionarios del Registro Civil y colaboradores externos que gestionaban la entrega de los recién nacidos a sus nuevos padres.

“Es así como organismos públicos y entidades privadas participaron de forma conjunta en esta operatoria”, se lee en el informe.

“Tú sabes que está muerta”

El testimonio de Nicole Gillaume fue uno de los analizados por la comisión. En 1992 dio a luz a su hija en el Hospital San Borja Arriarán. Era la segunda vez que ella visitaba ese recinto para dar a luz.

La madre remarcó que de entrada hubo algo que le llamó la atención: el especial interés que mostraron dos médicos que la examinaron por el origen de su apellido.

—El médico de mayor edad le dijo al otro que yo iba para “paro”, que no llenara ficha. Me enviaron al lado izquierdo de maternidad, lado contrario donde me enviaron en mi parto anterior. Me dejaron en una sala chica y sola donde una enfermera me colocó suero. Luego de eso comencé a sentir mucho sueño y a ver todo borroso, no distinguía rostros, solo siluetas y todo estaba entre nubes— relató la mujer.

Producto de los efectos de la medicación, Nicole ni siquiera alcanzó a conocer de vista a su hija. Apenas pudo escuchar su llanto.

—Cuando mi hija comenzó a nacer, me llevaron a un quirófano donde un hombre, lo supe por su voz porque no veía nada claro, pues todo estaba borroso, me levantó la parte superior de mi cuerpo quedando casi sentada y una mujer me levanta la cabeza y me da una cachetada. Solo recuerdo el sonido. Me dice que le tenía que hablar y me pincha el brazo derecho y mientras me dormía sentí nacer a mi hija y la escuché llorar —recordó la madre.

La peor parte vendría cuando se despertó más tarde ahogándose en su propio vómito. Fue entonces cuando en un pasillo del hospital una mujer vestida de azul, cuya cara no recuerda bien, le comunicó la peor noticia que una madre puede recibir justo después de dar a luz.

—Le pedí mi hija, ella me gritó “¡tú sabes que está muerta! ¡¿Para qué la pides?! ¡Y no llores, no hagas escándalo!”. Me desmayé y cuando reaccioné había otra mujer que me dijo “no llores, tu hija servirá para la ciencia” —rememoró Nicole.

Cuestionamientos a La Moneda

La ONG Nos Buscamos también cuestiona el rol del Ejecutivo. Constanza cree que el Gobierno no ha estado a la altura. Dice que —pese a reiterados intentos— no han conseguido reunirse formalmente con el presidente de la República, Gabriel Boric Font.

—Le hemos mandado más de 15 cartas (al Presidente) de las cuales nos ha respondido creo que dos. En la última se nos dijo que sí iba a haber audiencia con él (…) eso fue en marzo del 2023 y estamos en agosto del 2024 y no se ha concretado.

En respuesta, desde La Moneda aseguran a BBCL Investiga que el tema es un eje importante de esta administración. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, recalca la creación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Adopciones Forzadas o Irregulares. La instancia —iniciada en marzo de este año— apunta a poder coordinar una respuesta como Estado ante estos casos.

—Como Gobierno, y en particular en mi condición de ministro de Justicia, por instrucciones expresas del Presidente de la República, es momento de anunciar que el Estado de Chile va a emprender acciones de carácter multisectorial y de coordinación, en pro del derecho de cada una de las personas a conocer su origen y de la imprescindible reunificación familiar —dijo el secretario de Estado durante el 4º Congreso Internacional de Adopciones Forzadas y Delitos de lesa humanidad organizado por la agrupación Hijos y Madres del Silencio.

La iniciativa está conformada por representantes de los ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Salud, Relaciones Exteriores, además de funcionarios del Registro Civil, el Servicio Médico Legal, el Sename y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

¿El objetivo? Según detallan desde Justicia, la mesa —que se reunió por primera vez el 26 de abril— pretende “establecer un espacio de encuentro y colaboración entre las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y otros actores relevantes para abordar de manera integral y efectiva la problemática de las adopciones forzadas o irregulares en Chile”.

—¿Cómo han sido los primeros meses de trabajo de la mesa interinstitucional? ¿En qué materias se ha avanzado?

—En adopciones irregulares tenemos tres grandes órdenes de cuestiones. La primera tiene que ver con saber lo que sucedió durante décadas en Chile en un sistema normativo extremadamente flexible que permitió usos indebidos de las adopciones y además, que se pudieran realizar adopciones de modo ilegal con afectación del derecho de las madres y de sus hijos. Eso tiene que ver con un con un periodo que va desde finales de los 50 hasta bien adentrado los 90, casi el 2000 —dice Cordero en entrevista con BBCL Investiga.

El segundo orden —agrega el ministro— tiene que ver con los temas de Justicia.

—Muchas víctimas han interpuesto querellas criminales para indagar los delitos que se pudieron haber cometido en ese periodo. Eso es una investigación que estaba originalmente asignada al ministro Balmaceda. Son causas de Derechos Humanos, estas son las investigaciones que originalmente inició el ministro Carroza y que hoy día están bajo la coordinación de la Unidad de Derechos Humanos que coordina el propio ministro Carroza en la Corte Suprema.

—¿Y el tercero?

El tercer orden tiene que ver con cómo es posible llevar una política pública que permita el reencuentro y el derecho a conocer el origen. Esa es la articulación tanto de instituciones a nivel nacional como de las organizaciones de adopciones irregulares, que no solo están en Chile sino que también en el extranjero. Teniendo en consideración estas tres ámbitos, el Gobierno inició una primera fase que tenía que ver con la Mesa Interinstitucional, que se creó por resolución y que coordina el Ministerio de Justicia.

(La mesa) tiene la finalidad de unificar la información de la cual se dispone y establecer un mecanismo que permita construir la existencia de un banco de ADN con la posibilidad de permitir los reencuentros. Estos bancos de ADN debiesen ser administrados por el Estado y no por privados. Eso tiene que ver con el rol fundamentalmente del Servicio Médico Legal, tratando de resguardar por un lado el derecho de las personas a conocer su origen de aquellos que lo deseen. Y, en segundo lugar, permitir el reencuentro.

Ministro de Justicia, Luis Cordero

—¿Se puede conseguir una verdad judicial con sólo siete detectives de la PDI investigando, no exclusivamente? ¿Qué opina usted al respecto?

A nosotros nos gustaría, esta es una conversación que nosotros tenemos pendiente con la Policía de Investigaciones, volver a robustecer ese trabajo en Derechos Humanos. Precisamente por la importancia que tiene el conjunto de iniciativas que se están llevando a cabo.

Es una conversación que nos gustaría tener con el director de la PDI, en la medida que también nosotros vamos avanzando en los resultados a la Mesa Interinstitucional. Porque en la medida en que hay que ir dándole satisfacción integral a las víctimas, nosotros podemos avanzar en la mesa para permitir el encuentro. Pero también es relevante avanzar en la verdad judicial y para eso el rol de apoyo a la investigación que pueda tener el ministro en visita es muy determinante.

PDI no quiso participar

Este medio intentó en reiteradas oportunidades obtener una versión de la Policía de Investigaciones (PDI) para este reportaje.

De hecho, desde la institución —a través de sus canales oficiales de comunicación con la prensa— comprometieron una contestación.

No obstante, y aunque en principio indicaron una fecha en la que enviarían las respuestas, estas nunca llegaron. Pese a la insistencia y a la relevancia del tema, finalmente decidieron no participar de este artículo.