"Mis derechos no fueron respetados": la "letra muerta" que complica a los migrantes en regla de Chile

—A uno le pueden decir mil cosas, pero en la práctica, cuando uno va a querer resolver alguna cosa, es otro el cuento, otra la realidad.

Fue en 2018 que Claudia Coppede (32) llegó desde Bolivia a Chile en busca de nuevas oportunidades laborales. No tenía ningún ofrecimiento formal pero sí la idea de encontrar trabajo en el norte del país y hacer una vida acá. Salió sola con destino a Antofagasta, aunque ya conocía de oídas la realidad chilena en palabras de su madre, quien ya estaba asentada en la zona.

Así comenzó un largo periplo para radicarse formalmente. Ya contaba con una visa temporal que se extendió por un año y que le permitió establecerse sin mayores sobresaltos. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, cuando debió iniciar nuevos trámites para extender su estadía comenzó con problemas derivados de la tardanza del sistema de migración chileno.

En buenas cuentas, al recibir una visa de residencia temporal, el Estado chileno confiere un carnet de identidad que se extiende por el mismo periodo del permiso. Este, a su vez, está asociado a un RUT identificatorio que no cambia, incluso en el escenario de que el beneficiario salga del país.

Eso, en la teoría. En el caso de Claudia, pese a que en mayo de 2019 se le aprobó su visa, no fue hasta casi nueve meses después que recibió una cédula que le permitió identificarse. Es decir, cuando a su permiso temporal le quedaban apenas cuatro meses de vigencia.

Esto no le permitió acceder a los beneficios propios de contar con el documento e incluso la impidió de acciones simples y cotidianas como comprar bonos médicos y abrir cuentas corrientes. Una situación que volvería a vivir luego de que su carnet expirara y debiese esperar la tramitación (no exenta de complicaciones y retrasos) de un nuevo permiso para recibir nuevamente una cédula vigente.

Todo ello, -como se verá más adelante- pese a la puesta en marcha de una modificación legal que mantiene la vigencia de estos documentos, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

Otro cuento

Claudia rememora episodios en los que recibió tratos diferentes por “no tener una cédula vigente”. Uno de ellos fue cuando inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para formalizar un emprendimiento. Ocurrió en pandemia, lo que dificultó aún más la situación, porque el portal online no identificaba su RUT como válido.

Luego de que se habilitara la opción de ir presencial, dice que tardó 10 días en hacer el trámite. Tras varios correos, distintas conversaciones con funcionarios e incluso acudir con carta en mano explicando su situación, se llegó a puerto. Pero no al que esperaba.

—Se me pudo permitir hacer el inicio de actividad, pero solamente como persona natural y no como persona jurídica como yo quería. Como necesitaba hacer el inicio de actividad de cualquier manera, accedí —explica.

Al iniciar actividades empezó a pagar impuestos e imposiciones. En el ámbito económico también tuvo dificultades, como sacar efectivo de una sucursal bancaria o abrir una cuenta corriente para separar el dinero personal de aquel del emprendimiento.

Asegura que desde Extranjería le indicaron que no tendría problemas para hacer el trámite, pero la realidad fue otra.

—Lo intenté en varios bancos y no pude (…) A uno no le pueden decir mil cosas, pero en la práctica, cuando uno va a querer resolver alguna cosa con un carnet vencido, es otro el cuento, otra la realidad.

Reglas por encima de la ley

En particular, Claudia recuerda otro pasaje como una experiencia “bien fea”. También fue en pandemia, cuando se enfermó y acudió a la Clínica Antofagasta.

—Llego a esta clínica y me dicen que no me pueden vender el bono porque mi carnet está vencido.

Según cuenta, la situación se dio pese a que había llamado previamente consultando si tendría algún problema por su condición migratoria.

—Yo le digo “pero no puede ser, hay un decreto que dice que las personas que tienen la visa en trámite tienen el carnet extendido” (…) Yo tenía mi documento de solicitud de visa y se los muestro y me dice “no, pero es que es regla del hospital no vender bonos si una persona tiene su carnet vencido”.

Ante la respuesta, Claudia se molestó.

—Le digo “¡¿cómo puede tener un hospital, una regla que está por encima de lo que dice la ley?!”.

Sus reclamos no tuvieron respuesta y sencillamente no le vendieron el bono. Señala que preguntó, entonces, cuánto costaba la atención particular, pero tampoco accedieron a esa alternativa.

—Quise presentar una queja en Fonasa, porque no me parecía correcto que yo tenga la obligación de pagar mis imposiciones, la salud y todo ello, pero no pueda tener acceso como cualquier otra persona (…) Me sentía vulnerada y me sentía sobrellevada, sentía que mis derechos no habían sido respetados. El acceso a la salud es un derecho básico y yo sentí que ese derecho me había sido quitado.

Recuerda que había mucha gente y le dijeron que no alcanzarían a atenderla, volvió al día siguiente, pero el escenario fue el mismo. Nunca interpuso un reclamo formal.

“Quedo así”

Claudia plantea otra situación. Es mamá de una bebé chilena de un año y medio que está bajo su cuidado.

—Cuando se me niega acceso a algún lugar, o algún trámite, o hacer alguna gestión, por no tener el carnet vigente, de una u otra manera, igual afectan a mi hija. Entonces, cuando hay vulneración de estos derechos (…) no solamente afectan al migrante en sí, al extranjero que ya tiene una residencia, que tiene una vida que se estableció en Chile, si no que afectan a quienes dependen de ellos.

Así, la espera es incierta.

—Por mientras quedo así y quedo sin la posibilidad empresarial, por ejemplo, de tener un inicio de actividad que no sea como persona natural, de no poder tener una cuenta corriente y poder separar el dinero de un emprendimiento con el dinero mío. De tener el nervio de cuando voy a buscar una atención privada, me vayan a decir que no me pueden vender el bono (…) Me da nervios llegar ahí y que me pase lo mismo. Que se me niegue el acceso o, en este caso, el acceso a mi hija a la salud, porque yo no tengo el carnet vigente.

Tras todos estos problemas, Claudia decidió pedir la visa de residencia definitiva que también trajo una serie de dificultades y enredos. Recién en enero de este año, logró el “sí” de Extranjería, aunque aún debe esperar a recibir un estampado electrónico para ahí gestionar su nueva cédula de identidad. Pese a que le informaron que todo debía resolverse en 10 días hábiles, la espera ya alcanza los cinco meses.

—Pese a que yo puedo decir “bueno, ya tengo una visa aprobada” no puedo tener un carnet y en Chile sin un carnet vigente es difícil hacer muchas cosas —lamenta.

“Plazo fatal”

El conocido “cuello de botella” en los trámites migratorios no es nuevo. Se arrastra desde, al menos, 2019. La excesiva tardanza llevó a que cientos de extranjeros interpusieran recursos de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, acusando vulneración de sus derechos. Esto, porque la espera en prórrogas de permanencia o de estadía definitiva en Chile tardaba más que los seis meses estipulados por ley. Así las cosas, los tribunales del país se coparon de estas acciones legales.

Precisamente, tal como le ocurrió a Claudia, los libelos ingresados tenían relación con la pérdida de vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros antes que se obtuviese un pronunciamiento de la autoridad administrativa respecto del permiso migratorio.

Ese era el escenario hasta el pasado 20 de marzo. Ese día la Corte Suprema emitió un fallo que, pese a no ser vinculante, sentó un precedente en la materia. En buenas cuentas, el máximo tribunal del país consideró que los seis meses no eran “un plazo fatal” y que la tramitación debía ocurrir en “un plazo razonable” sin especificar o detallar un criterio uniforme.

Soledad Torres es abogada experta en derecho migratorio y es directora general de Legal Global Chile, un estudio que presta asesoría en materia de extranjería. A su parecer, el fallo deja más dudas que certezas.

—¿Qué quiere decir un plazo razonable? Súper subjetivo, porque lo razonable para ti puede no ser razonable para mí —cuestiona.

Y añade:

—Esta única posibilidad que tú tenías de tener una respuesta de manera más rápida, más inmediata, se ve truncada (…) Entonces, ya te ves un poco de manos cruzadas.

Lea la sentencia:

Como consecuencia, los tribunales de alzada empezaran a declarar inadmisibles los recursos presentados.

El fallo responde a un recurso particular de un extranjero, quien acusó que la tardanza del Servicio Nacional de Migraciones afectaba su derecho a la vida e integridad física y síquica. Esto, porque lo mantenía en un “estado de permanente angustia y desesperación al no poder ejercer prácticamente ningún derecho constitucional”.

Sin embargo, la Suprema desechó las alegaciones, debido a la puesta en marcha de una modificación legal que mantiene la vigencia de las cédulas de identidad, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

En simple, la justicia concluyó que, al ya existir una ley que regula la problemática, no se produce tal vulneración de derechos.

“Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud sobre la situación migratoria del extranjero, no puede existir perturbación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva, pues no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada”.

Extracto de la sentencia

De todos modos, la Corte advirtió que órganos públicos y/o privados sí colocan dificultades a los extranjeros que se encuentran en espera, lo que hace que la problemática antes descrita se mantenga. Todo ello, pese a la entrada en rigor de la nueva ley y “no obstante la claridad del artículo”.

Por esto, el máximo tribunal ordenó que la sentencia fuera puesta en conocimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación, la Superintendencia de Salud, el Fondo Nacional de Salud, de la Comisión del Mercado Financiero, la Administradora del Fondo de Cesantía y de la Dirección del Trabajo. Finalmente, estas la deberían distribuir entre sus reparticiones y/o entidades fiscalizadas.

Pese al fallo y la orden de derivar la información a los organismos, según critica la abogada Torres, en la práctica los migrantes siguen sufriendo problemas derivados de la demora en la renovación de sus cédulas.

—Tú puedes oficiar, puede existir una ley que te lo autoriza, pero si la ley no se aplica, es letra muerta (…) Entonces, ahora que las cortes no te reciben, se ahonda el problema de tener una gran cantidad de personas que están regulares en el país, que han seguido su proceso migratorio y de tramitación migratoria, pero que ven su vida limitada acá en Chile.

Es más, la situación no sólo afecta a extranjeros que vienen en busca de oportunidades, sino también a quienes ya vienen con contratos, incluso de multinacionales. BBCL Investiga conoció casos de migrantes afectados por la tardanza en la tramitación de sus visas. Sin embargo, desde su entorno señalan que prefieren no referirse a esto, por temor a posibles contratiempos en sus lugares de trabajo.

Apagón

Lisbeth Díaz (54) salió de Venezuela el 20 de marzo de 2019. Cuenta que viajó por tierra y el 28 del mismo mes llegó a Santiago con una visa temporaria tramitada en Caracas. Su esposo se vino antes, en 2017. Las realidades que vivieron fueron completamente distintas.

—El detonante para decir “me voy”, fue cuando nosotros tuvimos una crisis eléctrica muy grande y estuvimos cinco días sin luz. Maracaibo (su lugar de origen) es un Estado muy caluroso donde las temperaturas pueden llegar a 45°, día y noche. Entonces el tener agua fría era un lujo, para saciar la sed. Teníamos que dormir en las plazas para tener aire fresco, por el tema que había muchísimo calor dentro de las casas —relata.

Los colegios no daban clases y su lugar de trabajo “lo arruinaron” poco a poco. En 2018 inició los trámites para viajar junto a su hija de entonces nueve años.

—Amo, quiero mucho a mi país, pero no me puedo quedar —concluyó en ese entonces.

Lisbeth llegó a Chile buscando una oportunidad laboral. El mismo año (2019) solicitó la visa definitiva con un contrato en mano. Sin embargo, en medio del proceso perdió su trabajo por la pandemia, lo que complicó su situación. Tuvo que subsanar la documentación adjuntada a su solicitud. Pasaron dos años y medio y lo tuvo que hacer por segunda vez.

La “piedrita” en el zapato

En el intertanto trabajó como secretaria en un centro médico, y pese a ser pretendida tres veces para otros puestos dentro de la empresa, nunca quedó. A la tercera postulación, empezó a cuestionarse el por qué.

—Yo tuve que hablar muy seriamente con mi jefe. Le pregunté que si era yo (…) “No, lo que pasa es que en la corporación sólo aceptan gente con cédula definitiva”, me dijo, y yo dije: “Oh, no puede ser”. Entonces ahí como que te cae más la frustración, ¿no?

En cada entrevista, dice, le preguntaban cómo estaba su situación migratoria. Los retrasos en el papeleo desde luego no la ayudaban.

—Entonces siempre era como una piedrita en el zapato. Como que decían “Ah, todavía estás en proceso”. Fue bastante duro porque es frustrante. Te califican por no tener o por estar en el proceso de la cédula. Porque estar en el proceso no quiere decir que te la van a aprobar, porque el papel de la visa tampoco garantiza que te la vayan a aprobar, entonces está esa incertidumbre —complementa.

Tuvo distintas contrataciones en el mismo recinto: todas bajo la misma función, los mismos contratos mensuales y las mismas condiciones.

—Sin vacaciones, sin ningún tipo de beneficios, sólo el sueldo y ya, y cumplir las 45 horas hasta más. En eso también me sentí como vulnerable, por las condiciones que tenía —manifiesta.

Su último trabajo en ese centro fue un reemplazo que terminó el 23 de febrero de este año. Y el primero de marzo recibió una noticia: su visa fue aprobada. Ahora, deberá esperar su carnet de identidad. Tiene fecha para ir a tomarse la fotografía el 9 de junio. Luego, tendrá que esperar a que la cédula esté lista para su entrega en físico. En su experiencia, tramitando los papeles de su hija, podría tardar tres meses más.

Su caso contrasta con el de su esposo. Viajó en 2017 con la intención de buscar trabajo, cuando el flujo migratorio no era el de hoy. A los cinco días, dice Lisbeth, ya tenía una oferta laboral. Después obtuvo un contrato indefinido, con el que pudo optar a la visa definitiva.

—Cuando entró le preguntaron que qué iba hacer acá y él dijo al PDI que él venía a trabajar y lo dejaron entrar. Pero ya después fue más difícil, (porque) la gente optó por venir por pasos no habilitados (…) Consiguió rápido trabajo porque, como te repito, era otro tiempo, y no estaba tan difícil como ahora.

Hoy, los tres miembros de la familia cuentan con su visa de residencia definitiva. No obstante, Lisbeth se mantiene a la espera de su carnet de identidad.

“Pareciera ser a criterio de cada persona”

Corría diciembre de 2015 cuando Shirley Paredes (37) llegó como turista a Antofagasta, desde Bolivia. Venía de vacaciones con quien entonces era su pareja, un chileno. Su estadía se extendió tras quedar embarazada y al cabo de un tiempo contrajo matrimonio.

Tras mantenerse con visas temporales, en 2020 decidió tramitar la definitiva. Sin embargo, a diferencia de Claudia y Lisbeth, Shirley aún no recibe respuesta. Dice, eso sí, que la pandemia le jugó en contra. Entre las cuarentenas que dificultaban su traslado y el consulado boliviano que no atendía, tuvo problemas para descargar su certificado de antecedentes. En 2021, el Servicio de Migraciones lo solicitó, la mujer lo envío y desde entonces, espera una resolución.

—Esto de no tener la residencia definitiva, de no tener carnet (vigente), me ha jugado una mala pasada en más de una ocasión —afirma.

A modo de ejemplo, comenta que hace un año se separó y para poder abrir la pensión de alimentos tuvo obstáculos con Banco Estado. Fue luego de insistencias con documentación del juzgado de familia que la entidad financiera accedió “excepcionalmente” a abrirle una cuenta. ¿El “beneficiario”? Su hijo, un menor de nacionalidad chilena.

Actualmente Shirley se desarrolla en el área cultural y comunicacional, donde también se ha visto imposibilitada para acceder o postular a oportunidades, como fondos culturales o establecer una fundación.

—En eso también no hay claridad, porque algunos “dicen sí se puede”, otros dicen “no, no se puede”, entonces pareciera ser que está a criterio de la persona (…) Es una suerte de lo que te vas a topar.

Es más, apunta a que justamente por los diferentes tratos de organismos del Estado es que dentro de la población migrante existen muchas dudas. Esto incluso derivó en que personas se aprovecharan de la situación.

—Hemos visto en más de una ocasión documentos que al parecer son falsificados, mucha gente que ha sido estafada y que al no saber cómo funciona el sistema, lastimosamente comete el error de contratar a estos tramitadores que resultan ser falsificadores, que incluso en algunas ocasiones han entregado cédulas de identidad, pero que, llegado al momento de renovar, no aparecían en sistema —revela.

Con todo, Shirley espera que el Gobierno impulse la creación de nuevas oficinas o aumente el personal para la atención de migrantes (considerando la alta población).

—Esto es algo que escapa completamente de las manos de un migrante, porque él, claro que tiene que cumplir con requisitos y con deberes al migrar, pero una vez que los ha cumplido, es también obligación del país donde se está dando cumplimiento a esos requisitos, que resuelvan su situación.

“Validar la regularidad”

Requeridos por BBCL Investiga, desde el Servicio Nacional de Migraciones profundizan en el fallo de la Corte Suprema. En buenas cuentas, el organismo considera que la sentencia avala la tesis que han defendido.

—El razonamiento de la Corte se centra en que no existe un vínculo entre el hecho de que una persona esté en tramitación de su residencia y la vulneración de sus derechos fundamentales —argumentan.

De igual forma, confirman que la decisión derivó en una baja de la cantidad de recursos presentados en contra de la repartición, lo que alivió la carga laboral de su dirección jurídica.

Con todo, advierten que el pronunciamiento de la Suprema tuvo otro alcance:

—El fallo es al mismo tiempo un llamado a las distintas instituciones y servicios privados y públicos a validar la regularidad de las personas cuando estas están tramitando una residencia y a no privarles el acceso a prestaciones si cumplen con lo establecido en la ley.

Consultado respecto a la elaboración de algún protocolo para establecer lo que se entenderá como “plazo razonable”, siguiendo el concepto utilizado por el máximo tribunal en su fallo, Migraciones no respondió. Reafirma, eso sí, que los tiempos de las respuestas se han acortado, en comparación a 2019, acorde a planes internos y reorganización de equipos (ver tabla).

“Hemos expuesto de la forma más pedagógica posible”

Desde el Servicio descartan poder intervenir en instituciones que vulneren los derechos de los extranjeros residentes en Chile.

—Nuestra incidencia en las funciones y atribuciones que tienen otros órganos públicos existe, pero sólo a nivel de coordinación —aclaran.

Según explican, su deber se centra en la colaboración y coordinación. Lo que, aseguran, sí han hecho.

—Mucho antes del fallo de la Corte Suprema remitimos una batería de oficios a la Comisión para el Mercado Financiero, a la propia Corte Suprema y a la Superintendencia de Salud, en los que hemos solicitado que se tome conocimiento de la nueva legislación migratoria. Hemos expuesto de la forma más pedagógica posible las implicancias de la nueva ley y los derechos que reconoce respecto de los migrantes, poniendo énfasis especialmente en la vigencia de las cédulas de identidad y el acceso a prestaciones.

En esa línea, el organismo afirma que solicitó a los órganos, que tienen facultad de dirección respecto a instituciones financieras, notarios públicos e instituciones de salud pública y privada, dictar instrucciones a sus fiscalizados para que se reconozca la vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros, “si lo estiman necesario”.

De igual forma, han manifestado su disponibilidad a profundizar en la temática. El Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones y la Suprema, son parte de las instituciones con las que mantienen diálogos.

Cuello de botella

Otro punto al que se refirió el organismo fue el denominado “cuello de botella”. Los tiempos de respuesta, enfatizan, han disminuido.

—Cuando asumimos, había más de 500 mil solicitudes pendientes de resolución, entre residencias temporales y definitivas. Durante 2022 resolvimos más de 93 mil definitivas y más de 250 mil temporales, esto implica un volumen de tramitación casi cinco veces superior al año 2021 en definitivas y casi tres veces superior en temporales.

Respecto a la tramitación de residencias temporales, el organismo aseguró que está “normalizada”. Esto, porque el mayor “cuello de botella” ya está “resuelto”, considerando solicitudes de 2021 y 2022.

—Lo que queda pendiente son aquellas que están incompletas o a las que les hemos solicitado subsanar algún documento. Actualmente tenemos unas 50 mil residencias temporales en proceso de tramitación, lo que es un volumen abordable en tiempos regulares —acotan.

Según indican desde la institución, el promedio de días hábiles destinados para dar respuesta a las solicitudes ha disminuido desde 2019 a 2022 (ver tabla). Por ejemplo, mientras hace cuatro años el tiempo de repuesta era de 605,35 días hábiles para una solicitud de residencia definitiva, en 2022 el plazo se acortó a 173,31.

Actualmente, el Servicio Nacional de Migraciones trabaja en la implementación del “programa rezago”. El objetivo será resolver cerca de 180 mil solicitudes de residencias definitivas pendientes, que representan un 60% del total.

—Nos va a quedar un saldo pendiente para parte de 2024 —reconocen.

A juicio del organismo dependiente de la Subsecretaría de Interior, el programa permitirá evitar que siga aumentando el “cuello de botella”. Esto, debido a que las nuevas solicitudes serán tramitadas con un equipo de dedicación exclusiva.

Precisamente por los retrasos en la tramitación de residencias para extranjeros, la Contraloría abrió un sumario en Migraciones, tal como reveló este medio. La muestra abarca en su mayoría la administración Piñera y dos meses del actual Ejecutivo (ver artículo).