Polémica del Conservador de Bienes Raíces de Calama deja al descubierto intrigas y posible corrupción

Calama, la capital minera de Chile, ha experimentado un significativo desarrollo inmobiliario junto a su vecina Antofagasta, impulsado por el auge del cobre. Este crecimiento ha generado beneficios considerables para el Conservador de Bienes Raíces (CBR) local, un puesto ocupado desde el 1 de enero de 1983 por Manuel Godoy Gutiérrez. Tras su salida, el gobierno del Presidente Gabriel Boric nombró a Álvaro Toledo Soto (46) como el nuevo Conservador de Bienes Raíces de Calama el 22 de septiembre de 2023.

Desde su llegada, Toledo se enfrentó a una institución plagada de problemas: demoras excesivas en la inscripción de documentos, limitaciones en la cantidad de repertorios diarios, horarios de atención ineficientes y contrataciones cuestionables, incluyendo a los hijos del ex conservador. En definitiva, un largo etcétera de situaciones.

Familia y horarios

Toledo tomó medidas inmediatas, no renovando los contratos de los hijos de Godoy, entre ellos Manuel Godoy Sasaki, quien ejercía en la práctica como oficial primero del Conservador, y reorganizó los horarios de atención para mejorar la eficiencia. Introdujo un horario continuo de 9:00 a 16:00 y aceleró los plazos de los trámites. Además, implementó un sistema de prioridad por orden de llegada, eliminando prácticas que favorecían a ciertas oficinas de corretaje y estudios jurídicos sobre particulares.

Estas reformas no fueron bien recibidas internamente, pero comenzaron a mostrar resultados para los usuarios del sistema. Varios corredores de propiedades expresaron su respaldo a Toledo en una carta, destacando mejoras en la atención al público y reducción de tiempos en procesos que antes podían tomar hasta seis meses. En la carta, los corredores de propiedades señalaron su “rotundo respaldo y agradecimiento a las gestiones e innovaciones que se han implementado en la atención al público que ha empezado a entregar su organismo”. Agregaron que en la administración anterior tenían “serios problemas con el horario de funcionamiento, pocos sistemas de pago, escasa información del proceso y letargo en la gestión de reinscripciones, debiendo esperar hasta seis meses con este tipo de procesos”.

Según fuentes internas, el nuevo Conservador se percató de que las inscripciones que se cursaban más rápido provenían principalmente de algunas oficinas de corretaje de propiedades o estudios jurídicos específicos de la zona, en desmedro de particulares u otras oficinas que compiten en el mercado.

Toledo, con esos antecedentes y la posibilidad de que hubiese negocio ilícito, tomó la decisión de ordenar la apertura de una auditoría interna para esclarecer los hechos y, en base a eso, denunciar a las autoridades respectivas. Una semana después de esa decisión, se encontraba siendo investigado – y posteriormente suspendido – por denuncias de acoso laboral y sexual.

Incluso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío conversó con distintas fuentes sobre ese punto, todas prefirieron el anonimato advirtiendo que podrían sufrir represalias de hacerlo público. Estas fuentes enviaron documentos sobre la posible existencia de delitos.

El mejor ejemplo que entregaron las mismas fuentes dice relación con hechos que podrían llegar a ser similares a lo ocurrido en el Conservador de Curicó, donde el 22 de mayo pasado quedó en prisión preventiva el primer secretario de la oficina registral de esa ciudad, Felipe Moraga Ruz, acusado por la fiscalía de varios delitos de cohecho.

Según esa acusación, entre 2018 y 2020, el entonces funcionario curicano “recibía pagos de terceros para realizar gestiones en el Conservador, saltándose los conductos regulares y, con ello, perpetrando delitos reiterados de cohecho simple y agravado. Le pagaban a esta persona para que realizara actos cada vez que le pedían, es decir, que los privilegiaran para realizar trámites”, sostuvo en su momento Humberto Alarcón, abogado del Conservador de Curicó, querellante en la causa.

Pese a que Curicó está a 1.439 kilómetros de distancia de Calama, el relato de la acusación en ese proceso hace pensar que debería ser investigado de oficio por la Fiscalía de la ciudad nortina para esclarecer cómo y quién autorizó el modelo que terminó por beneficiar a un grupo selecto con la inscripción de sus documentos en Calama, ya que en la práctica se parecería a lo ocurrido en ese caso.

Pero, además, la historia judicial de Curicó tiene otro componente que se asemeja a Calama, ya que en ese caso también, apenas llegó a tomar el puesto el titular y observó procedimientos que se alejaban de la probidad, fue acusado por acoso laboral.

Acusaciones y suspensión

Y claro, porque las acusaciones esgrimidas el 7 de noviembre del año pasado desataron la crisis para el recién estrenado conservador Álvaro Toledo, quien no ha estado al margen de decisiones al menos extrañas o irregulares por parte de la justicia.

Las denuncias contra Toledo, que llegó a Calama desde Osorno, se conocieron luego de que, vía correo electrónico, se le enviara por parte de funcionarios una denuncia directamente a Juan Opazo Lagos, ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la cual se advertían “actitudes que no son para nada aceptables” por parte del conservador, como “acoso laboral, amenazas, amedrentamiento, persecuciones”, entre otras.

Específicamente, los hechos descritos se refieren a que Álvaro Toledo habría hecho invitaciones al cine y a almorzar a funcionarias. También se acusó al Conservador de haber tocado las manos de una funcionaria al tomar ambos el hervidor de agua. Sobre acoso laboral, los denunciantes sostienen que desde su llegada sobrecargó de trabajo a algunos. La xenofobia también se desliza en la denuncia, ya que se le expuso al ministro Opazo que Toledo había solicitado documentos del consulado de Colombia con los timbres originales a una funcionaria extranjera que se desempeñaba en el recinto.

El punto es que las acusaciones iniciales fueron realizadas por la funcionaria Javiera Guzmán, pareja de quien terminó reemplazando a Toledo tras su suspensión, el Conservador suplente José Aliaga Flores, quien para todos en Calama sería muy cercano al ministro Opazo.

Es así como cinco días después de recibida la denuncia, Opazo concurrió a la oficina del Conservador para entrevistarse con los funcionarios, y, posterior a las conversaciones, recomendó al tribunal instruir un sumario administrativo.

Pero, además, ocurrió otro hecho al menos extraño al haber sido Opazo quien inició la investigación, ya que el mismo es parte del órgano resolutor, lo que lo debiese haber inhabilitado para fallar en el procedimiento disciplinario, cosa que no ocurrió.

El 28 de noviembre de 2023, la Corte de Apelaciones, con Opazo en el proceso, suspendió a Toledo de sus funciones por un plazo de ocho meses – el doble de lo permitido según lo establecido legalmente –, plazo que llega a su fin el próximo lunes 29 de julio, cuando el conservador volverá a su cargo.

Honorarios traspasados

Hoy, el puesto lo ocupa José Aliaga Flores, quien ya se había desempeñado como conservador interino antes de la llegada de Toledo y es pareja de la denunciante del titular.

Aliaga también había postulado al cargo que ocupó Toledo, pero no obtuvo el puntaje suficiente para estar entre los 15 mejores de los 125 postulantes, de acuerdo con las características de currículum, conocimientos, habilidades, destrezas y criterios psicolaborales.

Sin embargo, y a pesar de que no existiría facultad para hacer contrataciones o cambios en calidad de suplente (ya que esto se puede realizar solo cuando se es interino en un puesto), Aliaga habría hecho modificaciones sustantivas dentro del Conservador, es decir, estaría utilizando facultades más amplias de lo que le correspondería.

Asimismo – y por orden de la Corte de Apelaciones – Aliaga estuvo recibiendo las remuneraciones de Toledo, las cuales le habían sido congeladas a este último, emitiendo así Aliaga boletas de honorarios del CBR Calama sin tener giro de Conservador. Incluso al ingresar a la página web del Conservador de Bienes Raíces de Calama, aparecen los datos bancarios de Aliaga para realizar los depósitos.

Frente a esta situación, el conservador titular Álvaro Toledo presentó una serie de quejas ante la Corte Suprema respecto a lo que él considera irregularidades cometidas por la Corte de Apelaciones. En medio de ese proceso, se le rechazó a Aliaga una petición en la que solicitaba la entrega retroactiva de dineros percibidos por el titular desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024. El pleno de la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud al considerar que se trataba de asuntos “ajenos” a sus facultades. Sin embargo, esta resolución parece incoherente, ya que fue la misma corte la que previamente ordenó que Aliaga percibiera los honorarios del conservador. Esta contradicción ha sembrado dudas en los círculos judiciales.

Finalmente, la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto la recepción de los honorarios del conservador por parte de Aliaga, indicando que “la suspensión cautelar de funciones no puede afectar la remuneración de la persona investigada. Esta Corte, de manera invariable, estima necesario actuar de oficio, dejando sin efecto, a partir de esta fecha, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta”.

Es por estas irregularidades que Toledo interpuso una queja contra los Ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministros que en otros procesos se han inhabilitado al reconocer cercanía y amistad entre ellos.

Mientras tanto, Radio Bío Bío contactó al Poder Judicial para hablar con el ministro Juan Opazo, quien respondió que “al ser una causa que está en tramitación en la Corte Suprema, el ministro Juan Opazo no puede referirse a ello. Todo lo relacionado con ese tema fue resuelto en el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual fue apelado por el Sr. Toledo”.

Pero existe otro punto. Pese a que la Corte Suprema ordenó que los ingresos percibidos por el suplente fueran restituidos al titular, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, casi en desacato, tomó la decisión de “armar una mesa de trabajo” entre ambos para la devolución. Sin que a la fecha se hayan traspasado los recursos.

Carta de los funcionarios

El pasado miércoles 24 de julio, 16 funcionarios del Conservador de Bienes Raíces de Calama enviaron una carta expresando su rechazo a la próxima reintegración de Toledo. La misiva está dirigida al Juez del Tercer Juzgado de Letras Civil de Calama, a los Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta y a los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

En el texto se refieren a la vuelta del conservador el lunes 29 de julio como una situación “del todo ilógica si se tiene presente que el titular no solo fue suspendido por investigaciones por acoso sexual y laboral, sino que además fue sancionado en ambos casos por resolución de la Ilustre Corte de Apelaciones de Antofagasta, aunque dichas resoluciones no se encuentren firmes y ejecutoriadas”.

En esa línea, indicaron que la vuelta del titular suspendido “ha generado naturalmente un estado de ansiedad, nervios y estrés en el personal de esta oficina conservadora”, añadiendo que varios funcionarios se han visto afectados por problemas de salud derivados de cuadros de estrés.

Además, señalaron que las licencias médicas tomadas a raíz de la situación han causado una baja de personal y una sobrecarga para los funcionarios, “cuestión que no puede ser salvada debido a que el conservador suplente no puede contratar personal. Esta situación también ha derivado en la extensión de los plazos con los que normalmente trabaja este conservador”.

“La realidad es que sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados, debido a la falta de claridad sobre si, al volver el titular suspendido, tomará represalias contra las personas que lo denunciaron y contra el personal en general”, concluye la carta.