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Nexos políticos y cita secreta: cómo dinero para los más pobres terminó en bolsillo del diputado Ojeda

11 julio 2024 | 06:30

La historia de cómo 200 mujeres, pertenecientes al porcentaje más pobre del país, se quedaron sin ayuda del Estado tiene de todo. Amiguismos, redes políticas, pagos en efectivo y hasta la cita secreta de un diputado de la República confluyen en una indagatoria que busca aclarar el paradero de 730 millones de pesos, provenientes de las arcas fiscales, que simplemente se esfumaron.

—Me dijo: “Tengo un tremendo problema y necesito contarte para ver si me puedes ayudar. Le pregunté qué pasó. Me responde: “Me gasté la plata”.

Para agosto de 2023, Rinett del Pilar Ortiz Rivera estaba desesperada. Pese a haber recibido más de $730 millones del Gobierno Regional de La Araucanía sólo seis meses antes, la bicicleta económica que montó —a costa de platas públicas y con la ayuda del diputado Mauricio Ojeda Rebolledo— le terminó por pasar la cuenta.

Su nombre alcanzaría notoriedad luego de transformarse en una de las protagonistas del caso Manicure, un escándalo que esconde reuniones secretas, trenzas políticas y pagos en efectivo. Todo con dinero que, en teoría, debía ir en ayuda del 60% de la población más vulnerable de La Araucanía, la segunda región con la mayor tasa de pobreza del país.

Testimonios, informes policiales y cientos de fojas contenidos en el expediente judicial —a los que accedió BBCL Investiga— reconstruyen el tinglado que permitió, según la indagatoria, que esos mismos recursos fueran a parar a los bolsillos de funcionarios públicos. Entre ellos, el propio diputado Ojeda.

Viejos conocidos

El parlamentario, electo en cupo del Partido Republicano, y la dueña de las fundaciones Folab y Educc son viejos amigos. Declaraciones del mismo parlamentario —contenidas en la causa por fraude al fisco y cohecho— apuntan a que ambos se conocieron en 2006 mientras trabajaban en TVN. Ella era maquilladora. Él, periodista.

El segundo semestre de 2022, Rinett estaba a punto de irse a la quiebra. Mantenía millonarias deudas derivadas de otros proyectos con reparticiones estatales. La pandemia y el desorden financiero golpeó fuerte. Por eso, decidió pedir ayuda al diputado que por aquel entonces gozaba de popularidad en la zona: apenas un año antes había sido electo congresista con más de 14.900 votos. Sólo por debajo del UDI, Henry Leal, y del RN, Miguel Becker.

Según plantea la indagatoria, para paliar las deudas de Rinett, Ojeda le otorgó un préstamo de poco más de $80 millones provenientes de su bolsillo y de sus amigos. Y, de manera paralela, él y ella acordaron postular a iniciativas que serían financiadas por el GORE de La Araucanía. Ojeda —sostiene el Ministerio Público— haría las gestiones internas para conseguir que la tramitación avanzara en el organismo presidido por el gobernador Luciano Rivas (vinculado a Evopoli).

Así, “en el entendido de que prontamente se recibirían fondos de procedencia fiscal de manera paralela”, Ojeda le traspasó los dineros. Él solicitó un crédito y le entregó $40 millones a Rinett mediante nueve transferencias. Lo hizo entre el 16 y 26 de agosto de 2022 desde la cuenta bancaria de su empresa, la Automotriz Ojeda SpA, donde figura como único socio. También solicitó que sus amigos Patricio Esparza González (ex director de la Corfo Araucanía), y Pablo Herdener Truán (ex candidato constituyente de la UDI) hicieran lo propio por otros $40 millones.

Dinero sonante y contante que llegó a las manos de Rinett.

“Yo no quiero pensar mal de él, pero…”

Con los dineros traspasados, a la fundación sólo le restaba conseguir el financiamiento del GORE. Una misión que no estuvo exenta de contratiempos, pero para la que contaron con la gentileza de altos funcionarios de la repartición estatal. Y es que ese mismo mes, Ojeda contactó y concertó una reunión con Juan Pablo Leonelli Lepín, el entonces jefe de gabinete del gobernador Rivas.

La cita tuvo lugar en dependencias de la propia fundación. En la oportunidad le mostraron las “credenciales” de la institución. Hasta le dieron un tour por las instalaciones y —según dice fiscalía— “acordaron que la forma para apoyar financieramente a Folab sería mediante la presentación de iniciativas al Gobierno Regional de La Araucanía”.

Todos intercambiaron contactos y quedaron conectados vía WhatsApp. A través de esa misma plataforma, Leonelli le habría indicado que los cursos podrían ser de masoterapia, peluquería y manicure. También le aconsejó, de acuerdo a conversaciones telefónicas de Rinett, que debía ingresar programas por menos de 7 mil UTM (unos $460 millones) para evitar que éstos pasaran por el análisis del consejo regional, tal como lo estipula la ley. La idea era, justamente, hacer más expedita la tramitación.

—Quiero aclarar que tengo la impresión de que el diputado Ojeda podría haber sabido del problema económico que ya traía de arrastre Rinett Ortiz en sus fundaciones. Yo no quiero pensar mal de él, pero por lo mismo ni siquiera quise seguir hablando con el diputado hasta el esclarecimiento de los hechos —declaró Leonelli ante la fiscalía el 4 de marzo de 2024, en calidad de imputado.

La tajada

El primer intento por hacerse de los dineros del GORE fue desastroso para Rinett y su hermano Juvenal, quien estaba a cargo de las finanzas de las fundaciones. El proyecto estaba pésimamente formulado por lo que terminó siendo “observado”. Los persecutores sostienen que el mismo Leonelli tomó contacto con la jefa de División de Fomento e Industria del GORE, la imputada Susan Alarcón, para que revisara la tramitación interna del programa.

La funcionaria “detectó considerables falencias” en las postulaciones que Rinett hizo a través de sus dos fundaciones: Folab y Educc. Más tarde, los investigadores descubrirían que esta última entidad ni siquiera tenía sede ni cuenta bancaria.

Sea como sea, Alarcón sugirió re-confeccionar los proyectos. Y para reingresarlos —a petición de la propia funcionaria— Rinett contrató a Manuel Mora Chepo, un sociólogo “experto” en formulación de proyectos. Se trata de un íntimo amigo de Alarcón. Él aceptó ayudar a Rinett, no sin antes pedir una tajada de unos 10,9 millones de pesos, por sus servicios.

Ambos proyectos, el de Folab y Educc, fueron reingresados en septiembre de 2022; tramitados por la propia Susan Alarcón en conjunto a otros profesionales del GORE; y aceptados en tiempo récord.

Para diciembre de ese año y y febrero de 2023, los dineros públicos ya habían llegado íntegramente a las cuentas de Rinett.

$365 millones por cada uno.

$730 millones en total.

En la declaración que Mora Chepo presentaría más tarde ante la fiscalía no sólo confesó que Alarcón le colaboró en la formulación de los programas, sino que parte de los dineros que él cobró fueron a parar al bolsillo personal de su amiga. Es más, testimonió que el monto que él solicitó a Rinett por sus tareas fue idea de la misma jefa de división.

—Luego de recibir el pago por la formulación de los proyectos en el mes de enero de 2023, por sobre 10 millones de pesos, por transferencia, le transferí cerca de 7 millones de pesos a Susan Alarcón —dijo.

Mora Chepo ahondó:

—Esto se debió a que Susan, en el mes de enero, me solicitó que le transfiriera 7 millones de pesos (…) luego de haberle comunicado que Rinett me había pagado. Nos habíamos juntado esos días, puede ser para mi cumpleaños. Susan me comentó que se encontraba ante un desafío económico en atención a que su hija iba a ir a estudiar Canadá y por tal motivo se encontraba juntando dinero.

“Aprovechamiento personal”

Rinett mantuvo su palabra. Apenas recibió los dineros públicos, echó andar una vez más su bicicleta financiera. Pagó sus deudas al diputado Ojeda y a los amigos de este último que la habían ayudado. Como consecuencia, se sospecha que sus fundaciones quedaron nuevamente desfinanciadas y no pudo cumplir su compromiso ante las usuarias inscritas en sus cursos.

En total, ambos proyectos contemplaban la ayuda a 200 mujeres desocupadas del 60% más vulnerable de Padre Las Casas y Temuco. Es decir, en La Araucanía, la segunda región más pobre de Chile, según la última encuesta Casen. Allí, la tasa de pobreza alcanza un 11,6%, solo por debajo de Ñuble (12,1%).

La idea original era apoyarlas para que, mediante la entrega de conocimientos y herramientas de trabajo, “pudieran salir adelante, lograr su independencia económica y propiciar su desarrollo personal, familiar y social”.

“Pero la voluntad de los imputados nunca fue que los fondos cumplieran su objetivo, ni satisfacer el fin público que significó la celebración de los convenios de transferencia, sino que fue hacerse de recursos para su uso y aprovechamiento personal, sin tomar ninguna medida mínima de resguardo para la materialización de la ejecución del convenio”, plantea la solicitud de desafuero ingresada por el fiscal regional, Roberto Garrido.

“No obstante haber solicitado un crédito para facilitar fondos a Folab, una vez recibido el dinero por parte de la referida fundación, Ojeda Rebolledo no prepagó el crédito solicitado, sino que utilizó el dinero para otros fines personales, existiendo claramente un interés en que le hayan adjudicado fondos a Folab, con tal de contar con liquidez él mismo”.
Extracto solicitud desafuero

—Hago presente que no obtuve ningún beneficio o lucro producto de este préstamo. Entiendo que esta suma de dinero eventualmente puede ser dinero defraudado al Gobierno Regional, por lo que si eventualmente eso me involucra como un sujeto receptor de fondos defraudados, hago presente que desde ya renuncio a todos mis derechos, poniéndome a disposición para que fiscalía pueda por mi intermedio, de forma voluntaria, acceder a mis registros bancarios, o a otros antecedentes que se requieran —declaró Ojeda ante el Ministerio Público.

“Contéstame, por favor”

Los nervios comenzaron a acechar rápidamente a Rinett. Especialmente luego de que explotaran otras aristas del Caso Fundaciones en el Bío Bío, Los Lagos y en otras regiones de Chile. Y también a raíz de un oficio ingresado por la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio) para fiscalizar los dineros desembolsados por el GORE. Entre las nueve fundaciones en la mira de la parlamentaria figuraban, precisamente, Educc y Folab.

El punto que quizás más le molestó a Rinett fue que la congresista solicitó las rendiciones de gastos de sus proyectos. Al menos así se desprende de una conversación con su hermano, fechada a mediados de 2023.

—Rinett: No te pueden pedir eso.

—Juvenal: Son cuentas privadas (…) El problema es el ruido que hace todo esto…

—Rinett: Claro, pero tendrán que bajar el ruido. Aquí hay muchos políticos en esto.

—Juvenal: Sí. Y no van a querer verse afectados tampoco… Aunque estos pa salvarse hacen cualquier cosa…

—Rinett: Bueno, el gobernador va tener que apoyar aquí, los proyectos que adjudicaron.

A principios de agosto de 2023, Rinett empezó a llamar insistentemente a sus contactos en el GORE. A Leonelli, por ejemplo, le pidió una reunión.

—Juan Pablo, por favor, contéstame. Necesito hablar urgente contigo, es muy urgente —dice Leonelli que le escribió Rinett.

El jefe de gabinete la atendió en su oficina, en el edificio del GORE.

—Me dijo: “Tengo un tremendo problema y necesito contarte para ver si me puedes ayudar. Le pregunté qué pasó. Me responde: “Me gasté la plata”. A lo que yo le digo ¿cuál plata? Me responde la de los programas. (…) Me dice que tenía muchas deudas y necesitaba pagarlas y que estaba esperando un tercer programa en el GORE que había presentado.

Leonelli cuenta que le advirtió a Rinett que lo que había hecho era un delito:

—Le dije que era fraude al fisco y que yo como funcionario público debía tomar las medidas al respecto, ya que esto además de un tema judicial y penal había aristas políticas y comunicacionales que como GORE debíamos abordar. Cuando le dije eso, ella repitió muchas veces “ayúdame, por favor, ayúdame, dime qué hacer, no sé qué hacer, me voy a ir presa”. Yo le dije que lo único que ella podía hacer era conseguirse el dinero y reponerlo porque no había otra solución y que yo no podía hacer nada.

Noticia a página completa

Casi de manera paralela a esa cita, el caso Manicure estalló. Y es que, tras la conversación de Rinett con Leonelli, la imputada simplemente desapareció del mapa. El otrora hombre de confianza del gobernador Luciano Rivas, contó ante la fiscalía que por esos mismos días lo llamó un “contacto de prensa” para decirle que habría una protesta de las beneficiarias del programa. Ella no otorgó ninguna respuesta formal ante el cierre intempestivo de su proyecto.

—Inmediatamente llamé al gobernador para informar la situación (…) y cité a una videollamada a la jefa de prensa, Glenda Merino; al asesor de gabinete, Carlos Badilla; y a la agencia de comunicaciones del GORE. Nos reunimos a eso de las 10:00 horas. Le encargué a Badilla que hablara con el departamento jurídico, que debíamos presentar una querella contra Rinett por fraude al fisco a primera hora de la mañana aunque se tuvieran que amanecer escribiendo y, en paralelo, le encargué a Comunicaciones que redactara un comunicado que señalara la situación y que el GORE presentaría una querella.

El plan estaba en movimiento:

—Al rato me comunica Carlos Badilla que habló con Andrés Albornoz, abogado del departamento jurídico, y que él redactaría la querella (…) En paralelo, Glenda Merino me comunicó que ya estaba coordinada con un diario regional para que sacara la noticia de la presentación de la querella. Al día siguiente, cerca de las 06:30 AM, Andrés Albornoz nos comunica que la querella quedó presentada por sistema y a las 08:00 AM nos llega la versión digital del diario donde venía la noticia en página completa.

Las conexiones políticas

Las redes políticas detrás de la presentación de este tipo de iniciativas fue tema durante los interrogatorios de los investigadores. El propio Leonelli contó que era normal que personeros públicos realizaran gestiones para conseguir dineros provenientes del fisco.

—Es una práctica que a uno lo estén llamado para preguntar (…) Ejemplos hay muchos. El más similar, pero que nunca logró financiamiento, es de la fundación Kiri, que llegó a través del senador Felipe Kast. No resultó admisible ya que el departamento jurídico y el comité evaluador sacaron pronunciamiento desfavorable, dado que el senador era socio de la fundación en cuestión. Los parlamentarios son quienes aprueban la ley de Presupuestos, por lo que habría conflicto de interés. Eso también demuestra la seriedad con la que trabajábamos y que las exigencias del GORE están por sobre algún nexo con personeros políticos.

A diferencia de lo planteado por Leonelli, para Rodrigo Wetzel Guerman, quien trabajó para Folab, los nexos políticos estaban por doquier. Llegó en enero de 2023 a las entidades de la imputada, por recomendación de Claudia Macaya, otra funcionaria del GORE que fue colega de Ojeda en una municipalidad de la zona. ¿Su misión? Formular un tercer proyecto para Rinett, por más de $366 millones. Aquí, aseguró, las redes también se extendían al diputado: se trataba de una iniciativa de turismo en la que participaría la periodista del parlamentario, Marybel Archivurry.

—A pesar que el proyecto sea muy completo o su formulación sea correcta, esto no asegura su aprobación, porque inciden temas políticos generalmente —dijo.

Y si bien aseguró que no le constaba que en los dos primeros proyectos haya existido intervención política, el profesional aseveró que mantenía “indicios de que ello fue así”. Principalmente por las conexiones que él vio en ese tercer programa que le encomendaron.

—Rinett me indicó expresamente que el proyecto iba a ser aprobado y que una agencia lo iba a ejecutar, sirviendo la fundación como una especie de ente fiscalizador del proyecto, ya que la ejecución directa sería de cargo de una agencia de turismo y publicidad. (…) Hago el nexo entre política y el proyecto que se me estaba solicitando por doña Rinett ya que ella misma me indicó que para desarrollarlo tenía que trabajar con la periodista del diputado Mauricio Ojeda, de nombre Marybel (…) Por tanto, este es el dato objetivo de la vinculación de doña Rinett y el diputado Ojeda con ese proyecto de promoción del turismo, a lo que se suma que Rinett tenía total seguridad de su aprobación.

“Mauricio Ojeda mantenía una relación de confianza con Claudia Macaya, quien trabaja en el GORE y que a su vez ella mantenía confianza con Juan Pablo (Leonelli) Lepín. Por tal motivo, Claudia y Juan Pablo (Leonelli) Lepín, por información que me entregaba Rinett, iban a facilitar el ingreso del proyecto de las fundaciones al GORE”.
- Extracto declaración Rodrigo Peña Fernández, trabajador de Folab por cinco años

Pese a las creencias personales de Rinett, ese tercer proyecto fue rechazado en más de una oportunidad. Incluso, plantea el Ministerio Público, tras ese primer revés la fundación obtuvo ayuda de una nueva funcionaria de GORE Araucanía, Lucila Loaiza Sanhueza, perteneciente a la División de Planificación y Desarrollo Regional. La idea era que esta última rectificara el programa. La fiscalía sostiene que la fundación acordó pagarle $1,2 millones a Loaiza a cambio de sus servicios informales.

—Yo contacté a doña Lucila por primera vez y ella me confirmó que estaba disponible para hacer la gestión, remitiéndole el contacto a doña Rinett para que ajustaran los términos. (…) Me enteré que doña Lucila cobró por esta gestión 1 millón de pesos, lo que me consta porque pagué 500 mil pesos en dinero efectivo a ella, dinero que le entregué por mano a doña Lucila fuera de la Gobernación. El dinero del pago a doña Lucila me lo entregó la señora Rinett. Entiendo que se pactó el pago en dinero en efectivo porque así lo pidió expresamente doña Lucila a doña Rinett. La forma de pago fue algo que se conversó directamente entre doña Lucila y doña Rinett.

Pese a los intentos e incluso a gestiones que habrían sido desplegadas por el propio Ojeda ante Leonelli, el proyecto nunca llegó a ser aprobado. Folab, eso sí, en medio del proceso terminó contratando a la hermana de Claudia Macaya, la funcionaria del GORE que puso en contacto a Rinett con Wetzel.

Consultado por BBCL Investiga, desde el equipo del senador Kast descartan que lo mencionado por Leonelli sea real. Aseguran que él no es socio o parte del directorio de la fundación mencionada por el entonces jefe de gabinete del GORE.

Cita secreta

El mismo día que el GORE presentó su querella, Ojeda se reunió en privado con los hermanos de Rinett, Miguel Ángel y Juvenal Ortiz Rivera. La fiscalía sostiene que esta cita fue en medio de otras conductas desplegadas por el diputado luego de que supiera de la apertura de la investigación por el caso Manicure.

Miguel Ángel atestiguó que fueron al café Marriet de Temuco pero estaba lleno, por lo que “no era aconsejable hacer la reunión en ese lugar”. Juvenal sugirió concretarla en un departamento de Rinett, ubicado en el edificio Ipanema. Todos subieron a bordo del vehículo de este último.

—(Ojeda) nos pidió previamente al inicio del trayecto que colocáramos nuestros celulares en modo avión. Creo que el también hizo lo mismo. Luego, llegamos al edificio, estacionamos el vehículo en el subterráneo y subimos los tres por el ascensor hasta el departamento —contó.

Según Miguel Ángel, la junta se concretó a petición del propio Ojeda. Dijo que él quería aclarar cómo se habían concretado los traspasos de dinero a su favor, asociados al préstamo.

—Este detalle lo mantenía mi hermano en una hoja blanca, no recuerdo si escrita a mano o en computador, pero fue entregada al diputado, quien dobló la hoja y la guardó. (…) La reunión se hizo con mi hermano Juvenal y no con Rinett, ya que era mi hermano Juvenal quien manejaba el detalle de los movimientos bancarios en las fundaciones. Además, a esa fecha mi hermana ya estaba muy afectada por la situación de Folab y Educc. Ya no mantenían comunicación con el diputado. Creo que el mismo diputado le sugirió que era preferible no tener más contacto.

La conversación giró en torno a los alcances políticos, las consecuencias que podría traer a su carrera y la necesidad de… “quemar teléfonos”.

—El diputado indicó que la situación política era compleja y que su carrera podía verse muy afectada (…) Después de la entrega del detalle de transferencias, el diputado nos explicó qué es lo que debía hacer mi hermana: dijo que él se iba a auto-denunciar y que mi hermana debía hacer lo mismo, debiendo reconocer que ella había malversado fondos públicos. Que así se podía hacer un acuerdo entre ella y fiscalía. (…) Finalmente, habló sobre las personas que podían verse afectadas por este asunto, ya que mi hermana había sido apoyada por gente del GORE, que ellos tenían familia y que se podían ver gravemente comprometidos. Que eso nosotros lo teníamos que tener en consideración. Luego, nos indicó que mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono. Que él recomendaba que lo mejor era quemarlo.

De acuerdo a su relato, el diputado sugirió que para justificar la quema del dispositivo “mi hermana debía decir que como ella estaba muy afectada, con tratamiento psiquiátrico, y la prensa y la gente la llamaban mucho, ella decidió quemarlo”.

—Mi hermana Rinett se enteró del tenor de la reunión con el diputado Ojeda en la casa de nuestros padres, ese mismo día. Le informamos presencialmente ese día.

¿Y la quema del teléfono?

—En relación al celular de mi hermana Rinett, ocurre que nosotros no adoptamos las sugerencias del diputado Ojeda, quien nos pedía quemar el equipo. Por el contrario, nosotros ya estábamos tomando contacto con abogados para asesoría. Fue así como decidimos además respaldar el contenido de algunos de los chats de conversaciones que tenía mi hermana Rinett con personas que estaban relacionadas con los hechos, según las referencias que me fue indicando mi propia hermana.

Teléfono perdido en Cuba

A la querella y plan comunicacional desplegado por el Gobierno Regional les siguió una reunión, concretada dos días después, entre Leonelli y el diputado Ojeda. Esa fue la última vez que ambos se juntaron.

—Fue una conversación presencial en un café de Temuco, en horas de la tarde, donde le representé la situación ocurrida con esas fundaciones. Él me dijo que nunca imaginó que esa situación iba a pasar, que no era culpa de él y que Rinett estaba loca —relató Leonelli.

El encuentro fue coordinado vía WhatsApp y tuvo lugar el sábado 5 de agosto, cerca de las 18:00 horas.

—Él me señaló que ya había conversado con el hermano de Rinett y que estaba tratando de ubicarla o mandar un emisario con la finalidad de conseguir la plata para poder devolverla y así evitar que no se configure el delito de fraude al fisco. Me dijo “tú quédate tranquilo porque no has hecho nada, pero que él sí tenía que resguardarse porque le había entregado un crédito de dinero a Rinett y que luego ésta le había pagado de vuelta el dinero, pero fue desde la cuenta de la fundación. Esta reunión no debe haberse extendido por más de 10 o 15 minutos. Además, Mauricio Ojeda me dijo que también había más gente metida que recibió transferencias.

—¿Existen respaldos de comunicaciones en plataformas como WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales?

—No tengo respaldo de comunicaciones en plataformas con el diputado Ojeda ya que tengo configurado mi WhatsApp con mensajes temporales que perduran 24 horas. Por tanto, tenía comunicaciones con el diputado, pero se borraron por configuración del sistema. En todo, no tenía registros de comunicaciones sobre los hechos investigados con el diputado Ojeda —sentenció.

Las conversaciones con Rinett tampoco fueron halladas por los investigadores. Pese a que Leonelli declaró haber hablado tres o cuatro veces por la app de mensajería instantánea con ella, dijo haber extraviado su celular a los pocos meses.

—Respecto de los registros de estas últimas comunicaciones vía WhatsApp no mantengo respaldo ya que cambié mi teléfono, puesto que en junio de 2023 fui a Cuba y lo perdí en una actividad —atestiguó.

El celular del diputado Ojeda, en tanto, fue entregado a los investigadores totalmente inutilizable. Argumentó que su hijo de tres años lo destruyó en una “jugarreta”.

El desafuero

El 18 de agosto de 2023, Rinett y Juvenal fueron detenidos. Actualmente se encuentran en prisión preventiva a la espera del cierre de la indagatoria y un eventual juicio. Susan Alarcón también fue enviada a la cárcel de manera provisoria, pero este lunes la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida.

Según explica el fiscal del caso, Carlos Cornejo, no hubo cuestionamientos a la existencia de los delitos de fraude al fisco y cohecho o a la participación de la imputada en estos, sino que fue modificada por otras consideraciones que planteó la defensa. Entre ellas, la situación penitenciaria de la cárcel de Temuco.

La prisión preventiva fue sustituida por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa. El tribunal fijó el pago de una caución de $7 millones.

Este martes, el mismo tribunal de alzada revisó la solicitud de desafuero del diputado Ojeda. Todo quedó en acuerdo, a la espera de que la Corte dé a conocer públicamente su decisión. De concretarse, una nueva tanda de formalizaciones podría venir aparejada.

Consultado por BBCL Investiga, el gobernador Luciano Rivas dice que, desde que conocieron el caso, adoptaron “todas las medidas pertinentes”, tanto “desde el punto de vista administrativo interno con investigaciones sumarias, como también con la querella que se presentó por esta situación”.

—Hemos estado de manera constante apoyando la investigación y necesitamos que esta investigación llegue pronto a los resultados. Aquí quienes se vieron involucradas fueron mujeres de Temuco y Padre Las Casas que confiaron en esta institución, en esta fundación, que confiaron en el programa que como Gobierno Regional financiamos y que buscaba principalmente ayudar a emprendedoras a avanzar (…) Que iban a entregar autonomía.

En esa línea, asevera que lo primero que hicieron fue “presentar la querella correspondiente y a nivel interno obviamente buscar los sumarios, las investigaciones administrativas correspondientes”.

Requerida la defensa de Mauricio Ojeda, declinaron referirse a los hechos que se le imputan.

ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)