Los clanes contrabandistas detrás de las coimas que dejan otros tres funcionarios de Aduanas detenidos

Tres funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas cayeron detenidos este viernes, en el marco de una investigación que sustancia el Ministerio Público por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos.

Según información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los detenidos esta jornada se suman a otros cuatro servidores públicos de la institución que, según la indagatoria liderada por el fiscal Eduardo Baeza, recibieron coimas a cambio de realizar inspecciones fantasmas en el aeropuerto de Santiago. Esto a fin de que clanes dedicados al contrabando internaran especies sin pagar los tributos correspondientes.

Fuentes consultadas por este medio apuntan a que los ilícitos se remontan a lo menos desde 2018, cuando tres bandas con características propias de una asociación ilícita “construyeron un programa criminal” para internar de manera irregular mercancías traídas del extranjero, principalmente desde Estados Unidos.

Coimas, almuerzos y La Casa del Barbero

De acuerdo a antecedentes contenidos en el expediente judicial, el primer grupo detectado corresponde al Clan Klif, liderado por Klif Chávez Santos.

El imputado, apuntan las pesquisas, servía de intermediario entre clientes que deseaban importar artículos y agentes de courier. Un negocio con apariencia legal del que se valió para subvalorar los productos traídos a territorio nacional de modo de evadir el pago de impuestos.

Para ello, consta en la indagatoria, recurrió a funcionarios de Aduanas, a quienes ofrecía dinero en efectivo o incluso almuerzos pagados en restaurants o locales de comida fuera del horario laboral, a cambio de que permitieran al clan burlar las fiscalizaciones.

Hasta su detención, fungió como gerente general de la Sociedad Air Express SPA, firma constituida por su hermana Becxy Chávez Santos.

A este clan también se vincula la empresa La Casa del Barbero, una distribuidora al por mayor de artículos para barbería, cuyo dueño es sindicado como el principal cliente receptor de los contrabandos. La indagatoria apunta a que éste en varias ocasiones le solicitó a Klif hablar con alguno de sus “conocidos” para ayudarlo a liberar las cargas retenidas por Aduanas.

Desde Miami a Pudahuel

La segunda banda es el Clan Alonso. Las diligencias establecieron que a su cabeza están Eugenio Alonso Ibáñez y María del Pilar Alonso, hermanos que constituyeron empresas ligadas al rubro de las importaciones que les permitieron internar mercancías de manera irregular.

Hasta el momento de su detención, operaban a través de una sociedad con sede en Miami, Estados Unidos, en la que también tenían participación los hijos de los respectivos imputados.

Según quedó establecido, a través de estas empresas los hermanos Alonso colaboraban con el Clan Klif para internar los bienes. Juntos coordinaron el ingreso de las mercancías subvalorando los productos.

Es más, todas las operaciones concretadas por Klif habrían sido realizadas mediante la firma Columbia Courier, ligada al Clan Alonso.

Cónyuges en el delito

El último grupo de imputados está liderado por Lorenzo Vargas Elizalde. Es el representante en Chile de la empresa Global Point Logistic SpA, firma que figura como la encargada del papeleo de las cargas ilegales detectadas.

Para concretar los ilícitos, sostienen fuentes ligadas al caso, montó sociedades de papel con su cuñado y su cónyuge. Esta última, identificada como Miriam Carvajal Gutiérrez, es una de los cuatro primeros funcionarios de Aduanas detenidos el viernes recién pasado.

Información contenida en la carpeta investigativa sostiene que la imputada sirvió como tesorera del grupo: estaba encargada de recibir los pagos por la venteas efectuadas y de pagar los sobornos a los otros servidores públicos involucrados en los contrabandos.

“Se benefició de los dineros obtenidos ilícitamente por su pareja y por su hermano y actúa como testaferro de la asociación”, señalan fuentes conocedoras de la materia.

Al momento de su arresto, Carvajal conducía un BMW, modelo 420i coupe, de alta gama, adquirido por más de $41 millones.

A ojos del organismo persecutor, éste y otros movimientos financieros de la pareja no resultaban acordes con sus ingresos legales como funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas.

Autos, casas y la fortuna

Precisamente la adquisición de bienes por parte de los implicados conforma una arista primordial de la investigación del fiscal Baeza. De ahí que les imputaran el delito de lavado de activos. En buenas cuentas, los acusados ingresaron al mercado financiero formal dineros que provenían de ilícitos.

En total, se calcula que los tres grupos amasaron una fortuna proveniente del contrabando que ronda los $1.900 millones. Según estimaciones del Ministerio Público, causaron un perjuicio al fisco que supera los $254 millones.

El líder del Clan Klif, por ejemplo, se dio un gusto y adquirió un automóvil Audi, modelo A3 Cabrio, avaluado comercialmente en unos $24 millones. Para evitar suspicacias y así ocultarlo de su patrimonio, inscribió el vehículo a nombre de un palo blanco. Se trata de una tipología clásica del lavado de activos conocida como testaferrato. Es decir, registrar bienes a nombre de terceros que no son sus legítimos dueños, pero aparentan serlo, con el fin de esconder su origen.

Becxy Chávez Santos, también del Clan Klif y hermana del mandamás del grupo, utilizó los dineros para adquirir un Jeep Renegade, avaluado en otros $21 millones. También lo inscribió a nombre de un palo blanco.

Dentro del Clan Lorenzo también habían amantes de los autos de lujos. Al BMW ya mencionado adquirido por Miriam Carvajal se suma otro vehículo de la misma marca comprado en casi $58 millones por el hermano de esta última.

Los arrestados de Aduanas

Los más recientes arrestados corresponden a Mauricio Cueto Silva, Rodrigo Álvarez Fritz, y Guillermo Gutiérrez Orellana.

De acuerdo a información recopilada por este medio, el primero es un ingeniero en comercio internacional de la Aduana Metropolitana que percibe un sueldo bruto de $2.220.416. Los otros dos son fiscalizadores con remuneraciones que van desde los $1,9 millones a los $2,4 millones.

A ellos se suman los funcionarios de Aduanas ya detenidos Miguel Barría Guerra, Rodrigo Ardiaca Rivera, Daniel Arellano Martínez y la ya mentada Miriam Carvajal Gutiérrez.

Tras conocerse los resultados de ese primer operativo, la directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb, destacó que la investigación es “fruto del trabajo colaborativo” que viene desarrollando el organismo para combatir el crimen organizado.

Según informó la institución, la indagatoria comenzó en 2019 con un sumario interno que terminó con la destitución de uno de los detenidos. Luego continuó con la colaboración de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) y la Fiscalía Metropolitana Occidente.

“No vamos a tolerar este tipo de conductas por parte de las y los funcionarios de Aduanas. No permitiremos que se enlode el trabajo de las y los trabajadores del servicio que protegen nuestras fronteras los 365 días del año”, afirmó Arriaza.

Se espera que la audiencia de formalización se concrete esta jornada. A los imputados le comunicarán cargos por asociación ilícita, cohecho, fraude al fisco en concurso ideal con delitos de contrabando y lavado de activos, entre otros.