Salud ginecológica y obstétrica tras las rejas: Gendarmería reconoce no tener los recursos

“¿Lo primero que hice al salir de la cárcel? Me fui a la playa (…) Me llevaron a Caleta Portales y lo primero que hice fue meterme corriendo y sentir la arena, el aire marino, estar ahí con mi hijo, comerme un rico mariscal, sentir que después de tanto tiempo presa podía ser libre”.

Pamela, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, estuvo desde 2015 hasta 2019 recluida en el Centro Penitenciario Valparaíso, una cárcel mixta, y recuerda su tiempo encarcelada con angustia. Durante las horas de patio no se les permitía a las internas entrar a sus celdas, y Pamela tenía que compartir los tres inodoros disponibles con todas las reclusas, que a veces llegaban a ser más de 100. Los baños, al ser compartidos por tantas mujeres, no siempre se encontraban en las mejores condiciones de higiene, lo que obligaba a Pamela a aguantar por varias horas. “Yo esperaba, me aguantaba todo el día. Por eso me enfermé del riñón”, comenta.

En sus años de reclusión, Pamela vivió en carne propia la mala atención médica y ginecológica que tiene el sistema carcelario. Muchas veces su salud quedaba en manos del gendarme de turno, quien no siempre prestaba la atención que necesitaban las internas.
“Hay funcionarias y funcionarias. Algunas son muy humanas y te ayudan en todo (…) Otras que son perras, que te puedes estar muriendo y no le importai’ ni lo más mínimo”, señala. Pamela siente que su salud ginecológica fue dejada de lado, especialmente con el examen para detectar el cáncer cervicouterino. “A mí me tendrían que haber hecho el PAP. En cinco años nunca, jamás lo hicieron”, afirma.

La historia de Pamela no es la única. Para las miles de mujeres que hoy se encuentran privadas de libertad prevenir y tratar enfermedades e infecciones de transmisión sexual y hacerse exámenes ginecológicos de rutina, es todo un lujo. Las causas son diversas: insuficiencia de profesionales de la salud contratados por Gendarmería e insumos médicos en los centros penitenciarios, además de una evidente falta de protocolos claros que indiquen y normen con detalle cómo se debiese asegurar el acceso a la salud de estas personas. En el día a día de los recintos penales internas no han podido acceder a exámenes ginecológicos básicos y han contraído infecciones renales por aguantarse ir al baño en precarias condiciones higiénicas.

Esta es su historia.

Salud en la cárcel: más que la pérdida de la libertad

Desde la inauguración de la primera cárcel concesionada en 2005, los centros penitenciarios en Chile se pueden dividir en dos grandes categorías: los administrados por el Estado, llamados tradicionales o públicos; y los que son administrados por privados, los concesionados, cuya construcción, contrataciones y organización se encuentra a manos de empresas. Esta investigación se concentró particularmente en los centros con administración tradicional.

Los centros tradicionales se subdividen conforme a las características de la población albergada. El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, documento que regula la actividad carcelaria, muestra que los únicos tipos de establecimientos destinados exclusivamente a mujeres son los Centros Penitenciarios Femeninos (C.P.F.), los que deben contar con “espacios y condiciones adecuados para el cuidado y tratamiento pre y post-natal, así como para la atención de hijos lactantes de las internas”, según indica el reglamento. Además, los centros que albergan hombres -como los Complejos Penitenciarios (C.P.) Centros de Detención Preventiva (C.D.P.), Centros de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) y Centros de Educación y Trabajo (C.E.T.)- también pueden tener secciones femeninas.

El sistema de salud funciona de similar forma para todos estos centros: en el caso de que un interno requiera una consulta de salud no urgente, debe hablar con el gendarme de turno para hacer la solicitud. Sin embargo, estas peticiones no siempre se atienden. Pamela, por ejemplo, cuenta que en su tiempo en C.P. Valparaíso, a excepción de mujeres embarazadas, nunca vio que alguien pudiese acceder a este servicio.

Cuando se trata de emergencias médicas, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios permite que el jefe del centro penitenciario autorice la salida de la persona a un centro de salud externo en “casos graves que requieran con urgencia, atención o cuidados médicos especializados que no se pueda otorgar en la unidad médica del establecimiento”. Beatriz De Gregorio, jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, asegura que “es el personal de salud (de la cárcel) el que decide la salida (de los internos) hacia el sistema externo”.

Pero hay varios factores que dificultan la decisión de los funcionarios para trasladar a internos a hospitales u otros centros de salud pública: en primer lugar, no todos los centros penitenciarios cuentan con carros y/o ambulancias para poder hacer los traslados correspondientes. De Gregorio indica que lo ideal sería poder tener vehículos disponibles en todas las cárceles, pero que “la realidad presupuestaria no lo permite”. La segunda razón que dificulta la decisión de llevar a un interno a un centro de salud exterior es que, para hacerlo, es necesario sacar a un gendarme de su turno para que lo acompañe. Marcela Aedo, abogada y Magíster en Sistemas Penales y Problemas Sociales, asegura que esto “provoca problemas de orden interno de seguridad”.

Mitzi Olivos, profesora de educación física que trabaja con las internas del C.P.F. San Miguel, cuenta que “en la realidad las chiquillas tienen que estar casi muriendo para que logren sacarlas”.

El acceso a atención médica varía de centro a centro: “Te vas a encontrar con una diversidad nacional en esa materia, porque en general (…) es una cuestión que depende de cada unidad penal”, afirma la abogada Marcela Aedo. Así mismo ocurre con los convenios de salud que los establecimientos hacen con instituciones externas, como Cesfam o programas de prevención de VIH. “Lo que yo me he encontrado aquí es que a veces esto depende de las autoridades de turno, entonces del ‘cómo yo me muevo más y me puedo conseguir un convenio’”, agrega Marcela.
Estas situaciones son algunas de las que visibiliza la fundación Red de Acción Carcelaria, organización dedicada a la ayuda de mujeres privadas de libertad. Dentro de una de las actividades realizadas por la institución sin fines de lucro, las mismas mujeres denunciaron en papeles esta precarización de salud que viven día a día. “No tenemos un trato digno ni atención de salud”, “no hay médico ni atención básica”, “queremos atención médica ya que pasamos enfermas por tantas horas en el patio mojado”, “cuando estamos enfermas solo nos dan Paracetamol”, son algunos de los testimonios.

Estas situaciones son algunas de las que visibiliza la fundación Red de Acción Carcelaria, organización dedicada a la ayuda de mujeres privadas de libertad. Dentro de una de las actividades realizadas por la institución sin fines de lucro, las mismas mujeres denunciaron en papeles esta precarización de salud que viven día a día. “No tenemos un trato digno ni atención de salud”, “no hay médico ni atención básica”, “queremos atención médica ya que pasamos enfermas por tantas horas en el patio mojado”, “cuando estamos enfermas solo nos dan Paracetamol”, son algunos de los testimonios.

Ser mujer en la cárcel: vulnerabilidad doble

Las precarias condiciones para la prestación de salud en las cárceles se agravan cuando se trata de mujeres. Son minoría en medio de la población penal, y por eso muchas veces sus necesidades particulares no son tomadas en cuenta, aseguran fuentes entrevistadas para este reportaje. “Desgraciadamente, no hay políticas públicas de readaptación social dirigidas exclusivamente para mujeres, son para hombres”, cuenta Rubén Reyes, kinesiólogo que trabajó en el C.P.F. San Joaquín entre 1985 y 2020. “La mayor cantidad de personas privadas de libertad en este país son hombres (…) y las políticas públicas van dirigidas a ese tipo de personas”. Según Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “en los recintos no hay una instancia formal que informe a las mujeres sobre a las prestaciones de salud que pueden acceder”.

La página web de Gendarmería muestra que a fines de mayo de 2023 habían 3.689 mujeres encarceladas en el sistema penitenciario cerrado, lo que corresponde al 8% de la población carcelaria total. De estas, más de la mitad se encuentran en condición de imputadas, es decir, no han sido condenadas por los delitos que se les acusan y están en prisión preventiva. Francisca, mujer que estuvo en el C.P.F. San Joaquín desde 2020 a 2022 y cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, cuenta que las imputadas son aún más dejadas de lado que las internas condenadas, porque “es gastar plata en alguien que ya se va. Cuando estén los resultados de tus exámenes, ya no vas a estar ahí”, afirma.

Son muchas las situaciones que pueden afectar la salud ginecobstétrica de las mujeres: la revisión de anticonceptivos por implante o dispositivos intrauterinos, los chequeos ginecológicos de rutina, las enfermedades crónicas relacionadas con la ginecología, higiene y tratamiento del dolor menstrual, transmisión sexual de infecciones, embarazos y partos, entre otras emergencias. Los datos y relatos testimoniales de esta investigación reflejan que la forma en que el sistema penitenciario responde a estas necesidades es insuficiente, lo que pone en riesgo la salud y el futuro de las mujeres privadas de libertad.

Enfermedades e infecciones: ni prevención ni testeo

Las cifras recolectadas por la ONG Leasur en un informe realizado en 2021 muestran que “las ETS (enfermedades de transmisión sexual) ocuparían el 10% de relación porcentual en la población penal con problemas de salud”.

Beatriz Arteaga, matrona y directora de la escuela de enfermería de la Universidad de las Américas, afirma que “las condiciones higiénicas son muy importantes para evitar la transmisión de enfermedades infecto contagiosas” y que “el hecho de que se compartan los WC entre muchas mujeres también es un riesgo porque existe un desconocimiento de las enfermedades que portan las mujeres y también de los hábitos higiénicos que tienen estas mismas”.

Los exámenes ginecológicos, en los que se hace una revisión total o parcial de la salud ginecológica de la paciente, son esenciales para prevenir y tratar enfermedades e infecciones. Según información entregada por Gendarmería a través de transparencia, más de la mitad de los centros penitenciarios tienen más población femenina que controles ginecológicos hechos durante 2022.

A pesar de que los datos entregados no especifican si estos se practicaron a internas distintas o si se repiten algunas, los datos son preocupantes. Por ejemplo, el C.C.P. Iquique, con 206 mujeres recluidas, solo hizo 51 controles ginecológicos en 2022. En el caso del C.C.P. Copiapó de las 66 mujeres recluidas, solo se realizaron 5 controles ginecológicos durante ese año.

Sin embargo, también hay datos que dan esperanza: el C.C.P. Chillán, destaca en cantidad de controles ginecológicos. En 2022 se hicieron 603, teniendo una población de 46 mujeres. Esto reafirma la falta de uniformidad y control que hay sobre las atenciones de salud en cada centro penitenciario del país.

Otro indicador de la falta de salud ginecológica son las pruebas de Papanicolau (PAP), examen que detecta el cáncer de cuello uterino. Beatriz Arteaga, matrona, afirma que una cobertura aceptable de pruebas PAP debiese ser de por lo menos tres cuartos de la población penal. Sin embargo, según los datos entregados por Gendarmería, en promedio, durante 2022, se había practicado un PAP a solo un 44% de las mujeres privadas de libertad. Esta cifra está muy lejos del 80% recomendado oficialmente por el Ministerio de Salud en la Guía Clínica de Cáncer Cervicouterino.

“Me parece que es preocupante y tenemos que mejorar esas cifras sin duda, como equipo de salud, como Ministerio de Salud, y todos quienes estamos a cargo de la salud ginecobstétrica”, asegura Arteaga sobre estos datos. El PAP, agrega, “es un indicador de desarrollo que nos permite evitar o actuar de manera anticipada preventiva o a tiempo para salvar la vida de las mujeres”.

Finalmente, los condones femeninos u otro tipo de métodos que ayudan a prevenir la transmisión sexual de enfermedades tampoco son entregados a la población penal: conforme a datos de Mercado Público, revisados desde enero de 2022 hasta abril de 2023, en la plataforma, no se ha comprado ningún insumo de este tipo.

¿Cuántas matronas hay en las cárceles?

Dentro del Estudio de las condiciones carcelarias en Chile publicado el 2019 por el INDH se destaca la dificultad que enfrentan las personas privadas de libertad para acceder a consultas con especialistas médicos. Esta situación se vuelve aún más problemática cuando se necesita la atención de un matrón o matrona, ya que según los datos recopilados para la investigación, incluso la propia institución no tiene certeza sobre la cantidad de profesionales especializados en ginecología y obstetricia que trabajan en los centros penitenciarios.
De acuerdo a la información disponible en la planilla de dotación de personal, que se encuentra en la sección de Transparencia Activa del sitio web de Gendarmería, la institución cuenta con una matrona, Beatriz De Gregorio, quien además es la jefa del Departamento de Salud de Gendarmería y fue entrevistada para este reportaje.

Tras plantear la duda durante la entrevista, De Gregorio facilitó un listado de doce matronas que trabajan en diferentes centros a lo largo del país. Sin embargo, estos datos proporcionados por De Gregorio contradicen la información enviada por Ley de Transparencia, la cual indica que no hay ninguna matrona actualmente empleada en Gendarmería. Esta inconsistencia de los datos plantea la duda: ¿la institución sabe efectivamente cuántos funcionarios de salud tiene contratados?

Al volver a consultar con Gendarmería, indicaron que a agosto de este año habían 11 matronas distribuidas a nivel nacional. Esto significa que hay una profesional por cada 380 internas.

Esto es un problema para el C.P.F. San Miguel, según relata Mitzi Olivos, quien trabaja en el centro. “Ahora hay más de 700 internas y la matrona cumple funciones de matrona y, a la vez, de jefa”, lo que significa que no solo tiene que atender la salud de las internas, sino que también tiene trabajo administrativo. “No le da para atender a toda la población”, indica. Esta matrona comenzó a trabajar en el centro tras una protesta hecha por las internas exigiendo mejor atención de salud ginecológica el año, según relata Olivos.

Sobre esto Gendarmería de Chile afirma que “el personal institucional, de todos los estamentos, en general desarrolla diversas labores, complementarias y atingentes a sus funciones. Las matronas, por ejemplo, realizan labores clínicas y administrativas”.

Una responsabilidad compartida: Gendarmería y el Estado

La matrona y jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz De Gregorio, relata que “lo único que la población penal tiene restringido es la posibilidad de desplazamiento, pero el resto de sus derechos debieran mantenerse exactamente iguales”. Además Consuelo Contreras, Directora del INDH, explica que “las Reglas de Mandela específicamente indican que en las prisiones para mujeres privadas de libertad deben existir instalaciones especiales para las embarazadas, su cuidado y tratamiento. Por lo demás, el Principio N°9 de estas reglas, dispone que las personas privadas de libertad deberán tener acceso a los mismos servicios de salud del país, ‘sin discriminación por su condición jurídica’”.

¿Quién es el responsable? De Gregorio asegura que desde el Departamento de Salud no cuentan los recursos: “No hay recursos suficientes para contratar personal y todas las personas que están contratadas tienen que tener la autorización de la DIPRES”.

A través de un correo electrónico, el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de Gendarmería informó que el presupuesto destinado a salud es de M$1.457.932 equivalente a un 0.3% del presupuesto total de la institución. De Gregorio responsabiliza al Estado por la falta de preocupación hacia las necesidades de los y las internas: “El Estado debiera hacerse cargo de la salud en la población a la cual encarcelan”. Agrega que hace falta una “política pública que unifique todo (…), que incorpore tanto a hombres o mujeres recluidos a los mismos derechos que tiene la gente en libertad respecto a salud”.

Según Gendarmería, la institución “realiza múltiples esfuerzos por entregar condiciones dignas a las personas bajo su custodia, siempre en la búsqueda continua de mejorar sus diversos procesos y servicios”. A su vez, afirman que “en lo que respecta al ámbito de la salud penitenciaria, actualmente se está trabajando con MINSAL una iniciativa que permitirá el ingreso de médicos en forma regular a los recintos penales, para mejorar así la atención que se brinda a las personas privadas de libertad”.

Por otra parte, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género indicaron que se “lanzó la actualización del Plan Nacional de Igualdad Hombre y Mujeres 2018-2030 mediante el cual se busca entre otras cosas, avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluidas ahí las mujeres privadas de libertad, grupo que requiere estrategias de abordaje integrales de parte del Estado, por eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrolló un Plan destinado a mejorar sus condiciones de privación de libertad”.

Según Danitza Pérez, abogada especialista en género, el problema finalmente recae también en la sociedad. “En un contexto como el nuestro en el que existe tanto prejuicio también respecto a las personas privadas de libertad es una demanda que, lamentablemente, no se le ha puesto la atención debida”.

Así lo denuncia Pamela: “A mí me privaron de mi libertad, no de mis derechos”.

*Este reportaje fue realizado por las estudiantes Anita Montes y Javiera Ostertag, en la sección de la profesora Catalina Gaete del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.