La declaración de una exfuncionaria del Gobierno Regional del Bío Bío, formalizada recientemente por fraude al fisco en el caso Polizzi, abrió nuevas sospechas respecto de los más de 379 millones de pesos que el organismo presidido por Rodrigo Díaz Wörner transfirió a la fundación de Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano.

Tal como reveló este medio en julio pasado, la institución pública entregó cuantiosos recursos fiscales —vía asignación directa— para un proyecto de Estela Ortiz, amiga personal de la ex Mandataria.

Y aunque el GORE alegó que estaba todo en regla, recientes antecedentes apuntan a un “trato preferente” en favor de la fundación creada en 2018.

Presiones para apurar los plazos vía correo electrónico, la entrega de los dineros sin pasar por todos los controles de rigor y pagos de remuneraciones al círculo cercano de la ex Presidenta se suman a una indagatoria que el Ministerio Público tramita sigilosamente.

La contraparte

Tamara Vidal Vera llegó a declarar el 11 de octubre de 2023 a la Fiscalía Regional del Bío Bío. Allí la recibió María José Aguayo, la persecutora a cargo de investigar los millonarios traspasos de dineros fiscales del Gobierno Regional a fundaciones que hoy están en la mira por eventuales delitos de corrupción. Por más de dos horas, la ex encargada de Participación Ciudadana del GORE, desclasificó el proceso que concluyó con el desembolso de los recursos.

Así, Vidal partió contando que ingresó al Gobierno Regional en 2021 gracias al contacto de un tercero: Javier Álvarez. El empresario es dueño de la compañía Buses Hualpén y había sido jefe de Díaz Wörner, cuando este último fungió como gerente de dicha firma.

En el desarrollo de su cargo, la funcionaria se transformó en la contraparte técnica de la bullada Fundación En Ti, por el que Camila Polizzi fue formalizada. Y también de Horizonte Ciudadano, la institución fundada por Michelle Bachelet que hoy tiene como directores a sus más estrechos colaboradores.

Entre ellos figuran Pedro Güell, uno de sus asesores más influyentes, creador del recordado discurso del “realismo sin renuncia”; su exjefa de gabinete y también exministra del Presidente Boric, Ana Lya Uriarte; y su entonces jefa de prensa, Haydée Rojas.

Se trata de un mundo que no es desconocido para Díaz Wörner. Él mismo se convirtió en el hombre de confianza de Bachelet en el Bío Bío: bajo su primer mandato fue gobernador de la provincia de Concepción (2004-2007) y seremi de Gobierno (2007-2008). Y en su segundo periodo, en tanto, ocupó el puesto de intendente durante los cuatro años en los que Bachelet ocupó el sillón presidencial (2014-2018).

Sin documentación

En su interrogatorio, la fiscal Aguayo consultó a Vidal, por ejemplo, si existieron casos en los que la tramitación avanzó pese a no contar un certificado de priorización. Es decir, un documento obligatorio que podía sumar o restarle urgencia a un determinado proyecto.

—Lo que yo sé es que todas las iniciativas tienen ese certificado porque es parte de la RS (recomendación satisfactoria), pero excepcionalmente quienes obtuvieron la revisión antes (de obtenerlo) fueron la fundación En Ti y fundación Horizonte Ciudadano —lanzó Vidal.

Según se desprende de la declaración de la ex servidora pública, ambas iniciativas recibieron la priorización “de palabra”, sin contar a esa fecha con un documento formal para ello. Esto, le habría permitido a ambos programas adelantar sus pasos hacia la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, el organismo encargado de crear la glosa para conseguir los desembolsos.

—Yo tuve conocimiento de esto porque respecto de Horizonte Ciudadano yo era la contraparte técnica del convenio y tenía relación directa con Estela Ortiz, quien era la coordinadora del proyecto —complementó Vidal.

Sin el chequeo más básico

Las palabras de la exfuncionaria —que en esta causa ostenta la calidad de testigo— coinciden con otras anomalías detectadas en la documentación de los proyectos. En un informe remitido a la fiscalía, fechado en noviembre recién pasado, la Contraloría estableció que el GORE no contaba con certificados de pre-admisibilidad para cuatro iniciativas. Es decir, un documento que acreditara los antecedentes formales y técnicos más rudimentarios. Aquí figuran, entre otros, el chequeo de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), además de la revisión de la personalidad jurídica, los estatutos, fotocopias de carnet, cuentas bancarias, etc.

Precisamente, en esta categoría entra Horizonte Ciudadano, junto a otras fundaciones también cuestionadas: ProCultura, Bonhomia y la ONG Red Cultivarte.

Por si fuera poco, el organismo de control tampoco pudo determinar concretamente en qué fecha los proyectos fueron asignados al analista correspondiente para someterlos a su revisión.

¿Amigos?

Según contó Vidal, justamente después de conseguir el visto bueno en el GORE, la iniciativa debía pasar a la Dipres. A juicio de la profesional, allí también la fundación habría tenido un trato preferente. Esto, dada una supuesta relación cercana entre Simón Acuña (ex jefe de División de Desarrollo Social y Humano, formalizado en la causa contra Polizzi) y Javiera Martínez, la directora del organismo, también cuestionada por el caso Convenios.

—Ahí Simón tenía como amiga a Javiera Martínez. Simón dijo en reuniones que hablaría con Javiera para agilizar las firmas.

—¿Además de los comentarios realizados por Simón Acuña, usted pudo verificar si efectivamente logró agilizar un determinado pago? —preguntó la fiscal

—Sí, el de la fundación Horizonte Ciudadano —respondió la entrevistada.

En la Dipres son tajantes en recalcar que no existe ningún vínculo entre ambos. “La directora de Presupuestos no conoce ni tiene ningún tipo de relación con alguien llamado Simón Acuña”, enfatizan.

“Desde la Dirección de Presupuestos se descarta totalmente haber agilizado una transferencia a una institución como consecuencia de una relación personal en este o en cualquier otra situación”, destacan.

Cuota única

Tal como se mencionó, la Dipres era el organismo encargado de abrir una glosa presupuestaria, de modo que los dineros frescos llegaran hasta el Gobierno Regional. Los mismos fondos luego eran transferidos a la fundación beneficiada. Dicho traspaso, por lo general, se realizaba en cuotas. En este caso, fue todo de un golpe y sin rendición de gastos previa.

La propia Contraloría lo confirma en su informe. Eso sí, a Horizonte Ciudadano sumó otras dos entidades que recibieron los dineros en un pago único: Bonhomia y Red Cultivarte. Ambas —dicho sea de paso— también se encuentran bajo la lupa de la fiscal María José Aguayo.

“No se advierte en los convenios de transferencia que exista un criterio claro que defina la entrega total o parcial de los recursos”, cuestiona el organismo de control.

Y va más allá. A su juicio, a lo menos, “tendría que realizarse contra rendición de cuentas en virtud del avance del proyecto y el plazo de ejecución de la iniciativa”.

A modo de ejemplo, la CGR menciona que “a Horizonte Ciudadano el GORE le transfirió el total de los montos solicitados (…) cuyo plazo de ejecución del proyecto es de 13 meses”. No obstante, agrega el informe, “a la Fundación En Ti, le transfirió los recursos en dos cuotas (…) cuyo plazo de ejecución era de seis meses”.

“La situación descrita, denota una inobservancia en el ejercicio de las funciones y en el resguardo del interés público que deben cumplir los órganos integrantes de la administración del Estado”, reza el documento.

El “enojo” de la amiga de Bachelet

Entre los antecedentes recopilados por BBCL Investiga figuran dos correos electrónicos enviados por Estela Ortiz a funcionarios del GORE. El tono en ambos es básicamente el mismo.

En el primero de ellos, fechado la tarde del 24 de noviembre de 2022, la amiga de Bachelet da un pauteo general a Simón y a una segunda funcionaria del GORE. Incluso, les hizo notar su “enojo” porque el convenio aún se encontraba en tramitación. En la comunicación, también solicitaba poder financiar pasajes a Concepción y la estadía con cargo a los fondos del GORE.

“Camila, disculpa que te moleste tanto pero necesito un correo que diga: 1. Que nos harán llegar el convenio a más tardar el lunes que están esperando que salga de xxx (estoy enojada hasta se me borró el nombre dónde está)”, reza el escrito.

En la segunda misiva, registrada el 12 de junio de este año, Estela Ortiz pide gestiones específicas de Acuña ante la Dirección de Presupuesto.

“Necesitamos para AHORA lo marcado en amarillo”, versa. En simple, le solicitaba a Simón “asegurar que salga a la Dipres” un segundo proyecto en el que Ortiz estaba interesada, pero que —tras la publicación de un primer reportaje de este medio— nunca vio la luz.

Pagos al círculo de la ex Mandataria

Hay más. Una vez creada la glosa presupuestaria, la transferencia finalmente se concretó. Según relata la testigo, aquí también hubo “excepciones” que favorecieron a Horizonte Ciudadano. Primero, porque lograron adelantarle los pagos en desmedro de otras fundaciones:

—Recuerdo que se debía cerrar el año con los convenios celebrados, porque se debía de imputar el gasto del 2022. Creo que se dio más plazo para la transferencia de recursos porque creo que a todas las instituciones se les transfirió entre el 10 al 15 de enero, con excepción de Horizonte Ciudadano, a la que se le transfirió en diciembre del año 2022. Esto es un mes antes —sostuvo.

Y segundo, porque —reveló Vidal— el GORE permitió pagar remuneraciones al círculo cercano de la ex Mandataria supuestamente fuera de plazo. Precisamente, de acuerdo a la testigo, el traspaso de fondos era un hito importante para el proyecto, porque marcaba el inicio de la ejecución del programa.

—(En el caso de Horizonte Ciudadano) se aprobaron gastos de la entidad ejecutora antes de la transferencia de recursos por orden del administrador regional.

Documentación a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile esclarecen, en parte, lo señalado por la exfuncionaria. Y es que —según comprobó este medio— parte de esos recursos se utilizaron en los pagos de remuneraciones para la amiga de Bachelet y para el hijo de esta última.

Así, María Estela Ortiz Rojas, como directora, percibió $2,5 millones brutos; mientras que Juan José Parada Ortiz, recibió $1,8 millones, en su calidad de asesor comunicacional. Ambas boletas de honorarios cubrieron los respectivos salarios para todo diciembre, pese a que los montos para comenzar a ejecutar el proyecto fueron transferidos recién el 29 de ese mes.

Precios no contrastados

Según descubrió la Contraloría, el GORE no contaba con un método que permitiera confirmar la pertinencia de los montos que eran requeridos por las instituciones. En simple: no tenían registro de algún elemento de juicio que les permitiera contrastar los presupuestos presentados con tablas referenciales de costo, cotizaciones o incluso requerir mayores antecedentes a las entidades para que justificara sus estimaciones económicas. Dicho de otro modo, el GORE les entregó los dineros tal cual les fueron requeridos. Sucedió en al menos siete convenios, entre los que figuraban Horizonte Ciudadano, En Ti, Red Cultivarte, entre otros.

“Destacada y pública experiencia”

En Horizonte Ciudadano tienen una visión distinta respecto de los plazos. Requeridos por BBCL Investiga, aseguran que éste comienza desde la firma del convenio y no desde que se realiza la transferencia como señala la testigo.

—Además, el proyecto concluye el 6 de enero, y durante ese mes no se cancelarán honorarios —indican.

Consultados si consideran cuestionable la contratación del hijo de Estela Ortiz, apuntan que “todos los participantes en el proyecto tienen destacada y publica experiencia en sus disciplinas”.

—En este caso en particular, además de ser parte del proyecto desde su concepción, ha trabajado en proyectos audiovisuales de diferente índole, con una importante experiencia en proyectos de televisión educativa. También ha liderado equipos de comunicaciones en algunas campañas, por ejemplo, en campaña de la OEI de prevención al maltrato infantil, entre otras. Dicha función recae hoy en otra profesional que también cuenta con una vasta experiencia.

—¿Hubo conversaciones directas con Rodrigo Díaz o su equipo cercano para obtener un trato preferente?

—Se han seguido los procesos establecidos y se postuló el proyecto de acuerdo a lo señalado. No se ha hecho ninguna gestión para obtener un trato preferente.

—En dos correos enviados por Estela Ortiz se ve un pauteo a funcionarios del GORE. ¿Hubo presiones indebidas para que el proyecto avanzara?

—En respuesta a la consulta sobre los correos señalados, queremos aclarar categóricamente que todas las acciones y comunicaciones relacionadas con el proyecto se han llevado a cabo respetando estrictamente la institucionalidad y las normativas vigentes. La Fundación no ha ejercido presión indebida sobre ningún funcionario del GORE ni de cualquier otra entidad. Nuestro compromiso es con el avance transparente y ético de los proyectos, siempre en beneficio de la comunidad y en consonancia con los procedimientos establecidos.

“Sin celeridad del gobernador”

Desde el GORE también descartan cualquier irregularidad y descartaron comunicaciones entre el gobernador Díaz con la ex Presidenta Bachelet.

—¿Cuál es el criterio para establecer las transferencias en este caso en un sólo pago? ¿Por qué no se condicionó contra rendición de gastos?

—En general el análisis de las transferencias se analiza de acuerdo con la planificación de las actividades del programa aprobado, el tiempo de duración de ejecución de las iniciativas y a la disponibilidad presupuestaria que tenga el Gobierno Regional. En este caso, considerando los criterios ya indicados, se estimó pertinente transferir el monto aprobado en una sola cuota, que claramente por la naturaleza jurídica del convenio y lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, no podía ser condicionada contra rendición de gastos.
En el caso en que se hubiese hecho en dos o más cuotas, la transferencia de la cuota dos y siguientes sí está condicionada a la rendición de gastos.

—¿Existió un pauteo de Estela Ortiz u Horizonte Ciudadano a funcionarios del GORE?

—No tenemos conocimiento de que ello haya sido así.

—¿Hay un conflicto de interés al ser el gobernador Díaz una figura importante del gobierno de Bachelet en el Biobío? ¿El gobernador Díaz o su equipo apuraron la tramitación de este proyecto?

—Descartamos todo tipo de conflicto de interés por parte del gobernador en este caso, más aún cuando no existe ningún tipo vínculo, ni comunicación alguna entre el gobernador y la Sra. Bachelet, ni con ningún otro miembro de la fundación. Agregar además que como toda otra iniciativa financiada por el GORE, la evaluación, recomendación técnica y aprobación de recursos para la iniciativa cumplió con todos los conductos regulares establecidos en las normas legales que rigen la materia, sin que haya sido objeto de celeridad por parte del gobernador o su equipo, lo cual queda reflejado en la cronología de la tramitación de la iniciativa, la cual obedece al promedio de tramitación de la generalidad de las iniciativas de la misma tipología.

Ni Simón Acuña ni su defensa estuvieron disponibles para este reportaje.