—Por favor, Mati… Yo te doy mi palabra que nada te va a pasar. Tenemos acuerdos lo bastante altos como para que no te pase nada a ti. La prensa anda puro webiando. Radio Bío Bío llamó a EQOS, imagino que ya te llamaron. Aquí no hay nada ilegal, el Gobierno Regional nos va a salir a respaldar en todo.
Hasta el banquillo de acusados deberá llegar este miércoles Camila Polizzi Fonceca y otros cuatro imputados del denominado caso Convenios para escuchar cómo el Ministerio Público les comunicará cargos por estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco.
Miles de mensajes vía WhatsApp, declaraciones, notas privadas e informes reservados —a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile— revelan hoy el modus operandi empleado por la entonces ascendente figura política para apitutar a sus cercanos y hacerse de más de $250 millones provenientes de las arcas fiscales con una fundación “arrendada”.
Un ardid
La historia va así. Según información recopilada por BBCL Investiga, la indagatoria liderada por la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo, estableció que Polizzi y su ahora expareja, Sebastián Polanco Torres, se “concertaron” para fabricar informes falsos que hacían referencia a capacitaciones que nunca se realizaron y a gastos derechamente simulados.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Garantía de Concepción, el organismo persecutor sostiene que ambos idearon un ardid para tomar tomar control de la Fundación En Ti, propiedad de Gerardo Silva, y así presentar las rendiciones que les permitieran percibir los millonarios recursos.
A juicio de la fiscalía, parte de los trámites realizados por Camila Polizzi incluyó insertar maliciosamente la firma del presidente de la institución mediante el uso de una fotocomposición. Es más, las pesquisas establecieron que Polanco y Polizzi simularon la rúbrica del mandamás de la organización para sellar el convenio de traspaso de dineros con el gobernador Rodrigo Díaz Worner sin que Silva supiera ni tuviera la voluntad de usar su firma en el papeleo.
“Es así que la imputada Polizzi Fonceca presentó informes mensuales que dan cuenta de actividades y capacitaciones que no se realizaron y rendiciones de gastos mensuales en los cuales incluyó contratos de trabajo con una serie de personas en los cuales la imputada falsificó por imitación la firma de Gerardo Silva”, reza la presentación del Ministerio Público.
De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, la fiscalía basa sus conclusiones en un peritaje de la policía que comparó las firmas reales de Silva con otras encontradas en un cuaderno de color azul, con motivos del Principito, que le fue incautado a Camila Polizzi.
“Se hallaron interesantes similitudes en la morfología general. Sin embargo, al profundizar el análisis, se advirtieron diferencias en la cualidad del trazado, inicio y término de los trazos, altura media proporcional de los signos, velocidad de ejecución, matices de presión, formas de ligar los trazos, grado de inclinación del eje de rasgos y en la configuración de sus signos constitutivos, aisladamente estudiados”, se lee en el informe.
“Los antecedentes estudiados permiten establecer la falsedad de las firmas dubitadas”, sentencia el documento.
“Palo con caca”
Tal como reveló este medio en una primera entrega, parte del Mecanismo Polizzi incluyó la contratación de una OTEC propiedad de su entonces pololo para realizar las supuestas capacitaciones. El organismo técnico fue adquirido por Polanco apenas un día antes de que fuese contratada por la propia Polizzi.
Pero esa no es la única organización a la que recurrieron los imputados. También hicieron negocios con EQOS. Se trata de una conocida consultora penquista cuyo dueño es Eduardo Quezada Fuentes, quien también resultó ser tío del jefe de gabinete del gobernador Díaz: Rodrigo Alarcón Quezada.
El ente persecutor sostiene que fue la misma Polizzi quien se le acercó con el propósito de que la sociedad “participara dolosamente en el fraude (…) simulando la realización de actividades”.
Pese a haber recibido $34,4 millones como consecuencia del acuerdo comercial con Polizzi, en su declaración judicial Eduardo Quezada aseguró que él sí cumplió con las diligencias contempladas en el programa.
Incluso, fue más allá. En su alocución también afirmó que, en medio de la tramitación del proyecto, su sobrino le habló porque tenía una mala impresión de Polizzi.
—En febrero o marzo, (Rodrigo Alarcón) se entera que yo estoy trabajando con la Fundación En Ti y él me manifestó su oposición a esta situación. Me dijo: “Tío, sal de ahí porque es un palo con caca”. No me especifica, pero me dice que ella no es confiable: “Te estas comprando un lío”. Yo no le encontré razón… me arrepiento, esto me lo dijo dos veces —atestiguó.
El plan de acción
Una vez que el caso explotó, Polanco y Polizzi tomaron medidas. Primero juntos. De acuerdo al Ministerio Público, ambos se dedicaron a intentar acreditar maliciosamente la participación de vecinos del Barrio Norte de Concepción en sus “talleres”. Para ello, presentaron listas de asistencias que daban cuenta de su supuesta participación. La indagatoria, sin embargo, determinó que la confección de dichas nóminas se hizo “engañándolos en cuanto a los motivos por los cuales les requirieron sus datos como nombre, rut y firma”.
Luego, cuando la relación se quebró, lo hicieron de manera separada. En uno de los teléfonos incautados, la PDI encontró una nota atribuida a Camila Polizzi con un plan de acción de cuatro puntos. Una especie de carta de navegación que la imputada intentaría seguir al pie de la letra:
“Primero: querella por injurias y calumnias contra todas las personas que han hablado sobre una supuesta rendición de lencería y ropa que el propio Gobierno Regional ha salido a desmentir.
Segundo: contra la OTEC querella para solicitar restitución de recursos por incumplimiento de contrato y apropiación indebida.
Tercero: presentaré una querella por amenazas contra mi integridad y mis hijas.
Cuarto: autodenuncia”.
Sebastián Polanco, en tanto, fue más práctico: mensajeó vía WhatsApp a su socio de la OTEC, Matías Godoy. El mismo que en conversación con este medio dijo sentir que fue utilizado como un “palo blanco”, puesto que él sólo ingresó a la sociedad como “un favor” a su amigo de la universidad.
—Mati, tenemos que comprar materiales, terminar las cosas. Si quieres hacemos el traspaso mañana, para dejar de molestarte —le escribió el 12 de julio de 2023, el mismo día que BBCL Investiga contactó a los imputados de cara al primer reportaje.
—Tú no tienes ningún alcance, ninguna implicancia en nada. La OTEC no es tuya, tienes que estar tranquilo, por favor, Mati. Yo te doy mi palabra que nada te va a pasar. Tenemos acuerdos lo bastante altos como para que no te pase nada a ti. La prensa anda puro webiando. Radio Bío Bío llamó a EQOS, imagino que ya te llamaron. Aquí no hay nada ilegal. El Gobierno Regional nos va a salir a respaldar en todo —intentó calmarlo.
El mensaje de Polanco no tuvo eco. Para entonces Godoy ya se había autodenunciado y ofrecido todos los antecedentes a la fiscalía.
“Vulneraron todos los controles del sistema anti-lavado”
Pese a todas las irregularidades, el Gobierno Regional entregó de igual forma la totalidad de los fondos a los imputados. En parte, porque —apunta la fiscalía— recibieron la ayuda del ya mentado Rodrigo Alarcón y del entonces jefe de División de Desarrollo Social y Humano del GORE, Simón Acuña. Este ultimo incluso le confirió la calidad de “urgente” a la tramitación del proyecto, no obstante “estaba en conocimiento que la Fundación En Ti no tenía relación alguna con Polizzi ni tenía la expertise en las materias señaladas en la iniciativa”.
Sea como sea, el Ministerio Público sostiene que los dineros percibidos por Polizzi y Polanco fueron lavados mediante tipologías propias de este delito. A saber: el uso de sociedades de fachada, específicamente la OTEC Frumisal; la estratificación de dineros entre productos bancarios, muchos de los cuales fueron abiertos semanas antes de la recepción de los fondos por Polizzi; el uso de testaferros; y el uso excesivo de dinero en efectivo.
A juicio de los persecutores, los imputados ocultaron o disimularon el origen ilícito de los fondos y realizaron diversas maniobras que les permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente.
Y van más allá: “Lograron integrarlo y estratificarlo en el sistema económico financiero vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado”.
La audiencia de formalización está fijada para las 11:00 horas de este miércoles en el Juzgado de Garantía de Concepción. Se espera que en la oportunidad la fiscalía aporte mayores detalles de la participación de los cinco detenidos. Lo propio deberán hacer las defensas, quienes expondrán los argumentos en favor de los imputados.