Una multa de tan sólo un 50% de lo defraudado y un pena en libertad deberá purgar Germán Faúndez Fuentes (64), empresario de Concepción que se hizo rico tras recibir 29 mil millones de pesos de parte del Estado —vía trato directo— para abastecer de agua potable a la región del Bío Bío.
De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, al menos desde 2012 el denominado Barón del Aljibe recurrió sistemáticamente a distintas artimañas para ganar dinero a costas del patrimonio fiscal. Facturas falsas, transacciones fantasmas y subdeclaraciones de IVA fueron la tónica de sus operaciones con las que causó un perjuicio a las arcas públicas que la justicia fijó en $749 millones. Una cifra que, en todo caso, podría empinarse por sobre los $1.200 millones, según los cálculos del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Al verse con el agua hasta el cuello, Faúndez decidió aceptar los cargos que le imputó el Ministerio Público para negociar un procedimiento abreviado y así evitar ir a juicio oral. Si antes del trato, la fiscalía solicitaba penas superiores a los 10 años de cárcel y una multa equivalente al 200% de lo desfalcado, hoy el condenado deberá pagar una pequeña fracción en 12 módicas cuotas mensuales sin interés por decisión del Juzgado de Garantía de Concepción.
Modus operandi
Según antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, los delitos tributarios quedaron registrados entre 2012 y 2015. Para ello se valió de tres de sus sociedades: Transportes y Logística Chile S.A., Inversiones Chile S.A. y Empresas Antártida de Chile S.A. Todo esto, mientras de manera paralela se embolsaba jugosos contratos con la Intendencia Regional del Bío Bío a través de estas mismas firmas.
Mediante la primera, registró y declaró 64 facturas falsas provenientes de 11 supuestos proveedores, que —de acuerdo a la indagatoria— no eran tales. Dichos documentos daban cuenta de operaciones comerciales inexistentes o fantasmas. Esto le permitió aumentar en forma maliciosa el crédito fiscal que tenía derecho a hacer valer, posibilitándole evadir el pago de IVA. Se trata de la misma compañía con la que percibió más de $12.600 millones, entre 2010 y 2016, gracias a contratos con el Estado y a una red de contactos que ya se quisiera cualquier empresario.
Lo propio hizo a través de Inversiones Chile S.A., de la que también es representante y socio. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015, declaró 38 facturas falsas de 12 supuestos proveedores. Todas por operaciones comerciales que resultaron ser artificiales.
Antártida de Chile S.A., en tanto, es la firma que más réditos económicos le trajo. Los contratos se empinan por sobre los $15.112 millones. Todos con la Intendencia Regional del Bío Bío. Todos bajo la gestión primero de Víctor Lobos del Fierro y luego de la del actual gobernador Rodrigo Díaz Worner. En total, Faúndez declaró 25 facturas falsas de 10 supuestos proveedores por operaciones inexistentes. Ocurrió entre marzo de 2013 y septiembre de 2015.
“100% falsas”
Según comprobó esta Unidad de Investigación, algunos de los documentos tributarios estaban emitidos por el comerciante de Chiguayante, Juan Hernández Oliva. Requerido por un funcionario del SII, dijo de entrada que jamás había escuchado ni menos hecho negocios con Antártida Chile S.A. o con su representante legal.
Además, evidenció errores burdos en la confección del documento tributario. Indicó que el membrete no era igual al que él usaba. El logotipo de maquinaria implantado tampoco era el suyo.
“Esta factura es 100% falsa, sin ninguna duda es totalmente falsa”, enfatizó.
Viejo conocido
Aquí también emerge un viejo conocido del Servicio de Impuestos Internos: Hansel Silva Vásquez, contra quien pesan sendos procesos judiciales y de fiscalización por una infinidad de delitos tributarios.
De hecho, el último de ellos fue abierto recientemente por la venta de 150 facturas falsas de acuerdo a la presentación del servicio. Se trata de una querella ingresada por el organismo luego de que este medio destapara públicamente los negocios del gestor cultural.
Justamente en ese ese libelo, cuya causa ahora se tramita bajo reserva, el organismo planteó que cinco personas, entre ellas Silva, desarrollaron una elaborada red para defraudar al fisco. El perjuicio se calculó por sobre el millón de dólares.
Sea como sea, expedientes tenidos a la vista por BBCL Investiga, señalan que en esta oportunidad el imputado emitió al menos seis facturas a Faúndez, catalogadas como falsas por el SII. Todos los documentos tributarios fueron creados en 2015 por más de $131 millones, permitiéndole al empresario aumentar su crédito fiscal IVA en unos $20 millones.
Ante la sospecha de que se trataba de facturas falsas por operaciones inexistentes, el 26 de enero de 2016 el SII decidió notificar a Silva de un cruce de información.
En concreto, se le hizo llegar un cuestionario mediante el que se le pidió confirmar la emisión de las seis facturas sospechosas de Forestal y Ganadera Los Claustros Limitada, todas firmadas y timbradas por Hansel en su calidad de “administrador general”.
En respuesta, el contribuyente Silva emitió una carta en la que adjuntó copias de cinco de las facturas, asegurando que una sexta se había “extraviado”.
En el escrito remarcó que se trataba de documentos completamente fidedignos.
“Las facturas son por venta de base estabilizadora, la cual fue comprada a una empresa prestadora de servicios que se encargó de transportarla según consta en libro de compra y venta”, acotó.
Condenado en costas
Hansel Silva fue condenado a pagar unos $2,2 millones en costas tras ingresar una demanda contra la Unidad de Investigación de BioBioChile en la que solicitaba “disculpas públicas” por un primer reportaje de febrero de 2022 titulado Cómo reconocido gestor cultural del Bío Bío permitió defraudar al fisco en US$1 millón según el SII.
El tribunal estimó que este medio se limitó a informar a la opinión pública un proceso judicial en curso y que ninguna de las expresiones allí vertidas significó dañar su honra tal como pretendía Silva.
VEA LA SENTENCIA:
Barón con el agua hasta el cuello
Hay más. De acuerdo a lo que establecieron los organismos investigadores, Germán Faúndez incluso evadió impuestos mediante dos facturas emitidas a la Intendencia del Bío Bío.
La primera de ellas fue a través de Transportes y Logística S.A., en abril de 2014. En dicho documento, el condenado deliberadamente no incluyó $53,9 millones en la declaración tributaria mensual. Otros $182 millones en IVA tampoco fueron declarados en julio de ese mismo año, correspondiente a una factura de Inversiones Chile S.A.
Todo ello, pese a que en sus propios libros de ventas estaban consignadas dichas operaciones, derivadas de sus negocios del agua con el organismo gubernamental.
Por si fuera poco, el condenado también utilizó los montos netos derivados de 21 facturas falsas —emitidas durante los años comerciales 2012 y 2013— con la finalidad de incrementar los gastos de Transportes y Logística Chile S.A.
De esa forma, consiguió pagar menos tributos por concepto de Impuesto a la Renta. En efecto, se desprende de la acusación fiscal, presentó declaraciones “maliciosamente falsas” en la “Operación” de 2013 y 2014.
El modus operandi lo replicó en paralelo mediante Inversiones Chile S.A., utilizando montos netos de 15 facturas falsas —emitidas en los años comerciales 2012 y 2013— para incrementar los gastos de la firma, disminuir la base imponible y conseguir así el mismo resultado.
La artimaña la volvió a emplear en 2014 y 2015, a través de Empresas Antártida de Chile S.A. con otras 13 facturas falsas.
El cálculo del perjuicio fiscal total ocasionado por el condenado, considerando todos los hechos detallados anteriormente, asciende a más de $1.200 millones. De ese monto, $749 millones eran por concepto de IVA sub-declarado y los $465 millones restantes eran fruto de declaraciones maliciosas en las “Operación Renta”.
Los viajes
Un viaje de placer con destino a EEUU fue motivo de debate durante el proceso judicial que sustanció el Juzgado de Garantía de Concepción.
En una audiencia celebrada el 7 de septiembre de 2022, todavía en medio de la etapa investigativa, la defensa de Germán Eduardo Faúndez Fuentes solicitó al tribunal que se suspendiera momentáneamente la medida cautelar de arraigo nacional que pesaba contra su representado.
¿El motivo? Un viaje familiar que él tenía programado para las semanas siguientes hacia el país del norte. Tras escuchar a las partes, un juez resolvió autorizar la medida entre el 23 de septiembre y 4 de octubre de ese año. Eso sí, fijó una fianza de $10 millones.
En ese escenario, el abogado del Departamento Jurídico de la VIII Dirección Regional del SII, Andrés Trabazo Burnas, apeló en contra de lo resuelto por el magistrado apuntando a que se trataba de una decisión infundada. Sobre todo teniendo presente el bajo monto de la caución en relación al dinero evadido en impuestos por el imputado y a que se trataba de un viaje de placer.
Esto, planteó el abogado del SII, considerando que el monto que se calculaba a esa altura como perjuicio fiscal llegaba a los $1.214.663.819. En subsidio, el jurista pidió a la Corte de Apelaciones de Concepción que subiera la fianza a $600 millones.
Pese a todo, finalmente el tribunal de alzada penquista decretó el 10 de septiembre de 2022 el abandono del recurso porque el abogado del SII no asistió a la audiencia. Así las cosas, el por esos días imputado consiguió salir del país tras acreditar el pago de los $10 millones. En todo caso, la totalidad del dinero le fue devuelta una vez retornado a suelo criollo.
A Europa los pasajes
Nuevo viaje, nueva caución. El 21 de julio recién pasado el tribunal autorizó otro viaje de Germán Faúndez. Esta vez, la suspensión de la cautelar de arraigo nacional fue a cambio de $20 millones pagado en dinero sonante y contante. El periodo contemplaba desde el 30 de agosto al 15 de septiembre de 2023. ¿El destino? La madre patria, España.
El reclamo del SII no se hizo esperar. Otro abogado, en representación del organismo, interpuso un recurso de apelación buscando que la corte penquista elevara la caución a $100 millones en base a argumentos similares a los esgrimidos por su colega en la oportunidad anterior.
“Si se tiene en cuenta el perjuicio causado, nos damos cuenta que la caución no tiene el carácter de suficiente, seria, ni proporcional, resultando inferior al 5% del tributo evadido”, planteó el jurista en el escrito.
Con todo, finalmente el tribunal de alzada penquista decidió confirmar la resolución del juzgado y mantener en $20 millones la caución. Faúndez estaba autorizado para irse de viaje.
El pacto
Pese a todos estos antecedentes, el 6 de octubre recién pasado, el Barón del Aljibe fue llevado a un procedimiento abreviado ante el Juzgado de Garantía de Concepción, donde aceptó los hechos de la acusación.
En la oportunidad, la jueza Tania Galgani Ugarte resolvió absolverlo de los delitos relativos al impuesto a la renta, por lo que el perjuicio fiscal ocasionado se calculó muy por debajo de los $1.200 millones que se habían señalado en las acusaciones del SII y la fiscalía.
Esto, al acoger la magistrada la alegación de la defensa en torno a que condenarlo por todos los delitos que se le imputaban afectaría el principio non bis in ídem. Es decir, se impondría una doble sanción por el mismo hecho.
El tribunal así llegó al convencimiento de que las declaraciones maliciosas en la “Operación Renta” no pasaban de ser “una consecuencia necesaria” del uso de facturas falsas en los formularios mensuales del IVA.
“No parece ser una conducta especialmente perseguida por el sujeto activo, sino que más bien se refiere a la consecuencia legal necesaria de haber obtenido un crédito fiscal superior mediante facturas falsas”, reza la sentencia.
La multita
¿10 años y un día de prisión como pedía el Ministerio Público u 11 como sugería el SII? Ninguna de las anteriores. Finalmente la magistrada decidió condenar a Faúndez a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva.
“El imputado no registra antecedentes en su extracto de filiación”, argumentó la jueza Galgani.
Además, se le condenó al pago de una multa de sólo $374 millones que equivale al 50% del perjuicio fiscal ocasionado en los delitos por los que fue condenado y no por el 200% que solicitaban los persecutores.
Según se conoció en la audiencia donde se selló su destino, el empresario mantiene una deuda en impuestos superior a los $14 mil millones. Esto, contabilizando únicamente a las tres empresas mencionadas a lo largo de este reportaje, además de intereses, reajustes y multas.
Con todo, el SII decidió interponer un recurso de apelación buscando aumentar las penas, argumentando que se trata de delitos distintos, con perjuicios fiscales diferentes y no vinculados directamente como fue la conclusión a la que llegó el tribunal penquista.
“En esta causa se acusó al imputado Germán Faúndez Fuentes por delitos tributarios reiterados y en la acusación se solicitó por este Ministerio Público una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más la multa legal correspondiente. Por cumplir con los requisitos que exige la ley para ello, es que se pudo llegar a un procedimiento abreviado y en consideración a que al imputado le favorecían dos circunstancias atenuantes, es que legalmente la pena se pudo rebajar en dos grados”, explica la fiscal del caso Pamela Lillo.
“La pena de multa a la que fue condenado el señor Faúndez en el Juzgado de Garantía, en este procedimiento abreviado, es independiente al cobro de impuestos que realiza el Servicio de Impuestos Interno a través de los procedimientos administrativos y tributarios, facultades propias del servicio”, agregó.
Este medio contactó a la defensa desde donde no emitieron una declaración al estar aún pendiente la apelación del SII. Todo lo resolverá la Corte de Concepción.