¿Narco con dos nombres?: fiscalía lleva dos años buscando corroborar identidad de imputado extranjero

En septiembre de 2022 se dictó la auto de apertura de juicio oral en contra de una banda de narcotraficantes integrada por peruanos, chilenos y venezolanos. Su modus operandi, según quedó establecido en la indagatoria, era simple: ingresar droga por la vía marítima al país, transportarla por la vía terrestre, y distribuirla en la región Metropolitana y alrededores.

Aprovechando la extensa superficie costera del territorio nacional, la organización utilizó los puertos del norte del país, particularmente el de Barquito, en la comuna de Chañaral, y Mejillones, para internar los estupefacientes provenientes desde Perú. El medio empleado era un buque llamado “Moquehua”, un barco estilo cisterna perteneciente, según la indagatoria, a la compañía “Transoceánica Naviera S.A.”, con sede en Lima.

Había roles y jerarquías definidas. Todo muy bien orquestado. Desde el financista hasta quienes se encargaban del traslado de la droga por mar y tierra. El líder, según la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, quien dirigió la investigación, el peruano Martín Daniel Pillco Romero, actualmente en prisión preventiva, quien se vinculó “de manera directa y exclusiva con los proveedores de su misma nacionalidad para la adquisición de drogas y armas en el país vecino”.

El rol de Pillco no quedaba ahí. Según los documentos, este también era el encargado de realizar las gestiones para la “extracción de la droga desde el barco una vez que este arriba a los puertos chilenos, utilizando para ello técnicas de buceo”. Luego venía una segunda parte: cargar en vehículos y transportar por tierra las sustancias para su comercialización en la región Metropolitana.

Debajo de Pillco, en el organigrama, está el chileno Luis Mario Edmundo Sánchez Zamora, apodado “Mario”, “Gordo” o “Jorgito”, el financista de la banda. Su misión era clara: “costear” el traslado de la droga desde el norte a la región Metropolitana. Para lograr su meta no escatimaba en recursos, incluso comprando “equipamiento” para recuperar las sustancias cuando estas arribaban a los puertos nacionales. Lo hacía usando una empresa de la cual era socio: “Lomax SpA”.

En el mismo nivel de Sánchez Zamora está el peruano Juan Abraham Robledo Rabanal, conocido como “Juanito”. Robledo era el encargado de “supervisar la carga de la droga en los puertos de Perú y su transporte marítimo hasta los puertos nacionales”, según la investigación. Todo esto siguiendo las instrucciones de Pillco Romero. No solo eso. Además su trabajo consistía en informar a la banda los días en que el “Moquehua” arribaría al país desde el puerto de Ilo. Es este último lugar donde era “endosado el cargamento de droga al barco”.

Tras ellos, hay una línea que es más operativa. Estaban los encargados de coordinar, negociar y planificar las internación de los narcóticos. También había otro nivel con la órden de hacerse de elementos para el ocultamiento de la sustancia. Todo esto quedó en evidencia tras la investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, quien logró acreditar envíos de drogas y armas al país. La operación fue bautizada como “Parásito”.

El 28 de agosto de 202o, Pillco Romero, Sanchez Zamora, Robledo Rabanal y compañía pasaron a control de detención y posterior formalización ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y tráfico de armas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. Desde entonces su situación procesal no ha variado, a la espera de que finalice el juicio oral en su contra.

Dos identidades

Fue a mediados del 2022 cuando el fiscal Sergio Soto Yáñez, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, presentó la acusación en este caso. Lo hizo contra 11 personas. Uno de ellos, claro, el líder: Martín Daniel Pillco Romero, el principal blanco de interés. Pero junto a este nombre, aparece otro: Julio César Fernández Romero. Dos posibles identidades. ¿La razón? Dudas en torno al verdadero nombre del líder de la banda.

Según fuentes de Radio Bío Bío, en este caso la interrogante la habrían aportado los propios compañeros de banda de Pillco. Los mismos con los que antes se repartía millonarias ganancias, todo por no cumplir con presuntos acuerdos previos que estaban conversados en caso de caer detenidos. Lo que ocurrió. Bajo este contexto, la fiscalía comenzó a realizar sus averiguaciones. Y es que en Perú, Julio César Fernández Romero no sería cualquier persona.

“Obtuvimos información de inteligencia que daba cuenta que esta persona, Martín Pillco, no era su nombre verdadero, sino que se trataba de un ciudadano peruano que había huido de ese país en razón a que estaba siendo buscado por su participación en el asesinato de un exfiscal de Perú, y que la identidad correcta de esta persona era Julio César Fernández Romero”, señala el fiscal Sergio Soto Yáñez.

El persecutor, quien desde 2019 investiga el caso, agrega que “una de las primeras alertas que nos hizo pensar que efectivamente estábamos frente a un sujeto que había suplantado su identidad, es que esta persona en Chile tenía una pareja, y con esa pareja había tenido un hijo, y fue reconocido no bajo el nombre de Martín Pillco, sino que efectivamente de Julio César Fernández Romero, lo cual en definitiva nos permitía darle cierta verosimilitud a esta información que se nos había proporcionado”.

Era fines de 2020 y la sospecha crecía cada vez más. ¿Un narco o un sicario? Esa era la pregunta que rondaba en los persecutores de la causa. De aquello han pasado dos años y aún la duda persiste. Antes de eso, Perú. Reportes de prensa del vecino país sindican a Julio César Fernández Romero como el presunto responsable de la muerte del exfiscal peruano Jaime Efrén Coasaca Torres, ocurrido en octubre de 2017. “Sicarios acribillan a exabogado de ‘Caracol’”, tituló el diario El Comercio en aquella fecha.

El fiscal Soto complementa: “Posterior a esta información comenzamos a levantar de fuentes abiertas quién efectivamente era Julio César Fernández Romero, y pudimos obtener información (de) que él habría formado parte o formaría parte de una peligrosa organización de origen peruano denominada ‘Barrio King’, que dirigía un importante traficante de esa nacionalidad apodado ‘Caracol’”. Este sujeto, cuenta el investigador, habría contratado al exfiscal Coasaca con el fin de tener una mejor defensa luego de ser aprehendido por la policía peruana.

Pero las cosas no salieron como “Caracol” esperaba. Esto porque fue condenado a penas por sobre los 30 años de cárcel, quedando presumiblemente disconforme con el trabajo del profesional. “La información que manejamos nosotros es que al no obtener una sentencia favorable respecto de su persona, este líder de esta organización del Perú habría mandado a matar a su abogado que era este exfiscal”, explica Soto. Es en la ejecución de dicho delito donde aparece el nombre de Fernández Romero, quien habría sido uno de los autores del crimen.

Tras el asesinato de Coasaca Torres, las autoridades peruanas realizaron una serie de pesquisas con el fin de detener a sus autores. No obstante, uno de los presuntos responsables se habría trasladado a Chile. “Con esas fuentes abiertas logramos verificar las fotografías que se mantenían de esta persona principalmente en redes sociales o en las noticias de Perú”, detalla el persecutor Occidente.

Al comparar las imágenes de Pillco y Fernández, narra, la primera impresión fue que “claramente se trataba de la misma persona. De hecho tenía una característica muy particular su rostro, que mantenía un lunar en uno de sus pómulos y ambas fotografías lo tienen, de manera tal que unido este antecedente, y que su hijo había sido inscrito no como Martín Pillco, sino como Julio César Romero, en definitiva ya teníamos cierto grado de mayor certeza que estábamos frente a la misma persona”.

La (no) cooperación

El 25 de junio de 2021 el jefe de Régimen Interno del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago I le envió al alcaide del recinto carcelario una importante información. Ella rezaba así: “Siendo las 16:15 horas, se apersonó en esta guardia interna el capitán R.S.T, trayendo consigo al recluso identificado como Martín Daniel Pillco Romero, nacionalidad peruana, (…) quien indica que desde el momento en el cual fue detenido ha usado esta identidad, siendo su verdadero nombre Julio César Fernández Romero, aludiendo además que no informó de esta situación al momento de ingresar a esta Unidad Penal”

En el mismo documento fue acompañada la declaración de Pillco, quien señaló: “Ingresé a esta Unidad Penal el 28 de agosto del año 2020, desde el momento que me toman detenido he estado bajo el nombre de Martín Daniel Pillco Romero, nombre el cual no es verdadero, siendo mi nombre real Julio César Fernández Romero”. Ante la pregunta: “¿Por qué motivo Usted al momento de ingresar a esta Unidad Penal no indica que su nombre real es Julio César Fernández Romero?”, el hombre dijo: “Porque desde la detención di esa identidad y con esa ingresé”.

La tesis del fiscal Soto cada vez tomaba más sustento. Esto porque el 7 de julio de ese mismo año se realizó una audiencia en la que, respecto a Pillco Romero, el tribunal de garantía de San Bernardo ordenó al Ministerio Público a que “investigue el delito de suplantación de identidad” a raíz de que que la “identidad del imputado sería Julio César Ferdández Romero y no Martín Daniel Pillco Romero”. Fue así, con una serie de antecedentes sobre la mesa, que vino la parte de la cooperación internacional.

“Ya teníamos cierto grado de mayor certeza que estábamos frente a la misma persona, y por lo mismo comenzamos todo lo que dice relación con el proceso propio de requerir de manera oficial la cooperación internacional, en el sentido de que nos pudiesen corroborar cuál era efectivamente la identidad de la persona que nosotros teníamos el día de hoy privado de libertad y formalizado por importantes delitos. Es decir, si era Julio César o Martín Pillco”, dice Sergio Soto.

El proceso para solicitar dicha cooperación, según el fiscal, consiste en lo siguiente. Cada investigador debe comunicar la necesidad de requerir información de un país “equis”. En el caso de Pillco fue Perú. Esto debe plantearse ante el director de la Unidad Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público, que dirige Antonio Segovia Arancibia, y luego formalizarse a través de un documento. En él se explica y fundamenta “todos los antecedentes que manejamos y por lo mismo lo importante de contar con esta información”, explica.

Y agrega: “Realizado esto se elabora un documento, un oficio, desde la Fiscalía Nacional, suscrito por mí persona, en este caso, en la cual derechamente iniciamos el trámite de cooperación internacional a través de esta unidad, la UCIEX de la Fiscalía Nacional, para que ellos tomen contacto con su par de Perú y nos proporcionen lo que para nosotros era relevante, que era confirmar la identidad de esta persona que nosotros tenemos detenida en Chile”.

En la solicitud enviada a Perú, cuenta el fiscal Soto, se les hizo presente hacerles llegar las huellas de quien en Chile se hizo llamar Martín Daniel Pillco Romero para que estas fueran cotejadas con las de su registro. Y es que durante el proceso el dato más relevante es que el propio imputado durante “la toma de huellas derechamente nos señaló que efectivamente la duda que teníamos nosotros era correcta, ya que él no se llamaba Martín Pillco, sino que Julio César”, admite el fiscal.

Toda esa información se remitió a través de los conductos regulares y los plazos establecidos a Perú. No obstante, a más de dos años de realizada la gestión, el Ministerio Público no ha recibido respuesta. “No hemos podido determinar de manera cierta, porque nosotros necesitamos obviamente una respuesta oficial, ya que obviamente el imputado puede en el juicio oral no declarar voluntariamente y no va a servir esta especie de pseudo confesión respecto de la identidad de esta persona”, reflexiona Soto

Y remata: “Necesitamos alguna respuesta oficial por parte de Perú que nos permita dilucidar con el estándar de un juicio oral que la persona que tenemos acusada es o Martín Pillco o Julio César”. Asimismo, al saber esto se podrá esclarecer si esta persona es o no la que la justicia peruana busca como presunto responsable de la muerte del exfiscal Jaime Efrén Coasaca Torres para hacer efectiva su responsabilidad penal en este eventual delito.

El fenómeno en el norte

El 2024 el fiscal Eduardo Ríos Briones, jefe de la Fiscalía Local de Iquique, en la región de Tarapacá, cumplirá 20 años desempeñándose como persecutor en la zona. Conoce y ha sido testigo de los fenómenos migratorios que se han desarrollado en el norte y los cambios en la criminalidad que ello ha traído aparejado, con un aumento sostenido de extranjeros irregulares que cometen delitos y pasan a control de detención. Según relata a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, las dificultades para identificar a ciudadanos extranjeros no es nueva. Y ellos han tomado ya cartas en el asunto.

“Hemos tenido fenómenos (migratorios) pero muy acotados de ciudadanos peruanos, bolivianos, colombianos, eso aproximadamente hasta el año 2018-2019, pero eran situaciones en donde en general estos extranjeros siempre mantenían sus documentos identificatorios legales, por lo cual en sí mismo nunca fue un problema la comisión de delitos por ciudadanos extranjeros”, parte analizando. Ya para 2020 la situación se fue complejizando.

Iniciada la pandemia, narra el abogado, en la región se comenzó a vivir una “migración descontrolada, por la falta de control en la frontera, es decir, ingreso por pasos no habilitados sin control migratorio”. Y agrega: “Nos empezamos a dar cuenta muy rápidamente que además este ingreso de ciudadanos extranjeros, venezolanos especialmente, (…) muchos de ellos casual o no ingresaba a nuestro país sin documentación, sin ningún tipo o documentación que impresionaba al menos como dudosa. Es decir, que no podemos verificar su autenticidad”.

Con el paso del tiempo, detalla, comenzó “levemente, hasta el día de hoy, un aumento creciente en la incidencia de ciudadanos extranjeros en la comisión de ilícitos. Hoy día, recuerdo estadísticas de los últimos meses, la cantidad de ciudadanos extranjeros privados de libertad en la cárcel de Alto Hospicio, alcanza muy cerca el 50%, es decir, nos estamos acercando casi al 50% de la población total privada de libertad ciudadanos extranjeros”.

Esta situación los llevó a identificar un problema. “Muy adentrada la pandemia nos dimos cuenta de aquello. Ausencia de documentación, no teníamos protocolos ni sistemas para abordar eso, y lo que tuvimos que hacer en Tarapacá, y especialmente en Iquique, fue tomar una decisión a nivel regional, con el fiscal regional, con los fiscales, que todo extranjero que comenzara o que fuera sorprendido cometiendo algún ilícito que fuera posible, de acuerdo a la ley, pasarlo a control de detención”.

El fin de esta medida era simple: buscar incorporar a aquellos ciudadanos extranjeros infractores al sistema penal, registrando sus presuntos nombres y huellas. “Cuál es la única forma que podamos acreditar que esa persona, ‘fulano de tal’ o ‘ sutano de tal’ sea aquel, la única forma es a través de los medios biométricos que conocemos, que es a través de la huella digital”, señala el fiscal Ríos.

Pese a lo anterior, el jefe de la Fiscalía Local de Iquique señala que “esto se está expandiendo a nivel nacional”. Asimismo, plantea que “avanzando con los procesos se nos generó que muy prontamente llegamos a juicio y en Iquique y en Tarapacá tuvimos casos similares a los que usted cuenta, donde al igual que en el sistema antiguo, esto no es nuevo, a una persona al momento de ser condenada se le atribuían los nombres que indicaba, ‘fulano de tal’, conocido también como ‘fulano de cual’, y así sucesivamente”.

Cuando se le pregunta por la cooperación internacional, Eduardo Ríos señala que esto ha sido “con más o menos resultados”. Y ejemplifica: “Con Venezuela le puedo afirmar lo que he escuchado, observado, o mi experiencia, la posibilidad de consulta de identidades es cero. O tiende a cero, voy a ser un poco más positivo, tiende a cero. La posibilidad que yo hoy día consulta una huella, un nombre, con Venezuela es ninguna. Es así de simple”. Con Colombia, dice, “hay algunos acuerdos”, con Perú y Bolivia lo mismo, lo cual no significa que se “responda el 100%, pero sí hay alguna posibilidad”.

A la espera

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 248, letra B) del Código Procesal Penal, formulo acusación verbal en contra de: Martín Daniel Pillco Romero o Julio César Fernández Romero”. Así parte la acusación del fiscal Sergio Soto Yáñez contra los 11 miembros de la banda de narcotraficantes que se desarticuló y que llevó a juicio.

Pese a las gestiones para corroborar la identidad de Pillco Romero, nada de ello ocurrió en los plazos que la indagatoria lo requería, dejando en notable evidencia la nula cooperación del vecino país. El match nunca llegó: cotejar las huellas levantadas en Chile con las de Julio César Fernández Romero y ver si coinciden, lo que reconoció hasta el propio interno.

“Por los transcursos del tiempo de nuestro proceso penal, tuvimos que acusar a esta persona. Teníamos dos identidades, tuvimos que acusarlo por las dos. No existe duda alguna que la persona física es la que participó de los delitos, eso no tiene duda, sino que es (…) la identidad de esa persona, y eso claramente es diferente”, plantea el fiscal Soto.

Martín Daniel Pillco Romero o Julio César Fernández Romero. De lo que está segura la justicia chilena es de que Pillco fue el líder de una banda de narcotraficantes que internaba drogas y armas al país. Pero en veremos estará corroborar si es o no, además de esto, un peligroso sicario peruano. Dependerá de las autoridades del vecino país.

Este caso deja en evidencia las dificultades que tienen los persecutores para corroborar la identidad de sujetos extranjeros en situación irregular que cometen delitos en el país. No es algo nuevo. Si bien en las últimas semanas la situación quedó en evidencia a raíz del asesinato del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, este caso, que se arrastra desde hace más de dos años, muestra una de las piedras de tope: la cooperación internacional.